El informe se centra demasiado en el potencial militar, minimizando el aspecto científico y económico de los 'mass drivers'. El título y el enfoque podrían generar alarmismo innecesario. Se echa en falta un análisis más profundo de las implicaciones legales del Tratado del Espacio Exterior.
Mike Lindell, el rey del sueño y conspiranoico serial, tiene un problema más grande que sus almohadas deshilachadas. Resulta que un grupo de hackers, autodenominados “Play” (qué original, ¿no?), han puesto su imperio bajo jaque digital. No se trata de una simple broma de internet; estos tipos afirman tener acceso a todo: desde la lista de la compra de empleados (presupuestos, nóminas) hasta sus datos fiscales y los de sus clientes. Un auténtico agujero negro de información confidencial. El ultimátum es simple: pagar o que se publique el pastel. La fecha límite, el 29 de mayo. La cantidad exigida, un misterio. Lindell, conocido por sus excentricidades y su cercana relación con Donald Trump (recordemos su efímera etapa como jefe de campaña en 2020 y su fallido intento de llegar a la gobernación de Minnesota), podría estar al borde de una nueva crisis. Y no precisamente financiera, porque, según admitió en abril de 2025, andaba más tieso que la mojama, achacándolo a las consecuencias de sus “travesuras” políticas y las investigaciones federales. Pero aquí está el quid de la cuestión: este hackeo llega en un momento delicado. Lindell se ha vuelto a postular para gobernador de Minnesota en 2026, esta vez con el respaldo (potencial) de Trump. ¿Qué secretos podrían desenterrarse en esos archivos? ¿Qué detalles comprometedores podrían dinamitar sus aspiraciones? Mientras tanto, el grupo “Play”, que ya ha atacado a instituciones en Estados Unidos, Brasil, Alemania y Suiza, demuestra que no le tiembla la mano a la hora de atacar a figuras públicas. En definitiva, un culebrón digital con aroma a conspiración y mucho, mucho dinero en juego.
La autopsia del desastre demócrata de 2024 ha salido a la luz, y no precisamente con honores. Dos años de espera para un borrador que parece escrito por un loro con acceso a ChatGPT. Ken Martin, el jefe del Comité Nacional Demócrata, tardó lo suyo en soltarlo, como si el retraso fuera menos embarazoso que admitir la chapuza. Y vaya chapuza. El documento, más agujeros que un queso gruyer, está plagado de errores que harían sonrojar a un estudiante de primaria. En Carolina del Norte, por ejemplo, le dan la victoria a Mark Robinson con dos porcentajes distintos, ambos incorrectos: 45% y 42.7%, cuando en realidad se quedó en 40.1%. Detalles sin importancia, ¿no? Como confundir a Matt Bevin, exgobernador de Kentucky, con Matt “Brevin”, o bautizar a John Corzine, exgobernador de Nueva Jersey, como “John”. Errores tipográficos, dirán algunos. Inconsistencias flagrantes, diremos nosotros. El caso de Bob Ferguson, candidato demócrata en Washington, es la guinda del pastel. Primero lo alaban por su programa de vivienda asequible y seguridad pública, luego lo regañan por no rendir tanto como Kamala Harris. Como si el éxito de uno invalidara el de la otra. ¿Es culpa de la IA? No lo sabemos, pero los modelos de lenguaje grandes tienen una especial habilidad para inventarse datos y crear narrativas incoherentes. El DNC, como era de esperar, ha optado por el silencio, dejando la incógnita flotando en el aire. Mientras tanto, la pregunta es si aprenderán algo de este batacazo, o si seguirán tirando el dinero en informes escritos por robots defectuosos.
El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha lanzado una guía para que los funcionarios hablen como si estuvieran en un congreso de lingüística aplicada. La joya de la corona: abrazar términos como “nosotres” y “elle”, como si la Real Academia Española fuera un mero trámite burocrático. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, la Administración se preocupa por la fluidez de género en los formularios. La guinda del pastel: la guía, publicada el 21 de mayo, es ahora material de referencia oficial. Pero la cosa no ha sentado bien a todo el mundo. Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, con razón o sin ella, han alzado la voz. Argumentan, y no les falta razón, que diluir la categoría de “sexo” es como intentar arreglar un pinchazo con saliva: una solución chapucera que debilita las herramientas para medir la desigualdad. Quieren que la guía desaparezca más rápido que un billete de 500 en una fiesta. La Alianza denuncia que, con este lenguaje inclusivo, se está sustituyendo “datos objetivos” por “percepciones subjetivas”. Es decir, que en lugar de contar cuántas mujeres cobran menos que los hombres, ¿vamos a preguntar a cada uno cómo se siente? Mientras tanto, la brecha salarial sigue ahí, igual que la violencia de género. Y la Administración, ocupada en redefinir el lenguaje, parece olvidar que el problema no está en las palabras, sino en los hechos. Es como cambiar el nombre a la deuda, pero la factura sigue llegando. Todo un circo lingüístico que, al final, no soluciona ni un problema real.
El auto del juez Pedraz es un bombazo. Un auténtico culebrón a la española, pero con la diferencia de que esta vez el decorado es Ferraz y los protagonistas, figuras clave del PSOE. No hablamos de un desliz, ni de una anécdota. Hablamos de una presunta organización criminal, tejida desde dentro, con el objetivo de desactivar investigaciones incómodas. Y aquí, amigos, la cosa no huele a jazmines. La trama, según el auto, se articulaba en torno a Santos Cerdán, el otrora secretario de Organización, quien, al parecer, puso a disposición de la ‘empresa’ toda la estructura del partido. Leire Díez, una pieza fundamental, cobraba 4.000 euros al mes –¡más que algunos sueldos dignos!– por “desestabilizar” causas que pudieran salpicar al PSOE. Dinero que, ojo, circulaba por sociedades pantalla y despachos de abogados, como quien paga la compra para que no se note. Ana María Fuentes Pacheco, la gerente, firmaba facturas 'mendaces' para tapar el origen de los fondos. Vamos, un laberinto contable digno de Houdini. Pero no se limitaron a mover dinero. Reuniones secretas en Ferraz (22 entre Cerdán y Díez), viajes pagados, periodistas afines usados como megáfonos… Incluso se menciona la “Operación PSOE”, utilizando material del Villarejo (¡ese Villarejo!) para desacreditar a jueces y fiscales. Un fiscal Anticorrupción, José Grinda, recibió una oferta de 300.000 euros y un futuro dorado en el extranjero a cambio de favores. La cosa está que arde. Hasta intentaron comprar el silencio de una testigo, ofreciéndole 50.000 euros para que cambiara su declaración. ¡Como si la justicia fuera un mercadillo! La UCO, por cierto, ha entrado en Ferraz a buscar documentos. Y todo esto, insisto, sin que el PSOE figure formalmente imputado. De momento. El juez habla de delitos de organización criminal, cohecho y hasta contra las instituciones del Estado. La lista de la compra de la corrupción tiene un precio muy alto, señores.
Salvador Viada, un fiscal con la verborrea de un camionero en plena cuesta, suelta la bomba en la radio: limpiar el avispero de la Fiscalía, infiltrado por 'gente joven y muy ideologizada', nos costará, como poco, 15 años. ¡Quince años! Casi tanto como esperar un billete de lotería. Mientras, el caso Plus Ultra sigue dando coletazos, con dos fiscales en el punto de mira por, digamos, tener 'amigos' en el lugar adecuado. ¿Amigos? En la Fiscalía, amigo es sinónimo de 'archivo rápido' o 'investigación a media gas'. Viada, que fue jefe de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), no se corta un pelo: el problema no es solo que ciertos casos se resuelvan con el beneplácito del poder, sino que ni siquiera se molestan en investigar. El caso de Begoña Gómez, la mujer del Presidente, es el ejemplo perfecto: antes de archivar, se piden archivos. ¡Como si la investigación fuera una lista de la compra! Y Álvaro García Ortiz, otro nombre que resuena en la polémica, es acusado de traición a la profesión, de favorecer al gobierno y de perjudicar a la oposición. Un bochorno, según Viada. La conclusión es clara: España necesita una 'regeneración democrática' para que la Fiscalía se parezca más a un perro guardián independiente que a un caniche obediente. Porque, señores, cuando la justicia depende del color político, la meritocracia se va de vacaciones.
El fiscal del Supremo, Salvador Viada, ha soltado la bomba en 'La noche de Cuesta': limpiar el establo de la Fiscalía, según él, nos va a costar una hipoteca. Literalmente, 15 o 30 años, depende de si le da por exagerar. Mientras tú peleas con la inflación de la lista de la compra, Viada denuncia que se ha estado colocando gente “muy joven y muy ideologizada” en la Fiscalía, como si fuera un cacharrería de amiguetes. La bronca viene por el caso Plus Ultra, donde dos fiscales están en el punto de mira. Viada apoya investigar a Pilar Rodríguez Fernández y María Luisa Llop Esteban, solo por tener “amigos” en el caso. Imagínate, ¡tener amigos! Eso es sospechoso, ¿no? Y luego se queja de que en el caso Begoña Gómez, la Fiscalía parece más interesada en cerrar el caso antes de que se caliente, dejando que los perjudicados tengan que dar patadas a la puerta para que investiguen. Viada no se corta un pelo con Álvaro García Ortiz, al que acusa de “traición” por favorecer al Gobierno y perjudicar a la oposición. Dice que es de “bochorno” y que estuvo un año usando la Fiscalía como su cortijo personal. Todo esto, según Viada, exige una “regeneración democrática” profunda, porque, a ver, ¿qué más da que la Fiscalía esté más cerca del Gobierno que de los jueces? ¡Es solo una cuestión de perspectiva! El pronóstico es desalentador: décadas para deshacer un entresijo de nombramientos basados en la ideología, no en la meritocracia. Una década y media para empezar, al menos, según el propio Viada.
Madrid ha encendido los motores y exige cuentas a Mónica García por unos 300.000 millones de euros que, según la ministra, han ido a sanidad desde que Pedro Sánchez tomó las riendas. 300.000 millones. La cifra suena a la lista de la compra de un país entero durante una década, pero la consejera Fátima Matute, con el rigor de quien revisa el extracto bancario al final de mes, pide que desglosen dónde fue ese dineral. Porque, según sus cálculos, y los del Ministerio de Hacienda, el gasto sanitario no ha crecido, sino que ha menguado en 1.500 millones de euros en un solo año. Un sablazo en la factura, vaya. La cosa no acaba ahí. Madrid, que recibió 5,8 millones para salud mental y 2,6 para prevenir el suicidio (¡0,82 euros por madrileño para la mente y 0,38 para evitar tirar la toalla!), quiere saber si esos 300.000 millones son reales o una maniobra contable digna de un mago. Lo reclaman por transparencia, dicen, pero también porque la huelga de médicos sigue en pie y, si hubiera más pasta, quizás se podría evitar el conflicto. Y no solo eso, Matute quiere los informes técnicos, jurídicos y la memoria económica de las negociaciones sobre el estatuto de los médicos, porque, según ella, el Gobierno central no se toma en serio la situación. En resumen, una batalla campal por cifras que no cuadran, donde cada uno defiende su versión y el ciudadano de a pie se pregunta si la sanidad pública es un pozo sin fondo o una inversión en el futuro. La consejera insiste en que la transparencia es clave y que si la financiación fuera real, una parte importante iría directamente a los profesionales sanitarios. Mientras tanto, la partida se ha convertido en un auténtico campo de minas político.
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