Crítica:
El texto es exhaustivo en datos, pero peca de acumulación. La abundancia de nombres y cargos dificulta la comprensión global. El título, aunque sugerente, podría ser más directo.
Cargos del PSOE se hacen pasar por testigos independientes en el juicio de David Sánchez
Azagra: El PSOE en modo 'testigo VIP'
Otros artículos
FIFA husmea: La RFEF 'limpió' el código a tiempo
La FIFA husmea en el código ético de la RFEF, ese documento que, convenientemente, se modificó justo a tiempo para que ciertas cuentas, por llamarlo eufemismo, no prescribieran. ¿Coincidencia? Dirán los optimistas. El informe anónimo “Pelícano 2.0”, una filtración que parece sacada de una novela de espías, detalla cómo, en junio de 2021, mientras Laporta se instalaba en el palco del Barça, la RFEF aprobó un nuevo código con prisas y sin explicaciones. Un cambio que redujo los plazos de prescripción para delitos de corrupción, justo cuando los 8,4 millones de euros pagados a Negreira empezaban a tener fecha de caducidad. O sea, que mientras tú te preocupas de que la leche no se te ponga mala, ellos se preocupaban de que los trapos sucios no salieran a la luz. La jugada maestra fue remitirse a la ley ordinaria, lo que acortó el plazo de perseguir estos delitos a solo tres años. Un golpe de efecto que blindó administrativamente el ‘caso Negreira’ justo en el momento crítico. Y todo esto, mientras la FIFA y la UEFA, con Aleksander Ceferin a la cabeza, predicaban la tolerancia cero con la corrupción. La RFEF, recordemos, había votado a favor de la prescripción ilimitada de estos delitos. ¿Hipocresía? Puede ser. ¿Intereses oscuros? Lo dejamos a la imaginación. El informe, apoyado en fuentes abiertas y actas de la RFEF, pinta un cuadro desolador: falta de transparencia, manipulación y un claro intento de proteger a los implicados. La sombra de la corrupción se extiende, ahora, también sobre el Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. ¿Será capaz la FIFA de poner orden en este avispero? O, como suele pasar, todo quedará en una reprimenda y una multa testimonial. La pregunta es si el fútbol español podrá alguna vez salir de este lodazal.
Barajas: El Sablazo VIP Revelado
Madrid, 2024. Mientras tú haces cola en el aeropuerto, sorteando el caos y pagando un dineral por un café aguado, parece que algunos viajaban con un pase VIP cortesía del comisario Gómez Martín, el rey del 'Delcygate'. Un inspector valiente, harto de ver cómo se saltaban todos los protocolos, denunció en 2021 y 2022 un carrusel de favores: desde acelerar trámites a personalidades dudosas hasta convertir la comisaría en un parking gratuito para amigos del jefe. La UDEF, que ya estaba husmeando en el caso Plus Ultra, se encontró con un nido de irregularidades que, casualmente, coinciden con la época en que José Luis Rodríguez Zapatero era el inquilino de Moncloa. El inspector, que grabó en audio las amenazas del comisario –un clásico: “te vas voluntario o te echo”–, acabó recuperando su puesto gracias a un juez que no se tragó la excusa del “cambio de servicio”. Mientras tanto, el abogado de Plus Ultra, Miguel Palomero, parecía tener una línea directa con el comisario para conseguir autorizaciones especiales durante la pandemia. ¿Negocios ilícitos en el aeropuerto de Cuatro Vientos? La investigación apunta a que sí. Lo más escandaloso no es solo que se permitieran estos privilegios, sino que la denuncia del inspector fue ignorada y él mismo fue castigado con un traslado a Chamartín. Un clásico caso de 'linchar al que dice la verdad'. Ahora, con la imputación formal del comisario en el horizonte, su etapa en Canarias parece contar las horas. Un agujero contable que huele a chamusquina y a demasiadas maletas sin registrar. El sistema, como suele ocurrir, protegiendo a los suyos… hasta que la evidencia es irrefutable.
¡De Conciertos a Comedores! El sablazo europeo
Castilla-La Mancha y Asturias, con sus gobiernos socialistas al timón, han decidido que la modernización económica se disfruta mejor con un buen concierto de José Mercé y Luz Casal. Sí, han leído bien. 235.900 euros de los fondos Next Generation EU se esfumaron en el Festival Enofest, una iniciativa turística que, curiosamente, tuvo una única edición. Y como buena fiesta, no faltó el catering, otros 44.264,04 euros para maridar el vino y la buena música. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le llega para llegar a fin de mes, la administración pública decide que la cultura y el paladar son prioritarios. Pero la cosa no acaba ahí. Asturias, no queriendo quedarse atrás en el despilfarro creativo, ha destinado 891.687,22 euros de los fondos europeos a las comidas de los comedores escolares. Porque, a fin de cuentas, ¿qué es la educación sin un buen plato de lentejas? El argumento es que se trata de gastos de funcionamiento, una grieta legal que permite desviar fondos destinados a la transformación digital y ecológica hacia el gasto corriente. Bruselas, evidentemente, no está contenta. Todo esto, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia el desvío de 2.389 millones de euros para el pago de pensiones y Cataluña se ve obligada a revisar sus contratos tras ser descubierta financiando la cocina de un albergue social con los mismos fondos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con sus teóricos ejes de transición ecológica y cohesión social, se convierte así en una tragicomedia de la gestión pública. La resolución de los fondos, por cierto, va lentísima: solo un 71% ejecutado a falta de tres meses para el plazo límite. Parece que la modernización económica tendrá que esperar.
Zapatero: Borrando huellas con billetes
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía más un agujero negro financiero que una empresa de transporte, ha destapado un avispero. Y no precisamente por su puntualidad. Resulta que, mientras el ciudadano de a pie calcula si llega a fin de mes, alguien estuvo pagando cifras “muy importantes” –según la Fiscalía Anticorrupción– para que Internet olvidara ciertas vinculaciones incómodas. Hablamos de 85.000 euros, una cantidad que para algunos es un capricho, para otros, un sueldo anual. El objetivo: borrar del mapa digital cualquier rastro que conectara el rescate de 53 millones de euros con nombres y apellidos concretos: Felipe Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias, Rodolfo Reyes... y, eventualmente, José Luis Rodríguez Zapatero. La operación de limpieza digital, orquestada entre septiembre y octubre de 2022, se centró en “limpiar” artículos que hablaban de “blanqueo de sumas desviadas”. Es decir, de dinero que, digamos, no tomó el camino más recto. Las conversaciones interceptadas en Signal, esa app que se cree inmune a la justicia, revelaron un plan meticuloso para “nettoyer” (limpiar en francés, para darle un toque de sofisticación) el rastro de la aerolínea y sus socios. Y no solo eso, sino también para facilitar la apertura de cuentas bancarias, porque, claro, tener el agua al cuello no es lo ideal para hacer negocios. La trama, que parece sacada de una serie de espías, se extendió hasta Francia, donde la Autorité des Marchés Financiers (AMF) investiga a Zapatero por tráfico de influencias. Se sospecha que el expresidente y su entorno se llevaron entre dos y cuatro millones de euros, una suma que haría palidecer el sueldo de un ministro. La investigación apunta a sociedades offshore y a una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, todo ello para “obtener beneficios económicos” a costa del erario público. Y mientras tanto, el ciudadano ve cómo su lista de la compra se encarece día a día.
Zapatero: Borrando huellas con dinero público
Mientras la lista de la compra se dispara, alguien decidió que ciertos nombres debían desaparecer de Google. No de la memoria, claro, pero sí de la primera página. La Fiscalía Anticorrupción desvela un plan de “limpieza digital” orquestado en torno a Plus Ultra, la aerolínea que, con ayuda de 53 millones de euros públicos, se convirtió en el edén del blanqueo de capitales. Felipe Baca, un empresario peruano con más contactos que un teléfono fijo, se erige como el fontanero de la reputación, dispuesto a achicar agua por 85.000 euros. ¿El objetivo? Borrar referencias al rescate de la aerolínea y, sobre todo, los nombres de Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias y Rodolfo Reyes. La operación, internacional y silenciosa, se gestó entre septiembre y octubre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la ayuda. Pero la cosa no quedó ahí. La investigación francesa desenterró pagos a cambio de “suprimir decenas de artículos” sobre “acciones de corrupción”. 60.000 euros fueron destinados a limpiar el rastro en Internet, mientras que otros 25.000 estaban comprometidos por Baca. El dinero, según la Autorité des Marchés Financiers (AMF), se usó para “nettoyer” (limpiar, en francés) el reguero digital. Y como buena telenovela, el caso escaló: el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareció en el radar, imputado por el juez Calama como líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se habla de entre dos y cuatro millones de euros en comisiones y de sociedades offshore para ocultar el pastel. Hasta el abogado de Baca, Miguel Palomero, aparece en la ecuación, coordinando pagos a jueces y a la pareja del ministro Ábalos. El rescate de Plus Ultra, que ya estaba en el punto de mira por sus vínculos con el régimen de Maduro y el programa CLAP, se convirtió en un agujero negro de opacidad. El borrado de información no solo buscaba proteger la imagen de los implicados, sino también facilitar la apertura de cuentas bancarias. Porque, a fin de cuentas, la reputación online también tiene precio. Y, al parecer, se pagó con dinero público.
Hacienda: Del café al espionaje digital
La Agencia Tributaria española se ha echado a espías. No con disfraces ni prismáticos, sino con Pathfinder, un software israelí de origen militar que promete desvelar el fraude fiscal como si fuera un juego de niños. Desarrollado por Cellebrite, una empresa con ex agentes de la Unidad 8200 (la NSA israelí), Pathfinder no es un simple programa, es un “cerebro analítico” capaz de cruzar datos de mensajes, ubicaciones, redes sociales y hasta fotos de yates en Montecarlo. ¿El objetivo? Contrastar el lujo exhibido con la declaración de la renta, un 'sablazo' digital a los contribuyentes con más estilo. La inversión, por cierto, no es precisamente una ganga: licencias para explotar cuatro aplicaciones del sistema. Mientras el ciudadano de a pie calcula si puede permitirse un café, Hacienda investiga a fondo cómo funciona este 'cerebro' que procesa terabytes de información. Lo curioso es que Pathfinder nació para otros menesteres: rastrear criminales y terroristas. Ahora, su destino es encontrar el 'agujero contable' del español medio. Expertos en legalidad advierten de una peligrosa difuminación entre una simple inspección y una investigación casi penal. ¿Hasta dónde puede llegar Hacienda en su afán por encontrar la evasión fiscal? ¿Estamos ante una auditoría digital absoluta o una vulneración de derechos fundamentales? La pregunta flota en el aire, mientras Pathfinder, el 'espía' de Hacienda, sigue tejiendo su red de datos. Eric Frattini lo define como un 'cerebro analítico', pero para muchos, huele a Gran Hermano fiscal. La verdad es que, si la Agencia Tributaria se pone a analizar tus fotos de Instagram, quizás sea hora de revisar la declaración.
Zapatero: El Chivatazo Familiar
La vida, señores, es irónica. Mientras el expresidente Zapatero se erige en defensor de los 'presos políticos' en Venezuela, sus hijas, Alba y Laura, engordaban sus cuentas corrientes con 100.000 euros provenientes de Venquis, una app que, digamos, tenía un uso ligeramente más oscuro que reportar baches en la carretera. Venquis, nacida como una inocente herramienta para 'mejorar los servicios públicos' (sí, como si la represión se sirviera con café con leche), pronto mutó en un chivatazo digital con sabor a Gran Hermano. La app, desarrollada inicialmente por jóvenes con ínfulas de Zuckerberg, fue rápidamente 'adoptada' por el chavismo, que vio en ella un filón para espiar, controlar y, sobre todo, reprimir. De la galería de fotos al GPS, Venquis lo quería todo, y lo tenía. Tantas fotos, tantos contactos, tanta ubicación, que Apple y Google le dieron la patada. Pero el régimen, con la testarudez del que no se rinde, la mantuvo viva a través de Telegram. La cosa escaló con la 'Operación Tun Tun', un eufemismo para la persecución sistemática de opositores. Denuncia vecinal digitalizada. 2.000 detenciones en el primer mes, según fuentes extraoficiales, y 198 niños tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos. Un modelo exportable, por cierto, a Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras. ¿Y qué tiene que ver Zapatero con todo esto? Pues sus hijas, a través de su empresa What The Fav, firmaron acuerdos con el régimen, beneficiándose directamente del dinero que fluía hacia Venquis. La hipocresía, señores, es el ornamento más caro de la política. Víctor Amaya, periodista venezolano que destapa el pastel desde 2021, lo resume así: el doble rasero es la norma.
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