Casi la mitad del efectivo gastado por Patrimonio Nacional desde 2018 va al cortijo vacacional de Sánchez en La Mareta

La Mareta: El Cortijo de Sánchez

politica Una playa paradisíaca con una sombrilla a rayas, medio enterrada en la arena. En el fondo, una silueta difuminada de una mansión lujosa, casi camuflada entre la vegetación. Colores cálidos y saturados, estilo pictórico impresionista, con un toque de ironía visual.

Patrimonio Nacional, ese chiringuito que pagamos todos, ha soltado los datos: entre 2018 y 2025, casi la mitad de su 'pequeño fondo para imprevistos' (90.873 euros, para ser exactos) se ha esfumado en La Mareta, la 'casita' de vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote. Sí, esa que donó un rey jordano a un rey Juan Carlos y que ahora es el edén personal del Presidente.

¿La crisis afgana? Se gestiona desde la playa. ¿Los incendios? Teleconferencia con mojito. La cosa no es que sea ilegal, es que la hipocresía rezuma por cada vela de las cenas de gala (244 euros en 2020, por cierto, para una cena con el presidente italiano). Ana de la Cueva Fernández, la presidenta del Consejo de Administración, cobró 130.041,30 euros en 2025 mientras el cortijo se engordaba con 8.972 euros solo en ese año.

¿El gasto más alto de 2023? 535 euros en mantenimiento de la finca. Casualidad, ¿no? Y ojo, que la información es a medias. Preguntaron quién se benefició de cada pago y la respuesta fue… el jefe de servicio de caja. Un genio del secretismo. El detalle es que esto no es nuevo.

Ya se había hablado de los 150.000 euros anuales para el mantenimiento, de las restricciones de navegación alrededor de la finca (como si fuera propiedad privada) y de la priorización de las vacaciones incluso en medio de emergencias nacionales. Felipe VI quería promocionar el turismo canario, no financiar las vacaciones presidenciales.

Pero, ¿qué más da? Al fin y al cabo, para eso están nuestros impuestos, ¿no? Para que unos pocos disfruten de la vida mientras el resto cuenta céntimos.

Crítica:

La falta de nombres concretos de los beneficiarios de los gastos es sospechosa. El artículo se centra demasiado en la anécdota y poco en la responsabilidad política de permitir este uso del patrimonio público.

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