Crítica:
La noticia es preocupante, pero la falta de detalles sobre las auditorías internas y las posibles sanciones resta impacto. El título, aunque llamativo, podría considerarse excesivamente sensacionalista.
Castilla-La Mancha y Asturias pagaron conciertos, catering de fiestas y gastos corrientes con fondos de la UE
¡De Conciertos a Comedores! El sablazo europeo
Otros artículos
Azagra: El PSOE en modo 'testigo VIP'
El caso Azagra, hermano del presidente, sigue destapando latas en la Diputación de Badajoz. Testigos 'independientes' con el carnet del PSOE jurando y perjurando. Un espectáculo dantesco donde la meritocracia es una palabra inventada y el 'traje a medida' institucional se confecciona con hilos de clientelismo. José María Sánchez, alcalde del PSOE en La Coronada durante 13 años, mintió sobre su pasado para aparentar neutralidad. Estrella Gordillo, ex enfermera convertida en política profesional, se olvidó convenientemente de su trayectoria socialista. Y así, una hilera interminable de funcionarios que, convenientemente, olvidan mencionar su afiliación mientras validan un proceso a medida para el hermano del jefe. El correo electrónico de David Azagra, fechado 23 días antes de la publicación de las bases, es la prueba del pastel: un 'te quiero, te voy a colocar' institucionalizado. La Diputación, convertida en una sucursal de Moncloa. La factura, como siempre, la pagamos todos. Los currículums se inflan como globos aerostáticos, las 'coincidencias' son tan forzadas que dan vergüenza ajena, y la transparencia brilla por su ausencia. Ramón Díaz, veterinario y vicepresidente de la Diputación, un ejemplo perfecto de la fauna que habita este ecosistema. La pregunta no es si el proceso fue limpio, sino cuánto costó silenciar a los que sabían que no lo era. 2 millones de euros y un sinfín de favores para mantener la fachada de legalidad. Mientras tanto, la lista de la compra se encarece y el ciudadano de a pie sigue preguntándose dónde está el dinero.
Zapatero: Borrando huellas con billetes
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía más un agujero negro financiero que una empresa de transporte, ha destapado un avispero. Y no precisamente por su puntualidad. Resulta que, mientras el ciudadano de a pie calcula si llega a fin de mes, alguien estuvo pagando cifras “muy importantes” –según la Fiscalía Anticorrupción– para que Internet olvidara ciertas vinculaciones incómodas. Hablamos de 85.000 euros, una cantidad que para algunos es un capricho, para otros, un sueldo anual. El objetivo: borrar del mapa digital cualquier rastro que conectara el rescate de 53 millones de euros con nombres y apellidos concretos: Felipe Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias, Rodolfo Reyes... y, eventualmente, José Luis Rodríguez Zapatero. La operación de limpieza digital, orquestada entre septiembre y octubre de 2022, se centró en “limpiar” artículos que hablaban de “blanqueo de sumas desviadas”. Es decir, de dinero que, digamos, no tomó el camino más recto. Las conversaciones interceptadas en Signal, esa app que se cree inmune a la justicia, revelaron un plan meticuloso para “nettoyer” (limpiar en francés, para darle un toque de sofisticación) el rastro de la aerolínea y sus socios. Y no solo eso, sino también para facilitar la apertura de cuentas bancarias, porque, claro, tener el agua al cuello no es lo ideal para hacer negocios. La trama, que parece sacada de una serie de espías, se extendió hasta Francia, donde la Autorité des Marchés Financiers (AMF) investiga a Zapatero por tráfico de influencias. Se sospecha que el expresidente y su entorno se llevaron entre dos y cuatro millones de euros, una suma que haría palidecer el sueldo de un ministro. La investigación apunta a sociedades offshore y a una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, todo ello para “obtener beneficios económicos” a costa del erario público. Y mientras tanto, el ciudadano ve cómo su lista de la compra se encarece día a día.
Zapatero: Borrando huellas con dinero público
Mientras la lista de la compra se dispara, alguien decidió que ciertos nombres debían desaparecer de Google. No de la memoria, claro, pero sí de la primera página. La Fiscalía Anticorrupción desvela un plan de “limpieza digital” orquestado en torno a Plus Ultra, la aerolínea que, con ayuda de 53 millones de euros públicos, se convirtió en el edén del blanqueo de capitales. Felipe Baca, un empresario peruano con más contactos que un teléfono fijo, se erige como el fontanero de la reputación, dispuesto a achicar agua por 85.000 euros. ¿El objetivo? Borrar referencias al rescate de la aerolínea y, sobre todo, los nombres de Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias y Rodolfo Reyes. La operación, internacional y silenciosa, se gestó entre septiembre y octubre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la ayuda. Pero la cosa no quedó ahí. La investigación francesa desenterró pagos a cambio de “suprimir decenas de artículos” sobre “acciones de corrupción”. 60.000 euros fueron destinados a limpiar el rastro en Internet, mientras que otros 25.000 estaban comprometidos por Baca. El dinero, según la Autorité des Marchés Financiers (AMF), se usó para “nettoyer” (limpiar, en francés) el reguero digital. Y como buena telenovela, el caso escaló: el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareció en el radar, imputado por el juez Calama como líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se habla de entre dos y cuatro millones de euros en comisiones y de sociedades offshore para ocultar el pastel. Hasta el abogado de Baca, Miguel Palomero, aparece en la ecuación, coordinando pagos a jueces y a la pareja del ministro Ábalos. El rescate de Plus Ultra, que ya estaba en el punto de mira por sus vínculos con el régimen de Maduro y el programa CLAP, se convirtió en un agujero negro de opacidad. El borrado de información no solo buscaba proteger la imagen de los implicados, sino también facilitar la apertura de cuentas bancarias. Porque, a fin de cuentas, la reputación online también tiene precio. Y, al parecer, se pagó con dinero público.
Hacienda: Del café al espionaje digital
La Agencia Tributaria española se ha echado a espías. No con disfraces ni prismáticos, sino con Pathfinder, un software israelí de origen militar que promete desvelar el fraude fiscal como si fuera un juego de niños. Desarrollado por Cellebrite, una empresa con ex agentes de la Unidad 8200 (la NSA israelí), Pathfinder no es un simple programa, es un “cerebro analítico” capaz de cruzar datos de mensajes, ubicaciones, redes sociales y hasta fotos de yates en Montecarlo. ¿El objetivo? Contrastar el lujo exhibido con la declaración de la renta, un 'sablazo' digital a los contribuyentes con más estilo. La inversión, por cierto, no es precisamente una ganga: licencias para explotar cuatro aplicaciones del sistema. Mientras el ciudadano de a pie calcula si puede permitirse un café, Hacienda investiga a fondo cómo funciona este 'cerebro' que procesa terabytes de información. Lo curioso es que Pathfinder nació para otros menesteres: rastrear criminales y terroristas. Ahora, su destino es encontrar el 'agujero contable' del español medio. Expertos en legalidad advierten de una peligrosa difuminación entre una simple inspección y una investigación casi penal. ¿Hasta dónde puede llegar Hacienda en su afán por encontrar la evasión fiscal? ¿Estamos ante una auditoría digital absoluta o una vulneración de derechos fundamentales? La pregunta flota en el aire, mientras Pathfinder, el 'espía' de Hacienda, sigue tejiendo su red de datos. Eric Frattini lo define como un 'cerebro analítico', pero para muchos, huele a Gran Hermano fiscal. La verdad es que, si la Agencia Tributaria se pone a analizar tus fotos de Instagram, quizás sea hora de revisar la declaración.
Zapatero: El Chivatazo Familiar
La vida, señores, es irónica. Mientras el expresidente Zapatero se erige en defensor de los 'presos políticos' en Venezuela, sus hijas, Alba y Laura, engordaban sus cuentas corrientes con 100.000 euros provenientes de Venquis, una app que, digamos, tenía un uso ligeramente más oscuro que reportar baches en la carretera. Venquis, nacida como una inocente herramienta para 'mejorar los servicios públicos' (sí, como si la represión se sirviera con café con leche), pronto mutó en un chivatazo digital con sabor a Gran Hermano. La app, desarrollada inicialmente por jóvenes con ínfulas de Zuckerberg, fue rápidamente 'adoptada' por el chavismo, que vio en ella un filón para espiar, controlar y, sobre todo, reprimir. De la galería de fotos al GPS, Venquis lo quería todo, y lo tenía. Tantas fotos, tantos contactos, tanta ubicación, que Apple y Google le dieron la patada. Pero el régimen, con la testarudez del que no se rinde, la mantuvo viva a través de Telegram. La cosa escaló con la 'Operación Tun Tun', un eufemismo para la persecución sistemática de opositores. Denuncia vecinal digitalizada. 2.000 detenciones en el primer mes, según fuentes extraoficiales, y 198 niños tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos. Un modelo exportable, por cierto, a Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras. ¿Y qué tiene que ver Zapatero con todo esto? Pues sus hijas, a través de su empresa What The Fav, firmaron acuerdos con el régimen, beneficiándose directamente del dinero que fluía hacia Venquis. La hipocresía, señores, es el ornamento más caro de la política. Víctor Amaya, periodista venezolano que destapa el pastel desde 2021, lo resume así: el doble rasero es la norma.
Andalucía: El PSOE gana... a la distancia
El PSOE de María Jesús Montero ha ganado una batalla pírrica. Una victoria en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), es decir, el de los andaluces que viven fuera, que suena a gloria pero es como ganar a la petanca en el desierto. Un consuelo. Porque, seamos serios, en Andalucía el PP de Juanma Moreno sigue marcando el ritmo con 53 escaños y 1.744.728 votos, aunque hayan perdido fuelle respecto a 2022 (58 escaños). La verdad es que la diferencia de 25 escaños del 17 de mayo no se ha acortado ni un ápice. El PSOE, con 28 diputados y 955.584 votos, se conforma con el premio de consolación del CERA: 6.703 votos frente a los 6.307 del PP. Casi 400 votos que no cambian nada, absolutamente nada. Vox, fiel a su estilo, se mantiene estable con 15 escaños y 580.293 votos, demostrando que tiene su nicho de votantes. Y el resto, un desfile de formaciones que luchan por las sobras: Adelante Andalucía con 8 escaños y 403.560 votos, y Por Andalucía con 5 diputados y 266.213 votos. La Junta Electoral de Andalucía ha publicado los datos, como debe ser. Pero la pregunta es: ¿a quién le importa el voto CERA cuando la foto final es la misma? Es como hacer la lista de la compra después de haber cenado. Inútil. Un ejercicio de contabilidad que no altera la realidad. Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pero sigue siendo el que manda. Y el PSOE, con su victoria en el CERA, se limita a rascar algo de orgullo herido.
Ruiz Metió la Pata en TVE
La televisión pública, ese templo de la verdad revelada, se ha despistado. O, quizás, no tanto. Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360' en TVE, atribuyó a Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, unas declaraciones que en realidad eran de Ufpol. Un simple error, dirán unos. Una manipulación orquestada, gritan otros. La cosa se puso fea cuando una manifestante de 68 años, en defensa de la educación pública valenciana, acabó con la nariz rota y la barbilla suturada tras un empujón. Y ahí, Ruiz, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba: Jupol, supuestamente, respaldaba la actuación policial y cuestionaba la investigación de la Delegación del Gobierno. Todo esto mientras, según Jupol, en pantalla se veía claramente el logo de Ufpol. El error, repito, el error. Lo curioso es que esta “confusión” llegó a oídos de Joan Baldoví (Compromís) e Irene Montero (Podemos), quienes, alimentados por la información errónea, la replicaron sin cortapisas. Jupol, indignado, se movilizó como si fuera una operación policial: comunicado a RTVE, carta al presidente José Pablo López, aviso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y, finalmente, la admisión de culpa de Ruiz en el programa, restándole hierro al asunto con el argumento de que “es tan malicioso como que el monitor está lejos”. Un monitor lejos, sí, como la credibilidad de la televisión pública después de esto. El sindicato, por supuesto, ya ha puesto en marcha sus servicios jurídicos para averiguar si esto fue un simple desliz o un sablazo a la verdad. La multa, si la hay, podría ser considerable. El caso, en fin, es que mientras la cesta de la compra sube de precio, la información, en ocasiones, también se manipula. Y eso, amigos, es un lujo que no nos podemos permitir.
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