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Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. El PSOE ha decidido llevar este arte a Bruselas con una enmienda a la Ley de Aceleración Industrial que es, básicamente, un pase VIP para que Marruecos acceda a ayudas europeas como si fuera un vecino de comunidad con cuota al día. Doce diputados socialistas, entre ellos figuras como Nicolás González Casares, Leire Pajín y Juan Fernando López Aguilar, han firmado una propuesta para conceder el 'trato más favorable' a terceros países con acuerdos comerciales. En cristiano: quieren que un componente industrial fabricado en el reino alauí sea visto con el mismo cariño que uno hecho en Albacete a la hora de repartir el dinero público. Mientras el ciudadano medio ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, en el Parlamento Europeo se debate si equiparar la industria marroquí a la de la UE, el Reino Unido o la Asociación Europea de Libre Comercio. El PP, que no se ha tragado el cuento, advierte que esto es saltarse la fila sin pasar por la evaluación de reciprocidad. Es una ingeniería financiera curiosa: por un lado, tenemos el recuerdo fresco de los 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre el 30 y 31 de julio, una avalancha que Pedro Sánchez calificó en La Sexta como una gestión 'inteligente' por parte de Rabat. Por otro, el PSOE intenta que Marruecos se siente a la mesa de los beneficios industriales. La paradoja es deliciosa. Mientras las embarcaciones marroquíes hacían incursiones en aguas españolas, en Bruselas se redactaban artículos para 'preservar las cadenas de valor estratégicas'. Al final, parece que la estrategia consiste en abrir el grifo de las ayudas mientras el vecino decide cuándo y cómo abrir la frontera. Una generosidad que, curiosamente, nunca se aplica con la misma flexibilidad hacia el bolsillo del contribuyente español.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado para que no le salga el presupuesto en rojo, en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se manejan los números con la soltura de quien juega con dinero ajeno. Félix Bolaños ha decidido que la web de La Moncloa y los papeles de la Secretaría de Estado de Comunicación necesitan un barniz de plurinacionalidad que cuesta, exactamente, 347.243,86 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien. Casi 350.000 euros para que los contenidos digitales hablen catalán, euskera, gallego y valenciano. El despliegue de ingeniería financiera, formalizado el 9 de octubre en el BOE, es una joya del optimismo presupuestario. Roberto Martínez Orío, el subdirector general de Gestión Económica, ha firmado un contrato con la empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A. que tiene una estructura curiosa: el gasto real empieza con un 'aperitivo' de 57.873,98 euros para el primer año (2026) y luego se lanza el plato fuerte en 2027 con un sablazo de 289.369,88 euros. Lo más fascinante es el contrato de confidencialidad. La empresa debe guardar un silencio sepulcral sobre los datos que maneje, como si traducir una página web institucional fuera una operación de inteligencia del MI6 y no un trámite administrativo pagado con el IVA del contribuyente (esos 60.265,46 euros que se van directos al fisco). Al final, la Administración se reserva el derecho de no pagar si el resultado no es 'satisfactorio'. Una cláusula muy humana: yo te encargo el trabajo, te prometo el dinero, pero si no me gusta el tono del adjetivo en gallego, puede que te quedes con las ganas. Así se gestiona el lenguaje del poder: caro, lento y con el bolsillo del vecino abierto de par en par.
Hay gente que gestiona su agenda con Google Calendar y hay políticos que planifican la entrega de ciudades ajenas como quien elige el momento exacto para lanzar una oferta de Black Friday. Nabila Mounib, diputada del Partido Socialista Unificado, ha salido al ruedo con una soltura pasmosa para decir que Marruecos ya sabe cuándo abrir el debate para 'recuperar' Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Eso sí, con 'inteligencia', porque aunque quieran el terreno, no están para guerras destructivas; básicamente, quieren el coche pero sin pagar el seguro ni romper el parabrisas. La chispa de esta última rabieta ha sido la visita de Felipe VI y la reina Letizia a las ciudades autónomas, un viaje que la Alianza Izquierda (esa mezcla de Federación Democrática Izquierda y el Partido Socialista Unificado) ha calificado de 'paso provocador'. Para ellos, que el Rey pise suelo español en Ceuta y Melilla es como si un vecino entrara en tu jardín a podar las plantas: una 'falsa legitimidad' de una supuesta ocupación. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando condicionan la cooperación con la Unión Europea y España al reconocimiento de sus pretensiones, usando la diplomacia como quien chantajea al tendero para que le baje el precio del pan. Para cerrar el círculo del surrealismo, Mounib no se queda en la geografía y se lanza al terreno de las teorías conspirativas. En agosto, ya apuntaba con el dedo a George Soros, sugiriendo que el multimillonario estadounidense pulsa botones invisibles para provocar disturbios y usar a los 'oprimidos'. Todo esto envuelto en el viejo sueño del 'Gran Marruecos', ese mapa aspiracional que no se conforma con el Sáhara Occidental, sino que quiere engullir Canarias, Mauritania y trozos de Malí. Un banquete territorial donde España, según ellos, es solo el plato principal esperando el momento adecuado para ser servido.
Gestionar la soberanía nacional parece haberse convertido, para el Ejecutivo, en algo parecido a organizar una cena de empresa: cada uno cuenta la historia a su manera y nadie se pone de acuerdo en quién pagó la cuenta. El 30 y 31 de julio, mientras más de 70.000 inmigrantes cruzaban el paso del Tarajal en una crisis que habría hecho temblar a cualquier Estado, la Marina Real marroquí decidió que las aguas de Ceuta eran un parque temático. Una fragata y varias patrulleras navegaron por territorio español sin pedir permiso, jugando al 'está prohibido' hasta casi chocar con nuestros buques. Lo fascinante no es el susto naval, sino la gimnasia mental del Gobierno para explicarlo dos meses después, cuando El País soltó la bomba el lunes. Pedro Sánchez, desde la comodidad de Bruselas, nos vende que fue un "hecho puntual" resuelto con una "interlocución fluida". Traducción: un desliz que arreglamos con una llamada. Pero si bajamos al barro, la orquesta desafina. Elma Saiz repite el mantra del "hecho puntual", mientras Félix Bolaños intenta hacer un malabarismo lógico asegurando que la incursión y la entrada masiva de personas no tienen nada que ver, aunque ocurrieran exactamente al mismo tiempo. Como si el hecho de que se te queme la cocina mientras el salón se inunda fuera una coincidencia cósmica. Para rematar el cuadro, David de la Encina, delegado en Ceuta, lo simplifica aún más: era un "patrutullaje de rutina". Claro, porque entrar en aguas ajenas sin permiso es ahora el equivalente a salir a comprar el pan. Entre la "transparencia absoluta" que presume Sánchez y el secretismo de "seguridad nacional" que blinda Bolaños, queda un vacío legal y moral del tamaño de una fragata. Mientras Alberto Núñez Feijóo ya prepara el expediente para el 29 de noviembre, el Gobierno sigue intentando que creamos que el caos fue, en realidad, una coreografía coordinada.
Hay coincidencias que no son casualidad, sino guiones mal escritos. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, la Armada española decidió que era el momento ideal para hacerse con un 'ojo en el cielo'. El 8 de julio, justo veintidós días antes de que unos buques militares marroquíes decidieran que las aguas españolas próximas a Ceuta eran un parque de atracciones, el Gobierno formalizó un contrato de 217.500 euros con Hisdesat Servicios Estratégicos. Un sablazo que, en términos de presupuesto estatal, es calderilla, pero que en términos de timing es una obra maestra del suspense. La jugada fue rápida: procedimiento negociado sin publicidad. Traducción: 'no queremos que nadie pregunte'. El objetivo era alimentar el SIVICEMAR, el sistema de vigilancia que gestiona el COVAM en Cartagena, usando datos AIS para saber quién navega, hacia dónde va y a qué velocidad, especialmente cuando las estaciones terrestres se quedan cortas. Todo muy profesional, hasta que llegamos al 30 y 31 de julio. En medio de una crisis migratoria asfixiante, los barcos marroquíes entraron en nuestro patio. Pedro Sánchez, el pasado 12 de octubre, calificó aquellas jornadas de «muy intensas», una expresión que suena a café frío y llamadas nerviosas entre armadas para evitar que el incidente escalara. Para rematar la escena, España envió el buque Rayo el 3 de agosto, seguido por la fragata Santa María y luego la Navarra. Mientras el delegado David de la Encina intentaba vendernos que las patrulleras marroquíes solo estaban 'paseando' en labores habituales, el Gobierno ya había pagado la suscripción premium al rastreo satelital. No hay pruebas de que el contrato fuera una respuesta profética, pero la cronología es tan sospechosa que parece diseñada por un becario de inteligencia.
Hay una coreografía muy conocida en la política española: el baile del 'yo lo haría mejor'. Alberto Núñez Feijóo ha decidido ponerse el traje de Almirante y, desde Huesca el pasado 13 de octubre de 2026, ha lanzado un manual de instrucciones para que Pedro Sánchez deje de hacer el vago con la soberanía. El menú es ambicioso: desplegar la Armada, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas al embajador en Rabat. Básicamente, quiere pasar de la diplomacia del susurro al ruido de motores navales. La razón es que el mapa de Ceuta se ha convertido en un patio de recreo para Rabat. Mientras nosotros peleamos por el precio del aceite, Marruecos juega al 'pilla-pilla' con nuestras fronteras. El País ya nos había avisado de que el 30 de julio, justo cuando se montaba el asalto masivo por tierra, buques militares marroquíes se dieron un paseo por aguas españolas. Pero no se quedaron ahí. El 7 de septiembre, la fragata Sultan Moulay Ismail se plantó a solo 15 kilómetros de la costa ceutí, como quien aparca el coche en doble fila sin importarle la multa. Y para rematar la faena, ABC reportó que el jueves 15 de septiembre una patrullera se pasó cinco horas (de 09:30 a 14:30) dando vueltas en la bahía sur de Ceuta, bajo la mirada impotente de la Guardia Civil. Una provocación de manual. El Gobierno, fiel a su estilo, ha soltado tres versiones distintas, una más incoherente que la anterior, calificando el asunto de 'puntual'. Feijóo, que no quiere perder la oportunidad de marcar el territorio, ya ha avisado a la Audiencia Nacional y exige que Sánchez dé la cara en la Diputación Permanente. Al final, parece que la frontera es ahora una puerta abierta donde el Gobierno mira y el PP grita, mientras los barcos vecinos entran y salen como quien va al supermercado.
La Moncloa tiene una palabra favorita para cuando las cosas se ponen feas: 'puntual'. Es el comodín perfecto, como decir que el agujero en la cuenta corriente es un 'descuido temporal' mientras el banco te cobra comisiones por respirar. Pero el cuento del 'hecho puntual' se ha quedado pequeño frente a la realidad del Estrecho. Mientras los Reyes Felipe VI y Letizia terminaban una visita a Ceuta y Melilla —un viaje que el régimen de Mohamed VI digirió como quien traga un trozo de vidrio—, Marruecos decidió enviar un recordatorio visual. El jueves, pasadas las 9:30, una patrullera alauí entró en aguas españolas y se quedó ahí, dando vueltas durante siete horas. Siete horas enteras. Para que nos entendamos: es el tiempo que tardas en hacer una jornada laboral intensiva, pero en este caso, la Guardia Civil tuvo que seguir el espectáculo con prismáticos desde tierra, como quien mira un partido de fútbol desde la grada pero sin poder entrar al campo. Pero esto no es un desliz de navegación. En septiembre, la fragata Sultan Moulay Ismail (F-614) se puso creativa y se plantó a solo 15 kilómetros del litoral ceutí. No era un barco de paseo; hablamos de una SIGMA 9813 armada hasta los dientes con misiles Exocet MM40 Block 3 y un cañón de 76 milímetros que podía saludar a Ceuta con una precisión quirúrgica. Mientras el Gobierno insiste en que la relación es 'fluida', Rabat juega al gato y al ratón, usando incluso pesqueros coordinados para testear el perímetro. Ante este tablero, Alberto Núñez Feijóo ya pide desplegar la Armada, mientras Iustitia Europa ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional. Al final, la diplomacia del guante blanco parece que tiene el guante roto y el puño muy visible.
Hay una forma de hacer negocios y luego está la 'ingeniería financiera' de Sergi Vélez. El guion es digno de una comedia negra: en diciembre de 2018, mientras el resto del mundo se peleaba por el pavo de Navidad, Vélez decidió que la cala Aigua Xelida en Palafrugell necesitaba un 'lavado de cara'. ¿El método? Liquidar unos 700 pinos sin permiso municipal, jugando al despiste con un silencio administrativo de una semana que él interpretó como una alfombra roja. Un movimiento tan osado que dejó al alcalde Josep Piferrer boquiabierto. Pero aquí entra la magia de los contactos. Mientras las organizaciones SOS Costa Brava y SOS Palafrugell se dejaban la piel presentando tres recursos para salvar el monte, la maquinaria política empezó a girar. El 25 de octubre de 2022, el Pleno Municipal decidió que los pinos eran prescindibles. En un despliegue de generosidad bipartidista y más allá, ERC, Junts, Ciudadanos y el PSC votaron a favor. Sí, el PSC, el partido de Montserrat Mínguez, portavoz del PSOE y miembro de su ejecutiva nacional desde 2021, dio el visto bueno al proyecto de la pareja de su ejecutiva. El resultado fue un 'pelotazo' de manual. Una vez que el Ayuntamiento despejó el camino legal, Vélez vendió la sociedad Brisanatura Costabrava SL. La jugada le dejó una plusvalía de 2,7 millones de euros; básicamente, convirtió un solar ilegal en un cheque millonario sin mover un ladrillo. Ahora, donde antes había bosque, se venden mansiones de 397 m² por unos 2,6 millones de euros cada una, con ascensor y bodega, para que el comprador pueda brindar con un vino caro mientras contempla el Mediterráneo, sabiendo que la naturaleza costó menos que el IVA de su piscina privada.
Hay una gimnasia mental admirable en el mundo de la política: defender el planeta en el Parlamento mientras tu pareja, en la práctica, lo pasa por la trituradora. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, navega en esa paradoja mientras su pareja, el promotor Sergi Vélez, decidió que la Navidad de 2018 era el momento perfecto para hacer una 'limpieza' exprés en la cala de Aigua Xelida, en Tamariu. ¿La limpieza? Unos 700 pinos que pasaron a mejor vida para dejar sitio al hormigón. El señor Vélez, manejando la promotora Aiguacel Costa Brava, aplicó la técnica del 'yo creo que sí': empezó a talar 30 hectáreas de bosque mediterráneo sin tener la licencia municipal en el bolsillo. Para él, el silencio del Ayuntamiento de Palafrugell no era una señal de stop, sino una alfombra roja administrativa. Es la misma lógica que usaría alguien para reformar la cocina del vecino asumiendo que, como no le han dicho que no, la casa ahora es suya. Mientras la plataforma SOS Costa Brava gritaba al cielo el 30 de diciembre de 2018, las máquinas no distinguían entre ecología y beneficio neto. El alcalde de ERC, Josep Piferrer, tuvo que despertar la maquinaria municipal el 2 de enero de 2019 para frenar el desastre, pero el daño ya estaba hecho. Al final, la justicia poética es un chiste: aunque el proyecto bajó de 33 a 15 chalés en 2022, el bosque no volvió. Ahora, esas viviendas se venden bajo el nombre de Sa Xelida por unos 2,6 millones de euros cada una. Un precio prohibitivo para el ciudadano medio, pero una ganga si lo que buscas es dormir sobre los restos de 700 árboles sacrificados en el altar del lujo inmobiliario.
A los 26 años, mientras la mayoría de los mortales estábamos peleándonos con el primer alquiler compartido o sobreviviendo a base de arroz, Begoña Gómez ya estaba firmando escrituras en Pozuelo de Alarcón. El 3 de abril de 1997, apenas diez días después de soplar las velas de su cuarto de siglo, la esposa del presidente se hacía con el 50% de un piso en Somosaguas Park. Una maniobra inmobiliaria ejecutada con la soltura de quien no sabe lo que es mirar el saldo del cajero antes de pasar la tarjeta. La cronología es, cuanto menos, curiosa. Según su currículo, Gómez empezó a trabajar en 1996. Un año de experiencia profesional es, normalmente, tiempo suficiente para comprarse una cafetera decente, no la mitad de una propiedad en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Aquí es donde entra en juego la 'ingeniería familiar'. Su padre, Sabiniano Gómez Serrano, movía los hilos de un imperio de saunas en la capital: Adán, Cristal, Comendadoras y Alameda. Negocios que, según Paco de Narváez, se gestionaban con la modernidad de los sobres con efectivo —concretamente 330 euros— entregados personalmente por Begoña entre 2003 y 2005. Aunque el Registro de la Propiedad menciona hipotecas con el Banco Hipotecario de España (98.565,99 euros en 1996) e Inmobiliaria Ikasa, el origen real del capital para ese primer salto al lujo sigue siendo un misterio envuelto en vapor de sauna. Hoy, ese activo se tasaría entre 420.000 y 500.000 euros. Para alguien que ahora se enfrenta a un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, el pasado en Pozuelo no es solo ladrillo; es el primer eslabón de un patrimonio que ya suma seis viviendas y dos plazas de garaje junto a Pedro Sánchez.
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Margarita Caballero