Crítica:
El artículo se centra demasiado en la declaración de la testigo, dejando en segundo plano una posible investigación sobre la fiscalía. El título, aunque llamativo, podría ser interpretado como sensacionalista.
La fiscal mintió: no investigó un email que denunciaba expresamente el enchufe del "hermanísimo"
¿Enchufe VIP? La fiscal mintió.
Otros artículos
Koldo: La grabación que lo hunde
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece escrita por el guionista de una serie de Netflix, tiene un as en la manga: una grabación que podría convertir a Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, en la protagonista de una trama digna de la mejor novela negra. La cosa va de intentos de compra de silencio, de ofertas que harían sonrojar al más avezado corredor de bolsa. ¿El objetivo? Que Carmen Pano, la empresaria que destapó el chiringuito de Ferraz, cambiara su declaración. Resulta que, mientras los españoles ajustamos el cinturón para pagar la lista de la compra, se ofrecían hasta 250.000 euros, la boda de la hija y el alquiler de una casa durante cinco años a cambio de un testimonio favorable. ¡Menuda ganga! La grabación, fechada en febrero de 2025, revela cómo la abogada de Koldo, junto a su socio Ángel Prieto, intentaron “rectificar” la versión de Pano sobre los 90.000 euros en efectivo entregados en la sede del PSOE. La conversación, escuchada incluso por Ismael Oliver, abogado del exministro José Luis Ábalos, dibuja un cuadro dantesco de presiones y ofertas. Oliver, como un director de orquesta, dando el visto bueno a la operación. La UCO, al parecer, le preguntó a Pano si reconocería la voz de Oliver en la grabación y la respuesta fue afirmativa. El auto del juez Pedraz lo deja claro: se buscaba “comprar” el silencio de Pano y Álvaro Gallego, cambiando su versión sobre la entrega de dinero por la de “entrega de documentos”. La cosa es que, al final, Pano se mantuvo firme. Las reuniones, celebradas en el despacho de IDBO Consultants SL en la calle Serrano de Madrid, parecían más una subasta que una negociación legal. Se hablaba de “salvar el culo a Ábalos y a Koldo”, de “cabeza de turco” y de cómo justificar esos ingresos sospechosos con contratos laborales. La oferta inicial de 50.000 euros, ampliable a 250.000, era solo el aperitivo. El colmo fue la insistencia en el chalet de La Alcaidesa, como si fuera un simple detalle. Al final, la abogada de Koldo les dijo a Pano y Gallego que se olvidaran de ellos, pero no sin antes pedirles que siguieran mandándole clientes. ¿El cinismo tiene límites?
Sánchez: La UCO hizo la 'roca'
Mientras tú te preocupas de si te va a dar para la cesta de la compra, en la cúpula de la Guardia Civil parece que había otras prioridades. La Unidad Central Operativa (UCO) recibió una orden clara: hacer la vista gorda en las investigaciones que pudieran salpicar al hermano del Presidente, David Sánchez Pérez-Castejón. Sí, como lo oyes. En julio de 2024, el entonces Director General de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, descalificó como “totalmente prospectivo y malintencionado” un simple correo electrónico de la UCO, un correo que solicitaba información en el marco de una investigación judicial en Badajoz. Una investigación, ojo, que ya estaba en curso. La cosa no quedó ahí. Poco después, el DAO (División de Asuntos Internos) se personó en la UCO con un mensaje sutil como un martillo pilón: “pónganse de perfil”. Es decir, que en los casos con “afectación política”, la iniciativa la tenía que tomar el juez. ¿Para qué complicarse? Total, ¿qué más da si el hermano del Presidente está metido en líos? La UCO, en lugar de investigar, debía esperar a que un juez les dijera qué hacer. Un silencio cómplice que huele a chamusquina y a un agujero contable de confianza institucional. La pregunta que flota en el aire, mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números, es si esta “pasividad” selectiva es la nueva norma o solo un pequeño “despiste” burocrático. Porque, seamos honestos, el “ponerse de perfil” suele ser la coartada favorita de quien tiene algo que ocultar.
PSOE: Rescate con mordidas y agendas.
La agenda de Leire Díez, exmilitante socialista, es un manual de supervivencia en la política española. Dos años intentando pillar una reunión con el PSOE. Dos años. Como insistir en un bar para que te pongan una caña gratis. Y la consiguieron, claro, pero no por cortesía, sino porque a Begoña Gómez (la esposa del presidente) le dedicaron un escrutinio más intenso. El sumario, al que accedió Vozpópuli, revela que Ferraz, la sede del PSOE, organizó a las “cloacas” para protegerse. Imaginen la escena: una sala llena de gente con agendas negras y el olor a café rancio. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) vincula la reunión del 25 de abril de 2024 a la carta de Pedro Sánchez denunciando un “acoso y derribo”. Un sainete. Díez y su equipo ofrecieron a Santos Cerdán (ex secretario de Organización) información del caso Villarejo. La SEPI, el holding público, se convirtió en el patio trasero de la trama. Vicente Fernández, expresidente, y Antxon Alonso, socio de Cerdán, movieron hilos para amañar contratos, embolsándose hasta 731.545 euros en comisiones entre 2021 y 2023. Tubos Reunidos, rescatada con 113 millones de euros, les dejó un botín de 114.950 euros. La conclusión es clara: en política, como en el mercado, la oferta y la demanda dictan las reglas. Y a veces, la demanda es un problema judicial.
Censo en Rebaja: ¿Voto Express?
El censo electoral, señores, se ha convertido en una discoteca VIP. Invitación directa, sin lista, sin portero. Y el DJ? Ineco, una empresa pública con más agujeros en la contabilidad que un queso Gruyère. Todo empezó con Zapatero en 2011, una idea noble de digitalizar el Registro Civil. Luego llegó Rajoy, que lo dejó en pausa, como un partido de fútbol con lluvia torrencial. Pero Pedro Sánchez le pisó al acelerador, inyectándole fondos europeos Next Generation y una buena dosis de Inteligencia Artificial. El problema es que, mientras modernizábamos el sistema, abrimos una puerta trasera para la nacionalidad express, la Ley de Nietos. Y ahí es donde entra en juego Buenos Aires. El consulado, desbordado, externaliza el papeleo a Ineco. Una empresa, casualmente, con la novia de un ex-ministro en la nómina. ¿Casualidad o sistema? Se están creando identidades jurídicas a velocidad de vértigo, sin los controles de la Policía, sin revisión presencial, solo con un escaneo y un par de clicks. El real decreto de 2025 obliga a aceptar el DNI digital, como si fuera un billete de 50 euros. Mientras, el senador socialista César Mogo se ríe de las colas en los aeropuertos. ¿A alguien le preocupa que se diluya la identidad nacional? ¿O que el censo se convierta en un buffet libre de votos? El escándalo explotó en Andalucía, donde la JEC prohibió el DNI digital por falta de seguridad. Pero el Gobierno insiste. Y mientras tanto, el censo se hincha como un globo, alimentado por expedientes tramitados a la velocidad de la luz y con una opacidad que da escalofríos. La pregunta no es si es legal, sino si es democrático.
Page: Sánchez ya no vale
Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha soltado la bomba. No, no una de esas bombas de confeti que prometen y no cumplen. Una bomba de realidad: el PSOE, según su diagnóstico, está más oscuro que la noche sin luna. Y ojo, no es que quiera el puesto de Pedro Sánchez, dice él, es que ve el partido “pulverizando” sus valores como si fueran azucarillos en un café con leche. El futuro, asegura, “será mejor después de Pedro Sánchez”. ¡Bendita ironía! ¿Será que el PSOE necesita una buena limpieza de cara, o simplemente un cambio de piloto? Page no se corta ni un pelo. Critica el “relativismo” del Gobierno, esa manía de hacer lo que sea necesario para agarrarse al poder. “Eso lo puede hacer un partido populista”, sentencia, como si el PSOE, de repente, se hubiera disfrazado de otra cosa. Y para rematar, le pide a Sánchez una moción de confianza, una especie de “¿sigues ahí, campeón?” en toda regla. Si no, España está “bloqueada”, y los Presupuestos Generales del Estado, como un coche averiado en mitad de la carretera. El PP y Vox, por supuesto, están disfrutando del espectáculo, como niños con juguete nuevo. Según Page, “están viendo cómo el PSOE se asa en una parrilla”. Y, mientras tanto, la sentencia sobre Puigdemont planea como una guillotina sobre la legislatura. Si el Tribunal Constitucional se retrasa, Puigdemont se queda en Waterloo. Si no… bueno, ya no tendrá que irse. Un culebrón político en toda regla, con Page como narrador mordaz y Sánchez como protagonista involuntario. El precio, claro, lo pagamos todos. Mientras tanto, la lista de la compra sigue subiendo y el sablazo en la factura de la luz no da tregua.
Cerdán 'enchufa' a la víctima de Grinda
Santos Cerdán, el 'dos' de todo, parece tener una varita mágica para colocar gente. Y no cualquier gente. Miriam Serrano, la mujer que denunció acoso sexual al fiscal Grinda (un nombre que ya huele a chamusquina), encontró un hueco laboral cortesía de Leire Díez, la 'fontanera' socialista. ¿El precio? Un favorcito, un 'enchufismo' bien orquestado. La cosa no acaba ahí. La trama se complica con abogados colombianos, hoteles de lujo como el Radisson (pagado por la trama, claro) y reuniones en Ferraz donde Cerdán, con su habitual brevedad, se limita a hablar del “procedimiento judicial”. Un procedimiento que, casualmente, le molestaba a 'el one', o sea, a Pedro Sánchez. Los pantallazos de WhatsApp revelan cómo Díez insistía para que Serrano “insista para que la empleen”. Mientras tú rascas para pagar el alquiler, el PSOE utiliza la contratación pública como si fuera un juego de mus. La contratación de Miriam Serrano primero en la contrata de Residuos Urbanos de Jaén SA y luego en el Ayuntamiento de Alcaudete son la prueba de que la meritocracia es una leyenda urbana. Y mientras tanto, Yohir Akerman y Vytenis, con una generosidad sospechosa, se ofrecen a pagar los gastos de reactivar el caso Grinda. Un caso que, según la víctima, no quiere que le pase a nadie más. La operación 'rescate' de la denunciante tiene un coste, y ese coste lo pagamos todos. El fiscal Grinda, por su parte, sigue en su salsa, presuntamente extorsionando con sexting a menores. Una joya. La Audiencia, con el magistrado Pedraz al frente, intenta desentrañar el 'agujero negro' de las 'cloacas' socialistas. ¿Enchufismo puro y duro? ¿Operación de rescate? ¿O simple tráfico de influencias? La respuesta, como siempre, está en la cuenta corriente.
Nacionalizaciones Express: 51k€ en Llamadas
El Gobierno, con una mano en el corazón y otra en el bolsillo, ha desembolsado 51.457 € para un 'call center' de consuelo. ¿El motivo? Atender las quejas de los 'nietos del exilio', esos que ahora, con la Ley de Memoria Democrática de 2022, ven cómo el pasaporte español les llega por correo certificado. Mientras tú peleas con la inflación y el sablazo en la factura de la luz, el Ejecutivo gestiona una ‘nacionalización masiva’ que podría alterar las próximas elecciones. ¿La guinda? Aquellos considerados “vulnerables” pueden recibir hasta 7.600 € para empezar la nueva vida, una ayuda que, vista así, supera con creces el salario mínimo interprofesional. Según OKDIARIO, la justificación oficial es que las quejas se acumulan: 6.358 a 30 de noviembre de 2025. ¡Casi una cola en la Seguridad Social! Y es que, con casi 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, el volumen de papeleo es de infarto. Betan, S.A. es la empresa elegida para gestionar el caos, la misma que prometió la 'mejor relación calidad-precio'. La cosa se pone interesante en Andalucía, donde el PSOE ha visto cómo su voto CERA (residentes en el extranjero) se dispara un 15% gracias a esta ley, superando al PP en las últimas elecciones al Parlamento andaluz. Un giro de guion que, casualmente, se produce tras la aprobación de la ley. En resumen, mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números, el Gobierno invierte en atención al cliente para los recién llegados, garantizando que nadie se sienta “desatendido”. Una operación de marketing político con sabor a subvención y aroma a campaña electoral. La ley de nietos, en definitiva, no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también de cálculo político.
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