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Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que ciertos políticos gestionan sus crisis: cuando el agua llega al cuello, el billete de avión es el mejor salvavidas. Mounir Laymouri, el alcalde de Tánger y pieza clave del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ha descubierto que España es el refugio ideal cuando en casa las cosas se ponen feas. El detonante no fue una crisis geopolítica, sino algo tan cutre como una bolsa de documentos sospechosos encontrada en la mesa electoral número 84, en la escuela Al Qods del barrio de Casabarata. Básicamente, alguien olvidó cerrar bien la maleta de los trucos electorales y el vídeo de la detención se volvió viral, convirtiendo la red social en el fiscal más eficiente de Marruecos. Mientras cinco personas ya están pasando el rato en el calabozo, la Policía Judicial fue a buscar a Laymouri para un careo que prometía ser digno de una telenovela. Pero el alcalde, que además coordinaba la campaña electoral, aplicó la técnica del 'desvanecimiento estratégico'. El jueves por la noche, justo cuando la Fiscalía de Tánger empezaba a calentar los motores judiciales, el dirigente decidió que el clima español era mucho más propicio para reflexionar sobre la democracia. Es la clásica ingeniería de supervivencia: mientras el Ministerio Público habla de 'medidas legales correspondientes' y 'pesquisas abiertas', el responsable de la campaña disfruta de la distancia. Pasar de gestionar una ciudad a ser el objetivo de una orden de búsqueda nacional es un salto profesional vertiginoso, pero Laymouri lo ha hecho con la naturalidad de quien sale a comprar el pan, solo que en este caso, el pan se compra en otro país para evitar que te pongan las esposas.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la batuta de José Manuel Albares, juega a la filantropía con el dinero ajeno. Estamos hablando de una arquitectura financiera donde la transparencia es un concepto abstracto, casi mitológico. El caso estrella es Community Family Services International, INC., una ONG filipina que ha sabido navegar los vientos del poder con una soltura envidiable, embolsándose más de cuatro millones de euros de los contribuyentes españoles. El desglose es una oda al optimismo presupuestario. Empezamos en 2019 con un millón de euros para servicios básicos en Mindanao; resultados: silencio administrativo. Saltamos a 2022 con el 'Camps of learning project' y otros 600.000 euros que se evaporaron en el éter de la gestión. Pero la generosidad no tiene techo: para 2025 ya hay reservados dos millones para el 'Communities for learning and employment project' y, como si fuera un regalo de Navidad anticipado, otros 500.000 euros para septiembre de 2026 destinados al 'Youth moving up project'. Lo verdaderamente fascinante no es solo que el Tribunal de Cuentas y la Airef se pierdan en el laberinto de la trazabilidad de los 4.500 millones anuales de cooperación, sino la ingratitud del beneficiario. En la web de la ONG, el Banco Mundial y Australia son los protagonistas del cuadro de honor. España, que ha soltado el dinero sin pestañear, ni siquiera merece una mención en los agradecimientos. Es la definición perfecta de la diplomacia actual: pagar la fiesta completa y que ni siquiera te inviten a sentarte en la mesa. Un sablazo con guante blanco que deja al contribuyente como el tonto útil de la geopolítica.
Hay gestos que son como comprarse un coche eléctrico para ir a una manifestación contra el precio de la luz: quedan muy bien en la foto, pero el motor sigue siendo el mismo. El pasado sábado 26 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo de las Lenguas, José Manuel Albares decidió que la diplomacia de despacho se quedaba corta y se lanzó a las redes sociales con un despliegue políglota que haría palidecer a cualquier traductor de aeropuerto. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se marcó un triple lingüístico, saltando del vasco al gallego y al catalán con la soltura de quien sabe que el algoritmo premia el postureo institucional. En vascuence, Albares empezó soltando que «celebramos nuestra diversidad», mientras que en gallego aseguró que estas lenguas son «cultura y futuro europeo» y que deben ser oficiales en la Unión Europea. Para cerrar el círculo, el catalán sirvió para prometer que el Ministerio trabajará «sin descanso» hasta lograr la oficialidad plena. Es una estrategia curiosa: pedirle a Bruselas que acepte tres idiomas más en el menú oficial mientras el ciudadano de a pie lucha por entender la letra pequeña de su contrato de alquiler o el sablazo de la última factura del gas. La paradoja es deliciosa. Mientras en castellano sentenciaba que «no pararemos hasta que la voz de toda nuestra ciudadanía resuene con plenos derechos», el vídeo se sentía más como un ejercicio de marketing electoral que como una hoja de ruta diplomática. Porque pedir la oficialidad en la UE es como intentar meter un sofá tres plazas en un ascensor pequeño; es posible, pero requiere más que un vídeo viral y ganas de quedar bien. Al final, Albares ha vuelto a repetir en los tres idiomas que «serán oficiales», convirtiendo la geopolítica en un clip de TikTok con tintes románticos.
Lérida ha decidido que la libertad de vestuario tiene un precio, y es un sablazo considerable. El Ayuntamiento, bajo el mando de Fèlix Larrosa, ha lanzado una nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia que prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos. Traducido al lenguaje de la calle: si decides llevar burka o nicab, prepárate para que el Ayuntamiento te pase factura con multas que oscilan entre los 400 y los 750 euros. Es, básicamente, convertir el derecho a la invisibilidad en un lujo que cuesta más que una compra mensual de supermercado para una familia numerosa. Lo fascinante es la ingeniería jurídica. Como el Tribunal Supremo ya les dio un sopapo en 2013 anulando una norma similar de 2010, el PSC y Junts han jugado al juego de las palabras. No mencionan la religión ni el velo; hablan de 'indumentaria que impida mostrar el rostro'. Es el clásico truco de 'no es lo que parece' para intentar esquivar al juez. El artículo 12 se envuelve en una bandera feminista, alegando que buscan evitar que la mujer 'desaparezca', aunque el acuerdo político huela más a conveniencia que a sororidad, habiendo necesitado que Junts aceptara 31 de sus 55 enmiendas para que el texto viera la luz. Mientras tanto, el consistorio despliega un 'Plan de Intervención Socioeducativo', que en cristiano significa dar charlas para explicar que el Corán no obliga a cubrirse. Todo esto ocurre en un escenario donde ERC, PP y Comuns votaron en contra inicialmente, pero donde el pragmatismo electoral terminó imponiéndose. Al final, la ordenanza es un catálogo de prohibiciones que llega hasta los 3.000 euros por faltas graves, incluyendo el veto a ir desnudo. Lérida quiere ser una 'sociedad libre', siempre y cuando tu rostro sea visible y tu cartera esté dispuesta a pagar el peaje del civismo.
Giorgia Meloni ha decidido que la integración no es una sugerencia, sino una factura que hay que pagar. El gobierno italiano acaba de aprobar una medida que suena a surrealismo puro: multar con hasta 1.000 euros a los padres extranjeros que no aprendan el idioma local. Básicamente, si no dominas el arte de gesticular y conjugar verbos mientras pides un espresso, el Estado te pasará la cuenta. Para una familia inmigrante, 1.000 euros no son una simple sanción administrativa; es el presupuesto de un trimestre en alquiler o la diferencia entre comer carne una vez a la semana o vivir a base de pasta blanca. Es un sablazo directo al bolsillo que convierte la gramática en un impuesto al origen. Mientras el mundo se pelea con la inteligencia artificial, en Roma han decidido que la mejor forma de fomentar el amor por la cultura es mediante la amenaza financiera. La paradoja es deliciosa. Se pretende 'integrar' a la fuerza, usando el miedo al agujero contable familiar como motor educativo. Es como intentar que alguien quiera a tu familia obligándole a pagar una multa si no recuerda el cumpleaños de la tía abuela. Meloni no busca alumnos, busca recaudar mediante la presión social. Al final, el mensaje es claro: bienvenido a Italia, aprende el idioma rápido o prepárate para que el Gobierno te quite el dinero de la compra. Una política de 'integración' que tiene más de castigo escolar que de acogida humanitaria, donde el diccionario se convierte en un escudo contra la quiebra personal.
Hay quien guarda los recuerdos en un álbum de fotos y quien, como José Luis Rodríguez Zapatero, prefiere el acero reforzado. El registro del 19 de mayo en su despacho de Ferraz 35 reveló un tesoro privado que ha dejado a más de uno rascándose la cabeza. Lo curioso no son las joyas en sí, sino el 'timing'. Resulta que la caja fuerte se instaló en 2020, justo cuando el expresidente tenía una agenda en Caracas que haría palidecer a cualquier agente de turismo. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco, en los despachos de Ferraz se coordinaban escalas estratégicas. El 5 de enero de 2020 Zapatero aterrizaba en Venezuela, y el 7 de febrero se sentaba con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. En medio, el 'Delcygate': una escala en Madrid la noche del 19 al 20 de enero donde una furgoneta de la Embajada venezolana recogía maletas con una eficiencia envidiable. El entorno del exmandatario empezó diciendo que eran herencias y regalos de viajes; luego, el guion cambió y apareció un obsequio de Arabia Saudí de 2007. El problema es que el mueble donde guardaba el 'recuerdo' llegó trece años después. A esto sumémosle la ingeniería financiera de Víctor de Aldama, que movía 104 barras de oro valoradas en 68 millones de dólares entre Moscú y Caracas, y los 250 millones en cupos de petróleo de PDVSA. Para rematar el cuadro, tenemos a Duro Felguera intentando cobrar una deuda de 200 millones de euros mediante la consultora Acento de José Blanco. Entre minas de oro mencionadas por Piedad Córdoba y agendas secretas, la coincidencia temporal es tan exacta que parece diseñada con regla y compás. No hay sentencia, pero el aroma a fragancia exótica es insoportable.
Hay quien dice que la discreción es una virtud; en la Policía Nacional, parece que es la herramienta perfecta para esconder el 'amiguismo'. Resulta que, justo antes de celebrar el patrón de los Ángeles Custodios el próximo 2 de octubre en Valencia, ha surgido una oferta irresistible: 'tapar' los nombres de los condecorados ajenos al Cuerpo. Un correo enviado entre el miércoles 16 y el jueves 17 sugiere que, si alguien no quiere que su nombre aparezca en la Orden General, puede pedir el anonimato. Oficialmente, es por 'seguridad'. Extraoficialmente, huele a intentar evitar que el público se pregunte qué hacía el primo de un mando en la lista de medallas blancas sin haber movido un dedo por la institución. El contraste es sangrante. Mientras el agente de a pie lucha con una ley de 1964 que parece redactada en piedra, el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha convertido el reparto de insignias en un deporte de riesgo judicial. No hablamos de simples trofeos para la vitrina. Las cruces rojas suponen un sablazo positivo del 10% en el sueldo vitalicio, incluyendo la jubilación. Es como si te regalaran un bono de compra mensual para toda la vida por un mérito que, a veces, la Justicia no encuentra por ningún lado. La Audiencia Nacional ya ha pasado la escoba: en mayo de 2024 anuló 56 condecoraciones de 2022 (7 de plata y 49 cruces rojas) por falta de justificación. Poco después, volaron otras 6 medallas de plata de 2023 otorgadas a comisarios jubilados. Al final, el miedo al juez ha logrado lo que los sindicatos no pudieron en años: que este año no haya medallas de plata para jubilados. Menos ingeniería financiera y más transparencia, aunque sea tarde.
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que algunos políticos gestionan sus crisis: cuando el agua llega al cuello, el avión (o el barco) es la mejor medicina. Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger, ha aplicado el manual del 'desaparecido estratégico'. Mientras en Marruecos la policía buscaba respuestas, él presumiblemente buscaba la tranquilidad de España, aprovechando que tiene residencia allí. Un detalle curioso: no huyó por un capricho, sino justo después de que la justicia le pidiera dar la cara este viernes. El lío empezó en la escuela Al Quds, donde alguien tuvo la brillante idea de pasear con una maleta llena de miles de papeletas ya marcadas. Un 'kit de supervivencia electoral' para el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la formación ganadora a nivel nacional, pero que en Tánger-Asilah se pegó un batacazo monumental. El Partido Justicia y Desarrollo (PJD) barrió con 25.886 votos (31,49%), dejando al PAM de Lymouri con unos modestos 13.687 sufragios (16,65%). Una diferencia de más de 12.000 votos que, al parecer, alguien intentó compensar con maletas sospechosas. Lymouri no era un simple espectador; era el director de campaña del PAM en la ciudad. Ahora, mientras la Fiscalía suma detenidos —entre tres, cuatro y cinco personas, según quién cuente los arrestos—, el alcalde ha optado por el 'viaje médico' imprevisto. Es la excusa clásica: el dolor de muelas o la revisión cardíaca que convenientemente coincide con una orden de búsqueda nacional e internacional. Al final, la ingeniería financiera de los votos es como una mala factura de la luz: tarde o temprano, alguien tiene que pagar el sablazo, y Lymouri parece haber decidido que el pago no lo hará desde su despacho municipal.
En el tablero político español, hay gestos que son como comprarse una corbata de seda para ir a un funeral: quedan muy bien en la foto, pero no resucitan al muerto. Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para crear un 'corredor humanitario' que saque de Gaza a los estudiantes con plaza en universidades españolas. Suena noble, casi poético. El problema es que, mientras el discurso vuela, la burocracia camina con botas de plomo. La paradoja es exquisita. Tenemos a jóvenes con becas y plazas confirmadas en instituciones como la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad Pompeu Fabra, pero atrapados en un limbo administrativo que hace que esperar el autobús un lunes por la mañana parezca un trámite ágil. Según la red Gaza 40+ España, hay al menos seis estudiantes en este vacío legal; algunos entregaron sus papeles en noviembre de 2025 y hoy siguen sin saber si su visado es un 'sí', un 'no' o un 'quizás' perdido en un cajón consular. Los números no mienten, aunque a veces se escondan. España ha evacuado a solo 19 estudiantes académicos en diez meses, mientras unos 50 siguen esperando que alguien pulse el botón de 'enviar' en su expediente. Sumar denuncia un 'patrón de opacidad' y saca a relucir la comparación que más duele: Ucrania. Para los ucranianos hubo alfombra roja y visados exprés; para los gazatíes, parece que el Consulado General de España en Jerusalén ha decidido aplicar la técnica del silencio administrativo. Pedir ahora un mecanismo 'calendarizado' y coordinar el tránsito con Israel y Egipto es, en lenguaje de calle, intentar arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada. La hipocresía reside en que el respaldo institucional existe, el dinero de las becas está ahí, pero el pasaporte sigue siendo un muro más alto que el de Gaza.
Hay quien dice que la transparencia es la base de la democracia, pero en el Ministerio del Interior parece que la transparencia es más bien un accesorio opcional, como el aire acondicionado en un coche barato. Resulta que la Dirección de Organización y Transformación Digital de la Policía Nacional ha tenido la brillante idea de enviar un correo electrónico el pasado 16 de septiembre ofreciendo a los condecorados la posibilidad de 'no aparecer' en la Orden General. Básicamente, es el botón de 'modo incógnito' aplicado a las medallas del Estado. Una jugada maestra para que el amiguismo no deje huella digital. El despliegue de generosidad es conmovedor. Para el patrón de la Policía Nacional, que se celebrará en Valencia el 2 de octubre, se ha batido un récord de 'medallas blancas' para gente que no es policía. Hablamos de 651 condecoraciones frente a las 641 de 2025. Es como si el Ministerio estuviera repartiendo caramelos en un cumpleaños, pero con el presupuesto público y sin decir exactamente por qué se premia a tantos jueces, fiscales y funcionarios. El motivo es un secreto de Estado; la afinidad, en cambio, es un libro abierto. Y mientras el agente de a pie mira desde la barrera, Interior sigue insistiendo en las medallas de plata pensionadas para comisarios jubilados. Es una batalla legal que parece un partido de tenis infinito entre el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y los tribunales. Aunque la Audiencia Nacional ya avaló las medallas de 2023 y 2024, y el Tribunal Supremo ya ratificó una resolución, el Ministerio quiere una segunda sentencia del alto tribunal para blindar la jurisprudencia. Porque claro, no basta con ganar; hay que asegurarse de que nadie pueda volver a preguntar por qué se premia la jubilación con dinero público mientras la transparencia se oculta en un correo electrónico.
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Xavier Domínguez