Crítica:
La noticia es un volcado de declaraciones sin contrastar la situación real en el terreno. Se centra en la polarización retórica omitiendo el impacto logístico real en la ciudad autónoma.
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Supremo a Save the Children: tiempo muerto
En el tablero del Derecho, hay jugadas que parecen diseñadas para que el ciudadano de a pie pierda siempre. El Tribunal Supremo acaba de soltar un hachazo legal a Save the Children que deja claro que, en España, el tiempo es oro, pero solo si tienes el sello correcto en el pasaporte. El 9 de julio de 2026, la Sección Quinta, con Wenceslao Olea al mando, decidió que los meses que un menor extranjero pasa esperando que alguien decida si puede quedarse como refugiado son, básicamente, tiempo muerto. No cuentan para el arraigo. Es como si trabajaras tres años en una empresa, pero al pedir la indemnización te dijeran que el tiempo que estuviste 'en periodo de prueba' no existió en el calendario. La ONG intentó que el Real Decreto de 2024 no fuera tan despiadado, especialmente con los menas, alegando que esos chavales ya han echado raíces aquí. Pero la Abogacía del Estado, con María Isabel del Valle Alamillos al frente, aplicó la fría lógica del manual: el asilo es un carril y la extranjería es otro, y no hay puente entre ellos. El Supremo ha blindado esta separación, calificando la estancia del solicitante de asilo como una 'mera tolerancia'. En cristiano: estás aquí, pero no estás. Save the Children intentó jugar la carta de un precedente de septiembre de 2020, cuando la Secretaría de Estado de Migraciones fue más flexible, pero el Tribunal le ha recordado que un criterio administrativo es como una promesa de campaña: suena bien, pero no obliga a nadie. Para rematar la faena, el Supremo no solo ha cerrado la puerta, sino que le ha pasado la factura a la ONG con 4.000 euros más IVA en costas. Un sablazo final que deja el debate jurídico en el cementerio y traslada la pelota al Congreso o a Bruselas.
PSOE pide 'borrador' de sus cuentas
Hay quien dice que la transparencia es un valor democrático, pero para el PSOE parece ser más bien una sugerencia opcional. En un giro de guion digno de una comedia de enredos, el partido de Pedro Sánchez ha pedido al juez Santiago Pedraz que le ponga un candado a la información de sus cuentas bancarias. Básicamente, quieren que los abogados defensores y la acusación popular no vean los extractos, sino que se conformen con el 'resumen editado' que decida la Fiscalía. Es como si en una auditoría de Hacienda te pidieran los tickets y tú respondieras que solo pueden ver los que el Ministerio Fiscal considere 'relevantes'. Un expurgo gourmet para evitar que alguien encuentre migajas incómodas. El asunto no es una nimiedad. Pedraz abrió una pieza separada para rastrear los pagos a Leire Díez, la fontanera oficial de las cloacas socialistas. De las más de 80 cuentas bajo la lupa, seis pertenecen directamente al partido. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de tres euros, aquí se gestionan flujos que incluyen a figuras como Gaspar Zarrías, quien admitió soltar 16.000 euros en cuatro meses a Díez por un informe sobre Villarejo que, según se dice, tenía el valor informativo de un folleto de publicidad. Para rematar la jugada, el juez rastrea desde 2024 hasta hoy más de 50 cuentas manejadas por el abogado Ismael Oliver, el presunto 'cajero automático' que canalizaba los fondos hacia la cloaca. El PSOE alega que quiere proteger la 'intimidad de terceros', una metáfora muy elegante para decir que no quieren que el mapa de sus transferencias quede expuesto al sol. Al final, la intimidad es sagrada, siempre y cuando el dinero sea público o el rastro sea demasiado evidente.
Podemos quiere topar precios: ¿Utopía o solución?
Hay una coreografía política que ya conocemos: el socio menor grita, el mayor ignora y el ciudadano paga la entrada. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ha salido a la arena este lunes con un discurso que suena a gloria en el mitin, pero que en el supermercado es pura ciencia ficción. Mientras la inflación de agosto se clavó en un 4,3% interanual, Fernández acusa al Gobierno de una «sangrante inacción», como si Pedro Sánchez estuviera todavía tostándose en una hamaca mientras el país intenta descifrar cómo pagar la compra sin pedir un préstamo personal. La propuesta es directa: poner un tope a los alimentos de la cesta básica y meterle un sablazo del 30% a los beneficios de las energéticas. Porque claro, según la narrativa morada, mientras el ciudadano promedio mide los minutos del aire acondicionado para que no le llegue una factura que parezca el PIB de un pequeño país, el oligopolio energético y las petroleras están nadando en billetes. El dato que dinamita la calma es el repunte de los productos energéticos, que escalaron un 17% en agosto, superando por siete puntos la cifra de julio. Intervenir el mercado suena muy valiente en rueda de prensa, pero en la práctica es como intentar tapar una presa con chicle. Podemos pide que los supermercados y las eléctricas asuman el golpe porque tienen beneficios desorbitados, pero Fernández cierra la crónica con un giro melancólico: admite que «ya no tenemos ninguna esperanza» de que el Ejecutivo actúe. Es la paradoja perfecta: proponer la cura sabiendo que el paciente no quiere tomar la medicina, mientras el resto seguimos viendo cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo.
Lujo sin agua: el 'regalo' seco del PNV
Hay regalos de Navidad que vienen con truco, y el palacete de la avenida Marceau, 11, es el ejemplo perfecto de cómo pasar del lujo absoluto al grifo seco en tiempo récord. Pedro Sánchez, en un alarde de generosidad navideña el 24 de diciembre de 2024, le entregó al PNV un edificio de 1.309 metros cuadrados en pleno corazón de París. Un detalle exquisito para Aitor Esteban y los suyos, que llevaban décadas insistiendo en que el inmueble era suyo, a pesar de que el Tribunal Supremo y los jueces franceses ya les habían dicho que, básicamente, no tenían ni un papel que lo demostrara. La jugada fue maestra en su opacidad. Para evitar el ruido, el Gobierno coló el traspaso en el Real Decreto-Ley 9/2024, un 'decreto ómnibus' donde mezclaron medidas de Seguridad Social y vulnerabilidad económica con el regalo de un palacio. Una especie de 'compra el pack de ayudas sociales y llévate un inmueble en París gratis'. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática terminó admitiendo que no había ni un solo informe técnico o jurídico que avalara la cesión. Se basaron en la 'vinculación histórica', una frase comodín que sirve para saltarse cualquier manual de administración pública. Pero claro, el lujo no incluye el mantenimiento si no sabes pagar la factura. Eau de Paris, la empresa pública del agua, ha cortado el suministro por irregularidades administrativas. Resulta que cambiar el dueño de un edificio no es como cambiar la contraseña del Wi-Fi; requiere papeleo, contratos y, sobre todo, que alguien se haga cargo de la cuenta. Mientras el PNV se limitó a usar el edificio en septiembre de 2025 para colgar la ikurriña, hacerse la foto y volver a cerrar la puerta con llave, el Ayuntamiento de París decidió que, sin contrato en regla, no hay gota de agua. Un palacete monumental, una cesión sin papeles y ahora, un baño que no tira de la cadena. Poesía administrativa pura.
PSOE pide 'cortina de humo' bancaria
Hay una diferencia abismal entre 'no tener nada que ocultar' y pedirle a un juez que cierre las persianas y apague la luz. El PSOE, en un giro de guion digno de Oscar, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz que limite el acceso a sus cuentas bancarias exclusivamente a la Fiscalía. Básicamente, quieren que el análisis de sus finanzas sea como una cena privada en un club exclusivo donde no entra nadie que no tenga invitación VIP, evitando que la opinión pública se entere de qué se mueve por sus extractos. La trama es deliciosa en su complejidad. Pedraz ha puesto el ojo en 81 cuentas, algunas de ellas vinculadas al partido, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Se sospecha que montaron una especie de 'servicio de limpieza' judicial para boicotear causas incómodas. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para pagar el alquiler, aquí hablamos de que Santos Cerdán podría haber usado la caja del partido para financiar este operativo, habiendo fluido al menos 43.225 euros hacia Leire Díez a través de intermediarios. Es como si alguien usara la cuenta de ahorros comunitaria para pagarle a un gestor que haga desaparecer las multas de tráfico de los jefes. Lo más fascinante es la retórica: el PSOE pide 'expurgar' los datos no relacionados para proteger la intimidad de terceros. Pero luego, en un alarde de generosidad narrativa, sugieren que algunas cuentas podrían haber sido usadas 'ilegítimamente' para gastos ajenos a sus fines estatutarios. Traducción: 'si encuentran algo raro, fue un empleado rebelde o alguien que se saltó el protocolo, pero nosotros somos transparentes'. Una transparencia que, curiosamente, pide que el juez limite quién puede mirar los papeles.
Sánchez acusa a Rusia y Moscú responde
Pedro Sánchez ha decidido jugar al detective geopolítico en la Cadena Ser el pasado lunes, lanzando una bomba que, más que un análisis, parecía un reparto de culpas en una cena familiar incómoda. El presidente exoneró a Marruecos —con una delicadeza que ya quisiera cualquier diplomático en prácticas— y puso el dedo en el renglón de Moscú, Israel y la 'internacional ultraderechista' como los arquitectos de la crisis migratoria en Ceuta. Una jugada arriesgada, porque en el tablero internacional, señalar sin mostrar las cartas es como intentar cobrar una factura sin haber emitido la factura primero. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar y ha llegado este martes 1 de septiembre de 2026 con la frialdad de un congelador industrial. María Zajárova, la portavoz de Exteriores rusa, ha salido al paso en una rueda de prensa recogida por Interfax para pedir, básicamente, que Madrid deje de hablar y empiece a demostrar. Con una ironía que corta el aire, Zajárova ha dejado claro que sin cifras, fechas y nombres, las acusaciones de Sánchez no son más que ruido. Para Moscú, esto no es diplomacia, es una extensión de los 'Diálogos sobre bulos 4.0'. Lo fascinante es el contraste: mientras el Gobierno español corre a los micrófonos para repartir etiquetas, Rusia le recuerda que existen canales oficiales, la Embajada en Madrid o la ONU, para denunciar ciberataques. Al final, nos encontramos con el eterno dilema de la política moderna: lanzar el dardo primero y ver dónde cae, esperando que el ruido mediático sustituya a la prueba pericial. Sánchez ha tirado la piedra, pero el Kremlin le ha pedido que, por favor, enseñe la piedra antes de que alguien salga herido en el proceso.
Carreteras: el plan millonario que acabó en bache
España tiene un agujero en el asfalto que no es solo físico, sino financiero. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la DGT nos recuerdan que el déficit de inversión en nuestras vías es de 13.000 millones de euros. Un sablazo monumental. Para intentar poner un parche, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en junio un plan de 1.006 millones de euros (sin IVA) repartidos en 29 lotes para mimar 3.670 kilómetros de carretera en 20 provincias. Parecía que, por una vez, el asfalto dejaría de parecer queso gruyere. Pero claro, en el juego de las licitaciones, el hambre de las constructoras es más fuerte que la urgencia del bache. Acex, la patronal del sector, ha dinamitado el plan interponiendo un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). ¿El motivo? Que el Gobierno quería hacer una 'subasta encubierta' donde el precio era el único rey, dejando la calidad en el banquillo. A esto se sumaron sindicatos preocupados por la subrogación de trabajadores en las autopistas de peaje. Resultado: el Ministerio, en lugar de pelear, ha preferido tirar la toalla y paralizar el proyecto. Ahora tenemos 1.000 millones en el aire y una gestión logística que es un auténtico incendio. El Estado debe asumir 1.000 kilómetros más en 2027 por la liberalización de los 'peajes en sombra' y tiene contratos que expiran a final de año, como el de la AP-68. La solución propuesta es el 'contrato de emergencia' o alargar los actuales seis meses. Básicamente, seguir poniendo tiritas en una fractura expuesta mientras Acex insiste en que necesitamos 5.000 millones anuales para no conducir sobre un campo de minas. Una gestión ejemplar.
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