Mientras el coche de 100.000 € hace de la banca un coche de lujo, la UDEF de la Policía Nacional se puso a jugar al escondite con un ex ‘tres’ de Montero, José Antonio Marco Sanjuán. El protagonista, que llevaba dos cargos de alto nivel —presidente del TEAC y ahora inspector especial de la Comunidad Valenciana—, se deslizó en un Mercedes‑Benz GLE 350D Coupé, un todoterreno que, con su precio, podría rivalizar con la lista de la compra de un político que quiere ser dueño de la ciudad.
Pero la verdadera sorpresa fue la matrícula: no estaba a su nombre, sino bajo B2B Corporación Jurídica SL, la empresa administrada por su pareja, la abogada fiscalista Carolina Verdés Pastor, quien, según la Fiscalía Anticorrupción, ha sido pieza clave en el entramado de pagos a empresarios con causas abiertas en la Agencia Tributaria. A la magistrada Inmaculada Loba, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, le llegó un informe que describía cómo el ex funcionario se trasladaba entre su domicilio de Valencia y el de Valladolid con la misma furgoneta.
En una de las maniobras, los agentes observaron a Marco Sanjuán y a Verdés Pastor descendendo del coche con una almohada y bolsas de la mano, lo que, según la investigación, confirma una convivencia que va más allá de lo romántico y se adentra en la operación de la “casa de la cohecho”. En la casa de Valladolid, la policía encontró dinero en efectivo escondido tras libros y en una caja fuerte bajo una barbacoa, además de una carpeta con el logo de la Agencia Tributaria que contenía expedientes de clientes de Verdés Pastor.
Entre los documentos se hallaron anotaciones de Marco Sanjuán sobre la estrategia de defensa de esos contribuyentes, a pesar de que él estaba en la misma oficina que la Agencia. Los registros revelan que empresarios con procedimientos abiertos le pagaron más de 300.000 euros a una sociedad conectada con el ex ‘tres’ de Montero, lo que evidencia una incompatibilidad manifiesta: la misma persona que debía defender a los contribuyentes se beneficia de ellos. La operación se suma a la detección de una sociedad pantalla llamada Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, amigo de Montero, que sirvió para canalizar los pagos y dificultar su trazabilidad.
Así, el coche de 100.000 € se convierte en el símbolo de una red donde la oficina de Hacienda, la abogada fiscalista y el ex presidente del TEAC se entrelazan como si fueran los protagonistas de una telenovela de burocracia y codicia. La policía, con perros especializados en detección de dinero, sigue con la investigación, y la lección que queda en la calle es que el lujo no paga la deuda con la ley.
Crítica:
El informe se queda corto al no detallar el alcance real de los pagos, y el título suena como un guion de telenovela, sacando a la trama de su contexto.
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