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El Consejo de Estado obligó al Gobierno a corregir la Ley ELA debido a excesos en requisitos para pacientes. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, debía rectificar un real decreto que imponía condiciones contradictorias con la ley. El decreto inicial exigía a los enfermos cumplir dos criterios: 'no presentar respuesta clínica significativa a los tratamientos' y 'no existir alternativa terapéutica autorizada'. Sin embargo, el Consejo de Estado dictaminó que solo era necesario cumplir uno de estos criterios. Además, se criticó al Ministerio por 'silenciar el coste' de la ley, afirmando que no tendría impacto presupuestario. El Congreso de los Diputados aprobó un real decreto para dotar a la Ley ELA con 500 millones de euros. La oposición criticó la tardanza del Gobierno, denunciando que 1.128 enfermos de ELA fallecieron sin recibir ayudas. El Partido Popular reprochó al Gobierno por tardar 376 días en financiar la ley.
El Gobierno español ha destinado 300.000 euros a medios de comunicación y abogados en Palestina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). La ayuda se canaliza a través de la ONG Rural Women Development Society (RWDS), que cuenta con 65 miembros y se dedica a acciones informativas y venta de productos como jabones y miel. Esta no es la primera subvención que recibe RWDS, que ha obtenido un total de 770.300 euros desde 2022 para proyectos como 'Planta tu hogar, fortalece tu resiliencia', que consiste en 11 asignaciones familiares de semillas. La ayuda se destina a zonas rurales de Ramalah, Nablús y Yenin para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La fecha de la disposición es el 18 de septiembre de 2025, en plena guerra. El artículo cuestiona la utilidad de la ayuda en un momento de conflicto y la falta de transparencia en la justificación de los fondos. La Aecid ha otorgado otras subvenciones a RWDS por montantes de 250.000 euros, 35.000 euros, 128.800 euros y 56.500 euros en años anteriores. Los proyectos financiados incluyen 'Mejorar el estatus de las mujeres palestinas como titulares de derechos e información' y 'Resiliencia en transformación: recuperación y fortalecimiento de iniciativas empresariales lideradas por mujeres palestinas'.
Sumar y Podemos instan a Sánchez a reaccionar tras la condena del fiscal general Álvaro García Ortíz por revelación de secreto. Proponen reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y cambiar el mecanismo de votación del CGPJ. Podemos sugiere rebajar la mayoría necesaria en el Congreso para nombrar vocales del CGPJ, actualmente en tres quintas partes. El 5 de abril de 2024, Podemos presentó una iniciativa parlamentaria para reducir esta mayoría y el número de jueces nombrados por el Senado. Algunos miembros de Sumar proponen nombrar a Baltasar Garzón como fiscal general. Garzón, jurista español inhabilitado en 2012 por prevaricación, cumplió su condena en 2023 y tiene reconocido prestigio. La coalición también considera manifestaciones populares contra los jueces del Supremo. El fiscal general fue condenado por revelar secretos durante su investigación. Sumar y Podemos califican el fallo de 'golpismo judicial' y 'asesinato civil'. Pablo Iglesias afirmó que la respuesta debe ser reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con los 176 votos necesarios si Sánchez da la orden a sus 120 diputados. Ione Belarra denunció que la sentencia es un ataque de 'la derecha judicial y mediática' para tapar la corrupción de Ayuso.
El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Además, deberá pagar 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de información entre su letrado y el fiscal de delitos económicos. La prensa internacional ha reaccionado a esta noticia, destacando que supone un 'duro golpe para el presidente del Gobierno'. The Guardian titula 'Golpe al presidente español tras la condena del fiscal general en el caso de la filtración'. Le Figaro señala 'España: el fiscal general del Estado condenado a una multa y a la inhabilitación profesional por violación del secreto judicial'. Deutschlandfunk titula 'El fiscal general de España condenado a una multa y a la inhabilitación profesional'. The Telegraph destaca la presunta campaña contra Díaz Ayuso: 'El fiscal general de izquierdas de España, culpable de filtrar información contra el líder conservador de Madrid'. The Washington Post y el Independent siguen una línea similar, enfatizando la rivalidad política en el caso. Clarín titula 'España: el Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación'. García Ortiz también deberá pagar las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular.
El Ayuntamiento de Barcelona invertirá 3 millones de euros en la 'Casa de la Creación Digital en Catalán' (CCDC) para fomentar el uso del catalán en redes sociales entre jóvenes. La iniciativa, impulsada por ERC, se presentará en el primer trimestre de 2026. Actualmente, solo el 9% de los usuarios de redes sociales en Cataluña prioriza el catalán, frente a un 43% que prefiere el español. La CCDC contará con la colaboración de 3Cat, Betevé y Accent Obert, y se ubicará inicialmente en El Convent, para trasladarse posteriormente a los bajos de la Illa Glòries. El alcalde Jaume Collboni considera la CCDC un 'ejercicio de catalanidad' y un 'acto de defensa democrática de la lengua'. La comisionada del catalán, Marta Salicrú, busca garantizar los 'derechos lingüísticos' de los ciudadanos y ha anunciado que revisará los protocolos de inspección a negocios para combatir la 'catalanofobia'. El proyecto también busca 'armar a la población contra las ideas de la ultraderecha'.
La prensa internacional de izquierdas y conservadora destaca la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, rival política de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo impuso a Ortiz 2 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros el 20 de noviembre de 2025. Además, Ortiz deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales. Periódicos como 'The Guardian', 'The Independent', 'The Telegraph', 'The Washington Post' y la agencia 'Associated Press' resaltaron que la acción fue contra una rival política de Sánchez. La decisión del tribunal fue tomada con una votación de 5 a 2. La prensa destacó la gravedad del caso y su impacto en la política española.
La fundación Hay Derecho ha recurrido ante la Audiencia Nacional el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como vocal de la CNMV en septiembre de 2022. La organización cuestiona su idoneidad y alega falta de competencia en el mercado de valores. Bacigalupo fue consejero de la CNMC hasta su cese anticipado en 2022, y posteriormente fue nombrado en la CNMV por cuatro años más. Hay Derecho considera que el nombramiento incumple los requisitos legales y supone un conflicto de intereses, dado que su esposa, Teresa Ribera, era entonces vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, y el nombramiento fue realizado por la ministra de Economía, Nadia Calviño. La fundación ya recurrió el nombramiento en noviembre de 2022, pero fue denegado por falta de legitimación activa. Tras un recurso de casación ante el Supremo, que dio la razón a Hay Derecho en julio de 2023, la Audiencia Nacional deberá ahora analizar el fondo del asunto. La demanda solicita la anulación del nombramiento y la imposición de costas a la Administración. La secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, argumenta que Bacigalupo no tiene experiencia ni formación en el sector del mercado de valores, y que su nombramiento ejemplifica la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La fundación destaca que el expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo y no incluye el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto. Hay Derecho ha logrado previamente que el Supremo anule otros nombramientos polémicos, como el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado en noviembre de 2023.
El presidente Pedro Sánchez envió al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a Ceuta el 7 de noviembre de 2021, dos semanas antes de rectificar los pliegos de la licitación para la ampliación del puerto de Ceuta. La obra, adjudicada a Acciona en febrero de 2022 por 18.6 millones de euros (IVA incluido), sufrió un sobrecoste de 5.4 millones de euros aprobado en junio de 2024. La licitación inicial se publicó el 30 de marzo de 2021 y fue adjudicada a Acciona pese a no ser la oferta más económica. El contrato sufrió varias incidencias administrativas, incluyendo la anulación de la licitación en mayo de 2021 y la posterior rectificación de los pliegos el 23 de noviembre de 2021. La obra fue inaugurada el jueves siguiente a la redacción de la noticia. Cerdán, como número tres del PSOE, mostró su apoyo a los militantes de Ceuta y destacó la preocupación del Comité Federal por la situación con Marruecos. La UCO investiga la relación entre Cerdán y Acciona.
El Gobierno adjudicó a Acciona en febrero de 2022 la ampliación y mejora del Puerto de Ceuta por 18.171.317,12 euros. La obra sufrió un sobrecoste de 5.442.408,88 euros, elevando el coste total a 23.613.686,72 euros. El proyecto inicial tenía un plazo de ejecución de 24 meses, pero se amplió 11 meses más debido a 'actuaciones adicionales' y 'circunstancias sobrevenidas e imprevisibles'. La obra comenzó dentro de los márgenes habituales, pero en verano de 2023 se planteó la necesidad de un modificado de obra. En marzo de 2024, Ineco redactó el proyecto modificado. El Consejo de Ministros aprobó el modificado el 11 de junio de 2024. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró la obra el 20 de noviembre de 2025, un año y siete meses después de la fecha prevista inicialmente. La obra está cofinanciada con fondos europeos Feder, que exigen trazabilidad estricta de todas las desviaciones de coste y plazo. La adjudicación a Acciona se decidió por criterios técnicos, pese a que Vías y Construcciones presentó la oferta económica más baja. El pliego de prescripciones técnicas particulares no está disponible en la Plataforma de Contratación, lo que impide revisar la justificación de la adjudicación. La investigación de la Guardia Civil sobre la relación entre Santos Cerdán y Acciona coincide temporalmente con la tramitación de esta obra.
El PSOE enfrenta una crisis interna tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes gubernamentales califican el hecho de «golpe de Estado judicial» y «convulsión máxima». El presidente Pedro Sánchez expresó su «firme deseo de neutralizar esa amenaza y defender la soberanía popular». El ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó que «tenemos el deber legal de respetar el fallo pero el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos». La condena ha generado un estado de «shock» en el Gobierno y el partido. En chats internos de militantes se promovieron manifestaciones contra el Tribunal Supremo con mensajes como «Una concentración frente al CGPJ. Hay que salir, si seguimos callados nos seguirá pasando». La estrategia gubernamental de ligar el futuro de Álvaro García Ortiz al del Gobierno recibe críticas internas. El ciclo electoral en Extremadura comenzará en pocas semanas y podría extenderse hasta el verano. La cúpula de Moncloa y Ferraz prepara una nueva ofensiva contra el Poder Judicial y los medios de comunicación, similar a la iniciada en mayo de 2024 tras la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
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Pilar Castro