Artículos enviados por nuestros usuarios
El exministro socialista José Bono admitió haberse llevado consigo miles de documentos del Ministerio de Defensa durante su mandato entre 2004 y 2006, un archivo personal que aún conserva. Parte de esos documentos salieron del Estado Mayor de la Defensa, donde, según Bono, acudió a recoger documentación sobre el caso del Yak-42. Sin embargo, el relato del oficial general de Infantería de Marina, coronel Pardo de Donlebún, difiere significativamente del de Bono. Según Donlebún, Bono y su director de gabinete 'vaciaron el armario' de manera compulsiva, llevándose documentos sin orden ni concierto. El coronel asegura que Bono se llevó los documentos sin seguir el protocolo habitual, y que él mismo ordenó hacer una relación de lo que se estaba llevando el ministro, que firmó como 'entregado'. El incidente ocurrió el 13 de octubre de 2004, dos semanas después de que Bono y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunieran con la cúpula militar tras la Junta de Jefes de Estado Mayor. El enfrentamiento de aquel día en el Estado Mayor provocó que Bono le negara el ascenso a general a Pardo de Donlebún hasta su último Consejo de Ministros en 2006. Bono ha reconocido disponer de un enorme archivo personal de más de 100.000 documentos, parte de los cuales cedió a la Fundación Pablo Iglesias, pero muchos otros que aún conserva. La sustracción de estos documentos ha generado inquietud y ha sido relacionada con sus negocios personales en República Dominicana y Marruecos.
El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, fue investigado en 1998 por un incidente en un prostíbulo de Valladolid donde sacó su arma reglamentaria. El caso se ocultó durante casi treinta años gracias a la intervención de altos mandos policiales afines. González Jiménez, conocido como 'Jota', protagonizó una reyerta en el club de alterne El Latino junto con Juan Carlos Bará Torres, entonces inspector jefe de la UIP en Vigo. La situación se tornó violenta cuando los agentes de seguridad del local se enfrentaron a los mandos policiales, lo que derivó en la salida abrupta del DAO y una persecución en coche. El incidente se resolvió sin consecuencias disciplinarias gracias a la intervención de Segundo Martínez, un alto cargo policial que mantenía una relación estrecha con González Jiménez. Martínez, considerado una figura de influencia en el cuerpo policial, habría avalado posteriormente el nombramiento de González Jiménez como DAO, asegurando así su posición en la cúpula operativa. La relación entre ambos se consolidó a lo largo de los años, y se atribuye a Martínez un papel clave en la promoción de determinados perfiles dentro de la Policía Nacional.
La aplicación Apparellat, creada por Plataforma per la Llengua con el respaldo de la Generalidad catalana y otros organismos públicos, ha generado controversia al funcionar de manera similar a Tinder, pese a su objetivo oficial de emparejar personas para practicar catalán. Con un coste anual de 25.000 euros financiados principalmente con fondos públicos, la aplicación acumula más de 10.000 descargas y cuenta con 7.500 usuarios. Aunque sus creadores insisten en que no es una app de citas, su diseño y anuncio promocional sugieren lo contrario. La prueba realizada por Libre Mercado reveló que la aplicación carece de filtros para seleccionar el nivel lingüístico de los tutores y que muchos usuarios parecen usarla con fines distintos al aprendizaje del catalán. Al intentar contactar con supuestos tutores, se encontró que varios de ellos dejaron de responder al descubrir que la ubicación de la persona interesada estaba lejos de Cataluña.
La reciente publicación de datos exclusivos por El Español ha revelado que Pedro Sánchez y su equipo amañaron las primarias del PSOE en 2017, derrotando a Susana Díaz y Patxi López. Los datos obtenidos del teléfono de Koldo García apuntan a posibles irregularidades como intercambios de actas, modificaciones en el censo de afiliados y votos fraudulentos. Aunque el Código Penal español no contempla específicamente el 'delito de fraude en primarias', las acciones podrían encajar en figuras delictivas como falsedad documental o corrupción entre particulares. Los Estatutos del PSOE consideran el fraude en primarias una falta muy grave que puede acarrear la expulsión inmediata. Sin embargo, dado el control de Sánchez sobre el partido, es improbable que se tomen medidas internas. La Fiscalía podría actuar si se presentan pruebas sólidas de delitos como falsedad documental o malversación. Los mensajes de WhatsApp del móvil de Koldo García publicados por El Español podrían ser clave para que la Fiscalía abra una investigación de oficio.
Con solo 33 años y una trayectoria política meteórica en Podemos, Lilith Verstrynge, hija del exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, ha suspendido el primero de los cuatro exámenes para ingresar en la Carrera Diplomática. La joven política, que habla seis idiomas y cuenta con una sólida formación académica en universidades como La Sorbona y la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, se enfrentaba a una competencia feroz: 709 aspirantes para solo 36 plazas convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. El examen consistía en un cuestionario tipo test de unas 100 preguntas sobre derecho, relaciones internacionales, economía e historia. De los aspirantes que se presentaron, unos 275 lograron superar esta primera prueba. Verstrynge deberá ahora replantear su estrategia si quiere lograr su objetivo de convertirse en diplomática. Su salida de Podemos en enero de 2024, tras mostrar su descontento con la deriva del partido y su ensimismamiento, marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, se ha dedicado a colaborar en tertulias televisivas y a escribir en medios como Le Monde Diplomatique. Su amplia formación y experiencia política no han sido suficientes para superar la primera prueba. Ahora, deberá prepararse para las tres pruebas restantes: un ejercicio de idiomas (inglés y francés), un comentario de texto y una exposición oral ante el tribunal.
La visita de Pedro Sánchez a la India se ha visto empañada por las acusaciones de corrupción contra el embajador español, Juan Antonio March, quien supuestamente intentó financiar unos conciertos con más de 40.000 euros sin seguir los cauces oficiales. March, de 67 años y próximo a José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos, pretendía que empresas españolas e indias aportaran fondos para unos conciertos en Rajastán donde iba a cantar su amiga íntima china, Huiling Zhu, coincidiendo con su 68 cumpleaños. Los conciertos finalmente se cancelaron. Las irregularidades fueron detectadas por funcionarios y trasladadas al Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, pero fueron desoídas. El PP ha presentado preguntas al Gobierno sobre el asunto. La Dirección General de Asuntos Culturales de la Aecid rechazó la solicitud del embajador argumentando que la cantante no era española ni hispanoamericana.
El director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, fue informado hace siete meses de la presunta agresión sexual cometida por su mano derecha, José Ángel González, ex DAO. La noticia se conoció el 11 de julio del pasado año, cuando un inspector puso al tanto a Pardo Piqueras sobre la gravedad de los hechos y su posible impacto interno. Según el testimonio del inspector, la presunta víctima ya había sufrido situaciones complejas en el pasado, como el caso del sindicalista Víctor Duque, cuya denuncia por violencia fue archivada provisionalmente. Pardo Piqueras trasladó su preocupación a su círculo más próximo tras regresar a Madrid y expresó su deseo de tener un 'verano tranquilo'. La querella, presentada meses después, atribuye a González delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial adscrita al cargo de DAO, próxima al Paseo de la Castellana de Madrid. González presentó su dimisión tras conocerse la admisión a trámite de la querella, y el Ministerio del Interior aceptó su renuncia, designando a la comisaria Gemma Barroso como su reemplazo.
El Gobierno se vio obligado a recurrir al Consejo de Estado para anular la regularización de un inmigrante marroquí con una orden de expulsión por robo con violencia y lesiones. La Oficina de Extranjería de Gerona había solicitado un informe sobre los antecedentes penales del interesado en julio de 2023, que reveló una condena en 2016 por robo con violencia e intimidación y lesiones. A pesar de un informe desfavorable de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en agosto, la Subdelegación del Gobierno en Gerona concedió la autorización de residencia hasta 2028 en septiembre de 2024. El Consejo de Estado dictaminó que la autorización era nula debido a la orden de expulsión vigente en el momento de su concesión. El Gobierno deberá ahora revocar la regularización del inmigrante.
La comisión de investigación del Senado ha citado al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para el 2 de marzo, en plena campaña electoral en Castilla y León. También comparecerán Julio Martínez Martínez 'Julito', conseguidor de Zapatero y administrador de Análisis Relevante SL, el 26 de febrero, y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el 25 de febrero. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Zapatero está 'de sospechas de corrupción hasta las cejas' y que tendrá que responder por los posibles beneficios obtenidos por el rescate de Plus Ultra y sus presuntos favores a la narcodictadura de Maduro. García ha acusado a Zapatero de ser el 'nexo corruptor' entre Sánchez y el PSOE con la narcodictadura de Maduro, y ha denunciado que el rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros fue un 'negocio redondo' para el PSOE, Sánchez, Maduro y Zapatero. El PP busca esclarecer una presunta financiación irregular del PSOE y demostrar que Zapatero y Sánchez se beneficiaron del sufrimiento del pueblo venezolano y de los impuestos de los españoles.
La Comisión Europea ha amonestado al Gobierno español por imponer la baliza V16 sin notificarlo a Bruselas, incumpliendo la directiva europea 2015/1535. El dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero de 2026, fue regulado mediante real decreto 1030/2022, publicado el 21 de diciembre de 2022. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, denunció la 'falta de transparencia' y advirtió que el Gobierno podría ingresar 300 millones de euros por el IVA de la venta de estos sistemas. La Comisión Europea recordó que 'el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel de la UE', pero que la imposición de requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una 'medida de efecto equivalente a una restricción del comercio'. El comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, respondió a la pregunta del PP afirmando que la Comisión puede adoptar medidas de ejecución si España no cumple con sus obligaciones de notificación.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Margarita Caballero