Crítica:
La noticia es un ejercicio de precisión técnica, pero el PSOE intenta disfrazar un pánico al escrutinio como una medida de privacidad. Falta que el juez responda si aceptará este 'filtro' previo.
El PSOE pide a Pedraz que impida a las partes analizar la información de sus cuentas bancarias
PSOE pide 'borrador' de sus cuentas
Otros artículos
Belarra: 80.000 inmigrantes son 'unas pocas miles'
Hay una forma muy elegante de decir que el caos es, en realidad, una fiesta de la diversidad. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha decidido que la entrada abrupta de 80.000 inmigrantes marroquíes en Ceuta los días 30 y 31 de julio no es una crisis de seguridad, sino un test de pureza moral para el resto de los españoles. Mientras el Consejo de Seguridad Nacional se reúne con Pedro Sánchez para intentar entender cómo gestionar este tsunami humano, Belarra prefiere el camino del dedo acusador desde el Congreso de los Diputados. La aritmética del poder es fascinante. Para la secretaria general, hablar de 80.000 personas es exagerar; prefiere llamarlos «unas pocas miles», como quien dice que un sablazo en la cuenta bancaria es solo un 'ajuste menor'. El contraste es brutal: mientras la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca manifestaciones el miércoles para apoyar a la ciudadanía ceutí, Belarra tacha el movimiento de «racista». Según su lógica, si te molesta que tu ciudad colapse, no es por la logística ni por la seguridad, sino porque los recién llegados son «personas negras y moras». Para rematar la jugada, ha sacado la carta de los 350.000 ucranianos, sugiriendo que el silencio previo ante aquel flujo valida su postura actual. Es la política del 'Welcome Refugees' aplicada como un mantra, ignorando que entre la acogida humanitaria y la invasión descontrolada hay un abismo que no se llena con eslóganes. Mientras la militancia de Podemos se prepara para salir a la calle contra el racismo el mismo miércoles, la realidad en Ceuta sigue siendo una crisis humanitaria que, irónicamente, la propia Belarra admite que el Gobierno está gestionando «tan mal» que los progresistas tienen la cabeza gacha. Un brindis por la coherencia.
Podemos quiere topar precios: ¿Utopía o solución?
Hay una coreografía política que ya conocemos: el socio menor grita, el mayor ignora y el ciudadano paga la entrada. Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ha salido a la arena este lunes con un discurso que suena a gloria en el mitin, pero que en el supermercado es pura ciencia ficción. Mientras la inflación de agosto se clavó en un 4,3% interanual, Fernández acusa al Gobierno de una «sangrante inacción», como si Pedro Sánchez estuviera todavía tostándose en una hamaca mientras el país intenta descifrar cómo pagar la compra sin pedir un préstamo personal. La propuesta es directa: poner un tope a los alimentos de la cesta básica y meterle un sablazo del 30% a los beneficios de las energéticas. Porque claro, según la narrativa morada, mientras el ciudadano promedio mide los minutos del aire acondicionado para que no le llegue una factura que parezca el PIB de un pequeño país, el oligopolio energético y las petroleras están nadando en billetes. El dato que dinamita la calma es el repunte de los productos energéticos, que escalaron un 17% en agosto, superando por siete puntos la cifra de julio. Intervenir el mercado suena muy valiente en rueda de prensa, pero en la práctica es como intentar tapar una presa con chicle. Podemos pide que los supermercados y las eléctricas asuman el golpe porque tienen beneficios desorbitados, pero Fernández cierra la crónica con un giro melancólico: admite que «ya no tenemos ninguna esperanza» de que el Ejecutivo actúe. Es la paradoja perfecta: proponer la cura sabiendo que el paciente no quiere tomar la medicina, mientras el resto seguimos viendo cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo.
Lujo sin agua: el 'regalo' seco del PNV
Hay regalos de Navidad que vienen con truco, y el palacete de la avenida Marceau, 11, es el ejemplo perfecto de cómo pasar del lujo absoluto al grifo seco en tiempo récord. Pedro Sánchez, en un alarde de generosidad navideña el 24 de diciembre de 2024, le entregó al PNV un edificio de 1.309 metros cuadrados en pleno corazón de París. Un detalle exquisito para Aitor Esteban y los suyos, que llevaban décadas insistiendo en que el inmueble era suyo, a pesar de que el Tribunal Supremo y los jueces franceses ya les habían dicho que, básicamente, no tenían ni un papel que lo demostrara. La jugada fue maestra en su opacidad. Para evitar el ruido, el Gobierno coló el traspaso en el Real Decreto-Ley 9/2024, un 'decreto ómnibus' donde mezclaron medidas de Seguridad Social y vulnerabilidad económica con el regalo de un palacio. Una especie de 'compra el pack de ayudas sociales y llévate un inmueble en París gratis'. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática terminó admitiendo que no había ni un solo informe técnico o jurídico que avalara la cesión. Se basaron en la 'vinculación histórica', una frase comodín que sirve para saltarse cualquier manual de administración pública. Pero claro, el lujo no incluye el mantenimiento si no sabes pagar la factura. Eau de Paris, la empresa pública del agua, ha cortado el suministro por irregularidades administrativas. Resulta que cambiar el dueño de un edificio no es como cambiar la contraseña del Wi-Fi; requiere papeleo, contratos y, sobre todo, que alguien se haga cargo de la cuenta. Mientras el PNV se limitó a usar el edificio en septiembre de 2025 para colgar la ikurriña, hacerse la foto y volver a cerrar la puerta con llave, el Ayuntamiento de París decidió que, sin contrato en regla, no hay gota de agua. Un palacete monumental, una cesión sin papeles y ahora, un baño que no tira de la cadena. Poesía administrativa pura.
PSOE pide 'cortina de humo' bancaria
Hay una diferencia abismal entre 'no tener nada que ocultar' y pedirle a un juez que cierre las persianas y apague la luz. El PSOE, en un giro de guion digno de Oscar, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz que limite el acceso a sus cuentas bancarias exclusivamente a la Fiscalía. Básicamente, quieren que el análisis de sus finanzas sea como una cena privada en un club exclusivo donde no entra nadie que no tenga invitación VIP, evitando que la opinión pública se entere de qué se mueve por sus extractos. La trama es deliciosa en su complejidad. Pedraz ha puesto el ojo en 81 cuentas, algunas de ellas vinculadas al partido, al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Se sospecha que montaron una especie de 'servicio de limpieza' judicial para boicotear causas incómodas. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para pagar el alquiler, aquí hablamos de que Santos Cerdán podría haber usado la caja del partido para financiar este operativo, habiendo fluido al menos 43.225 euros hacia Leire Díez a través de intermediarios. Es como si alguien usara la cuenta de ahorros comunitaria para pagarle a un gestor que haga desaparecer las multas de tráfico de los jefes. Lo más fascinante es la retórica: el PSOE pide 'expurgar' los datos no relacionados para proteger la intimidad de terceros. Pero luego, en un alarde de generosidad narrativa, sugieren que algunas cuentas podrían haber sido usadas 'ilegítimamente' para gastos ajenos a sus fines estatutarios. Traducción: 'si encuentran algo raro, fue un empleado rebelde o alguien que se saltó el protocolo, pero nosotros somos transparentes'. Una transparencia que, curiosamente, pide que el juez limite quién puede mirar los papeles.
Sánchez acusa a Rusia y Moscú responde
Pedro Sánchez ha decidido jugar al detective geopolítico en la Cadena Ser el pasado lunes, lanzando una bomba que, más que un análisis, parecía un reparto de culpas en una cena familiar incómoda. El presidente exoneró a Marruecos —con una delicadeza que ya quisiera cualquier diplomático en prácticas— y puso el dedo en el renglón de Moscú, Israel y la 'internacional ultraderechista' como los arquitectos de la crisis migratoria en Ceuta. Una jugada arriesgada, porque en el tablero internacional, señalar sin mostrar las cartas es como intentar cobrar una factura sin haber emitido la factura primero. La respuesta del Kremlin no se ha hecho esperar y ha llegado este martes 1 de septiembre de 2026 con la frialdad de un congelador industrial. María Zajárova, la portavoz de Exteriores rusa, ha salido al paso en una rueda de prensa recogida por Interfax para pedir, básicamente, que Madrid deje de hablar y empiece a demostrar. Con una ironía que corta el aire, Zajárova ha dejado claro que sin cifras, fechas y nombres, las acusaciones de Sánchez no son más que ruido. Para Moscú, esto no es diplomacia, es una extensión de los 'Diálogos sobre bulos 4.0'. Lo fascinante es el contraste: mientras el Gobierno español corre a los micrófonos para repartir etiquetas, Rusia le recuerda que existen canales oficiales, la Embajada en Madrid o la ONU, para denunciar ciberataques. Al final, nos encontramos con el eterno dilema de la política moderna: lanzar el dardo primero y ver dónde cae, esperando que el ruido mediático sustituya a la prueba pericial. Sánchez ha tirado la piedra, pero el Kremlin le ha pedido que, por favor, enseñe la piedra antes de que alguien salga herido en el proceso.
Carreteras: el plan millonario que acabó en bache
España tiene un agujero en el asfalto que no es solo físico, sino financiero. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la DGT nos recuerdan que el déficit de inversión en nuestras vías es de 13.000 millones de euros. Un sablazo monumental. Para intentar poner un parche, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en junio un plan de 1.006 millones de euros (sin IVA) repartidos en 29 lotes para mimar 3.670 kilómetros de carretera en 20 provincias. Parecía que, por una vez, el asfalto dejaría de parecer queso gruyere. Pero claro, en el juego de las licitaciones, el hambre de las constructoras es más fuerte que la urgencia del bache. Acex, la patronal del sector, ha dinamitado el plan interponiendo un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). ¿El motivo? Que el Gobierno quería hacer una 'subasta encubierta' donde el precio era el único rey, dejando la calidad en el banquillo. A esto se sumaron sindicatos preocupados por la subrogación de trabajadores en las autopistas de peaje. Resultado: el Ministerio, en lugar de pelear, ha preferido tirar la toalla y paralizar el proyecto. Ahora tenemos 1.000 millones en el aire y una gestión logística que es un auténtico incendio. El Estado debe asumir 1.000 kilómetros más en 2027 por la liberalización de los 'peajes en sombra' y tiene contratos que expiran a final de año, como el de la AP-68. La solución propuesta es el 'contrato de emergencia' o alargar los actuales seis meses. Básicamente, seguir poniendo tiritas en una fractura expuesta mientras Acex insiste en que necesitamos 5.000 millones anuales para no conducir sobre un campo de minas. Una gestión ejemplar.
PISA en Cataluña: el arte de ignorar
En la administración pública, el 'no me llegó el correo' es el equivalente moderno al 'el perro se comió mis deberes', pero con la diferencia de que aquí el perro es un organismo autonómico extinguido y los deberes son el futuro educativo de miles de chavales. La Generalitat ha jugado a las escondidas con los datos del Informe PISA, y el resultado es un desastre administrativo que hace que cualquier gestión de comunidad de vecinos parezca la NASA. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de Educación se ignoraron siete avisos del Ministerio entre abril y mayo del año pasado. Siete. No fue un despiste, fue una coreografía de la sordera. El dato es demoledor: un 23,2% de los alumnos seleccionados en 2025 quedaron fuera de las pruebas. Para que nos entendamos, la OCDE recomienda un máximo del 5%. Es como si en un examen de conducir dejaran fuera a casi una cuarta parte de la clase porque 'no sabían leer las señales' y luego pretendieran decir que el resto conduce perfectamente. La consejera Esther Niubó admite que el INEE alertó repetidamente sobre esta exclusión masiva por motivos cognitivos o lingüísticos, pero las notificaciones se quedaron atrapadas en un limbo burocrático, en el ahora desaparecido Consejo Superior de Evaluación. La respuesta institucional ha sido la clásica: abrir expedientes y mover los muebles. Tres trabajadores, entre ellos un alto cargo, están en el punto de mira por 'errores de interpretación', que es la forma elegante de decir que alguien durmió la siesta mientras el barco se hundía. Y aunque Niubó jura que no tiene nada que ver, su secretaria general, Teresa Sambola, ha volado del cargo. Para sustituirla llega Marta Clari, rescatada del Ayuntamiento de Barcelona. Al final, el 8 de septiembre se publicarán los datos, pero los de Cataluña tienen el valor de una promesa de político en campaña: nulo.
Comentarios