La pieza es un ejercicio de arqueología política eficiente, aunque peca de un sesgo evidente al conectar hechos de 2005 con la actualidad sin un puente jurídico exhaustivo. El título original es un 'spoiler' demasiado largo que mata la intriga.
Hablemos de magia electoral, de esa que no se enseña en los manuales de civismo pero que funciona mejor que un reloj suizo. Retrocedamos a 2005, cuando Manuel Fraga creía que tenía la Xunta de Galicia cocinada a fuego lento con sus 37 escaños. Le faltaba un solo asiento para la mayoría absoluta, un detalle técnico que en política es la diferencia entre mandar y pedir permiso. El PP necesitaba una ventaja de 8.000 papeletas en el voto exterior de Pontevedra para cerrar la puerta. Fraga, ya saboreando la victoria, salió a la televisión a decir que llegar a los 38 diputados era «razonable y viable». Spoiler: no lo fue. Mientras el PP se relajaba, en el PSOE se estaba ejecutando una ingeniería de precisión. El voto exterior en Pontevedra saltó de unas modestas 4.559 a unas impactantes 13.518 papeletas. Un crecimiento que no ocurre por un repentino deseo de patriotismo, sino por una estrategia de nacionalización acelerada de los llamados 'nietos del exilio'. Básicamente, consulados organizando eventos masivos para dar pasaportes a familias enteras que no pisaban Galicia desde que el mundo era blanco y negro. ¿Y quiénes estaban moviendo los hilos de este despliegue? Aquí entra en escena un joven y ambicioso Pedro Sánchez, formando parte del núcleo duro de estrategia liderado por José Blanco. Junto a él, Antonio Hernando y Óscar López, la guardia pretoriana que hoy domina el Ejecutivo. El resultado fue un recuento de vértigo que permitió que Emilio Pérez Touriño, con sus 25 diputados y el apoyo de los 13 del BNG, le arrebatara el trono a Fraga. No fue una victoria de urnas tradicionales, fue un golpe de efecto administrativo. El PSOE no ganó más corazones; simplemente encontró más sobres donde meter la papeleta.
La burocracia española ha vuelto a descubrir el arte de regalar el jardín mientras el vecino paga la valla. Resulta que Violeta Alonso, la mujer que preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que básicamente le susurra al oído al Gobierno cómo gestionar la Ley de Nietos, no es precisamente una técnica aséptica. Mientras el ciudadano medio lucha contra el laberinto de la administración para renovar un pasaporte, Alonso se ha dedicado a dar clases magistrales en las escuelas de Izquierda Unida Exterior. Sí, esas donde las banderas republicanas cuelgan con más orgullo que un título universitario. Nombrada en agosto de 2022 por José Luis Escrivá, Alonso ha transformado su cargo en una suerte de altavoz militante. En mayo de 2025, en Berlín, no fue a hablar de gestión administrativa, sino a instruir a los cuadros de IU sobre cómo nacionalizar a todo el mundo, sin límite de generaciones. Para ella, que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se quede en los 2,6 millones de solicitudes recibidas hasta octubre de 2025 es un pecado. Su propuesta es abrir el grifo del todo: que bisnietos y tataranietos entren en el reparto, eliminando plazos y barreras. Lo más delirante es su visión sobre la instrucción de Sofía Puente de octubre de 2022, que permitió nacionalizar a descendientes de emigrantes previos a julio de 1936. Alonso la definió como "muy generosa". Es la generosidad de quien reparte caramelos con la cartera de los demás. Mientras tanto, Feijóo intenta que alguien declare ilegal este despliegue de ingeniería demográfica, mientras el Gobierno usa fondos de la UE para aceitar la maquinaria. Al final, la nacionalidad española se ha convertido en una promoción de '2x1' donde el requisito no es el arraigo, sino el árbol genealógico y la simpatía ideológica de quien firma el decreto.
Hay una coreografía fascinante en el ejercicio del poder: esa capacidad de mirar a alguien a la cara en televisión y decir que es un 'gran desconocido', mientras que en la intimidad del WhatsApp se gestionan favores como quien pide un recado en la panadería. La última filtración de los chats entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos es una clase magistral de hipocresía institucional. Mientras el presidente se dedicaba a borrar el rastro de su antiguo confidente, el 7 de febrero de 2024 —apenas trece días antes de que la Guardia Civil le cayera encima a Koldo García—, Sánchez le lanzaba un «¡Qué paciencia tienes!» tras ver un vídeo de Ábalos toreando a Cayetano Martínez de Irujo en el programa 'Todo Es Mentira'. Lo irónico es que el 'desconocido' Ábalos no solo era el confidente, sino el chófer político que limpiaba el camino. En enero de 2024, Sánchez no lo usaba para filosofar sobre la democracia, sino para hacer el trabajo sucio en Valencia. Necesitaba que Diana Morant se impusiera sobre Alejandro Soler y, como quien tira de una tarjeta de confianza ya desgastada, le pidió ayuda directa el 26 de enero. «Ok. Pues te la pido yo», sentenció el presidente. Ábalos, fiel hasta la última gota de ingenuidad, movió los hilos con Santos Cerdán y dejó el tema 'arreglado' el 30 de enero. El contraste es brutal: el presidente utiliza a Ábalos para disciplinar al PSOE valenciano y, acto seguido, lo lanza debajo del autobús cuando el caso Koldo empieza a oler a quemado. Pasar de un «¡Muchas gracias, José Luis!» a fingir amnesia selectiva es una maniobra de ingeniería financiera emocional que solo alguien en Moncloa podría ejecutar con tanta frialdad. Al final, el 'pescozón' no fue para el noble de Arjona, sino para el propio Ábalos, que descubrió que en la alta política la amistad dura exactamente lo que tarda en llegar la primera citación judicial.
Hay quien dice que el dinero no compra la felicidad, pero Yang Youlin intentó comprarse el catálogo completo de la vida. Durante tres décadas, entre 1993 y 2023, este ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing convirtió la administración pública en su propio cajero automático personal. No se quedó en el pequeño 'estímulo' bajo cuerda; hablamos de 2.214 millones de yuanes, que traducidos al idioma de los mortales son unos 308,7 millones de dólares. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca, Yang gestionaba una fortuna que haría palidecer a cualquier fondo de inversión, moviéndose entre el urbanismo, la construcción y el turismo de Jiangsu como quien elige el menú del día. El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou no ha tenido mucha poesía al dictar sentencia este lunes. Yang ha sido sentenciado a la pena de muerte, la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación de hasta el último céntimo de sus bienes. El catálogo de delitos parece el índice de un manual de ingeniería financiera delictiva: soborno, malversación, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales. El tribunal lo calificó de 'especialmente enorme', un eufemismo elegante para decir que el agujero contable era un cráter. Lo más irónico es que Yang intentó jugar la carta del 'soplón', aportando datos sobre otros colegas corruptos para salvar el cuello. Pero en la China de Xi Jinping, que desde 2012 lleva una campaña de limpieza que no deja títere con cabeza, la cooperación no fue suficiente para evitar el patíbulo. El Tesoro estatal recuperará lo que pueda, mientras el resto sigue siendo una deuda que Yang ya no podrá pagar con su tarjeta de crédito.
En la alta esfera del poder, parece que el árbol genealógico es la mejor herramienta de inversión. Mientras el ciudadano medio se pelea con el calendario de la renta, en los pasillos del Ministerio de Hacienda se gestionaba la venta de María de Molina 50 —la joya de la corona inmobiliaria madrileña— con una lógica digna de un bazar clandestino. Un empresario, que prefiere el anonimato para que no le cierren el chiringuito profesional, ha soltado la bomba: en 2021, para avanzar con la compra, le exigieron un 'peaje' del 3% destinado a un supuesto primo de María Jesús Montero. No era una sugerencia, era el precio de entrada al club. El intermediario y su socio se quedaron mirando el techo, preguntándose quién era ese primo invisible que, sin mover un dedo ni captar un solo cliente, pretendía llevarse un porcentaje que haría palidecer a cualquier gestor de fondos. Para que el negocio cuadrara, el comprador tendría que haber soltado un 6% total: un 3% para los profesionales que sí trabajaban y un 3% para el 'pariente' del poder. Un sablazo tan descarado que los inversores decidieron que era mejor pasar de largo que alimentar el árbol genealógico de la ministra. La operación, que empezó en 2019 con un precio de salida de 196 millones de euros y terminó en un desierto absoluto, acabó resolviéndose a mediados de 2023. Tras bajar el precio al umbral de los 156 millones, el Grupo Lar (via Barnaby Investment) y BlackRock se lanzaron al ruedo, cerrando la compra en 2024 por 204,7 millones de euros. El edificio ahora se transforma en 153 viviendas de lujo y una residencia de 400 camas. Al final, el 'primo' no apareció en la escritura, pero el aroma a ingeniería financiera familiar sigue flotando en el aire de Madrid.
Hay niveles de patriotismo y luego hay niveles de delirio. Imaginen la escena: Francia despacha a Paraguay en el Mundial, el equipo de Didier Deschamps hace los deberes y Kylian Mbappé, con la calma de quien tiene el contrato más caro del planeta, califica el juego sudamericano de «sucio». Hasta ahí, fútbol y fricción normal. Pero entonces entra en escena Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico desde 2023, quien decidió que su función pública consistía en lanzar un ataque que hace que un comentario de taberna parezca un debate en la ONU. Amarilla no se limitó a la rabia deportiva. Se lanzó al barro del racismo más rancio, llamando a Mbappé «camerunés colonizado», sugiriendo que en vez de leche materna «chupaba cocos» y que sus maestros eran «chimpancés». Es el tipo de discurso que uno esperaría de alguien que ha perdido la cabeza, no de alguien que firma leyes. La senadora, que ya tiene la costumbre de buscar pleitos —como cuando llamó «periodista devenida en reina» a Letizia en 2021—, pretendía defender a la Albirroja con el lenguaje del odio. Mbappé, que no es precisamente un desconocido en el arte de gestionar su imagen, no se quedó mirando el paisaje. El delantero del Real Madrid le devolvió el golpe con la elegancia de un bisturí: «Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo». El futbolista tradujo la situación a lenguaje terrenal: mientras los jugadores paraguayos sudaban honor en el campo, su senadora estaba en Twitter cavando un agujero de vergüenza internacional. Al final, la política paraguaya intentó jugar al ataque, pero cometió el error de principiante de confundir el fervor patriótico con la ignorancia más absoluta.
Óscar Puente ha presentado el nuevo mapa concesional del autobús y, sinceramente, es un ejercicio de equilibrismo donde el único que pierde el equilibrio es el bolsillo del pasajero. La joya de la corona es una paradoja digna de estudio: viajar de Madrid a Badajoz seguirá siendo más caro que irse hasta Lisboa. Sí, Portugal. Resulta que cruzar la frontera es más barato que moverse por casa, simplemente porque los trayectos internacionales juegan con la competencia, mientras que los nacionales son un club privado donde Alsa y Avanza se reparten el 75% del pastel. El Ministerio nos vende un diseño de 34 corredores y suelta más de 70 millones de euros en subvenciones para diez de ellos, pero es como ponerle un parche de marca a un pantalón deshilachado. Mientras la media nacional debería bajar a 0,06715 euros por kilómetro, hay rutas que se ríen de la aritmética. Si quieres ir de Madrid a Toledo o de Teruel a Barcelona, prepárate para un sablazo del 41,5% por encima de esa media. El trayecto Madrid-Toledo-Badajoz se queda un 30,2% más caro que el promedio. Comparado con el resto de Europa, España es el 'estropajo' del transporte: Alemania es un 19,9% más barata y Portugal, la gran bofetada de realidad, tiene tarifas un 81,5% inferiores a las nuestras. El movimiento #ViajaMásEnAutobús lo ha dejado claro: es una oportunidad perdida. Hemos añadido complejidad burocrática y gasto público, pero el precio del billete sigue pareciendo el de un viaje en jet privado. Para rematar el cuadro, la falta de transparencia en los contratos y el fantasma de los litigios judiciales, como el del corredor Bilbao-Castro Urdiales, prometen que este mapa será más un campo de batalla legal que una solución de movilidad.
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