Crítica:
El artículo se centra demasiado en la descripción técnica de Pathfinder, dejando en segundo plano el debate ético y legal. La justificación de la herramienta como combatiente del fraude fiscal es presentada sin contrapeso crítico.
Así es Pathfinder, el 'espía' israelí de Hacienda
Hacienda: Del café al espionaje digital
Otros artículos
Zapatero: Borrando huellas con dinero público
Mientras la lista de la compra se dispara, alguien decidió que ciertos nombres debían desaparecer de Google. No de la memoria, claro, pero sí de la primera página. La Fiscalía Anticorrupción desvela un plan de “limpieza digital” orquestado en torno a Plus Ultra, la aerolínea que, con ayuda de 53 millones de euros públicos, se convirtió en el edén del blanqueo de capitales. Felipe Baca, un empresario peruano con más contactos que un teléfono fijo, se erige como el fontanero de la reputación, dispuesto a achicar agua por 85.000 euros. ¿El objetivo? Borrar referencias al rescate de la aerolínea y, sobre todo, los nombres de Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias y Rodolfo Reyes. La operación, internacional y silenciosa, se gestó entre septiembre y octubre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la ayuda. Pero la cosa no quedó ahí. La investigación francesa desenterró pagos a cambio de “suprimir decenas de artículos” sobre “acciones de corrupción”. 60.000 euros fueron destinados a limpiar el rastro en Internet, mientras que otros 25.000 estaban comprometidos por Baca. El dinero, según la Autorité des Marchés Financiers (AMF), se usó para “nettoyer” (limpiar, en francés) el reguero digital. Y como buena telenovela, el caso escaló: el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareció en el radar, imputado por el juez Calama como líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se habla de entre dos y cuatro millones de euros en comisiones y de sociedades offshore para ocultar el pastel. Hasta el abogado de Baca, Miguel Palomero, aparece en la ecuación, coordinando pagos a jueces y a la pareja del ministro Ábalos. El rescate de Plus Ultra, que ya estaba en el punto de mira por sus vínculos con el régimen de Maduro y el programa CLAP, se convirtió en un agujero negro de opacidad. El borrado de información no solo buscaba proteger la imagen de los implicados, sino también facilitar la apertura de cuentas bancarias. Porque, a fin de cuentas, la reputación online también tiene precio. Y, al parecer, se pagó con dinero público.
Zapatero: El Chivatazo Familiar
La vida, señores, es irónica. Mientras el expresidente Zapatero se erige en defensor de los 'presos políticos' en Venezuela, sus hijas, Alba y Laura, engordaban sus cuentas corrientes con 100.000 euros provenientes de Venquis, una app que, digamos, tenía un uso ligeramente más oscuro que reportar baches en la carretera. Venquis, nacida como una inocente herramienta para 'mejorar los servicios públicos' (sí, como si la represión se sirviera con café con leche), pronto mutó en un chivatazo digital con sabor a Gran Hermano. La app, desarrollada inicialmente por jóvenes con ínfulas de Zuckerberg, fue rápidamente 'adoptada' por el chavismo, que vio en ella un filón para espiar, controlar y, sobre todo, reprimir. De la galería de fotos al GPS, Venquis lo quería todo, y lo tenía. Tantas fotos, tantos contactos, tanta ubicación, que Apple y Google le dieron la patada. Pero el régimen, con la testarudez del que no se rinde, la mantuvo viva a través de Telegram. La cosa escaló con la 'Operación Tun Tun', un eufemismo para la persecución sistemática de opositores. Denuncia vecinal digitalizada. 2.000 detenciones en el primer mes, según fuentes extraoficiales, y 198 niños tras las rejas, según organizaciones de derechos humanos. Un modelo exportable, por cierto, a Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras. ¿Y qué tiene que ver Zapatero con todo esto? Pues sus hijas, a través de su empresa What The Fav, firmaron acuerdos con el régimen, beneficiándose directamente del dinero que fluía hacia Venquis. La hipocresía, señores, es el ornamento más caro de la política. Víctor Amaya, periodista venezolano que destapa el pastel desde 2021, lo resume así: el doble rasero es la norma.
Andalucía: El PSOE gana... a la distancia
El PSOE de María Jesús Montero ha ganado una batalla pírrica. Una victoria en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), es decir, el de los andaluces que viven fuera, que suena a gloria pero es como ganar a la petanca en el desierto. Un consuelo. Porque, seamos serios, en Andalucía el PP de Juanma Moreno sigue marcando el ritmo con 53 escaños y 1.744.728 votos, aunque hayan perdido fuelle respecto a 2022 (58 escaños). La verdad es que la diferencia de 25 escaños del 17 de mayo no se ha acortado ni un ápice. El PSOE, con 28 diputados y 955.584 votos, se conforma con el premio de consolación del CERA: 6.703 votos frente a los 6.307 del PP. Casi 400 votos que no cambian nada, absolutamente nada. Vox, fiel a su estilo, se mantiene estable con 15 escaños y 580.293 votos, demostrando que tiene su nicho de votantes. Y el resto, un desfile de formaciones que luchan por las sobras: Adelante Andalucía con 8 escaños y 403.560 votos, y Por Andalucía con 5 diputados y 266.213 votos. La Junta Electoral de Andalucía ha publicado los datos, como debe ser. Pero la pregunta es: ¿a quién le importa el voto CERA cuando la foto final es la misma? Es como hacer la lista de la compra después de haber cenado. Inútil. Un ejercicio de contabilidad que no altera la realidad. Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, pero sigue siendo el que manda. Y el PSOE, con su victoria en el CERA, se limita a rascar algo de orgullo herido.
Ruiz Metió la Pata en TVE
La televisión pública, ese templo de la verdad revelada, se ha despistado. O, quizás, no tanto. Javier Ruiz, presentador de 'Mañaneros 360' en TVE, atribuyó a Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, unas declaraciones que en realidad eran de Ufpol. Un simple error, dirán unos. Una manipulación orquestada, gritan otros. La cosa se puso fea cuando una manifestante de 68 años, en defensa de la educación pública valenciana, acabó con la nariz rota y la barbilla suturada tras un empujón. Y ahí, Ruiz, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba: Jupol, supuestamente, respaldaba la actuación policial y cuestionaba la investigación de la Delegación del Gobierno. Todo esto mientras, según Jupol, en pantalla se veía claramente el logo de Ufpol. El error, repito, el error. Lo curioso es que esta “confusión” llegó a oídos de Joan Baldoví (Compromís) e Irene Montero (Podemos), quienes, alimentados por la información errónea, la replicaron sin cortapisas. Jupol, indignado, se movilizó como si fuera una operación policial: comunicado a RTVE, carta al presidente José Pablo López, aviso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y, finalmente, la admisión de culpa de Ruiz en el programa, restándole hierro al asunto con el argumento de que “es tan malicioso como que el monitor está lejos”. Un monitor lejos, sí, como la credibilidad de la televisión pública después de esto. El sindicato, por supuesto, ya ha puesto en marcha sus servicios jurídicos para averiguar si esto fue un simple desliz o un sablazo a la verdad. La multa, si la hay, podría ser considerable. El caso, en fin, es que mientras la cesta de la compra sube de precio, la información, en ocasiones, también se manipula. Y eso, amigos, es un lujo que no nos podemos permitir.
Sanidad gasta en carroza más que en curas
Mónica García, la ministra de Sanidad, ha decidido que el colectivo LGTBI+ merece una carroza digna en el Orgullo de Madrid. ¿El precio? 24.200 euros de los contribuyentes, un 50% más que el año pasado. Mientras tanto, la cartera de Sanidad, curiosamente, echa candados a terapias contra el cáncer, como el blinatumomab, vital para más de 200 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. La ironía es tan gruesa que casi se puede tocar. No es solo la carroza. La ministra también ha iluminado su Ministerio con colores vibrantes (16.000 euros adicionales) para conmemorar fechas importantes, desde el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hasta el Día Mundial del SIDA. Uno se pregunta si esa misma iluminación podría haber aliviado la oscuridad en la espera de miles de pacientes con cáncer renal, a quienes se les niegan tratamientos recomendados por la comunidad científica. 9.000 nuevos casos al año, y la ministra prefiere lonas y un WC portátil en la carroza. La licitación, publicada el 18 de mayo, exigía un tráiler carrozado “tipo europeo”, DJ incluido, y un sistema de sonido digno de un festival. En resumen, más espectáculo que salud. Y todo esto mientras la ley del “solo sí es sí” de Irene Montero ha provocado un aumento del 288% en las violaciones, y se destapan fallos en las pulseras antimaltrato que dejan a las víctimas desprotegidas. La gestión, cuanto menos, es llamativa. Un sablazo en la factura pública mientras la sanidad pública se desangra.
Sánchez: ¿Comprando votos con nacionalidades?
El eco de las urnas, a veces, suena a truco. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha encendido la mecha: según sus fuentes, el PSOE estaría tejiendo una red de nacionalizaciones exprés para inclinar la balanza electoral. No un robo a mano armada, sino una ingeniería demográfica con sabor a sospecha. El dato salta a la vista: en las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PP se llevó el gato al agua en el voto presencial, pero el PSOE, de forma inusual, se coronó en el voto exterior. Una anomalía estadística que, según Inda, no es casualidad. Hablamos de 540.000 descendientes de exiliados ya nacionalizados y la friolera de 2,4 millones de solicitudes en curso. Cifras que, si se concretan, podrían redefinir el mapa electoral español. ¿Un nuevo voto decisivo o una maniobra para alterar el resultado? La pregunta resuena mientras los partidos se preparan para la batalla por el voto en el extranjero. Lo que antes era un trámite burocrático, ahora parece el escenario de una partida de ajedrez con el futuro del país en juego. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si su voto sigue valiendo lo mismo, si la lista de la compra electoral no ha sido manipulada antes de pasar por la caja. La incertidumbre, como la inflación, parece imparable.
El Voto CERA da Respiro al PSOE
Andalucía ha hablado, o más bien, ha votado… en el extranjero. Mientras Juanma Moreno se consolida en el poder con una victoria de 19 puntos, el PSOE ha encontrado un oasis en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Sí, esos españoles que, con la maleta hecha o la memoria larga, decidieron que el PSOE era su opción. 6.703 votos para los socialistas, casi 400 más que los 6.307 del PP. Un espejismo electoral que contrasta brutalmente con el batacazo en el resto de la comunidad. La clave, señoras y señores, está en los ‘nietos del exilio’. La ley de nacionalización ha hinchado el censo exterior en un 15%, engordando las filas de votantes en el extranjero hasta los 302.074. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Argentina, con 68.782 inscritos (un 19,65% más que en 2022), se ha convertido en el feudo socialista por excelencia. Un dato que levanta sospechas, sobre todo si recordamos que la ley de Memoria Democrática, esa que facilitó la nacionalización, fue impulsada por el propio gobierno de Pedro Sánchez. Así que mientras en Andalucía se celebraba la victoria del PP, en el extranjero se escribía un guion diferente. Un guion en el que el PSOE, con la ayuda de los ‘nietos del exilio’, logra rascar unos votos que, aunque insuficientes para cambiar el resultado general, sirven para maquillar la derrota. Un pequeño consuelo, una victoria pírrica, un salvavidas en medio de un naufragio. Y, claro, una pregunta que flota en el aire: ¿es esto democracia o ingeniería electoral?
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