Crítica:
¿Dónde está la investigación sobre cómo se llegó a esta situación? El artículo se centra en la reacción de la fiscal, pero falta profundidad en los hilos de la trama corrupta. El título es provocador, pero necesario.
¿Dónde está la investigación sobre cómo se llegó a esta situación? El artículo se centra en la reacción de la fiscal, pero falta profundidad en los hilos de la trama corrupta. El título es provocador, pero necesario.
El presidente Sánchez ha encontrado un respiro en la solemnidad del Vaticano, una escapada que huele a incienso y a estrategia. Mientras en España la sesión de control al Gobierno se tambalea por la imputación de Zapatero, él se codea con el Papa León XIV. Un 'oportuno' viaje, dicen. El mismo Sánchez que brilló por su ausencia en funerales por la covid, la DANA o incluso en Adamuz, ahora se apresura a confirmar asistencia a misas reales. La hipocresía, señores, tiene un precio: 18 de mayo de 2025, fecha clave en las invitaciones reales al Papa, eclipsada por un mensaje de cortesía tardío del jefe del Ejecutivo. La Iglesia, en definitiva, se ha convertido en un tablero de ajedrez político. El Gobierno, con la regularización de inmigrantes y la polémica con Trump en mente, busca el beneplácito papal. Y no es para menos: temen el discurso que León XIV pronunciará en el Congreso, un discurso que podría dinamitar sus planes. Tanto, que han solicitado, sin éxito, una copia anticipada. La Santa Sede, con más astucia que un diplomático veterano, ha respondido con un rotundo 'no', cuidando cada palabra para evitar ser instrumentalizado. Al parecer, el Ejecutivo espera que el Papa, con un guiño a la inmigración o al derecho a la vida, les dé un empujón mediático. Olvidan, o fingen olvidar, que el Papa no hace política, solo predica. Un detalle que podría resultarles caro. La búsqueda de un aval divino, en plena crisis doméstica, parece más un acto de desesperación que de fe. Mientras tanto, el patio de San Dámaso, con sus 'gentilhombres' y el arzobispo Rajic, observa la escena con la impasible solemnidad de quien ha visto pasar demasiados políticos en busca de una foto y un milagro.
La casa de Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero, olía a naftalina, secretos y, al parecer, a petróleo venezolano. Cientos de hojas manuscritas, más ilegibles que la letra de un médico, han desatado el pandemonio. ¿El quid de la cuestión? Un 50% de algo jugoso que conecta directamente a PDVSA, la petrolera nacional venezolana, con la trama Plus Ultra. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le dará para llegar a fin de mes, se manejan cifras de 1.597.607 dólares en 2020 y 501.000 dólares en 2024, con flechas apuntando a comisiones del 30% y 50%. Zapatero, imputado por liderar este tinglado, se ve ahora como el comercial estrella de la venta de crudo venezolano en China, cortesía del Partido Comunista. El juez, tras dos años de silencio sepulcral, ha decidido que la operación rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea con más agujeros que un queso suizo, no fue del todo ortodoxa. Y todo esto, mientras Delcy Rodríguez, la “amiga” de Zapatero, observa las maniobras desde Caracas. Martínez anotaba nombres, porcentajes, empresas estatales como Bandes, y la constante sombra de la intervención del CNI. Un laberinto de intereses donde lo único claro es que alguien se ha forrado a costa del erario público, y que el aroma a corrupción es más intenso que el de un cargamento de petróleo recién extraído. La UDEF, con paciencia de santo, desentraña este nudo gordiano, buscando el hilo que conecte los negocios ilícitos con el rescate millonario. El caso Plus Ultra y Venezuela se han convertido en el ‘chollazo’ del momento, una historia de trapicheos, comisiones y favores políticos que da para una serie de Netflix (con derecho a remake en varios idiomas).
El peregrinaje de Pedro Sánchez al Vaticano, buscando quizás un salvavidas celestial, se ha topado con una realidad más terrenal: la Guardia Civil, con el timing de un reloj suizo, ha irrumpido en la sede del PSOE en Ferraz. Mientras el presidente español presumiblemente hablaba de fe y esperanza con el Papa León XIV, la prensa italiana –La Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica– prefería titulares más jugosos: “España: La Guardia Civil registra la sede del PSOE por posible financiación ilícita”. ¿Casualidad? Difícil de creer. Parece que el aura de impunidad, esa que permite esquivar sesiones de control en el Congreso, tiene un límite. La operación, ordenada por la Audiencia Nacional, no es un simple registro, sino un “requerimiento de documentación” en el marco de la trama SEPI, un eufemismo que suena a menos que un agujero en el bolsillo. Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, altos cargos del PSOE, también han visto sus domicilios visitados por la UCO, como si la Guardia Civil estuviera haciendo una ronda de cortesía. Todo esto, recordemos, a pocos días del procesamiento del expresidente Zapatero, aunque los casos, según los medios italianos, no están relacionados (claro que no, porque la corrupción es una especie en peligro de extinción, ¿verdad?). La Stampa, con su característica franqueza, apunta a “fondos reservados” –o, como diría mi abuela, “dinero negro”–, mientras el Corriere della Sera anuncia una rueda de prensa de Sánchez en Roma, previsiblemente para explicar cómo la tormenta política española no es más que una pequeña nubecilla. ¿Será capaz de vender la moto? Lo dudamos. La visita al Papa, pensada como un escaparate de normalidad, se ha convertido en un lamentable contrapunto. Porque, señores, la corrupción es como el mal olor: siempre acaba saliendo a la luz, aunque intentes taparlo con incienso.
La mañana ha comenzado con el eco de las sirenas, pero no de bomberos, sino de la UCO asaltando la sede del PSOE en Ferraz. Un simulacro de incendios en el Congreso, mientras la verdadera combustión se gestaba a pocos metros. La ironía, como un reguero de gasolina, impregna la jornada. El PP, con Tellado a la cabeza, se relame, acusando al PSOE de estar “de corrupción hasta las cejas”, mientras Yolanda Díaz, visiblemente nerviosa, intenta desmarcarse, apuntando a otros frentes. Pedro Sánchez, imperturbable, sigue con su agenda en Roma, buscando la bendición papal, mientras su casa se desmorona. La operación, ligada a la trama Sepi, ha salpicado a altos cargos: Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana Fuentes, imputados por el juez Pedraz. La UCO, con una eficiencia digna de estudio, ha registrado además las viviendas de Cerdán y Zarrías, buscando pistas en el laberinto de la ingeniería financiera que, según la oposición, ha permitido saquear las arcas públicas. El PP, con Feijóo al frente, exige elecciones, recordando a Sánchez los mandamientos: “No robarás” y “No mentirás”. Un mensaje que, vista la situación, parece un chiste cruel. El PSOE, en lugar de dar la cara, intenta desviar la atención hacia Feijóo y el caso de Móstoles, una estrategia tan vieja como el mundo, pero que, en este contexto, suena a excusa barata. Mientras tanto, la prensa italiana, eclipsando la visita de Sánchez al Papa, se hace eco del terremoto político en España. La corrupción, al parecer, tiene más poder mediático que la fe. En resumen, un día de locura donde la única certeza es que, en la política española, la línea roja parece ser una simple sugerencia.
La foto es clara: mientras los españoles intentan cuadrar las cuentas a final de mes, Pedro Sánchez se escabulle a Roma. Un '¡Bravo, Pedro!' coreado en la FAO suena a burla sorda para los que, aquí, preguntan dónde está el líder en medio de la tormenta. El PSOE, por su parte, se desmorona como un castillo de naipes. Los barones territoriales, como el secretario general de Castilla y León, Carlos Martínez, prefieren no mojar el pan en la sopa de Zapatero, mientras que otros, como los ministros López, Alegría, Morant y Montero, se aferran al salvavidas presidencial. Porque, claro, unos dependen del sillón y otros, de que alguien les vote en las autonómicas del año que viene. La 'irresponsabilidad enorme' de Ferraz al denunciar 'lawfare' antes de leer el auto, según fuentes cercanas a García-Page, es el colmo. Y mientras tanto, el PNV y Coalición Canaria cantan el réquiem de una legislatura en coma. Moncloa, con su doble vara de medir, defiende a capa y espada la presunción de inocencia de Zapatero y, a la vez, proclama la inocencia de Begoña Gómez con una rueda de prensa digna de un espectáculo circense. La 'espantada' de Sánchez no es solo una cuestión de justicia; es la pérdida de un activo electoral clave, el hombre que ganó dos mayorías absolutas. Su descrédito deja al PSOE sin argumentos de prestigio. Y mientras el presidente se pasea por Italia, el partido se hunde en un mar de incertidumbre. La crisis, señores, no está en el Congreso, sino en la falta de liderazgo.
La mañana ha amanecido movidita en Ferraz. La UCO, esos señores de la Guardia Civil que saben dónde duele, han irrumpido en la sede del PSOE, buscando papeles. ¿El motivo? Un juez, Santiago Pedraz, quiere saber qué pasó con los pagos a Leire Díez, exmilitante socialista convertida en investigada por un presunto amaño de contratos en la SEPI. Mientras tú y yo intentamos llegar a fin de mes, esta trama habría inflado las cuentas en 731.545 euros entre 2021 y 2023, repartidos entre tres amigos inseparables – el club de WhatsApp Hirurok, lo llamaron – y sus contactos en empresas públicas. Santos Cerdán, exdirigente del PSOE, y Javier Pérez Dolset, empresario, también han visto a la UCO en sus domicilios, requisando material. Todo esto, en paralelo a otra investigación sobre las llamadas “cloacas” del PSOE, esos intentos de desacreditar a jueces y fiscales que, al parecer, eran un pasatiempo recurrente. La cosa parece un culebrón, pero con dinero público de por medio. Moncloa, como suele ocurrir, lo minimiza, hablando de un simple “requerimiento de información”. Pero la UCO sigue tirando del hilo, revisando correos, mensajes y, probablemente, buscando el resquicio que demuestre si la influencia política se tradujo en facturas infladas y comisiones ocultas. Incluso Gaspar Zarrías, con su consultora Zaño, está en el punto de mira. La exministra María Jesús Montero también aparece indirectamente, por haber colocado a Vicente Fernández al frente de la SEPI. Una red tejida con hilos de poder y, al parecer, con mucho dinero negro.
Mientras Pedro Sánchez se codeaba con Su Santidad, el Papa León XIV, en el Vaticano –un gesto que, según Moncloa, no tiene nada que ver con hacer oídos sordos a los problemas domésticos–, la UCO de la Guardia Civil entraba sin contemplaciones en la sede del PSOE en Ferraz. Un sainete que, para el ciudadano de a pie, empieza a tener la misma previsibilidad que el sablazo en la factura de la luz. La operación, ordenada por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en la pieza secreta del ‘caso Leire-SEPI’, un nombre que, francamente, suena a cómic de superhéroes pero que en la práctica se traduce en agujeros contables de dimensiones épicas. Los registros se extendieron a los despachos y domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Javier Pérez Dolset, nombres que ahora se suman a la creciente lista de políticos con la soga al cuello (metafóricamente, claro; aunque conociendo el panorama, uno nunca sabe). La ironía, como siempre, es que mientras se investiga la gestión de fondos públicos, el Gobierno se apresura a dar ruedas de prensa en el Vaticano, prometiendo transparencia y rendición de cuentas. ¿Transparencia? Más bien humo y espejos, dirían los más escépticos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no tardó en salir a la palestra clamando contra “cuántos sumarios y cuántas joyas más hacen falta”. Un discurso que, aunque previsible, refleja la creciente crispación política y la desconfianza ciudadana. Y, para rematar la faena, a escasos días se ha conocido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de ‘Plus Ultra’, un nuevo capítulo en esta telenovela sin fin. La pregunta ya no es si alguien va a caer, sino cuándo y cuántos serán.
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