La crónica se centra en la indignación del fiscal Viada, pero omite el contexto completo de los casos mencionados, dejando la impresión de una denuncia unilateral. El título es llamativo, pero simplifica excesivamente la complejidad del problema.
El auto del juez Pedraz es un bombazo. Un auténtico culebrón a la española, pero con la diferencia de que esta vez el decorado es Ferraz y los protagonistas, figuras clave del PSOE. No hablamos de un desliz, ni de una anécdota. Hablamos de una presunta organización criminal, tejida desde dentro, con el objetivo de desactivar investigaciones incómodas. Y aquí, amigos, la cosa no huele a jazmines. La trama, según el auto, se articulaba en torno a Santos Cerdán, el otrora secretario de Organización, quien, al parecer, puso a disposición de la ‘empresa’ toda la estructura del partido. Leire Díez, una pieza fundamental, cobraba 4.000 euros al mes –¡más que algunos sueldos dignos!– por “desestabilizar” causas que pudieran salpicar al PSOE. Dinero que, ojo, circulaba por sociedades pantalla y despachos de abogados, como quien paga la compra para que no se note. Ana María Fuentes Pacheco, la gerente, firmaba facturas 'mendaces' para tapar el origen de los fondos. Vamos, un laberinto contable digno de Houdini. Pero no se limitaron a mover dinero. Reuniones secretas en Ferraz (22 entre Cerdán y Díez), viajes pagados, periodistas afines usados como megáfonos… Incluso se menciona la “Operación PSOE”, utilizando material del Villarejo (¡ese Villarejo!) para desacreditar a jueces y fiscales. Un fiscal Anticorrupción, José Grinda, recibió una oferta de 300.000 euros y un futuro dorado en el extranjero a cambio de favores. La cosa está que arde. Hasta intentaron comprar el silencio de una testigo, ofreciéndole 50.000 euros para que cambiara su declaración. ¡Como si la justicia fuera un mercadillo! La UCO, por cierto, ha entrado en Ferraz a buscar documentos. Y todo esto, insisto, sin que el PSOE figure formalmente imputado. De momento. El juez habla de delitos de organización criminal, cohecho y hasta contra las instituciones del Estado. La lista de la compra de la corrupción tiene un precio muy alto, señores.
Salvador Viada, un fiscal con la verborrea de un camionero en plena cuesta, suelta la bomba en la radio: limpiar el avispero de la Fiscalía, infiltrado por 'gente joven y muy ideologizada', nos costará, como poco, 15 años. ¡Quince años! Casi tanto como esperar un billete de lotería. Mientras, el caso Plus Ultra sigue dando coletazos, con dos fiscales en el punto de mira por, digamos, tener 'amigos' en el lugar adecuado. ¿Amigos? En la Fiscalía, amigo es sinónimo de 'archivo rápido' o 'investigación a media gas'. Viada, que fue jefe de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no se corta un pelo: el problema no es solo que ciertos casos se resuelvan con el beneplácito del poder, sino que ni siquiera se molestan en investigar. El caso de Begoña Gómez, la mujer del Presidente, es el ejemplo perfecto: antes de archivar, se piden archivos. ¡Como si la investigación fuera una lista de la compra! Y Álvaro García Ortiz, otro nombre que resuena en la polémica, es acusado de traición a la profesión, de favorecer al gobierno y de perjudicar a la oposición. Un bochorno, según Viada. La conclusión es clara: España necesita una 'regeneración democrática' para que la Fiscalía se parezca más a un perro guardián independiente que a un caniche obediente. Porque, señores, cuando la justicia depende del color político, la meritocracia se va de vacaciones.
Madrid ha encendido los motores y exige cuentas a Mónica García por unos 300.000 millones de euros que, según la ministra, han ido a sanidad desde que Pedro Sánchez tomó las riendas. 300.000 millones. La cifra suena a la lista de la compra de un país entero durante una década, pero la consejera Fátima Matute, con el rigor de quien revisa el extracto bancario al final de mes, pide que desglosen dónde fue ese dineral. Porque, según sus cálculos, y los del Ministerio de Hacienda, el gasto sanitario no ha crecido, sino que ha menguado en 1.500 millones de euros en un solo año. Un sablazo en la factura, vaya. La cosa no acaba ahí. Madrid, que recibió 5,8 millones para salud mental y 2,6 para prevenir el suicidio (¡0,82 euros por madrileño para la mente y 0,38 para evitar tirar la toalla!), quiere saber si esos 300.000 millones son reales o una maniobra contable digna de un mago. Lo reclaman por transparencia, dicen, pero también porque la huelga de médicos sigue en pie y, si hubiera más pasta, quizás se podría evitar el conflicto. Y no solo eso, Matute quiere los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica de las negociaciones sobre el estatuto de los médicos, porque, según ella, el Gobierno central no se toma en serio la situación. En resumen, una batalla campal por cifras que no cuadran, donde cada uno defiende su versión y el ciudadano de a pie se pregunta si la sanidad pública es un pozo sin fondo o una inversión en el futuro. La consejera insiste en que la transparencia es clave y que si la financiación fuera real, una parte importante iría directamente a los profesionales sanitarios. Mientras tanto, la partida se ha convertido en un auténtico campo de minas político.
Patrimonio Nacional, ese chiringuito que pagamos todos, ha soltado los datos: entre 2018 y 2025, casi la mitad de su 'pequeño fondo para imprevistos' (90.873 euros, para ser exactos) se ha esfumado en La Mareta, la 'casita' de vacaciones de Pedro Sánchez en Lanzarote. Sí, esa que donó un rey jordano a un rey Juan Carlos y que ahora es el edén personal del Presidente. ¿La crisis afgana? Se gestiona desde la playa. ¿Los incendios? Teleconferencia con mojito. La cosa no es que sea ilegal, es que la hipocresía rezuma por cada vela de las cenas de gala (244 euros en 2020, por cierto, para una cena con el presidente italiano). Ana de la Cueva Fernández, la presidenta del Consejo de Administración, cobró 130.041,30 euros en 2025 mientras el cortijo se engordaba con 8.972 euros solo en ese año. ¿El gasto más alto de 2023? 535 euros en mantenimiento de la finca. Casualidad, ¿no? Y ojo, que la información es a medias. Preguntaron quién se benefició de cada pago y la respuesta fue… el jefe de servicio de caja. Un genio del secretismo. El detalle es que esto no es nuevo. Ya se había hablado de los 150.000 euros anuales para el mantenimiento, de las restricciones de navegación alrededor de la finca (como si fuera propiedad privada) y de la priorización de las vacaciones incluso en medio de emergencias nacionales. Felipe VI quería promocionar el turismo canario, no financiar las vacaciones presidenciales. Pero, ¿qué más da? Al fin y al cabo, para eso están nuestros impuestos, ¿no? Para que unos pocos disfruten de la vida mientras el resto cuenta céntimos.
Pablo Iglesias, el hombre que prometió cambiarlo todo, ahora se ve amenazado por lo que él mismo construyó: Canal Red. Un documental, 'Romper el Bloque', ha abierto la caja de Pandora, desvelando un menú de abusos laborales que harían palidecer a un jefe de obra en pleno agosto. Treinta extrabajadores, según Mu Produccións, se atreven a hablar de jornadas interminables, horas extras que jamás se pagaron y un estrés que terminó en hospitalizaciones. Canal Red, en vez de dar la cara, decide centrarse en Sergio Gregori, el ex-compañero de viaje que, según ellos, es el único problema. Gregori, el que inició una demanda en 2024 (desestimada, sí, pero la demanda está ahí), es ahora el chivo expiatorio perfecto. La estrategia es digna de estudio: desviar la atención como si fuera un partido de fútbol. Mientras la gente pregunta por las nueve sentencias laborales que, según el representante sindical Fran Suárez, confirman vulneraciones de derechos fundamentales en el ecosistema Podemos, Canal Red se aferra a la sentencia favorable en el caso Gregori. Es como si te robaran la cartera y te dieran un recibo de la compra del pan. Amenazan con acciones legales, sí, pero solo contra quienes osen cuestionar su 'honor', como si el honor se pudiera comprar por unos cuantos euros. La historia de Gregori, el impulsor de Furor TV, el embrión de todo esto, es un añadido interesante. Un choque por la línea editorial, acusaciones mutuas... el típico culebrón interno que termina con alguien señalado como el malo. Canal Red lo presenta como un caso de 'conciencia' (¡vaya eufemismo!), Mu Produccións lo ve como la mecha que encendió la pólvora. En cualquier caso, la imagen que queda es la de una organización que prefiere el ataque a la autocrítica, la negación a la reflexión. Y eso, señores, huele a podrido.
La indignación campa a sus anchas en la Policía Nacional, y no precisamente por la falta de donuts en la sala de descanso. Laura García, portavoz de Jupol, ha soltado la bomba en 'La Noche de Cuesta': la trama 'Delcygate' parece que viene con ascensos de regalo. Jesús María Gómez Martín, excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y actual jefe superior de la Policía en Canarias, está en el ojo del huracán. ¿Su delito? Haber estado al mando durante el aquelarre con Delcy Rodríguez. En lugar de la calle de la amargura, recibió… ¡una patada hacia arriba! Ascendido a Canarias, por supuesto. Pero la cosa no acaba ahí. Otros mandos involucrados en el tinglado no se quedaron atrás: embajadas con pluses jugosos para todos. Parece que en la Policía, ser discreto no es una virtud, sino un billete dorado. Y como si fuera poco, Gómez Martín, una vez en Canarias, se dedicó a una “limpia” de personal que levanta ampollas. El caso del Tito Berni, otro escándalo que aún escuece, vuelve a salir a la luz. Un agente que iba a ser condecorado vio cómo su reconocimiento se esfumaba gracias a las “gestiones” del ahora cuestionado jefe superior. En resumen, la meritocracia parece haber cogido un vuelo directo a Narnia. La presunción de inocencia, eso sí, está ahí, pero la sensación general es que los que callan se enriquecen, y los que denuncian… bueno, los que denuncian se quedan sin medallas. Jupol exige el cese inmediato de Gómez Martín, para que la imagen de la Policía Nacional no se vea más mancillada. Porque, al final, la ciudadanía paga la cuenta de estas “recompensas” a la lealtad.
El presidente Sánchez ha encontrado un respiro en la solemnidad del Vaticano, una escapada que huele a incienso y a estrategia. Mientras en España la sesión de control al Gobierno se tambalea por la imputación de Zapatero, él se codea con el Papa León XIV. Un 'oportuno' viaje, dicen. El mismo Sánchez que brilló por su ausencia en funerales por la covid, la DANA o incluso en Adamuz, ahora se apresura a confirmar asistencia a misas reales. La hipocresía, señores, tiene un precio: 18 de mayo de 2025, fecha clave en las invitaciones reales al Papa, eclipsada por un mensaje de cortesía tardío del jefe del Ejecutivo. La Iglesia, en definitiva, se ha convertido en un tablero de ajedrez político. El Gobierno, con la regularización de inmigrantes y la polémica con Trump en mente, busca el beneplácito papal. Y no es para menos: temen el discurso que León XIV pronunciará en el Congreso, un discurso que podría dinamitar sus planes. Tanto, que han solicitado, sin éxito, una copia anticipada. La Santa Sede, con más astucia que un diplomático veterano, ha respondido con un rotundo 'no', cuidando cada palabra para evitar ser instrumentalizado. Al parecer, el Ejecutivo espera que el Papa, con un guiño a la inmigración o al derecho a la vida, les dé un empujón mediático. Olvidan, o fingen olvidar, que el Papa no hace política, solo predica. Un detalle que podría resultarles caro. La búsqueda de un aval divino, en plena crisis doméstica, parece más un acto de desesperación que de fe. Mientras tanto, el patio de San Dámaso, con sus 'gentilhombres' y el arzobispo Rajic, observa la escena con la impasible solemnidad de quien ha visto pasar demasiados políticos en busca de una foto y un milagro.
Comentarios