La rectificación tardía de Ruiz no resta gravedad a la falta de rigor informativo. El artículo, aunque expone los hechos, minimiza la posible intencionalidad detrás de la confusión, actuando casi como un comunicado de prensa de la propia TVE.
La vida, señores, es irónica. Mientras el expresidente Zapatero se erige en defensor de los 'presos políticos' en Venezuela, sus hijas, Alba y Laura, engordaban sus cuentas corrientes con 100.000 euros provenientes de Venquis, una app que, digamos, tenía un uso ligeramente más oscuro que reportar baches en la carretera. Venquis, nacida como una inocente herramienta para 'mejorar los servicios públicos' (sí, como si la represión se sirviera con café con leche), pronto mutó en un chivatazo digital con sabor a Gran Hermano. La app, desarrollada inicialmente por jóvenes con ínfulas de Zuckerberg, fue rápidamente 'adoptada' por el chavismo, que vio en ella un filón para espiar, controlar y, sobre todo, reprimir. De la galería de fotos al GPS, Venquis lo quería todo, y lo tenía. Tantas fotos, tantos contactos, tanta ubicación, que Apple y Google le dieron la patada. Pero el régimen, con la testarudez del que no se rinde, la mantuvo viva a través de Telegram. La cosa escaló con la 'Operación Tun Tun', un eufemismo para la persecución sistemática de opositores. Denuncia vecinal digitalizada. 2.000 detenciones en el primer mes, según fuentes extraoficiales, y 198 niños tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos. Un modelo exportable, por cierto, a Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras. ¿Y qué tiene que ver Zapatero con todo esto? Pues sus hijas, a través de su empresa What The Fav, firmaron acuerdos con el régimen, beneficiándose directamente del dinero que fluía hacia Venquis. La hipocresía, señores, es el ornamento más caro de la política. Víctor Amaya, periodista venezolano que destapa el pastel desde 2021, lo resume así: el doble rasero es la norma.
El PSOE de María Jesús Montero ha ganado una batalla pírrica. Una victoria en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), es decir, el de los andaluces que viven fuera, que suena a gloria pero es como ganar a la petanca en el desierto. Un consuelo. Porque, seamos serios, en Andalucía el PP de Juanma Moreno sigue marcando el ritmo con 53 escaños y 1.744.728 votos, aunque hayan perdido fuelle respecto a 2022 (58 escaños). La verdad es que la diferencia de 25 escaños del 17 de mayo no se ha acortado ni un ápice. El PSOE, con 28 diputados y 955.584 votos, se conforma con el premio de consolación del CERA: 6.703 votos frente a los 6.307 del PP. Casi 400 votos que no cambian nada, absolutamente nada. Vox, fiel a su estilo, se mantiene estable con 15 escaños y 580.293 votos, demostrando que tiene su nicho de votantes. Y el resto, un desfile de formaciones que luchan por las sobras: Adelante Andalucía con 8 escaños y 403.560 votos, y Por Andalucía con 5 diputados y 266.213 votos. La Junta Electoral de Andalucía ha publicado los datos, como debe ser. Pero la pregunta es: ¿a quién le importa el voto CERA cuando la foto final es la misma? Es como hacer la lista de la compra después de haber cenado. Inútil. Un ejercicio de contabilidad que no altera la realidad. Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pero sigue siendo el que manda. Y el PSOE, con su victoria en el CERA, se limita a rascar algo de orgullo herido.
Mónica García, la ministra de Sanidad, ha decidido que el colectivo LGTBI+ merece una carroza digna en el Orgullo de Madrid. ¿El precio? 24.200 euros de los contribuyentes, un 50% más que el año pasado. Mientras tanto, la cartera de Sanidad, curiosamente, echa candados a terapias contra el cáncer, como el blinatumomab, vital para más de 200 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. La ironía es tan gruesa que casi se puede tocar. No es solo la carroza. La ministra también ha iluminado su Ministerio con colores vibrantes (16.000 euros adicionales) para conmemorar fechas importantes, desde el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hasta el Día Mundial del SIDA. Uno se pregunta si esa misma iluminación podría haber aliviado la oscuridad en la espera de miles de pacientes con cáncer renal, a quienes se les niegan tratamientos recomendados por la comunidad científica. 9.000 nuevos casos al año, y la ministra prefiere lonas y un WC portátil en la carroza. La licitación, publicada el 18 de mayo, exigía un tráiler carrozado “tipo europeo”, DJ incluido, y un sistema de sonido digno de un festival. En resumen, más espectáculo que salud. Y todo esto mientras la ley del “solo sí es sí” de Irene Montero ha provocado un aumento del 288% en las violaciones, y se destapan fallos en las pulseras antimaltrato que dejan a las víctimas desprotegidas. La gestión, cuanto menos, es llamativa. Un sablazo en la factura pública mientras la sanidad pública se desangra.
El eco de las urnas, a veces, suena a truco. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha encendido la mecha: según sus fuentes, el PSOE estaría tejiendo una red de nacionalizaciones exprés para inclinar la balanza electoral. No un robo a mano armada, sino una ingeniería demográfica con sabor a sospecha. El dato salta a la vista: en las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PP se llevó el gato al agua en el voto presencial, pero el PSOE, de forma inusual, se coronó en el voto exterior. Una anomalía estadística que, según Inda, no es casualidad. Hablamos de 540.000 descendientes de exiliados ya nacionalizados y la friolera de 2,4 millones de solicitudes en curso. Cifras que, si se concretan, podrían redefinir el mapa electoral español. ¿Un nuevo voto decisivo o una maniobra para alterar el resultado? La pregunta resuena mientras los partidos se preparan para la batalla por el voto en el extranjero. Lo que antes era un trámite burocrático, ahora parece el escenario de una partida de ajedrez con el futuro del país en juego. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si su voto sigue valiendo lo mismo, si la lista de la compra electoral no ha sido manipulada antes de pasar por la caja. La incertidumbre, como la inflación, parece imparable.
Andalucía ha hablado, o más bien, ha votado… en el extranjero. Mientras Juanma Moreno se consolida en el poder con una victoria de 19 puntos, el PSOE ha encontrado un oasis en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Sí, esos españoles que, con la maleta hecha o la memoria larga, decidieron que el PSOE era su opción. 6.703 votos para los socialistas, casi 400 más que los 6.307 del PP. Un espejismo electoral que contrasta brutalmente con el batacazo en el resto de la comunidad. La clave, señoras y señores, está en los ‘nietos del exilio’. La ley de nacionalización ha hinchado el censo exterior en un 15%, engordando las filas de votantes en el extranjero hasta los 302.074. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Argentina, con 68.782 inscritos (un 19,65% más que en 2022), se ha convertido en el feudo socialista por excelencia. Un dato que levanta sospechas, sobre todo si recordamos que la ley de Memoria Democrática, esa que facilitó la nacionalización, fue impulsada por el propio gobierno de Pedro Sánchez. Así que mientras en Andalucía se celebraba la victoria del PP, en el extranjero se escribía un guion diferente. Un guion en el que el PSOE, con la ayuda de los ‘nietos del exilio’, logra rascar unos votos que, aunque insuficientes para cambiar el resultado general, sirven para maquillar la derrota. Un pequeño consuelo, una victoria pírrica, un salvavidas en medio de un naufragio. Y, claro, una pregunta que flota en el aire: ¿es esto democracia o ingeniería electoral?
José Luis Escrivá, exministro y ahora gobernador del Banco de España, parece tener una particular visión de la austeridad. Mientras la cesta de la compra se ha convertido en un campo de minas, su institución ha decidido que necesita dos coches nuevos, de esos que huelen a privilegio, por un total de 308.555 euros. Casi un sueldo de funcionario para toda una vida en dos caprichos con ruedas. La licitación, sacada adelante por la Dirección de Seguridad, incluye renting, seguro, mantenimiento, reparaciones, e incluso la gestión de las multas. Porque, claro, un alto cargo no puede preocuparse por esas nimiedades. El lote más lujoso, un sedán de más de 5 metros y tapicería de cuero (azul o gris, qué dilema), podría ser para el propio Escrivá, que necesita moverse con la compostura que exige su cargo. El otro, algo más discreto, pero igualmente equipado, completará la flota. El detalle de los 75 kilómetros de autonomía eléctrica, con carga completa en tres horas, suena a guiño verde, pero no engaña a nadie. Es un lavado de cara ecológico para una operación que huele a despilfarro. El Banco de España ya gastó 395.307 euros en coches de alta dirección hace poco, así que esto es casi una tradición. Y todo esto mientras la justicia investiga a Escrivá por sus conexiones con tramas de corrupción que involucran a Zapatero y a una fontanera con contactos poderosos. La ironía, señores, es que el Banco de España, guardián de la estabilidad financiera, se comporte como un heredero imprudente.
La casa RTVE, ese coloso financiado con nuestros impuestos, parece estar ardiendo. No precisamente por una programación estelar, sino por una guerra interna que ya ha saltado a la luz pública. Los tres consejos de informativos –TVE, RNE y RTVE.es– se han unido, algo que no es lo normal, según fuentes internas, para denunciar lo que consideran “ataques” y hostigamiento por parte de la dirección, liderada por José Pablo López. El detonante: un expediente abierto contra un miembro del consejo de informativos de RNE, calificado de “irregular”. Pero esto no es nuevo. Los profesionales denuncian desde hace meses una campaña coordinada, con señalamiento y acoso por parte de figuras como Javier Ruiz y Roberto Lakidain. Todo comenzó tras una encuesta interna en TVE que cuestionaba la deriva de la cadena, especialmente después de las acusaciones de manipulación en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. La dirección, al parecer, no está facilitando el trabajo de control de estos órganos, llegando incluso a la “asfixia material”, sin los medios necesarios para fiscalizar el ente, como exige la Ley de RTVE. La cosa va más allá de una simple bronca burocrática. La fusión de las áreas nacionales de TVE y RTVE.es ha generado incertidumbre y preocupación entre la plantilla, que teme la dilución del proyecto digital. Mientras tanto, la dirección busca “aplacar los ánimos”, pero los consejos de informativos se limitan a solicitar “grupos de trabajo” y a denunciar la situación. Aunque, en los despachos, se habla de movilizaciones más contundentes, que por ahora están frenadas por el “miedo” a represalias. En resumen, un circo en el que el único espectáculo garantizado es el del despilfarro público y la falta de transparencia.
Comentarios