Crítica:
¿Dónde están los nombres de los periodistas y medios afines? El auto es contundente, pero falta transparencia en algunos detalles. El título, aunque atractivo, roza el sensacionalismo.
Otros artículos
Nosotres vs. Nosotras: El Sálvese Quién Pueda
El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha lanzado una guía para que los funcionarios hablen como si estuvieran en un congreso de lingüística aplicada. La joya de la corona: abrazar términos como “nosotres” y “elle”, como si la Real Academia Española fuera un mero trámite burocrático. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, la Administración se preocupa por la fluidez de género en los formularios. La guinda del pastel: la guía, publicada el 21 de mayo, es ahora material de referencia oficial. Pero la cosa no ha sentado bien a todo el mundo. Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, con razón o sin ella, han alzado la voz. Argumentan, y no les falta razón, que diluir la categoría de “sexo” es como intentar arreglar un pinchazo con saliva: una solución chapucera que debilita las herramientas para medir la desigualdad. Quieren que la guía desaparezca más rápido que un billete de 500 en una fiesta. La Alianza denuncia que, con este lenguaje inclusivo, se está sustituyendo “datos objetivos” por “percepciones subjetivas”. Es decir, que en lugar de contar cuántas mujeres cobran menos que los hombres, ¿vamos a preguntar a cada uno cómo se siente? Mientras tanto, la brecha salarial sigue ahí, igual que la violencia de género. Y la Administración, ocupada en redefinir el lenguaje, parece olvidar que el problema no está en las palabras, sino en los hechos. Es como cambiar el nombre a la deuda, pero la factura sigue llegando. Todo un circo lingüístico que, al final, no soluciona ni un problema real.
Fiscales 'colocados': 15 años para limpiar el avispero
Salvador Viada, un fiscal con la verborrea de un camionero en plena cuesta, suelta la bomba en la radio: limpiar el avispero de la Fiscalía, infiltrado por 'gente joven y muy ideologizada', nos costará, como poco, 15 años. ¡Quince años! Casi tanto como esperar un billete de lotería. Mientras, el caso Plus Ultra sigue dando coletazos, con dos fiscales en el punto de mira por, digamos, tener 'amigos' en el lugar adecuado. ¿Amigos? En la Fiscalía, amigo es sinónimo de 'archivo rápido' o 'investigación a media gas'. Viada, que fue jefe de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no se corta un pelo: el problema no es solo que ciertos casos se resuelvan con el beneplácito del poder, sino que ni siquiera se molestan en investigar. El caso de Begoña Gómez, la mujer del Presidente, es el ejemplo perfecto: antes de archivar, se piden archivos. ¡Como si la investigación fuera una lista de la compra! Y Álvaro García Ortiz, otro nombre que resuena en la polémica, es acusado de traición a la profesión, de favorecer al gobierno y de perjudicar a la oposición. Un bochorno, según Viada. La conclusión es clara: España necesita una 'regeneración democrática' para que la Fiscalía se parezca más a un perro guardián independiente que a un caniche obediente. Porque, señores, cuando la justicia depende del color político, la meritocracia se va de vacaciones.
Fiscal Supremo: 30 Años Para Desideologizar
El fiscal del Supremo, Salvador Viada, ha soltado la bomba en 'La noche de Cuesta': limpiar el establo de la Fiscalía, según él, nos va a costar una hipoteca. Literalmente, 15 o 30 años, depende de si le da por exagerar. Mientras tú peleas con la inflación de la lista de la compra, Viada denuncia que se ha estado colocando gente “muy joven y muy ideologizada” en la Fiscalía, como si fuera un cacharrería de amiguetes. La bronca viene por el caso Plus Ultra, donde dos fiscales están en el punto de mira. Viada apoya investigar a Pilar Rodríguez Fernández y María Luisa Llop Esteban, solo por tener “amigos” en el caso. Imagínate, ¡tener amigos! Eso es sospechoso, ¿no? Y luego se queja de que en el caso Begoña Gómez, la Fiscalía parece más interesada en cerrar el caso antes de que se caliente, dejando que los perjudicados tengan que dar patadas a la puerta para que investiguen. Viada no se corta un pelo con Álvaro García Ortiz, al que acusa de “traición” por favorecer al Gobierno y perjudicar a la oposición. Dice que es de “bochorno” y que estuvo un año usando la Fiscalía como su cortijo personal. Todo esto, según Viada, exige una “regeneración democrática” profunda, porque, a ver, ¿qué más da que la Fiscalía esté más cerca del Gobierno que de los jueces? ¡Es solo una cuestión de perspectiva! El pronóstico es desalentador: décadas para deshacer un entresijo de nombramientos basados en la ideología, no en la meritocracia. Una década y media para empezar, al menos, según el propio Viada.
Madrid vs. García: ¿Dónde están los millones?
Madrid ha encendido los motores y exige cuentas a Mónica García por unos 300.000 millones de euros que, según la ministra, han ido a sanidad desde que Pedro Sánchez tomó las riendas. 300.000 millones. La cifra suena a la lista de la compra de un país entero durante una década, pero la consejera Fátima Matute, con el rigor de quien revisa el extracto bancario al final de mes, pide que desglosen dónde fue ese dineral. Porque, según sus cálculos, y los del Ministerio de Hacienda, el gasto sanitario no ha crecido, sino que ha menguado en 1.500 millones de euros en un solo año. Un sablazo en la factura, vaya. La cosa no acaba ahí. Madrid, que recibió 5,8 millones para salud mental y 2,6 para prevenir el suicidio (¡0,82 euros por madrileño para la mente y 0,38 para evitar tirar la toalla!), quiere saber si esos 300.000 millones son reales o una maniobra contable digna de un mago. Lo reclaman por transparencia, dicen, pero también porque la huelga de médicos sigue en pie y, si hubiera más pasta, quizás se podría evitar el conflicto. Y no solo eso, Matute quiere los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica de las negociaciones sobre el estatuto de los médicos, porque, según ella, el Gobierno central no se toma en serio la situación. En resumen, una batalla campal por cifras que no cuadran, donde cada uno defiende su versión y el ciudadano de a pie se pregunta si la sanidad pública es un pozo sin fondo o una inversión en el futuro. La consejera insiste en que la transparencia es clave y que si la financiación fuera real, una parte importante iría directamente a los profesionales sanitarios. Mientras tanto, la partida se ha convertido en un auténtico campo de minas político.
La Mareta: El Cortijo de Sánchez
Patrimonio Nacional, ese chiringuito que pagamos todos, ha soltado los datos: entre 2018 y 2025, casi la mitad de su 'pequeño fondo para imprevistos' (90.873 euros, para ser exactos) se ha esfumado en La Mareta, la 'casita' de vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote. Sí, esa que donó un rey jordano a un rey Juan Carlos y que ahora es el edén personal del Presidente. ¿La crisis afgana? Se gestiona desde la playa. ¿Los incendios? Teleconferencia con mojito. La cosa no es que sea ilegal, es que la hipocresía rezuma por cada vela de las cenas de gala (244 euros en 2020, por cierto, para una cena con el presidente italiano). Ana de la Cueva Fernández, la presidenta del Consejo de Administración, cobró 130.041,30 euros en 2025 mientras el cortijo se engordaba con 8.972 euros solo en ese año. ¿El gasto más alto de 2023? 535 euros en mantenimiento de la finca. Casualidad, ¿no? Y ojo, que la información es a medias. Preguntaron quién se benefició de cada pago y la respuesta fue… el jefe de servicio de caja. Un genio del secretismo. El detalle es que esto no es nuevo. Ya se había hablado de los 150.000 euros anuales para el mantenimiento, de las restricciones de navegación alrededor de la finca (como si fuera propiedad privada) y de la priorización de las vacaciones incluso en medio de emergencias nacionales. Felipe VI quería promocionar el turismo canario, no financiar las vacaciones presidenciales. Pero, ¿qué más da? Al fin y al cabo, para eso están nuestros impuestos, ¿no? Para que unos pocos disfruten de la vida mientras el resto cuenta céntimos.
Iglesias: Amenaza con juicios por abusos
Pablo Iglesias, el hombre que prometió cambiarlo todo, ahora se ve amenazado por lo que él mismo construyó: Canal Red. Un documental, 'Romper el Bloque', ha abierto la caja de Pandora, desvelando un menú de abusos laborales que harían palidecer a un jefe de obra en pleno agosto. Treinta extrabajadores, según Mu Produccións, se atreven a hablar de jornadas interminables, horas extras que jamás se pagaron y un estrés que terminó en hospitalizaciones. Canal Red, en vez de dar la cara, decide centrarse en Sergio Gregori, el ex-compañero de viaje que, según ellos, es el único problema. Gregori, el que inició una demanda en 2024 (desestimada, sí, pero la demanda está ahí), es ahora el chivo expiatorio perfecto. La estrategia es digna de estudio: desviar la atención como si fuera un partido de fútbol. Mientras la gente pregunta por las nueve sentencias laborales que, según el representante sindical Fran Suárez, confirman vulneraciones de derechos fundamentales en el ecosistema Podemos, Canal Red se aferra a la sentencia favorable en el caso Gregori. Es como si te robaran la cartera y te dieran un recibo de la compra del pan. Amenazan con acciones legales, sí, pero solo contra quienes osen cuestionar su 'honor', como si el honor se pudiera comprar por unos cuantos euros. La historia de Gregori, el impulsor de Furor TV, el embrión de todo esto, es un añadido interesante. Un choque por la línea editorial, acusaciones mutuas... el típico culebrón interno que termina con alguien señalado como el malo. Canal Red lo presenta como un caso de 'conciencia' (¡vaya eufemismo!), Mu Produccións lo ve como la mecha que encendió la pólvora. En cualquier caso, la imagen que queda es la de una organización que prefiere el ataque a la autocrítica, la negación a la reflexión. Y eso, señores, huele a podrido.
¿Delcygate? ¡Ascensos con aroma a embajada!
La indignación campa a sus anchas en la Policía Nacional, y no precisamente por la falta de donuts en la sala de descanso. Laura García, portavoz de Jupol, ha soltado la bomba en 'La Noche de Cuesta': la trama 'Delcygate' parece que viene con ascensos de regalo. Jesús María Gómez Martín, excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actual jefe superior de la Policía en Canarias, está en el ojo del huracán. ¿Su delito? Haber estado al mando durante el aquelarre con Delcy Rodríguez. En lugar de la calle de la amargura, recibió… ¡una patada hacia arriba! Ascendido a Canarias, por supuesto. Pero la cosa no acaba ahí. Otros mandos involucrados en el tinglado no se quedaron atrás: embajadas con pluses jugosos para todos. Parece que en la Policía, ser discreto no es una virtud, sino un billete dorado. Y como si fuera poco, Gómez Martín, una vez en Canarias, se dedicó a una “limpia” de personal que levanta ampollas. El caso del Tito Berni, otro escándalo que aún escuece, vuelve a salir a la luz. Un agente que iba a ser condecorado vio cómo su reconocimiento se esfumaba gracias a las “gestiones” del ahora cuestionado jefe superior. En resumen, la meritocracia parece haber cogido un vuelo directo a Narnia. La presunción de inocencia, eso sí, está ahí, pero la sensación general es que los que callan se enriquecen, y los que denuncian… bueno, los que denuncian se quedan sin medallas. Jupol exige el cese inmediato de Gómez Martín, para que la imagen de la Policía Nacional no se vea más mancillada. Porque, al final, la ciudadanía paga la cuenta de estas “recompensas” a la lealtad.
Comentarios