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Hacer huelga es como ir al supermercado: si sabes que el cajero no tiene cambio y el gerente está de vacaciones, no te molestas en hacer la cola. Así de simple han planteado UGT y CCOO la suspensión de sus paros en la Agencia Tributaria (AEAT). Resulta fascinante el malabarismo mental de los sindicatos: el 11 de noviembre se ponen el mono de trabajo para una huelga general contra los precios de la vivienda y los salarios bajos, pero para reclamar las condiciones laborales propias de Hacienda, prefieren quedarse en casa. ¿El motivo? El adelanto electoral del 29-N. Según ellos, negociar ahora sería como intentar pedir un préstamo con la libreta cerrada; no hay interlocutor real ni capacidad de decisión en un Gobierno en funciones. La jugada ha caído como un jarro de agua fría en la plantilla. Mientras que para la vivienda el calendario es perfecto, para el sectorial el 28 de octubre —fecha de la huelga de 24 horas que ya ha pasado a mejor vida— resultó ser un día inoportuno. Celso González, el flamante director de Recursos Humanos, y el resto de funcionarios han recibido el documento donde UGT, CCOO y el SIAT anuncian que las movilizaciones quedan en el aire hasta que haya un "nuevo Gobierno". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los mismos argumentos que usan los sindicatos independientes (USO, CSIF, Fetico) para no ir al paro general del 11-N —que no hay nadie al volante del Estado— son los que ahora UGT y CCOO usan para no molestar en Hacienda. Algunos trabajadores ya se preguntan si esta "responsabilidad hacia la plantilla" no será más bien una deferencia hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha sido generoso con las subvenciones a los grandes sindicatos. Al final, parece que hay huelgas que sirven para hacer ruido y otras que, convenientemente, esperan a que el viento sople a favor.
Hay quien hace campaña en el barrio y quien, con una desfachatez pasmosa, la organiza desde el Reino Alauí. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Marruecos se han puesto el mono de trabajo para asegurar que Pedro Sánchez siga en el despacho. No es una sugerencia amable; es una coreografía coordinada. El portal 'News Morocco Spain', con sus 118.000 seguidores, ha servido de megáfono para un mensaje clarísimo, logrando 10.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 48 horas para que la maquinaria digital se instale en el salón de casa. La cifra es la que marea: cerca de un millón de personas registradas según el INE, pero el verdadero botín electoral son esos 300.000 marroquíes que podrían votar el 29 de noviembre. Un volumen de votos que, en política, es como encontrar un billete de cincuenta euros en un pantalón viejo: no puedes dejarlo pasar. Y para que la jugada sea redonda, contamos con la regularización extraordinaria de abril, el 'empujoncito' administrativo que acelera las nacionalizaciones justo a tiempo para las urnas. El periodista Soulaiman Raissouni, que mueve masas con sus 91.000 seguidores en Facebook y 50.000 en YouTube, no se anda con rodeos. Define a Sánchez como el 'amigo' del gobierno marroquí y llega a soltar que desde el reino se 'ordena' el respaldo al PSOE. El gancho es la vivienda, esos decretos que prometen el cielo mientras el alquiler sigue siendo un deporte de riesgo. Al final, la política exterior se ha convertido en una campaña de marketing vecinal donde el voto se gestiona como si fuera una importación de fruta: con logística precisa y objetivos muy claros.
Imaginen que para entrar en el club más exclusivo de la ciudad, el portero acepta una fotocopia borrosa del carné en lugar del original, solo porque el que la presenta dice que es 'colega del dueño'. Pues bien, eso es básicamente lo que pasó con el voto por correo en las generales de 2023. Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central (JEC) aceptara el permiso de conducir digital de la app miDGT sin el código QR. Para los que no hablen 'tecnológico', el QR es el sello de autenticidad; sin él, la pantalla del móvil es un dibujo que cualquiera con dos dedos de frente puede falsear. Un coladero monumental que estuvo activo durante ocho procesos electorales hasta que el 26 de marzo de 2026 la JEC decidió cerrar el grifo tras el escándalo. Mientras nosotros peleamos con la app del banco para que no nos cobren una comisión por respirar, en Correos se montaba un 'equipazo' con Leire Díez. Aunque la empresa luego intentó hacer malabarismos diciendo que ella no mandaba en el voto por correo, los papeles cuentan otra historia: estaba en el comité de seguimiento y era el puente para reportar delitos electorales. Una relación tan estrecha que el juez Santiago Pedraz ha encontrado 10.842 mensajes entre Serrano y Díez (WhatsApp y Signal), un volumen de chat que haría palidecer a cualquier adolescente. Todo esto ocurre mientras la Audiencia Nacional rastrea una trama de 'ingeniería financiera' con contratos amañados por unos 132 millones de euros y una operativa de 'limpieza' para asustar a jueces y fiscales. Entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, la sensación es que la gestión pública se manejó como un grupo de WhatsApp de amigos, donde la seguridad del voto era un detalle secundario frente a la lealtad al jefe.
Hay quien llega a la Moncloa con el maletín lleno de promesas y quien llega con un plano detallado para digitalizar la identidad. Pedro Sánchez no perdió el tiempo: veintiocho días después de instalarse en el palacio, Fernando Grande-Marlaska ejecutó la limpieza necesaria mediante el Real Decreto 726/2018, fulminando a Gregorio Serrano López para resucitar la carrera de Pere Navarro. No era un simple cambio de muebles; era la puesta en marcha de miDGT, una aplicación que nació en 2018 y que, según el informe de 2021 del INAP, se financió con 'recursos propios', una frase que en lenguaje administrativo significa 'no preguntes cuánto costó porque no queremos decirte dónde está el agujero'. Lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental del Ministerio del Interior. Para Tráfico, el código QR es la ley; sin él, el documento es un dibujo. Pero cuando llegó la hora de votar, el Gobierno decidió que el QR era un trámite molesto, casi un capricho. Solicitaron a la Junta Electoral Central que bastara con mostrar la pantalla del móvil, convirtiendo la identificación del votante en algo tan fiable como enseñar una foto de un perro en el móvil para entrar en un club privado. Esta 'ingeniería de la confianza' permitió que en nueve procesos electorales —desde las municipales del 28 de mayo de 2023 hasta las castellanoleonesas del 15 de marzo de 2026— el sistema fuera un colador. Mientras el ciudadano medio suda para que el banco no le bloquee la tarjeta por un gasto sospechoso, el Ejecutivo diseñó un acceso VIP a las urnas sin verificación. Solo cuando El Debate demostró que suplantar a un votante era más fácil que pedir una pizza, la JEC suspendió el uso de miDGT y miDNI el 26 de marzo de 2026. Una coincidencia temporal sospechosamente perfecta para alguien cuyo historial incluye urnas detrás de mamparas y 'rumanos' estratégicos en primarias.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su nómina, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de ayudar es montando un call center de lujo. El resultado es el 047, un teléfono 'gratuito' para el usuario, pero que sale carísimo para el contribuyente. Hagamos cuentas de barrio: el Ministerio de Vivienda, bajo el mando de Isabel Rodríguez, ha soltado 1,7 millones de euros en total. Si dividimos ese sablazo entre las 20.260 consultas registradas hasta agosto, cada duda sobre un contrato o una ayuda le ha costado al Estado más de 85 euros. Una tarifa que haría palidecer a cualquier consultoría de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. A los 1.019.415 euros del servicio base, le sumamos dos subvenciones directas, sin concurso público y con el sello de 'urgencia' del Real Decreto 538/2026: 600.000 euros para el Consejo General de la Abogacía Española y otros 120.000 euros para FACUA-Consumidores en Acción. Lo curioso es que ninguno de los dos aparecía en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027. Magia administrativa. El servicio, operado por MasOrange, presume de una eficiencia técnica envidiable: esperas de cinco segundos y llamadas de 7,5 minutos. Pero mientras el 52% de los usuarios llama desesperados por el alquiler, la realidad golpea en la puerta con un dato demoledor de Gesvalt: el precio de la vivienda ha subido un 10,6% en un año, alcanzando los 2.085 euros por metro cuadrado. Al final, tenemos un teléfono que funciona de maravilla para decirnos que no tenemos dónde vivir, cobrándonos 103 euros por llamada. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, coincide con el ascenso de Pablo Torres Paniagua, exsecretario del CIS y actual pieza clave en el tablero de Óscar López en Madrid.
Hay una diferencia abismal entre 'facilitar' y 'instruir'. En el mundo real, si tu jefe te sugiere que hagas algo para 'no molestar' en la oficina, ya sabes que no es una sugerencia, sino una orden con perfume. El Estado Mayor de la Guardia Civil ha decidido que, para las generales del 29N, lo más cómodo es que sus agentes usen el voto por correo. El General de Brigada Francisco Javier Vélez Alcalde, jefe adjunto de Operaciones, ha firmado una instrucción interna que básicamente pide que el sufragio no interfiera con los servicios esenciales. Traducido al lenguaje de la calle: que no haya huecos en el cuadrante porque alguien quiere ir a su colegio electoral. Lo curioso es que han llegado a crear un manual de instrucciones, el procedimiento 33121 del sistema SIGO, para que nadie se pierda en el camino hacia el buzón. Es una ingeniería organizativa fascinante: mientras la LOREG deja claro que el voto por correo es una opción individual y no una obligación, la cúpula lo convierte en la recomendación general para toda la plantilla, incluso para quienes están fuera de España. No es como en 2019, cuando la AUGC gestionaba compensaciones solo para quienes tenían servicio planificado. Aquello era logística; esto es una directriz general sin precedentes. El contraste es delicioso. Mientras Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González desfilan en Cádiz con la pompa habitual, en los cuarteles se debate si un superior puede 'recomendar' la modalidad de voto. Es como si en tu trabajo te sugirieran que no fueres al médico el lunes para no interrumpir el flujo de caja. Muy eficiente, muy ordenado y terriblemente cuestionable desde el punto de vista jurídico. Al final, parece que la prioridad no es el derecho al voto, sino que la maquinaria no se detenga ni un segundo.
Hay quien usa el paraguas para la lluvia y quien lo usa para tapar un incendio judicial. Pedro Sánchez parece haber decidido que la mejor forma de blindar a Begoña Gómez no es con abogados, sino con una papeleta. La idea, que se cocina a fuego lento entre Moncloa y Ferraz, es meter a la esposa del presidente en las listas del 29 de noviembre. No es vocación política; es ingeniería jurídica para conseguir el aforamiento. Básicamente, intentar que el juzgado ya no sea el de barrio, sino el del 'club VIP' del Tribunal Supremo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, en el Gobierno diseñan un plebiscito personal donde Begoña pasa de ser procesada por tráfico de influencias y malversación a convertirse en la 'víctima del lawfare'. Es el truco más viejo del manual: transformar el banquillo de los acusados en un pedestal electoral. María Jesús Montero, Rebeca Torró y Cristina Narbona figuran en el organigrama, pero el mando a distancia lo tienen Óscar López y Félix Bolaños, este último experto en pelearse con el juez Peinado como quien discute el precio del pescado en el mercado. La jugada huele a déjà vu. Ya lo intentó Miguel Ángel Gallardo con David Sánchez en Extremadura, buscando un aforamiento exprés que terminó en una inhabilitación de 18 años. Un recordatorio incómodo de que intentar saltarse la fila judicial suele acabar en un sablazo legal. Ahora, con Zapatero fuera de combate como revulsivo, Begoña sería el señuelo. El riesgo es que el Tribunal Supremo no sea el refugio acogedor que imaginan, sino un espejo donde la hipocresía se refleja en alta definición. Al final, quieren vender progreso mientras usan las listas electorales como un escudo antifrustración judicial.
Hay una magia muy especial en la administración pública española: la capacidad de reconocer que alguien ha cobrado un sueldo indebido y, acto seguido, decidir que no hay prisa por recuperarlo. David Sánchez, hermano del presidente, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un nombramiento que el juez define como un 'interés particular' sin urgencia ni necesidad. Pero aquí viene el truco de magia financiera. Entre julio de 2017 y mayo de 2025, el señor Sánchez ha percibido 341.000 euros. Para que nos entendamos, es como si un vecino te alquilara el garaje sin contrato, el juez dijera que el trato fue ilegal, pero que tú te quedes con el dinero porque el dueño del edificio se ha olvidado de presentar la factura. La razón es un tecnicismo procesal digno de manual. La responsabilidad civil no la puede pedir la acusación popular, y como la Fiscalía pidió la libre absolución y la Diputación de Badajoz decidió jugar al escondite y no personarse, el dinero se queda, de momento, en el bolsillo del condenando. Una arquitectura legal fascinante donde la inactividad institucional se convierte en el mejor aliado del beneficiario. Jesús Zarzalejos, profesor de CUNEF Universidad, lo ha dejado claro: no reclamar ese dinero es, en sí mismo, una forma de malversación. El reparto de premios no termina ahí. Junto a David, Luis Carrero y otros ocho funcionarios también se llevan nueve años de inhabilitación especial. Miguel Ángel Gallardo tampoco podrá aspirar a cargos electos. Eso sí, el tráfico de influencias se ha escapado por la tangente porque no hay 'pruebas indiciarias' de que alguien diera la orden desde arriba. En resumen: el puesto fue un invento, el dinero fue público, la condena es administrativa, pero la cartera sigue llena. El abogado Emilio Cortés ya prepara el recurso, porque claro, en este cuento nadie quiere aceptar que el guion estaba mal escrito desde 2016.
Hay quien dice que el silencio es oro, pero en Renfe el silencio huele a business class y sushi de primera. Mientras el pasajero medio intenta que el tren no llegue con retraso, Álvaro Fernández Heredia, el jefe de la compañía, decidió que el pasado lunes era un momento fantástico para volar a Japón. No fue solo él; se llevó a su mano derecha, José Alfonso Gálvez, director general de Negocios y Operaciones. El destino: el foro de la IHRA, una organización que, curiosamente, sirve de escaparate para la tecnología japonesa y donde Hitachi —una de las empresas que quiere hincarle el diente al contrato de Renfe— tiene un pie puesto en el consejo gracias a Takuya Yamakawa. Estamos hablando de una licitación que hace temblar cualquier bolsillo: 4.000 millones de euros. Para que nos entendamos, es como si alguien decidiera comprarse una flota de yates mientras el resto de la familia discute por quién paga la última ronda de cañas. El plan, lanzado en marzo de 2026, busca hasta 40 trenes que vuelen a 350 km/h, el sueño húmedo del ministro Óscar Puente para unir Madrid y Barcelona en tiempo récord. El presupuesto inicial es de 1.362 millones, pero el agujero total podría superar los 4.145 millones. Lo descarado no es el viaje, sino el modo 'incógnito'. Renfe borró el rastro en redes y web, como quien esconde la tarjeta de crédito tras una compra impulsiva. Mientras tanto, en los pasillos se habla de 'frivolidad' y de un trato preferente que deja a Siemens mirando desde la barrera. Entre el caos de Rodalies por el temporal en Cataluña y el robo de datos de empleados, Heredia parece haber confundido la gestión pública con una agencia de viajes de lujo. La Ley de Contratos del Sector Público pide transparencia, pero aquí lo único transparente es la intención de hacer lobby con el Shinkansen mientras el resto espera en el andén.
Hay una regla no escrita en los pasillos del poder: cuando el Gobierno tiene que elegir entre salvar el pellejo en las urnas o pelear por el pan de alguien más, el pan siempre queda en segundo plano. Pedro Sánchez ha dejado el campo español en una situación que, en lenguaje de calle, sería como dejar la persiana abierta en plena tormenta y marcharse de vacaciones. Mientras Bruselas diseña el presupuesto para 2028-2034 y la nueva Política Agraria Común (PAC), España se prepara para el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Un timing exquisito. El calendario es una broma de mal gusto. Los líderes de la UE se reúnen el 15 y 16 de octubre para el marco financiero, y los ministros de Agricultura se sientan el 26 y 27 de octubre. ¿El problema? Que justo cuando llega el 23 de noviembre, con los ministros europeos decidiendo cuánto dinero caerá en los bolsillos de los agricultores, aquí estaremos nosotros discutiendo eslóganes electorales. Es como intentar negociar la hipoteca del siglo mientras tu casa se está incendiando y tú estás ocupado eligiendo el color de las cortinas del salón. Unión de Uniones, con Luis Cortés a la cabeza, ha soltado la alerta: el calendario agrario no se pausa por un decreto electoral. El vacío de poder es el mayor miedo. Para diciembre, con reuniones los días 14 y 15 y un Consejo Europeo del 15 al 18, es muy probable que España siga en ese limbo incómodo de 'estamos formando Gobierno'. Mientras tanto, el agricultor sigue esperando que baje el gasóleo y que Bruselas no nos tome por el camino más corto aprovechando que en Madrid nadie tiene tiempo de mirar el mapa europeo.
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Margarita Caballero