El PSOE no solo gobierna con mayoría absoluta, gobierna con mayoría de mentiras. Y si hace falta, las compra. Porque cuando la verdad se pone fea —como un chichón en una fiesta de pueblo—, siempre hay un soborno, una oferta sobre la mesa o un abogado de confianza dispuestos a maquillarla.
El caso Koldo, ese reality show de corrupción con trajes caros y maletines de billetes, ha demostrado que en España hasta los confidentes tienen precio. Y si no, que se lo pregunten a José Luis Caramés, el exinformante de la Guardia Civil que en enero de 2025 recibió una propuesta que olía a business class en vez de a celda de prisión: incriminar a Juan Vicente Bonilla a cambio de un pacto con la Fiscalía. El guion era simple, como un whatsapp de esos que te llega a las 3 de la mañana: ‘Oye, Caramés, tú nos cuentas que Bonilla fabricó pruebas contra el PSOE por venganza política, y nosotros te sacamos del lío del caso Gaslow’.
La condición? Que el capitán de la UCO pagara el pato por ser el chivo expiatorio perfecto: un policía incómodo, con fama de duro, y cuya carrera había terminado en el Sermas (el servicio de seguridad de la Comunidad de Madrid, nada menos) como si fuera un exfutbolista fichado por otro equipo tras un escándalo.
Ironías de la vida: mientras Bonilla dejaba la Guardia Civil en 2023 para trabajar para Isabel Díaz Ayuso —sí, la misma que luego le acusaría de filtraciones sobre las mascarillas—, el PSOE le convertía en el villano de su propia película. Pero Caramés, que no era tonto ni estaba para juegos de tronos con abogados de pacotilla, descolgó el teléfono y avisó a Bonilla.
Y así se armó el lío: porque mientras el PSOE movía hilos con despachos como IDBO (Serrano 32, Madrid, donde defienden a Koldo García y su hermano Joseba como si fueran influencers de la corrupción), Leire Díez —la braza derecha del partido— se reunía en febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, un empresario de hidrocarburos, para ofrecerle un trato similar: delatar a Bonilla y a Antonio Balas (otro teniente coronel de la UCO) a cambio de reducir su pena.
La oferta incluía a Jacobo Teijelo, un abogado que ya había demostrado su talento para defender a Juan Sánchez Yepes —acusado de cobrar 132.000 euros en criptomonedas y 94.000 euros en tarjeta prepago por filtrar información a cambio de pasta. Pero el PSOE no se quedó ahí.
Por si acaso, en febrero también intentaron comprar el silencio de Carmen Pano, la empresaria que confesó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. La oferta? 50.000 euros iniciales, ampliables a 200.000, más el pago de la boda de su hija Leonor. ¿El objetivo? Que no mencionara a Santos Cerdán, el cerebro gris de la trama, ni a los amaños de obra pública que salpicaban al partido.
Porque en política, como en el blackjack, lo importante no es ganar, es que no te pillen. Y como si todo esto fuera poco, en mayo de 2025 surgió el bulo de la bomba lapa: falsas noticias en medios como El Plural que atribuían a Bonilla el deseo de colocar una bomba lapa bajo el coche de Pedro Sánchez.
¿La prueba? Que Bonilla había pedido excedencia en 2023 y fichado por el Sermas. ¿El detalle? La querella de la Comunidad de Madrid por las mascarillas se interpuso un año antes de que Bonilla abandonara la UCO. Puro teatro. Porque cuando la verdad molesta, lo mejor es inventarse una más grande. Todo esto forma parte de una estrategia que viene de lejos: encapsular la investigación, culpar a los jueces, a los policías y a los medios, y salir airosos.
Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, ya lo intentó en 2021 filtrando información a THE OBJECTIVE para tapar los trapicheos de José Luis Ábalos. Y ahora, con el caso Koldo, vuelven a la carga: comprar testigos, fabricar pruebas y convertir a Bonilla en el sacrificio expiatorio de una UCO patriótica que nunca existió. Lo irónico? Mientras el PSOE gastaba fortunas en sobornos, la justicia seguía su curso.
Porque al final, en este país, lo único que no se puede comprar es la memoria de un confidente, la paciencia de un juez o el olfato de un periodista. Y Caramés, al menos, tuvo los cojones de decir que no. --- Datos duros integrados (sin que parezca un informe de Hacienda): - 9 de enero de 2025: Oferta del PSOE a Caramés (abogado Christian Mesía Figueroa como emisario). - Febrero 2025: Reunión de Leire Díez con Alejandro Hamlyn (hidrocarburos) para incriminar a Bonilla y Balas. - 50.000–200.000 euros: Oferta a Carmen Pano (empresaria que entregó 90.000 € en efectivo al PSOE). - 132.000 € en criptomonedas + 94.000 € en tarjeta prepago: Cobró Juan Sánchez Yepes por filtrar información. - Mayo 2025: Bulo de la bomba lapa en medios afines al PSOE. - 2021–2024: Estrategia del PSOE para contaminar el proceso y culpar a la UCO.
Crítica:
El artículo brilla por su exhaustividad, pero pecaría de demasiado generoso al no profundizar en qué pasó con los informes destruidos que mencionaba Caramés (¿dónde están? ¿quién los eliminó?). Además, el título original (‘El PSOE ofreció un pacto…’) es correcto, pero este texto merecía un gancho más contundente: ‘Cómo el PSOE pagó para convertir a un policía en el chivo expiatorio de su propia corrupción’. Porque aquí no hay solo una oferta, hay una estrategia de lawfare con presupuesto incluido.
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