La noticia se centra demasiado en la disputa política, dejando de lado el impacto real en los pacientes. El título es un poco sensacionalista y podría ser más neutral. Falta contexto sobre la evolución del gasto sanitario en los últimos años.
Patrimonio Nacional, ese chiringuito que pagamos todos, ha soltado los datos: entre 2018 y 2025, casi la mitad de su 'pequeño fondo para imprevistos' (90.873 euros, para ser exactos) se ha esfumado en La Mareta, la 'casita' de vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote. Sí, esa que donó un rey jordano a un rey Juan Carlos y que ahora es el edén personal del Presidente. ¿La crisis afgana? Se gestiona desde la playa. ¿Los incendios? Teleconferencia con mojito. La cosa no es que sea ilegal, es que la hipocresía rezuma por cada vela de las cenas de gala (244 euros en 2020, por cierto, para una cena con el presidente italiano). Ana de la Cueva Fernández, la presidenta del Consejo de Administración, cobró 130.041,30 euros en 2025 mientras el cortijo se engordaba con 8.972 euros solo en ese año. ¿El gasto más alto de 2023? 535 euros en mantenimiento de la finca. Casualidad, ¿no? Y ojo, que la información es a medias. Preguntaron quién se benefició de cada pago y la respuesta fue… el jefe de servicio de caja. Un genio del secretismo. El detalle es que esto no es nuevo. Ya se había hablado de los 150.000 euros anuales para el mantenimiento, de las restricciones de navegación alrededor de la finca (como si fuera propiedad privada) y de la priorización de las vacaciones incluso en medio de emergencias nacionales. Felipe VI quería promocionar el turismo canario, no financiar las vacaciones presidenciales. Pero, ¿qué más da? Al fin y al cabo, para eso están nuestros impuestos, ¿no? Para que unos pocos disfruten de la vida mientras el resto cuenta céntimos.
Pablo Iglesias, el hombre que prometió cambiarlo todo, ahora se ve amenazado por lo que él mismo construyó: Canal Red. Un documental, 'Romper el Bloque', ha abierto la caja de Pandora, desvelando un menú de abusos laborales que harían palidecer a un jefe de obra en pleno agosto. Treinta extrabajadores, según Mu Produccións, se atreven a hablar de jornadas interminables, horas extras que jamás se pagaron y un estrés que terminó en hospitalizaciones. Canal Red, en vez de dar la cara, decide centrarse en Sergio Gregori, el ex-compañero de viaje que, según ellos, es el único problema. Gregori, el que inició una demanda en 2024 (desestimada, sí, pero la demanda está ahí), es ahora el chivo expiatorio perfecto. La estrategia es digna de estudio: desviar la atención como si fuera un partido de fútbol. Mientras la gente pregunta por las nueve sentencias laborales que, según el representante sindical Fran Suárez, confirman vulneraciones de derechos fundamentales en el ecosistema Podemos, Canal Red se aferra a la sentencia favorable en el caso Gregori. Es como si te robaran la cartera y te dieran un recibo de la compra del pan. Amenazan con acciones legales, sí, pero solo contra quienes osen cuestionar su 'honor', como si el honor se pudiera comprar por unos cuantos euros. La historia de Gregori, el impulsor de Furor TV, el embrión de todo esto, es un añadido interesante. Un choque por la línea editorial, acusaciones mutuas... el típico culebrón interno que termina con alguien señalado como el malo. Canal Red lo presenta como un caso de 'conciencia' (¡vaya eufemismo!), Mu Produccións lo ve como la mecha que encendió la pólvora. En cualquier caso, la imagen que queda es la de una organización que prefiere el ataque a la autocrítica, la negación a la reflexión. Y eso, señores, huele a podrido.
La indignación campa a sus anchas en la Policía Nacional, y no precisamente por la falta de donuts en la sala de descanso. Laura García, portavoz de Jupol, ha soltado la bomba en 'La Noche de Cuesta': la trama 'Delcygate' parece que viene con ascensos de regalo. Jesús María Gómez Martín, excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actual jefe superior de la Policía en Canarias, está en el ojo del huracán. ¿Su delito? Haber estado al mando durante el aquelarre con Delcy Rodríguez. En lugar de la calle de la amargura, recibió… ¡una patada hacia arriba! Ascendido a Canarias, por supuesto. Pero la cosa no acaba ahí. Otros mandos involucrados en el tinglado no se quedaron atrás: embajadas con pluses jugosos para todos. Parece que en la Policía, ser discreto no es una virtud, sino un billete dorado. Y como si fuera poco, Gómez Martín, una vez en Canarias, se dedicó a una “limpia” de personal que levanta ampollas. El caso del Tito Berni, otro escándalo que aún escuece, vuelve a salir a la luz. Un agente que iba a ser condecorado vio cómo su reconocimiento se esfumaba gracias a las “gestiones” del ahora cuestionado jefe superior. En resumen, la meritocracia parece haber cogido un vuelo directo a Narnia. La presunción de inocencia, eso sí, está ahí, pero la sensación general es que los que callan se enriquecen, y los que denuncian… bueno, los que denuncian se quedan sin medallas. Jupol exige el cese inmediato de Gómez Martín, para que la imagen de la Policía Nacional no se vea más mancillada. Porque, al final, la ciudadanía paga la cuenta de estas “recompensas” a la lealtad.
El presidente Sánchez ha encontrado un respiro en la solemnidad del Vaticano, una escapada que huele a incienso y a estrategia. Mientras en España la sesión de control al Gobierno se tambalea por la imputación de Zapatero, él se codea con el Papa León XIV. Un 'oportuno' viaje, dicen. El mismo Sánchez que brilló por su ausencia en funerales por la covid, la DANA o incluso en Adamuz, ahora se apresura a confirmar asistencia a misas reales. La hipocresía, señores, tiene un precio: 18 de mayo de 2025, fecha clave en las invitaciones reales al Papa, eclipsada por un mensaje de cortesía tardío del jefe del Ejecutivo. La Iglesia, en definitiva, se ha convertido en un tablero de ajedrez político. El Gobierno, con la regularización de inmigrantes y la polémica con Trump en mente, busca el beneplácito papal. Y no es para menos: temen el discurso que León XIV pronunciará en el Congreso, un discurso que podría dinamitar sus planes. Tanto, que han solicitado, sin éxito, una copia anticipada. La Santa Sede, con más astucia que un diplomático veterano, ha respondido con un rotundo 'no', cuidando cada palabra para evitar ser instrumentalizado. Al parecer, el Ejecutivo espera que el Papa, con un guiño a la inmigración o al derecho a la vida, les dé un empujón mediático. Olvidan, o fingen olvidar, que el Papa no hace política, solo predica. Un detalle que podría resultarles caro. La búsqueda de un aval divino, en plena crisis doméstica, parece más un acto de desesperación que de fe. Mientras tanto, el patio de San Dámaso, con sus 'gentilhombres' y el arzobispo Rajic, observa la escena con la impasible solemnidad de quien ha visto pasar demasiados políticos en busca de una foto y un milagro.
La casa de Julio Martínez, el “lacayo” de Zapatero, olía a naftalina, secretos y, al parecer, a petróleo venezolano. Cientos de hojas manuscritas, más ilegibles que la letra de un médico, han desatado el pandemonio. ¿El quid de la cuestión? Un 50% de algo jugoso que conecta directamente a PDVSA, la petrolera nacional venezolana, con la trama Plus Ultra. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le dará para llegar a fin de mes, se manejan cifras de 1.597.607 dólares en 2020 y 501.000 dólares en 2024, con flechas apuntando a comisiones del 30% y 50%. Zapatero, imputado por liderar este tinglado, se ve ahora como el comercial estrella de la venta de crudo venezolano en China, cortesía del Partido Comunista. El juez, tras dos años de silencio sepulcral, ha decidido que la operación rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea con más agujeros que un queso suizo, no fue del todo ortodoxa. Y todo esto, mientras Delcy Rodríguez, la “amiga” de Zapatero, observa las maniobras desde Caracas. Martínez anotaba nombres, porcentajes, empresas estatales como Bandes, y la constante sombra de la intervención del CNI. Un laberinto de intereses donde lo único claro es que alguien se ha forrado a costa del erario público, y que el aroma a corrupción es más intenso que el de un cargamento de petróleo recién extraído. La UDEF, con paciencia de santo, desentraña este nudo gordiano, buscando el hilo que conecte los negocios ilícitos con el rescate millonario. El caso Plus Ultra y Venezuela se han convertido en el ‘chollazo’ del momento, una historia de trapicheos, comisiones y favores políticos que da para una serie de Netflix (con derecho a remake en varios idiomas).
La fiscal jefe Llop, convertida en Megáfono de la Sepi, perdió los papeles en una vista judicial. ¿El motivo? Que unos peritos osaban sugerir que el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra olía a chamusquina, a “empresa zombi” con patas. Como si estuviera defendiendo su lista de la compra, Llop interrumpió a los expertos independientes, exigiendo que se “escuchara” a los peritos de la Sepi, esos que, curiosamente, certificaron la salud de una aerolínea que ya estaba en cuidados intensivos antes de la pandemia (y de los millones públicos). El caso, inicialmente archivado con la velocidad de la luz por la jueza Esperanza Collazos (y con el visto bueno de Llop), resucitó con la imputación del expresidente Zapatero por delitos varios: organización criminal, tráfico de influencias, y el clásico blanqueo de capitales. La UDEF, con su perspicacia habitual, desenterró mensajes comprometedores: “la fiscal jefa es amiga”, decían los implicados, sugiriendo que se podía “cortar” la investigación a tiempo. La vista del 29 de marzo de 2022, con sus fallos técnicos y repeticiones, fue un espectáculo. Los peritos independientes detallaron un préstamo participativo de 6,3 millones que infló el patrimonio de Plus Ultra, y un plan de viabilidad tan optimista que solo podía ser obra de un ilusionista. Mientras, los peritos de la Sepi se aferraban a la documentación (incompleta) que les facilitó la aerolínea. Llop ascendió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras su gestión en el caso, mientras que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, conocida como la “fiscal cianuro”, fue promocionada al Tribunal Supremo. ¿Coincidencia? En este país, hasta las ironías tienen promoción por méritos propios.
El peregrinaje de Pedro Sánchez al Vaticano, buscando quizás un salvavidas celestial, se ha topado con una realidad más terrenal: la Guardia Civil, con el timing de un reloj suizo, ha irrumpido en la sede del PSOE en Ferraz. Mientras el presidente español presumiblemente hablaba de fe y esperanza con el Papa León XIV, la prensa italiana –La Stampa, Corriere della Sera, La Repubblica– prefería titulares más jugosos: “España: La Guardia Civil registra la sede del PSOE por posible financiación ilícita”. ¿Casualidad? Difícil de creer. Parece que el aura de impunidad, esa que permite esquivar sesiones de control en el Congreso, tiene un límite. La operación, ordenada por la Audiencia Nacional, no es un simple registro, sino un “requerimiento de documentación” en el marco de la trama SEPI, un eufemismo que suena a menos que un agujero en el bolsillo. Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, altos cargos del PSOE, también han visto sus domicilios visitados por la UCO, como si la Guardia Civil estuviera haciendo una ronda de cortesía. Todo esto, recordemos, a pocos días del procesamiento del expresidente Zapatero, aunque los casos, según los medios italianos, no están relacionados (claro que no, porque la corrupción es una especie en peligro de extinción, ¿verdad?). La Stampa, con su característica franqueza, apunta a “fondos reservados” –o, como diría mi abuela, “dinero negro”–, mientras el Corriere della Sera anuncia una rueda de prensa de Sánchez en Roma, previsiblemente para explicar cómo la tormenta política española no es más que una pequeña nubecilla. ¿Será capaz de vender la moto? Lo dudamos. La visita al Papa, pensada como un escaparate de normalidad, se ha convertido en un lamentable contrapunto. Porque, señores, la corrupción es como el mal olor: siempre acaba saliendo a la luz, aunque intentes taparlo con incienso.
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