Crítica:
El artículo se centra demasiado en la secretaria y poco en la responsabilidad directa de Zapatero. El titular es un poco sensacionalista, aunque comprensible. Falta más profundidad en las operaciones financieras concretas.
La secretaria de Zapatero también incrementó su patrimonio: pagó al contado un piso en Madrid tras colaborar con la trama
¿Zapatero y su 'Negocio Familiar'?
Otros artículos
PSOE: Amigos, facturas y mucho cuento
El PSOE, partido que prometía un cambio, parece más un club de amigos con facturas dudosas. La gerente federal, Ana María Fuentes, acaba imputada por el juez Pedraz por una trama de 132 millones de euros en contratos públicos, un agujero contable que haría sonrojar a un prestamista a interés. Y en el centro del huracán, Begoña Gómez, la esposa del presidente, tejida en una red de amistades íntimas que parecen diseñadas para asegurar que la lealtad valga más que la transparencia. Su amiga de la infancia, Lourdes Solís Toledo, no es solo una militante socialista de Torrelodones, sino la mano derecha de Fuentes, la encargada de 'asegurar el cumplimiento de las normas' que, casualmente, no vio las facturas falsas. Torrelodones, ese pueblo de la sierra madrileña, se ha convertido en el epicentro del 'sanchismo', un ecosistema de lealtades donde los padres de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá y otros afines tienen villa. La cosa ha escalado tanto que hasta un simple periodista, Vito Quiles, intentando hacer su trabajo en una cafetería, necesitó ser 'interceptado' por Solís, quien literalmente se abalanzó sobre él, como si defendiera un tesoro. Una 'defensa' que, irónicamente, se viralizó más que cualquier escándalo. La SEPI, Sepides, Mercasa y Enusa, entidades públicas que deberían servir al ciudadano, aparecen ahora en el centro de una investigación por malversación y tráfico de influencias. La imputación de Fuentes, junto a Santos Cerdán y otros, pinta un panorama desolador: organización criminal, cohecho y falsedad documental. La pregunta ya no es si hubo corrupción, sino hasta dónde llega la madeja de intereses cruzados. La denuncia de Begoña Gómez por agresión a Quiles, desestimada, es solo la guinda de un pastel en descomposición.
Marlaska: Control a dedo y cloacas PSOE
El Ministerio del Interior parece empeñado en un 'tetris' legal donde las piezas no encajan. Mientras la UCO, esos sabuesos que husmeaban en las cloacas del PSOE (y que ahora investiga el juez Pedraz), siguen dando guerra, Fernando Grande-Marlaska intenta reforzar su control sobre la Guardia Civil, pero no con medidas de transparencia, sino con una plaga de puestos 'a dedo'. ¿La excusa? Mejorar la eficiencia. ¿La realidad? Asegurar la lealtad. El proyecto, que llegará al Pleno de la Guardia Civil el 11 de junio, otorga a la directora de la Benemérita, Mercedes González –la misma que, según Pedraz, fue parte del problema–, mayor poder de designación. Estamos hablando de cargos clave encargados de, ni más ni menos, de dar obras sin licitación y comprar chalecos salvavidas que, quién sabe, quizás no salven a nadie. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que esto es ‘un peligro que genera servilismo’, es decir, que el mérito y la capacidad pasan a ser secundarios frente a la devoción al mando. Ya lo dijo el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco): menos puestos a dedo, más transparencia. Pero Marlaska hace oídos sordos y, para colmo, añade más nombres a la lista, incluyendo jefes de Tráfico, unidades de música e incluso psicólogos. La cosa va tan seria que la AUGC teme que el acceso a ciertos puestos dependa menos del talento y más de la ‘afinadad’ con los superiores. La situación es tan surrealista que, según la AUGC, ya suman más letras que un abecedario. Y mientras tanto, la pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde llegará este juego de tronos en la Benemérita? Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías ya están en el punto de mira de la justicia por un rosario de delitos que van desde la organización criminal hasta el tráfico de influencias. La UCO y la UDEF, con la lupa puesta. La independencia de la Policía Judicial en entredicho. Todo, en un contexto de desconfianza generalizada. La Guardia Civil, un polvorín a punto de explotar.
Catapultas lunares: ¿Progreso o Guerra?
El nuevo 'must-have' en la Luna no son banderas ni astronautas, sino catapultas electromagnéticas. SpaceX, con Elon Musk a la cabeza, sueña con lanzar miles de satélites de IA desde nuestro satélite natural, pero un informe de la American Foreign Policy Council envenena la idea: estas 'mass drivers' podrían ser armas de primer ataque imposibles de rastrear. Gerard O'Neill ya lo propuso en los 70, pensando en lanzar minerales lunares, pero ahora la cosa pinta a algo más bélico. Andre Sonntag, analista de seguridad cislunar, advierte que Estados Unidos debe espabilar o China se quedará con el control del espacio. La inversión necesaria para hacer viable un sistema de lanzamiento masivo es considerable, y aunque empresas como Auriga Space ya se mueven, necesitan un empujón. El informe no se centra en SpaceX, pero la sombra de Musk y su fábrica lunar de satélites es alargada. La paradoja es que, aunque el Tratado del Espacio Exterior prohíbe bases militares en la Luna, la naturaleza dual de estas catapultas hace que sea difícil determinar si son para lanzar rocas lunares o cabezas nucleares. China ya está estudiando el tema, pensando en una cadena logística lunar-terrestre ultraeficiente. El informe es un toque de atención: la carrera espacial ha vuelto, y esta vez, el premio no es solo la gloria, sino el control de un nuevo territorio estratégico con un potencial militar inquietante. Y mientras tanto, la NASA sigue con el programa Artemis, intentando poner algunas reglas al juego antes de que la cosa se ponga fea. Leonard David, veterano periodista espacial, lo está contando todo desde hace décadas.
Almohada Hackeada: Lindell al Límite
Mike Lindell, el rey del sueño y conspiranoico serial, tiene un problema más grande que sus almohadas deshilachadas. Resulta que un grupo de hackers, autodenominados “Play” (qué original, ¿no?), han puesto su imperio bajo jaque digital. No se trata de una simple broma de internet; estos tipos afirman tener acceso a todo: desde la lista de la compra de empleados (presupuestos, nóminas) hasta sus datos fiscales y los de sus clientes. Un auténtico agujero negro de información confidencial. El ultimátum es simple: pagar o que se publique el pastel. La fecha límite, el 29 de mayo. La cantidad exigida, un misterio. Lindell, conocido por sus excentricidades y su cercana relación con Donald Trump (recordemos su efímera etapa como jefe de campaña en 2020 y su fallido intento de llegar a la gobernación de Minnesota), podría estar al borde de una nueva crisis. Y no precisamente financiera, porque, según admitió en abril de 2025, andaba más tieso que la mojama, achacándolo a las consecuencias de sus “travesuras” políticas y las investigaciones federales. Pero aquí está el quid de la cuestión: este hackeo llega en un momento delicado. Lindell se ha vuelto a postular para gobernador de Minnesota en 2026, esta vez con el respaldo (potencial) de Trump. ¿Qué secretos podrían desenterrarse en esos archivos? ¿Qué detalles comprometedores podrían dinamitar sus aspiraciones? Mientras tanto, el grupo “Play”, que ya ha atacado a instituciones en Estados Unidos, Brasil, Alemania y Suiza, demuestra que no le tiembla la mano a la hora de atacar a figuras públicas. En definitiva, un culebrón digital con aroma a conspiración y mucho, mucho dinero en juego.
Demócratas, IA y una autopsia fallida
La autopsia del desastre demócrata de 2024 ha salido a la luz, y no precisamente con honores. Dos años de espera para un borrador que parece escrito por un loro con acceso a ChatGPT. Ken Martin, el jefe del Comité Nacional Demócrata, tardó lo suyo en soltarlo, como si el retraso fuera menos embarazoso que admitir la chapuza. Y vaya chapuza. El documento, más agujeros que un queso gruyer, está plagado de errores que harían sonrojar a un estudiante de primaria. En Carolina del Norte, por ejemplo, le dan la victoria a Mark Robinson con dos porcentajes distintos, ambos incorrectos: 45% y 42.7%, cuando en realidad se quedó en 40.1%. Detalles sin importancia, ¿no? Como confundir a Matt Bevin, exgobernador de Kentucky, con Matt “Brevin”, o bautizar a John Corzine, exgobernador de Nueva Jersey, como “John”. Errores tipográficos, dirán algunos. Inconsistencias flagrantes, diremos nosotros. El caso de Bob Ferguson, candidato demócrata en Washington, es la guinda del pastel. Primero lo alaban por su programa de vivienda asequible y seguridad pública, luego lo regañan por no rendir tanto como Kamala Harris. Como si el éxito de uno invalidara el de la otra. ¿Es culpa de la IA? No lo sabemos, pero los modelos de lenguaje grandes tienen una especial habilidad para inventarse datos y crear narrativas incoherentes. El DNC, como era de esperar, ha optado por el silencio, dejando la incógnita flotando en el aire. Mientras tanto, la pregunta es si aprenderán algo de este batacazo, o si seguirán tirando el dinero en informes escritos por robots defectuosos.
Nosotres vs. Nosotras: El Sálvese Quién Pueda
El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha lanzado una guía para que los funcionarios hablen como si estuvieran en un congreso de lingüística aplicada. La joya de la corona: abrazar términos como “nosotres” y “elle”, como si la Real Academia Española fuera un mero trámite burocrático. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, la Administración se preocupa por la fluidez de género en los formularios. La guinda del pastel: la guía, publicada el 21 de mayo, es ahora material de referencia oficial. Pero la cosa no ha sentado bien a todo el mundo. Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, con razón o sin ella, han alzado la voz. Argumentan, y no les falta razón, que diluir la categoría de “sexo” es como intentar arreglar un pinchazo con saliva: una solución chapucera que debilita las herramientas para medir la desigualdad. Quieren que la guía desaparezca más rápido que un billete de 500 en una fiesta. La Alianza denuncia que, con este lenguaje inclusivo, se está sustituyendo “datos objetivos” por “percepciones subjetivas”. Es decir, que en lugar de contar cuántas mujeres cobran menos que los hombres, ¿vamos a preguntar a cada uno cómo se siente? Mientras tanto, la brecha salarial sigue ahí, igual que la violencia de género. Y la Administración, ocupada en redefinir el lenguaje, parece olvidar que el problema no está en las palabras, sino en los hechos. Es como cambiar el nombre a la deuda, pero la factura sigue llegando. Todo un circo lingüístico que, al final, no soluciona ni un problema real.
Ferraz: El PSOE en la Cloaca
El auto del juez Pedraz es un bombazo. Un auténtico culebrón a la española, pero con la diferencia de que esta vez el decorado es Ferraz y los protagonistas, figuras clave del PSOE. No hablamos de un desliz, ni de una anécdota. Hablamos de una presunta organización criminal, tejida desde dentro, con el objetivo de desactivar investigaciones incómodas. Y aquí, amigos, la cosa no huele a jazmines. La trama, según el auto, se articulaba en torno a Santos Cerdán, el otrora secretario de Organización, quien, al parecer, puso a disposición de la ‘empresa’ toda la estructura del partido. Leire Díez, una pieza fundamental, cobraba 4.000 euros al mes –¡más que algunos sueldos dignos!– por “desestabilizar” causas que pudieran salpicar al PSOE. Dinero que, ojo, circulaba por sociedades pantalla y despachos de abogados, como quien paga la compra para que no se note. Ana María Fuentes Pacheco, la gerente, firmaba facturas 'mendaces' para tapar el origen de los fondos. Vamos, un laberinto contable digno de Houdini. Pero no se limitaron a mover dinero. Reuniones secretas en Ferraz (22 entre Cerdán y Díez), viajes pagados, periodistas afines usados como megáfonos… Incluso se menciona la “Operación PSOE”, utilizando material del Villarejo (¡ese Villarejo!) para desacreditar a jueces y fiscales. Un fiscal Anticorrupción, José Grinda, recibió una oferta de 300.000 euros y un futuro dorado en el extranjero a cambio de favores. La cosa está que arde. Hasta intentaron comprar el silencio de una testigo, ofreciéndole 50.000 euros para que cambiara su declaración. ¡Como si la justicia fuera un mercadillo! La UCO, por cierto, ha entrado en Ferraz a buscar documentos. Y todo esto, insisto, sin que el PSOE figure formalmente imputado. De momento. El juez habla de delitos de organización criminal, cohecho y hasta contra las instituciones del Estado. La lista de la compra de la corrupción tiene un precio muy alto, señores.
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