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El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el indulto a Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, dos ultraizquierdistas conocidos como 'Los 6 de Zaragoza', condenados por disturbios durante un mitin de Vox en Zaragoza en enero de 2019. Fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos. Inicialmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza les impuso 6 años de prisión, pero el Tribunal Supremo finalmente redujo la condena a 4 años y 9 meses. La decisión de indultarlos fue influenciada por la recolecta de más de 10.000 firmas por la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Con este indulto, Aijón y Latorre quedan liberados, mientras que los otros condenados mantienen sus penas reducidas. Los dos menores implicados ya cumplieron sus medidas de libertad vigilada y multa.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido enviar al banquillo de los acusados a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Esto se relaciona con la plaza creada en la Diputación de Badajoz en 2017 que fue adjudicada a Sánchez. También se abre juicio contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados. La decisión se tomó después de desestimar el recurso de apelación presentado por David Sánchez. El tribunal considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal. David Sánchez deberá afrontar el juicio oral por la presunta creación irregular de puestos de trabajo en la Diputación de Badajoz entre 2017 y 2023. Los magistrados sostienen que el puesto de coordinador de actividades entre conservatorios fue creado 'a medida' para él sin responder a una necesidad real. La investigación inició en junio de 2024 y se transformó en procedimiento abreviado el 28 de abril. La Fiscalía pidió archivar el procedimiento, pero la acusación popular solicitó tres años de cárcel para los 11 investigados.
El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás y las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, cruzando la frontera con Gaza y lanzando miles de cohetes. Los ataques mataron a más de 1.200 personas, incluidos hombres, mujeres y niños, y dejaron cientos de heridos y 251 rehenes. La respuesta de Israel ha sido una ofensiva que ha durado hasta la fecha, causando decenas de miles de muertos y desplazados en Gaza. El gobierno de Benjamin Netanyahu exige la devolución de todos los rehenes para frenar las hostilidades, pero busca aprovechar la guerra para eliminar a Hamás de Gaza. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación, con algunos países como Alemania y la UE pidiendo una solución pacífica y la creación de un Estado palestino. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha apoyado la causa palestina, aunque ha sido criticado por manipular la tragedia para obtener ventajas políticas. La guerra ha causado un dolor brutal y una desesperación infinita para cientos de miles de personas en Gaza.
El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, anunció que no apoyará la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para delegar competencias migratorias a Cataluña, considerándola 'racista'. Ibáñez explicó que su partido considera la proposición constitucional, pero no votará a favor debido a su contenido, que ve como una 'batalla cultural' promovida por la 'extrema derecha y el nacional-catolicismo'. La propuesta ya estaba en dificultades con el rechazo de PP, Vox y Podemos. Ibáñez criticó el preámbulo de la ley por describir la inmigración como 'mano de obra' y hablar de 'problemas de cohesión social', considerándolo racista. También destacó que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son 'cárceles ilegales'. A pesar de la división, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, restó importancia al voto, afirmando que ya esperaban que la propuesta no saliera adelante. La diputada de Compromís, Àgueda Micó, votará a favor, apoyando el autogobierno de las autonomías.
El Ministerio de Transición Ecológica ha ocultado la nueva capacidad eléctrica para Cataluña tras una reunión con la Generalitat y Red Eléctrica. Se presentaron propuestas similares a las del País Vasco, que obtuvo 4,8 gigavatios (17% del total). Hay 27,7 gigavatios en juego hasta 2030. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, está llevando a cabo una ronda de contactos con regiones. La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, calificó la reunión con el ministerio de 'decepcionante'. Cataluña cuenta con 378 subestaciones, 300 con cero capacidad disponible y 78 con 1.306,4 megavatios disponibles. La consejera catalana Silvia Paneque aseguró la conexión eléctrica para proyectos como la petroquímica de Tarragona y desalinizadoras.
El Tribunal Constitucional inadmitió la demanda de amparo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, investigado en el caso Koldo. La corte de garantías consideró que el asunto no reviste especial trascendencia constitucional. Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio. Su defensa, liderada por Benet Salellas, agotó la vía nacional, lo que permite elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El abogado ya usó esta estrategia con Jordi Cuixart en el procés. La defensa considera que el Supremo vulneró el derecho a la libertad y presunción de inocencia de Cerdán. El TEDH podría recibir la queja en los próximos cuatro meses. La estrategia de defensa se centra en buscar justicia fuera de España, en tribunales considerados no politizados.
La Audiencia de Badajoz ha decidido enviar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación y tráfico de influencias. También serán juzgados el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el antiguo asesor de Moncloa Luis Carrero. La acusación pide tres años de cárcel para ellos por la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. La decisión es firme y no admite recurso, por lo que solo falta señalar la fecha de la vista, que se celebrará previsiblemente antes de que finalice el año. La instrucción fue realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, quien concluyó que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a David Sánchez y a otros diez acusados. La Fiscalía pedía archivar la causa por sustentarse en «conjeturas».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido a José Luis Rodríguez Zapatero la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción para un jurista en España. Esta decisión ha generado controversia debido a que Zapatero no es conocido por sus publicaciones jurídicas ni tiene un gran currículo como abogado. Los méritos alegados por el Gobierno para otorgarle esta distinción incluyen su papel en la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, su visión económica e histórica, y la Alianza de Civilizaciones. Sin embargo, el currículum de Zapatero utilizado por el ministro Félix Bolaños para justificar la condecoración ha sido cuestionado, ya que incluye logros polémicos como la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Dependencia, que algunos consideran perjudiciales para la economía española. Además, se critica que Zapatero no tiene obra doctrinal ni ha ejercido como abogado de relevancia. La concesión de esta medalla ha sido vista como una contrapartida por los servicios prestados por Zapatero al actual Gobierno, especialmente en momentos de crisis política. El acto de entrega de la condecoración, celebrado el 23 de junio de 2025, costó 36.000 euros, y otro homenaje posterior, el 27 de junio, implicó un desembolso de 41.994,02 euros. La Fundación Hay Derecho ha criticado duramente esta decisión, considerándola una 'provocación' y una 'farsa institucional'.
El Partido Popular (PP) ha solicitado al juez Arturo Zamarriego que investigue al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías por presuntamente financiar a Leire Díez, exmilitante socialista, a través de su empresa Zaño Sociedad Consultora. Según el PP, Díez fue contratada por esta consultora entre junio y octubre de 2024, mientras realizaba actividades presuntamente delictivas, como ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía. El PP argumenta que existe una 'evidente coincidencia temporal' entre la contratación de Díez y las conductas delictivas que se le atribuyen. También piden que se recabe la vida laboral de Díez, se registre el domicilio social de la empresa y se obtengan correos electrónicos. Además, solicitan que declare como testigo el empresario José Ruz, imputado en el 'caso Koldo', por un supuesto pago de 36.000 euros a la consultora en 2022.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, enfrenta críticas tras revelarse que las pulseras antimaltrato, destinadas a proteger a mujeres maltratadas, han fallado. A pesar de asegurar que 'han funcionado en todo momento y seguirán funcionando', un fiscal especializado en violencia machista denunció que hubo múltiples alertas sobre los fallos del sistema, similar a lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí'. El PP ha pedido la reprobación de Redondo, acusándola de incompetencia y de poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas. Mientras, el presidente Pedro Sánchez participa en eventos feministas en Nueva York, pero la imagen de Redondo ha eclipsado su agenda. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido una investigación sobre el funcionamiento de las pulseras. El PSOE intenta contrarrestar la polémica con jornadas de Igualdad y anuncios de leyes, pero enfrenta críticas incluso del diario El País por su opacidad informativa.
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Pilar Castro