Crítica:
El artículo se centra demasiado en la cronología de la investigación, perdiendo la oportunidad de profundizar en el impacto real de la corrupción en la sociedad. El título, aunque atractivo, podría ser más contundente.
El artículo se centra demasiado en la cronología de la investigación, perdiendo la oportunidad de profundizar en el impacto real de la corrupción en la sociedad. El título, aunque atractivo, podría ser más contundente.
Castilla-La Mancha y Asturias, con sus gobiernos socialistas al timón, han decidido que la modernización económica se disfruta mejor con un buen concierto de José Mercé y Luz Casal. Sí, han leído bien. 235.900 euros de los fondos Next Generation EU se esfumaron en el Festival Enofest, una iniciativa turística que, curiosamente, tuvo una única edición. Y como buena fiesta, no faltó el catering, otros 44.264,04 euros para maridar el vino y la buena música. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le llega para llegar a fin de mes, la administración pública decide que la cultura y el paladar son prioritarios. Pero la cosa no acaba ahí. Asturias, no queriendo quedarse atrás en el despilfarro creativo, ha destinado 891.687,22 euros de los fondos europeos a las comidas de los comedores escolares. Porque, a fin de cuentas, ¿qué es la educación sin un buen plato de lentejas? El argumento es que se trata de gastos de funcionamiento, una grieta legal que permite desviar fondos destinados a la transformación digital y ecológica hacia el gasto corriente. Bruselas, evidentemente, no está contenta. Todo esto, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia el desvío de 2.389 millones de euros para el pago de pensiones y Cataluña se ve obligada a revisar sus contratos tras ser descubierta financiando la cocina de un albergue social con los mismos fondos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con sus teóricos ejes de transición ecológica y cohesión social, se convierte así en una tragicomedia de la gestión pública. La resolución de los fondos, por cierto, va lentísima: solo un 71% ejecutado a falta de tres meses para el plazo límite. Parece que la modernización económica tendrá que esperar.
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía más un agujero negro financiero que una empresa de transporte, ha destapado un avispero. Y no precisamente por su puntualidad. Resulta que, mientras el ciudadano de a pie calcula si llega a fin de mes, alguien estuvo pagando cifras “muy importantes” –según la Fiscalía Anticorrupción– para que Internet olvidara ciertas vinculaciones incómodas. Hablamos de 85.000 euros, una cantidad que para algunos es un capricho, para otros, un sueldo anual. El objetivo: borrar del mapa digital cualquier rastro que conectara el rescate de 53 millones de euros con nombres y apellidos concretos: Felipe Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias, Rodolfo Reyes... y, eventualmente, José Luis Rodríguez Zapatero. La operación de limpieza digital, orquestada entre septiembre y octubre de 2022, se centró en “limpiar” artículos que hablaban de “blanqueo de sumas desviadas”. Es decir, de dinero que, digamos, no tomó el camino más recto. Las conversaciones interceptadas en Signal, esa app que se cree inmune a la justicia, revelaron un plan meticuloso para “nettoyer” (limpiar en francés, para darle un toque de sofisticación) el rastro de la aerolínea y sus socios. Y no solo eso, sino también para facilitar la apertura de cuentas bancarias, porque, claro, tener el agua al cuello no es lo ideal para hacer negocios. La trama, que parece sacada de una serie de espías, se extendió hasta Francia, donde la Autorité des Marchés Financiers (AMF) investiga a Zapatero por tráfico de influencias. Se sospecha que el expresidente y su entorno se llevaron entre dos y cuatro millones de euros, una suma que haría palidecer el sueldo de un ministro. La investigación apunta a sociedades offshore y a una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, todo ello para “obtener beneficios económicos” a costa del erario público. Y mientras tanto, el ciudadano ve cómo su lista de la compra se encarece día a día.
La Agencia Tributaria española se ha echado a espías. No con disfraces ni prismáticos, sino con Pathfinder, un software israelí de origen militar que promete desvelar el fraude fiscal como si fuera un juego de niños. Desarrollado por Cellebrite, una empresa con ex agentes de la Unidad 8200 (la NSA israelí), Pathfinder no es un simple programa, es un “cerebro analítico” capaz de cruzar datos de mensajes, ubicaciones, redes sociales y hasta fotos de yates en Montecarlo. ¿El objetivo? Contrastar el lujo exhibido con la declaración de la renta, un 'sablazo' digital a los contribuyentes con más estilo. La inversión, por cierto, no es precisamente una ganga: licencias para explotar cuatro aplicaciones del sistema. Mientras el ciudadano de a pie calcula si puede permitirse un café, Hacienda investiga a fondo cómo funciona este 'cerebro' que procesa terabytes de información. Lo curioso es que Pathfinder nació para otros menesteres: rastrear criminales y terroristas. Ahora, su destino es encontrar el 'agujero contable' del español medio. Expertos en legalidad advierten de una peligrosa difuminación entre una simple inspección y una investigación casi penal. ¿Hasta dónde puede llegar Hacienda en su afán por encontrar la evasión fiscal? ¿Estamos ante una auditoría digital absoluta o una vulneración de derechos fundamentales? La pregunta flota en el aire, mientras Pathfinder, el 'espía' de Hacienda, sigue tejiendo su red de datos. Eric Frattini lo define como un 'cerebro analítico', pero para muchos, huele a Gran Hermano fiscal. La verdad es que, si la Agencia Tributaria se pone a analizar tus fotos de Instagram, quizás sea hora de revisar la declaración.
La vida, señores, es irónica. Mientras el expresidente Zapatero se erige en defensor de los 'presos políticos' en Venezuela, sus hijas, Alba y Laura, engordaban sus cuentas corrientes con 100.000 euros provenientes de Venquis, una app que, digamos, tenía un uso ligeramente más oscuro que reportar baches en la carretera. Venquis, nacida como una inocente herramienta para 'mejorar los servicios públicos' (sí, como si la represión se sirviera con café con leche), pronto mutó en un chivatazo digital con sabor a Gran Hermano. La app, desarrollada inicialmente por jóvenes con ínfulas de Zuckerberg, fue rápidamente 'adoptada' por el chavismo, que vio en ella un filón para espiar, controlar y, sobre todo, reprimir. De la galería de fotos al GPS, Venquis lo quería todo, y lo tenía. Tantas fotos, tantos contactos, tanta ubicación, que Apple y Google le dieron la patada. Pero el régimen, con la testarudez del que no se rinde, la mantuvo viva a través de Telegram. La cosa escaló con la 'Operación Tun Tun', un eufemismo para la persecución sistemática de opositores. Denuncia vecinal digitalizada. 2.000 detenciones en el primer mes, según fuentes extraoficiales, y 198 niños tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos. Un modelo exportable, por cierto, a Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras. ¿Y qué tiene que ver Zapatero con todo esto? Pues sus hijas, a través de su empresa What The Fav, firmaron acuerdos con el régimen, beneficiándose directamente del dinero que fluía hacia Venquis. La hipocresía, señores, es el ornamento más caro de la política. Víctor Amaya, periodista venezolano que destapa el pastel desde 2021, lo resume así: el doble rasero es la norma.
El PSOE de María Jesús Montero ha ganado una batalla pírrica. Una victoria en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), es decir, el de los andaluces que viven fuera, que suena a gloria pero es como ganar a la petanca en el desierto. Un consuelo. Porque, seamos serios, en Andalucía el PP de Juanma Moreno sigue marcando el ritmo con 53 escaños y 1.744.728 votos, aunque hayan perdido fuelle respecto a 2022 (58 escaños). La verdad es que la diferencia de 25 escaños del 17 de mayo no se ha acortado ni un ápice. El PSOE, con 28 diputados y 955.584 votos, se conforma con el premio de consolación del CERA: 6.703 votos frente a los 6.307 del PP. Casi 400 votos que no cambian nada, absolutamente nada. Vox, fiel a su estilo, se mantiene estable con 15 escaños y 580.293 votos, demostrando que tiene su nicho de votantes. Y el resto, un desfile de formaciones que luchan por las sobras: Adelante Andalucía con 8 escaños y 403.560 votos, y Por Andalucía con 5 diputados y 266.213 votos. La Junta Electoral de Andalucía ha publicado los datos, como debe ser. Pero la pregunta es: ¿a quién le importa el voto CERA cuando la foto final es la misma? Es como hacer la lista de la compra después de haber cenado. Inútil. Un ejercicio de contabilidad que no altera la realidad. Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pero sigue siendo el que manda. Y el PSOE, con su victoria en el CERA, se limita a rascar algo de orgullo herido.
La televisión pública, ese templo de la verdad revelada, se ha despistado. O, quizás, no tanto. Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360' en TVE, atribuyó a Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, unas declaraciones que en realidad eran de Ufpol. Un simple error, dirán unos. Una manipulación orquestada, gritan otros. La cosa se puso fea cuando una manifestante de 68 años, en defensa de la educación pública valenciana, acabó con la nariz rota y la barbilla suturada tras un empujón. Y ahí, Ruiz, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba: Jupol, supuestamente, respaldaba la actuación policial y cuestionaba la investigación de la Delegación del Gobierno. Todo esto mientras, según Jupol, en pantalla se veía claramente el logo de Ufpol. El error, repito, el error. Lo curioso es que esta “confusión” llegó a oídos de Joan Baldoví (Compromís) e Irene Montero (Podemos), quienes, alimentados por la información errónea, la replicaron sin cortapisas. Jupol, indignado, se movilizó como si fuera una operación policial: comunicado a RTVE, carta al presidente José Pablo López, aviso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y, finalmente, la admisión de culpa de Ruiz en el programa, restándole hierro al asunto con el argumento de que “es tan malicioso como que el monitor está lejos”. Un monitor lejos, sí, como la credibilidad de la televisión pública después de esto. El sindicato, por supuesto, ya ha puesto en marcha sus servicios jurídicos para averiguar si esto fue un simple desliz o un sablazo a la verdad. La multa, si la hay, podría ser considerable. El caso, en fin, es que mientras la cesta de la compra sube de precio, la información, en ocasiones, también se manipula. Y eso, amigos, es un lujo que no nos podemos permitir.
Mónica García, la ministra de Sanidad, ha decidido que el colectivo LGTBI+ merece una carroza digna en el Orgullo de Madrid. ¿El precio? 24.200 euros de los contribuyentes, un 50% más que el año pasado. Mientras tanto, la cartera de Sanidad, curiosamente, echa candados a terapias contra el cáncer, como el blinatumomab, vital para más de 200 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. La ironía es tan gruesa que casi se puede tocar. No es solo la carroza. La ministra también ha iluminado su Ministerio con colores vibrantes (16.000 euros adicionales) para conmemorar fechas importantes, desde el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hasta el Día Mundial del SIDA. Uno se pregunta si esa misma iluminación podría haber aliviado la oscuridad en la espera de miles de pacientes con cáncer renal, a quienes se les niegan tratamientos recomendados por la comunidad científica. 9.000 nuevos casos al año, y la ministra prefiere lonas y un WC portátil en la carroza. La licitación, publicada el 18 de mayo, exigía un tráiler carrozado “tipo europeo”, DJ incluido, y un sistema de sonido digno de un festival. En resumen, más espectáculo que salud. Y todo esto mientras la ley del “solo sí es sí” de Irene Montero ha provocado un aumento del 288% en las violaciones, y se destapan fallos en las pulseras antimaltrato que dejan a las víctimas desprotegidas. La gestión, cuanto menos, es llamativa. Un sablazo en la factura pública mientras la sanidad pública se desangra.
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