La noticia carece de la versión del Ministerio de Transportes, lo cual es una omisión grave. El tono, aunque comprensible dada la situación, es claramente partidista, favoreciendo la postura del PP. El título, si bien atractivo, roza el sensacionalismo.
La mañana ha amanecido movidita en Ferraz. La UCO, esos señores de la Guardia Civil que saben dónde duele, han irrumpido en la sede del PSOE, buscando papeles. ¿El motivo? Un juez, Santiago Pedraz, quiere saber qué pasó con los pagos a Leire Díez, exmilitante socialista convertida en investigada por un presunto amaño de contratos en la SEPI. Mientras tú y yo intentamos llegar a fin de mes, esta trama habría inflado las cuentas en 731.545 euros entre 2021 y 2023, repartidos entre tres amigos inseparables – el club de WhatsApp Hirurok, lo llamaron – y sus contactos en empresas públicas. Santos Cerdán, exdirigente del PSOE, y Javier Pérez Dolset, empresario, también han visto a la UCO en sus domicilios, requisando material. Todo esto, en paralelo a otra investigación sobre las llamadas “cloacas” del PSOE, esos intentos de desacreditar a jueces y fiscales que, al parecer, eran un pasatiempo recurrente. La cosa parece un culebrón, pero con dinero público de por medio. Moncloa, como suele ocurrir, lo minimiza, hablando de un simple “requerimiento de información”. Pero la UCO sigue tirando del hilo, revisando correos, mensajes y, probablemente, buscando el resquicio que demuestre si la influencia política se tradujo en facturas infladas y comisiones ocultas. Incluso Gaspar Zarrías, con su consultora Zaño, está en el punto de mira. La exministra María Jesús Montero también aparece indirectamente, por haber colocado a Vicente Fernández al frente de la SEPI. Una red tejida con hilos de poder y, al parecer, con mucho dinero negro.
Mientras Pedro Sánchez se codeaba con Su Santidad, el Papa León XIV, en el Vaticano –un gesto que, según Moncloa, no tiene nada que ver con hacer oídos sordos a los problemas domésticos–, la UCO de la Guardia Civil entraba sin contemplaciones en la sede del PSOE en Ferraz. Un sainete que, para el ciudadano de a pie, empieza a tener la misma previsibilidad que el sablazo en la factura de la luz. La operación, ordenada por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en la pieza secreta del ‘caso Leire-SEPI’, un nombre que, francamente, suena a cómic de superhéroes pero que en la práctica se traduce en agujeros contables de dimensiones épicas. Los registros se extendieron a los despachos y domicilios de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Javier Pérez Dolset, nombres que ahora se suman a la creciente lista de políticos con la soga al cuello (metafóricamente, claro; aunque conociendo el panorama, uno nunca sabe). La ironía, como siempre, es que mientras se investiga la gestión de fondos públicos, el Gobierno se apresura a dar ruedas de prensa en el Vaticano, prometiendo transparencia y rendición de cuentas. ¿Transparencia? Más bien humo y espejos, dirían los más escépticos. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no tardó en salir a la palestra clamando contra “cuántos sumarios y cuántas joyas más hacen falta”. Un discurso que, aunque previsible, refleja la creciente crispación política y la desconfianza ciudadana. Y, para rematar la faena, a escasos días se ha conocido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de ‘Plus Ultra’, un nuevo capítulo en esta telenovela sin fin. La pregunta ya no es si alguien va a caer, sino cuándo y cuántos serán.
Madrid, mayo de 2026. Mientras el café sube de precio a un ritmo de vértigo, el Gobierno central ha decidido poner en pausa la devolución de 110 menores no acompañados (MENAs) a sus países de origen. Un año entero esperando. Un año. Tiempo suficiente para que 40 de esos chicos, que no son tan chicos, hayan cumplido la mayoría de edad y se encuentren en un limbo legal que huele a chapuza administrativa. La Comunidad de Madrid, con Silvia Valmaña a la cabeza, vocifera indignación. Exige a Francisco Martín, el delegado del Gobierno, que ponga en marcha los trámites de reunificación familiar aprobados... hace más de un año. ¿Alguien perdió el archivo? Ana Dávila, consejera de Familia, califica la situación de “grave e injustificable”. Y no le falta razón. La Ley Orgánica 4/2000 dice una cosa, pero la práctica, al parecer, es otra. El artículo 35, ese que habla del interés superior del menor, parece haberse tomado unas vacaciones indefinidas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid amenaza con acciones legales. Un pulso institucional que, como suele ocurrir, pagará el ciudadano. Y no con euros, sino con indignación. Pero la guinda del pastel llega con las 16 denuncias por presunta estafa agravada. Gente que se hacía pasar por menores para acceder a recursos públicos. El sistema, al parecer, es permeable a la picaresca. Y mientras tanto, 110 vidas en suspenso, 40 mayorías de edad perdidas, y una burocracia que se mueve a la velocidad de un caracol en almíbar. En resumen, un espectáculo dantesco con aroma a partidismo y dejación de funciones.
Marlaska, el Houdini de la seguridad, ha hecho magia con el presupuesto: 176 chalecos antibalas para más de 2.600 policías alumnos que vigilarán la visita del Papa León XIV. Sí, han leído bien. La proporción es casi poética, una metáfora perfecta de la gestión del riesgo en este país. Mientras el Gobierno presume de “dispositivos sin precedentes”, Jupol, el sindicato que levanta la voz cuando otros callan, denuncia un auténtico despropósito. ¿El colmo? Que a los futuros agentes se les exige comprarse el traje de gala de su propio bolsillo. Un sablazo de 788,42 euros al mes, que se convierte en 328,10 después de las retenciones, para proteger al Sumo Pontífice. A ver, que no es un capricho: el nivel de alerta antiterrorista es 4, como si estuviéramos en una película de acción. Pero parece que la seguridad de los policías es secundaria, un detalle menor en el gran esquema de la visita papal. La situación es tan surrealista que incluso las cajas pagadoras de la policía están en la UVI, sin dinero para un pinchazo. ¿Cómo pretenden garantizar la seguridad con un presupuesto más agujereado que un queso gruyer? Y no nos olvidemos de los 12.500 efectivos de la Policía Nacional y los 2.200 de la Guardia Civil desplegados, un ejército al servicio de la imagen de España. El último Papa visitó España en 2011, bajo el mandato de Benedicto XVI. Ahora, el Papa León XIV llega a un país con una policía a la que se le pide hacer milagros con los medios que tiene.
Cataluña, tierra de contrastes. Mientras el 'establishment' político se desvive por la 'crueldad' de una corrida de toros –anulada por el Tribunal Constitucional, pero boicoteada con saña–, abre una web oficial, con 2,3 millones de euros de presupuesto (un 37,5% más que el año anterior, ojo al dato), para guiar en el sacrificio ritual de corderos, amparado en la 'diversidad religiosa'. Salvador Illa, artífice de este 'detalle', parece haber olvidado que la tradición católica mayoritaria en Cataluña necesita algo más que un 'hazte lo que diga' para sobrevivir al fervor de la secularización selectiva. La web, con manuales en catalán, árabe y urdú (para no dejar a nadie fuera), ofrece desde recomendaciones sanitarias hasta guías de higiene para ayuntamientos y escuelas. ¿Y la Semana Santa? ¿El Corpus Christi? Brilla por su ausencia. Es más fácil encontrar un manual de degollamiento halal que información sobre la Inmaculada Concepción. El contraste es tan evidente que duele. La Generalitat, en un ejercicio de equilibrismo digno de circo, asegura la asistencia religiosa a presos musulmanes, mientras el belén de Navidad en Barcelona es víctima de un boicot orquestado por el Ayuntamiento, tildándolo de 'ingeniería social'. La conclusión es simple: en Cataluña, el cordero sacrificial tiene más derechos que el pesebre. Una 'diversidad religiosa' que huele, pardillo, a doble rasero.
Mientras la cesta de la compra se encarece y el recibo de la luz daña la vista, el PSOE se despachaba a lo grande con un ‘Plan Luz Verde’ más bien ‘Plan Dinero Negro’. De 2019 a 2020, las donaciones al partido se dispararon un 200%, alcanzando los 837.506 euros, un pico que coincide sospechosamente con las confesiones de Víctor de Aldama, quien asegura haber entregado “más de 1,8 millones de euros” al partido. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? En la política, solo hay dos tipos de coincidencias: las que se explican… y las que se investigan. La estrategia, orquestada por Mariano Moreno (entonces gerente federal), consistía en microcréditos con un interés del 3%, más alto que el que ofrecían los bancos, prometiendo “algoritmos contra la corrupción” (la ironía duele). El plan recaudó casi 3 millones de euros (2.998.500 euros, para ser exactos), pero todo, absolutamente todo, quedó fuera del alcance de los auditores y del Tribunal de Cuentas. Un agujero contable del tamaño de un campo de fútbol. En 2024, la fiesta amainó, las donaciones cayeron a 133.500 euros (un desplome que habla por sí solo), pero el hedor a irregularidad persiste. La UCO investiga pagos en efectivo, y el PSOE, en un acto de transparencia cuestionable, solicitó que parte de la investigación se mantuviera en secreto. La auditoría encargada por Pedro Sánchez, con auditores de dudosa independencia, concluyó que todo estaba en orden, pero la Justicia, afortunadamente, no parece tan fácil de engañar. Este partido que vendía algoritmos anticorrupción, ahora enfrenta la necesidad de que un juez descifre si el origen del dinero era tan limpio como sus promesas.
Mientras la cesta de la compra se dispara y las familias aprietan el cinturón, el PSOE parece haber encontrado una forma curiosa de inflar sus arcas durante la pandemia: 4 millones de euros en “microcréditos verdes”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con lupa en mano, sospecha que esto no es otra cosa que financiación ilegal, un agujero contable disfrazado de ecologismo. El asunto, que se investiga en la Audiencia Nacional, centra su atención en la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización y en los pagos en efectivo que, convenientemente, no figuraban en la contabilidad oficial. En octubre de 2020, con el país en pleno confinamiento, Ferraz lanzó un plan de “Luz Verde”, pidiendo a militantes y simpatizantes que colaboraran con microcréditos al 3% de interés o donaciones directas. Las donaciones se triplicaron, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 en 2020, un aumento del 200%. Mariano Moreno, entonces gerente del partido, presumía en redes sociales de la reducción de la “huella de carbono” en la sede de Ferraz, mientras el dinero entraba a raudales. El Tribunal de Cuentas fiscalizó las cuentas, sí, pero la Fiscalía Anticorrupción admite que su revisión es superficial y se limita a la información proporcionada por el propio PSOE. La UCO ha entrado en la sede de Ferraz buscando respuestas, y el PSOE, con la rapidez de un político acorralado, ha solicitado el secreto de sumario. ¿Qué esconden? ¿Pagos fantasma? ¿Empresas que inflaban facturas? La investigación apunta a que la línea entre la legalidad y la ingeniería financiera es, en este caso, peligrosamente difusa. El informe de la UCO, aún en elaboración, podría decidir si el PSOE se enfrenta a una imputación por financiación ilegal, o si sus gestores se encontrarán con el agua al cuello.
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