Crítica:
Se centra demasiado en los nombres y las cifras sin profundizar en las consecuencias reales para la ciudadanía. El titular, aunque llamativo, cae en el sensacionalismo barato.
La UCO demuestra que la trama de Cerdán y Leire Díez tenía como fin «proteger los intereses del presidente»...
PSOE: La trama Cerdán, ¡menuda cloaca!
Otros artículos
El Hermano Sánchez: ¡Negó lo que firmó!
El caso David Sánchez aprieta, y no precisamente por las notas altas. Resulta que el testigo clave, José María Sánchez Sánchez, jefe de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, niega con la mano alzada haber firmado un documento que... ¡oh, sorpresa! lo incrimina directamente. El tal documento, con firma electrónica de la propia Diputación (2026 es el año del 'yo no fui'), detalla cómo se creó un puesto a medida para Luis Carrero, con el único fin de echar una mano a los proyectos de David Sánchez. ¿Y qué proyectos eran esos? Pues 'Ópera Joven', un eufemismo para “financiación de hobbies con dinero público”. El abogado del PP, Alberto Durán, ha puesto el grito en el cielo, acusando de “apariencia de papel oficial” y solicitando que se investigue si alguien ha estado mintiendo bajo juramento. La instructora del caso ya apuntaba a que la plaza de Carrero era para “satisfacer los caprichos” de David Sánchez, y este documento lo confirma. Vamos, que mientras tú y yo nos apretamos el cinturón, alguien estaba creando puestos de trabajo para gestionar fondos europeos (que no sabemos bien dónde fueron a parar) y coordinar centros que, al parecer, solo servían para que el hermano del Presidente pudiera seguir tonando. La jugada, en resumen, huele a chamusquina y a favorcitismo a kilómetros a la redonda. El documento, más que una justificación administrativa, parece un currículum para un amigo.
PSOE: El Sumario de las Cloacas
El sumario del PSOE parece sacado de una novela de espías baratos, pero con dinero real de todos nosotros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa gente que debería estar persiguiendo delincuentes, se encontró con que estaban siendo desacreditados por una campaña orquestada desde el entorno del PSOE. Leire Díez, vinculada a Santos Cerdán, presumiendo de tener “control” sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. ¿Control? Suena a chiste, pero la nota interna de la UCO del 5 de mayo de 2025 lo documenta. La cosa se pone jugosa: presiones a testigos con ofertas de trabajo y abogados a medida, reuniones secretas con empresarios de hidrocarburos (Alejandro Hamlym de Hafesa, por ejemplo) para encontrar “material comprometedor” contra los investigadores. Rubén Villalba, ex comandante, tentado con un puesto a cambio de chivatazos. Joaquín Parra, investigado por fraude, al que le prometieron retirar acusaciones si acusaba a Repsol. Y la guinda del pastel: la oferta de 25.000 euros para la boda de la hija de Carmen Pano a cambio de cambiar su declaración. Un “salvavidas” para Ábalos y Koldo, según la abogada Leticia de la Hoz. Pero el show no termina ahí. El entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenó “ponerse de perfil” en investigaciones con “afectación política”. Es decir, tapar el asunto. Y abrieron investigaciones internas en la UCO para averiguar quién filtraba información a la prensa. ¿A quién, precisamente? A la prensa que estaba contando todo esto. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, les advirtió: esto huele a persecución. La instrucción del juez Pedraz ahora tiene el mapa completo. Un mapa que dibuja una maquinaria para colonizar la fiscalía, la defensa, la Guardia Civil y los testigos. El caso Koldo ha dejado de ser un agujero y se ha convertido en una cloaca a cielo abierto.
FIFA husmea: La RFEF 'limpió' el código a tiempo
La FIFA husmea en el código ético de la RFEF, ese documento que, convenientemente, se modificó justo a tiempo para que ciertas cuentas, por llamarlo eufemismo, no prescribieran. ¿Coincidencia? Dirán los optimistas. El informe anónimo “Pelícano 2.0”, una filtración que parece sacada de una novela de espías, detalla cómo, en junio de 2021, mientras Laporta se instalaba en el palco del Barça, la RFEF aprobó un nuevo código con prisas y sin explicaciones. Un cambio que redujo los plazos de prescripción para delitos de corrupción, justo cuando los 8,4 millones de euros pagados a Negreira empezaban a tener fecha de caducidad. O sea, que mientras tú te preocupas de que la leche no se te ponga mala, ellos se preocupaban de que los trapos sucios no salieran a la luz. La jugada maestra fue remitirse a la ley ordinaria, lo que acortó el plazo de perseguir estos delitos a solo tres años. Un golpe de efecto que blindó administrativamente el ‘caso Negreira’ justo en el momento crítico. Y todo esto, mientras la FIFA y la UEFA, con Aleksander Ceferin a la cabeza, predicaban la tolerancia cero con la corrupción. La RFEF, recordemos, había votado a favor de la prescripción ilimitada de estos delitos. ¿Hipocresía? Puede ser. ¿Intereses oscuros? Lo dejamos a la imaginación. El informe, apoyado en fuentes abiertas y actas de la RFEF, pinta un cuadro desolador: falta de transparencia, manipulación y un claro intento de proteger a los implicados. La sombra de la corrupción se extiende, ahora, también sobre el Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. ¿Será capaz la FIFA de poner orden en este avispero? O, como suele pasar, todo quedará en una reprimenda y una multa testimonial. La pregunta es si el fútbol español podrá alguna vez salir de este lodazal.
Barajas: El Sablazo VIP Revelado
Madrid, 2024. Mientras tú haces cola en el aeropuerto, sorteando el caos y pagando un dineral por un café aguado, parece que algunos viajaban con un pase VIP cortesía del comisario Gómez Martín, el rey del 'Delcygate'. Un inspector valiente, harto de ver cómo se saltaban todos los protocolos, denunció en 2021 y 2022 un carrusel de favores: desde acelerar trámites a personalidades dudosas hasta convertir la comisaría en un parking gratuito para amigos del jefe. La UDEF, que ya estaba husmeando en el caso Plus Ultra, se encontró con un nido de irregularidades que, casualmente, coinciden con la época en que José Luis Rodríguez Zapatero era el inquilino de Moncloa. El inspector, que grabó en audio las amenazas del comisario –un clásico: “te vas voluntario o te echo”–, acabó recuperando su puesto gracias a un juez que no se tragó la excusa del “cambio de servicio”. Mientras tanto, el abogado de Plus Ultra, Miguel Palomero, parecía tener una línea directa con el comisario para conseguir autorizaciones especiales durante la pandemia. ¿Negocios ilícitos en el aeropuerto de Cuatro Vientos? La investigación apunta a que sí. Lo más escandaloso no es solo que se permitieran estos privilegios, sino que la denuncia del inspector fue ignorada y él mismo fue castigado con un traslado a Chamartín. Un clásico caso de 'linchar al que dice la verdad'. Ahora, con la imputación formal del comisario en el horizonte, su etapa en Canarias parece contar las horas. Un agujero contable que huele a chamusquina y a demasiadas maletas sin registrar. El sistema, como suele ocurrir, protegiendo a los suyos… hasta que la evidencia es irrefutable.
Azagra: El PSOE en modo 'testigo VIP'
El caso Azagra, hermano del presidente, sigue destapando latas en la Diputación de Badajoz. Testigos 'independientes' con el carnet del PSOE jurando y perjurando. Un espectáculo dantesco donde la meritocracia es una palabra inventada y el 'traje a medida' institucional se confecciona con hilos de clientelismo. José María Sánchez, alcalde del PSOE en La Coronada durante 13 años, mintió sobre su pasado para aparentar neutralidad. Estrella Gordillo, ex enfermera convertida en política profesional, se olvidó convenientemente de su trayectoria socialista. Y así, una hilera interminable de funcionarios que, convenientemente, olvidan mencionar su afiliación mientras validan un proceso a medida para el hermano del jefe. El correo electrónico de David Azagra, fechado 23 días antes de la publicación de las bases, es la prueba del pastel: un 'te quiero, te voy a colocar' institucionalizado. La Diputación, convertida en una sucursal de Moncloa. La factura, como siempre, la pagamos todos. Los currículums se inflan como globos aerostáticos, las 'coincidencias' son tan forzadas que dan vergüenza ajena, y la transparencia brilla por su ausencia. Ramón Díaz, veterinario y vicepresidente de la Diputación, un ejemplo perfecto de la fauna que habita este ecosistema. La pregunta no es si el proceso fue limpio, sino cuánto costó silenciar a los que sabían que no lo era. 2 millones de euros y un sinfín de favores para mantener la fachada de legalidad. Mientras tanto, la lista de la compra se encarece y el ciudadano de a pie sigue preguntándose dónde está el dinero.
¡De Conciertos a Comedores! El sablazo europeo
Castilla-La Mancha y Asturias, con sus gobiernos socialistas al timón, han decidido que la modernización económica se disfruta mejor con un buen concierto de José Mercé y Luz Casal. Sí, han leído bien. 235.900 euros de los fondos Next Generation EU se esfumaron en el Festival Enofest, una iniciativa turística que, curiosamente, tuvo una única edición. Y como buena fiesta, no faltó el catering, otros 44.264,04 euros para maridar el vino y la buena música. Mientras el ciudadano de a pie calcula si le llega para llegar a fin de mes, la administración pública decide que la cultura y el paladar son prioritarios. Pero la cosa no acaba ahí. Asturias, no queriendo quedarse atrás en el despilfarro creativo, ha destinado 891.687,22 euros de los fondos europeos a las comidas de los comedores escolares. Porque, a fin de cuentas, ¿qué es la educación sin un buen plato de lentejas? El argumento es que se trata de gastos de funcionamiento, una grieta legal que permite desviar fondos destinados a la transformación digital y ecológica hacia el gasto corriente. Bruselas, evidentemente, no está contenta. Todo esto, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia el desvío de 2.389 millones de euros para el pago de pensiones y Cataluña se ve obligada a revisar sus contratos tras ser descubierta financiando la cocina de un albergue social con los mismos fondos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con sus teóricos ejes de transición ecológica y cohesión social, se convierte así en una tragicomedia de la gestión pública. La resolución de los fondos, por cierto, va lentísima: solo un 71% ejecutado a falta de tres meses para el plazo límite. Parece que la modernización económica tendrá que esperar.
Zapatero: Borrando huellas con billetes
El rescate de Plus Ultra, esa aerolínea que parecía más un agujero negro financiero que una empresa de transporte, ha destapado un avispero. Y no precisamente por su puntualidad. Resulta que, mientras el ciudadano de a pie calcula si llega a fin de mes, alguien estuvo pagando cifras “muy importantes” –según la Fiscalía Anticorrupción– para que Internet olvidara ciertas vinculaciones incómodas. Hablamos de 85.000 euros, una cantidad que para algunos es un capricho, para otros, un sueldo anual. El objetivo: borrar del mapa digital cualquier rastro que conectara el rescate de 53 millones de euros con nombres y apellidos concretos: Felipe Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias, Rodolfo Reyes... y, eventualmente, José Luis Rodríguez Zapatero. La operación de limpieza digital, orquestada entre septiembre y octubre de 2022, se centró en “limpiar” artículos que hablaban de “blanqueo de sumas desviadas”. Es decir, de dinero que, digamos, no tomó el camino más recto. Las conversaciones interceptadas en Signal, esa app que se cree inmune a la justicia, revelaron un plan meticuloso para “nettoyer” (limpiar en francés, para darle un toque de sofisticación) el rastro de la aerolínea y sus socios. Y no solo eso, sino también para facilitar la apertura de cuentas bancarias, porque, claro, tener el agua al cuello no es lo ideal para hacer negocios. La trama, que parece sacada de una serie de espías, se extendió hasta Francia, donde la Autorité des Marchés Financiers (AMF) investiga a Zapatero por tráfico de influencias. Se sospecha que el expresidente y su entorno se llevaron entre dos y cuatro millones de euros, una suma que haría palidecer el sueldo de un ministro. La investigación apunta a sociedades offshore y a una estructura jerarquizada de tráfico de influencias, todo ello para “obtener beneficios económicos” a costa del erario público. Y mientras tanto, el ciudadano ve cómo su lista de la compra se encarece día a día.
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