Crítica:
La pieza es predeciblemente partidista, aunque el sarcasmo de Page le da cierto atractivo. Falta un análisis más profundo de las causas subyacentes del conflicto interno en el PSOE.
La pieza es predeciblemente partidista, aunque el sarcasmo de Page le da cierto atractivo. Falta un análisis más profundo de las causas subyacentes del conflicto interno en el PSOE.
La agenda de Leire Díez, exmilitante socialista, es un manual de supervivencia en la política española. Dos años intentando pillar una reunión con el PSOE. Dos años. Como insistir en un bar para que te pongan una caña gratis. Y la consiguieron, claro, pero no por cortesía, sino porque a Begoña Gómez (la esposa del presidente) le dedicaron un escrutinio más intenso. El sumario, al que accedió Vozpópuli, revela que Ferraz, la sede del PSOE, organizó a las “cloacas” para protegerse. Imaginen la escena: una sala llena de gente con agendas negras y el olor a café rancio. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) vincula la reunión del 25 de abril de 2024 a la carta de Pedro Sánchez denunciando un “acoso y derribo”. Un sainete. Díez y su equipo ofrecieron a Santos Cerdán (ex secretario de Organización) información del caso Villarejo. La SEPI, el holding público, se convirtió en el patio trasero de la trama. Vicente Fernández, expresidente, y Antxon Alonso, socio de Cerdán, movieron hilos para amañar contratos, embolsándose hasta 731.545 euros en comisiones entre 2021 y 2023. Tubos Reunidos, rescatada con 113 millones de euros, les dejó un botín de 114.950 euros. La conclusión es clara: en política, como en el mercado, la oferta y la demanda dictan las reglas. Y a veces, la demanda es un problema judicial.
El censo electoral, señores, se ha convertido en una discoteca VIP. Invitación directa, sin lista, sin portero. Y el DJ? Ineco, una empresa pública con más agujeros en la contabilidad que un queso Gruyère. Todo empezó con Zapatero en 2011, una idea noble de digitalizar el Registro Civil. Luego llegó Rajoy, que lo dejó en pausa, como un partido de fútbol con lluvia torrencial. Pero Pedro Sánchez le pisó al acelerador, inyectándole fondos europeos Next Generation y una buena dosis de Inteligencia Artificial. El problema es que, mientras modernizábamos el sistema, abrimos una puerta trasera para la nacionalidad express, la Ley de Nietos. Y ahí es donde entra en juego Buenos Aires. El consulado, desbordado, externaliza el papeleo a Ineco. Una empresa, casualmente, con la novia de un ex-ministro en la nómina. ¿Casualidad o sistema? Se están creando identidades jurídicas a velocidad de vértigo, sin los controles de la Policía, sin revisión presencial, solo con un escaneo y un par de clicks. El real decreto de 2025 obliga a aceptar el DNI digital, como si fuera un billete de 50 euros. Mientras, el senador socialista César Mogo se ríe de las colas en los aeropuertos. ¿A alguien le preocupa que se diluya la identidad nacional? ¿O que el censo se convierta en un buffet libre de votos? El escándalo explotó en Andalucía, donde la JEC prohibió el DNI digital por falta de seguridad. Pero el Gobierno insiste. Y mientras tanto, el censo se hincha como un globo, alimentado por expedientes tramitados a la velocidad de la luz y con una opacidad que da escalofríos. La pregunta no es si es legal, sino si es democrático.
Santos Cerdán, el 'dos' de todo, parece tener una varita mágica para colocar gente. Y no cualquier gente. Miriam Serrano, la mujer que denunció acoso sexual al fiscal Grinda (un nombre que ya huele a chamusquina), encontró un hueco laboral cortesía de Leire Díez, la 'fontanera' socialista. ¿El precio? Un favorcito, un 'enchufismo' bien orquestado. La cosa no acaba ahí. La trama se complica con abogados colombianos, hoteles de lujo como el Radisson (pagado por la trama, claro) y reuniones en Ferraz donde Cerdán, con su habitual brevedad, se limita a hablar del “procedimiento judicial”. Un procedimiento que, casualmente, le molestaba a 'el one', o sea, a Pedro Sánchez. Los pantallazos de WhatsApp revelan cómo Díez insistía para que Serrano “insista para que la empleen”. Mientras tú rascas para pagar el alquiler, el PSOE utiliza la contratación pública como si fuera un juego de mus. La contratación de Miriam Serrano primero en la contrata de Residuos Urbanos de Jaén SA y luego en el Ayuntamiento de Alcaudete son la prueba de que la meritocracia es una leyenda urbana. Y mientras tanto, Yohir Akerman y Vytenis, con una generosidad sospechosa, se ofrecen a pagar los gastos de reactivar el caso Grinda. Un caso que, según la víctima, no quiere que le pase a nadie más. La operación 'rescate' de la denunciante tiene un coste, y ese coste lo pagamos todos. El fiscal Grinda, por su parte, sigue en su salsa, presuntamente extorsionando con sexting a menores. Una joya. La Audiencia, con el magistrado Pedraz al frente, intenta desentrañar el 'agujero negro' de las 'cloacas' socialistas. ¿Enchufismo puro y duro? ¿Operación de rescate? ¿O simple tráfico de influencias? La respuesta, como siempre, está en la cuenta corriente.
El Gobierno, con una mano en el corazón y otra en el bolsillo, ha desembolsado 51.457 € para un 'call center' de consuelo. ¿El motivo? Atender las quejas de los 'nietos del exilio', esos que ahora, con la Ley de Memoria Democrática de 2022, ven cómo el pasaporte español les llega por correo certificado. Mientras tú peleas con la inflación y el sablazo en la factura de la luz, el Ejecutivo gestiona una ‘nacionalización masiva’ que podría alterar las próximas elecciones. ¿La guinda? Aquellos considerados “vulnerables” pueden recibir hasta 7.600 € para empezar la nueva vida, una ayuda que, vista así, supera con creces el salario mínimo interprofesional. Según OKDIARIO, la justificación oficial es que las quejas se acumulan: 6.358 a 30 de noviembre de 2025. ¡Casi una cola en la Seguridad Social! Y es que, con casi 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, el volumen de papeleo es de infarto. Betan, S.A. es la empresa elegida para gestionar el caos, la misma que prometió la 'mejor relación calidad-precio'. La cosa se pone interesante en Andalucía, donde el PSOE ha visto cómo su voto CERA (residentes en el extranjero) se dispara un 15% gracias a esta ley, superando al PP en las últimas elecciones al Parlamento andaluz. Un giro de guion que, casualmente, se produce tras la aprobación de la ley. En resumen, mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números, el Gobierno invierte en atención al cliente para los recién llegados, garantizando que nadie se sienta “desatendido”. Una operación de marketing político con sabor a subvención y aroma a campaña electoral. La ley de nietos, en definitiva, no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también de cálculo político.
La Diputación de Badajoz, un laberinto burocrático donde las actas parecen multiplicarse como gremlins mojados. El hermano del presidente, David Sánchez, aspirante a coordinador de conservatorios, no solo consiguió el puesto, sino que, según destapa OKDIARIO, la puntuación inicial a su favor era un rotundo 100 sobre 100. Un pleno absoluto que, modestamente, se “ajustó” a 90 para darle un aire de normalidad. Mientras el ciudadano de a pie lucha por cuadrar los números de la lista de la compra, este “ajuste” recuerda al sablazo en la factura del fontanero. El juicio, un espectáculo en sí mismo, revela que no hay una, ni dos, sino tres actas de valoración. La tercera, convenientemente pegada al currículum de Sánchez, le otorgaba la máxima puntuación incluso en un máster de dirección de orquesta que, digamos, no es precisamente oficial. Un detalle menor, ¿no? La entrevista, por cierto, se celebró un día diferente al que constaba. Pequeñas licencias poéticas para que todo encaje. El correo electrónico de Félix González, jefe de Recursos Humanos, es un manual de instrucciones para la manipulación: “Si decides hacer alguna modificación… el del papel será el bueno”. Un guiño que vale más que mil palabras. Y luego está el testigo que “no recuerda” haber firmado un documento que, casualmente, está en el sumario. Un clásico. La Diputación, en definitiva, parece una sucursal de la ingeniería financiera, donde los puntos se multiplican y las actas desaparecen según convenga. Todo para que el hermano de Pedro Sánchez, músico de profesión, se hiciera con un puesto que, según la juez instructora, “parece que se creó para serle asignado”. Un puesto de funcionario, una plaza segura, un pequeño favor entre hermanos. Un favor que, según las acusaciones, podría incluir un delito de falso testimonio y una pieza separada en el juicio.
La justicia, ese terreno abonado para las buenas costumbres. Resulta que José María Sánchez Sánchez, jefe de bibliotecas en la Diputación de Badajoz (un cargo para suspirar, ¿verdad?), niega haber firmado un documento. Un documento, ojo, con su firma electrónica. La cosa huele a chamusquina, a “no lo recuerdo” convenientemente amnésico. Y la pregunta que flota en el aire, más allá de la legalidad de la firma, es: ¿cuánto cuesta un testimonio favorable? El juicio de David Sánchez, hermano del Presidente, se ha convertido en un festival de guiños y tapaderas. El bueno de José María, visiblemente nervioso (normal, con la soga al cuello), se escuda en un “creo que no” que desactiva cualquier atisbo de credibilidad. Mientras tanto, el abogado del PP, Alberto Durán, pide explicaciones y hasta insinúa un falso testimonio. La ley, en teoría, exige decir la verdad, pero parece que en este caso, la verdad es un bien escaso. Y la Diputación de Badajoz, con su firma digital en el documento maldito, se convierte en protagonista involuntaria de este sainete. Pero lo bueno no termina ahí. Resulta que a José María le han hecho fijo en su puesto… justo antes de tener que declarar. Un pequeño “incentivo” para que su memoria fuera selectiva. El documento que niega firmar revela, por cierto, que el ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero, tenía entre sus funciones… ¡ayudar a David Sánchez! La instructora del caso ya sospechaba que el puesto de Carrero era un capricho, y este testimonio (o su negación, más bien) lo confirma. El caso, en resumen, es una madeja de intereses, favores y silencios cómplices. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta. Literalmente. Que el presupuesto de las bibliotecas de Badajoz es público, ¿no?
El caso David Sánchez aprieta, y no precisamente por las notas altas. Resulta que el testigo clave, José María Sánchez Sánchez, jefe de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, niega con la mano alzada haber firmado un documento que... ¡oh, sorpresa! lo incrimina directamente. El tal documento, con firma electrónica de la propia Diputación (2026 es el año del 'yo no fui'), detalla cómo se creó un puesto a medida para Luis Carrero, con el único fin de echar una mano a los proyectos de David Sánchez. ¿Y qué proyectos eran esos? Pues 'Ópera Joven', un eufemismo para “financiación de hobbies con dinero público”. El abogado del PP, Alberto Durán, ha puesto el grito en el cielo, acusando de “apariencia de papel oficial” y solicitando que se investigue si alguien ha estado mintiendo bajo juramento. La instructora del caso ya apuntaba a que la plaza de Carrero era para “satisfacer los caprichos” de David Sánchez, y este documento lo confirma. Vamos, que mientras tú y yo nos apretamos el cinturón, alguien estaba creando puestos de trabajo para gestionar fondos europeos (que no sabemos bien dónde fueron a parar) y coordinar centros que, al parecer, solo servían para que el hermano del Presidente pudiera seguir tonando. La jugada, en resumen, huele a chamusquina y a favorcitismo a kilómetros a la redonda. El documento, más que una justificación administrativa, parece un currículum para un amigo.
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