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Montero esconde 65 nombres de la lista millonaria de asesores que eligió a dedo por miedo a la prensa

Montero esconde 6M en asesores: el sablazo que nadie ve

social Imagen surrealista de una oficina gubernamental en penumbra, donde un grupo de siluetas borrosas (asesores VIP) cobran billetes de 500 euros en un mostrador opaco. Al fondo, una pantalla gigante muestra el logo del Ministerio de Hacienda con un parche negro sobre los nombres. En primer plano, una mano anónima esconde un sobre con el texto '6M' bajo la mesa. La luz entra por una ventana sucia con la frase 'Transparencia' escrita en tiza y tachada. Estilo: fotografía documental con toques de cine negro (1970s), colores desaturados, sombras alargadas y un aire de conspiración burocrática. Sin rostros reconocibles.

El arte de esconder el botín (y la vergüenza) mientras el pueblo hace cola en la oficina de empleo María Jesús Montero se despide de Hacienda como una artista del camuflaje: con 6 millones de euros en asesores VIP contratados a dedo, pero sin nombres. No es un capricho, es estrategia.

El Ministerio que ella dirigía —ese que exprimió a los españoles hasta sacarle 301.355 millones de euros en impuestos en 2025 (sí, más que el PIB de Portugal en un año)— ahora juega al escondite con sus amiguitos de confianza. Mientras la Agencia Tributaria aterroriza a autónomos y pymes con multas creativas (gracias, Amsterdam & Partners, por la denuncia internacional), Montero prefiere proteger a sus asesores fantasma como si fueran joyas de la corona. El Consejo de Transparencia ya le dijo en octubre de 2024: «Publica los nombres o te multamos».

Pero Hacienda, bajo su mando, respondió con un manual de resistencia pasiva: «Miren, algunos se negaron por su intimidad» (aunque el Tribunal Supremo ya sentenció que el interés público manda). Como un juego de las sillas con fondos públicos, Montero y su equipo trasladaron a los asesores de un lado a otro, dejando solo los nombres de los descuidaditos que no se opusieron.

6 millones de euros por un puñado de cargos de confianza que, según filtraciones, incluyen perfiles sospechosos: como Carlos Moreno Medina, su exjefe de Gabinete, vinculado a mensajes con el comisionista Aldama para aplazar deudas a Hacienda. ¿Coincidencia? Que el Supremo ya falló en 2019 que estos datos son públicos. Pero el show no para aquí.

Montero regresa a Andalucía —donde su partido podría sufrir el peor batacazo histórico— con otra mochila: la de haber priorizado el cupo fiscal catalán sobre los ayuntamientos andaluces ahogados en deuda. En Jaén, por ejemplo, el PSOE recuperó el ayuntamiento con una moción de censura prometiendo quitas millonarias (600 millones de deuda, recordemos).

Resultado: ni rastro de alivio financiero. El Ministerio de Hacienda, en un documento de marzo de 2025 firmado por Inés Olóndriz, dejó claro: «No hay quita, no hay reuniones secretas, solo humo». Mientras, el Ayuntamiento de Jaén sigue sin aclarar si hubo negocietes con técnicos de Montero.

El Consejo de Transparencia andaluz lo pidió en diciembre de 2025, pero ni respuesta. Y para rematar, la perla: en el debate electoral, Montero llamó «accidente laboral» a la muerte de dos guardias civiles persiguiendo una narcolancha. Jucil, la asociación de familiares, le soltó un «respeto, señora» que resonó más que sus discursos.

Porque al final, Montero es el espejo roto del PSOE: mucha retórica de transparencia, cero nombres en la lista de pagados, y una trayectoria que huele a ERE, amnistías y sablazos fiscales. Lo irónico es que mientras ella se esconde tras argumentos leguleyos, los andaluces pagan el pato.

301.355 millones en impuestos para que un puñado de asesores opacos sigan cobrando sin explicaciones. Como ese vecino del quinto que nunca invita a la fiesta, pero siempre se queda con la mejor copa de vino. Salud, Montero. Que Andalucía te necesita... para votarte en contra.

Vía: eldebate.com coments compartir
Noticias>Social>16-May-2026>montero_esconde_6m_en_asesores_el_sablazo_que_nadi

Crítica:

El texto no oculta sus cartas: es un retrato al carboncillo de la hipocresía monteriana, pero pecaría de superficial si no profundizara en los vínculos concretos entre esos asesores y casos de corrupción (¿hubo algún enriquecimiento irregular en el listado?). Además, el título original ya era clickbait honesto; este mejora al añadir el detalle del dinero (6M), pero podría perder matices si el lector busca solo chismorreo y no análisis estructural. Falta un gráfico comparativo: ¿cuánto cuesta mantener esos asesores vs. el presupuesto de un hospital andaluz?

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El año en que el expresidente convirtió su legado en un startup de videojuegos y Panamá en su paraíso fiscal favorito. Mientras España discutía si el rescate de Plus Ultra (53 millones de euros de dinero público) era un acto de generosidad o un agujero negro, Julio Martínez —el fixer de Zapatero— se ponía las botas en Panamá. No con maletas de dinero, sino con powerpoints de oportunidades de negocio para sus clientes. El detalle: lo hacía justo cuando las hijas del expresidente desembarcaban en el mismo país para montar El Server, un portal de videojuegos venezolano que, irónicamente, no tenía ni un pixel de contenido local. Panamá, ese paraíso donde los papeles son más opacos que el café con leche de un bar madrileño a las 3 de la mañana. El timing es clave. En enero de 2023, el Juzgado archivó la investigación sobre Plus Ultra —aquella que olía a comisiones y bancos panameños—. Coincidencia? Para los investigadores de la UDEF, no. Ese mismo año, Martínez, señalado como testaferro de Zapatero, le susurraba a sus clientes de Análisis Relevante (la consultora que cobró 600.000 euros por informes firmados por el expresidente, mientras su redactor, Sergio Sánchez, se quedaba con 18.000) que Panamá y Venezuela eran el next big thing. Como si el expresidente hubiera convertido su salida de La Moncloa en un linkedin de contactos con regímenes cuestionados. Pero el negocio familiar no se quedó atrás. Las hijas de Zapatero, Laura y Alba, dieron un giro en marzo de 2023: la menor entró en la empresa (Whathefav), expulsando a un socio con antecedentes por una estafa de 1,2 millones en ayudas a discapacitados. Un clean team para un negocio clean… o eso parece. El Server, ese unicornio de los videojuegos, nació en abril de 2023, tras una visita de Zapatero a Maduro en Caracas, donde posó sonriente entre banderas rojinegras. El mismo Maduro que, meses después, organizaría unas elecciones que la oposición tachó de pucherazo y que Estados Unidos intentaría derribar en 2024. Curioso cómo el portal, que presumía de ser venezolano, desapareció en enero de este año, justo cuando Washington lanzó su operación contra el régimen. ¿Censura chavista? ¿Miedo a los drones? O simplemente, el negocio ya no daba para más. Lo más gracioso es que El Server ni siquiera parecía venezolano: no tenía oficinas en Caracas, no aparecía en registros locales y, según fuentes, su contenido era tan made in Panama como los paraísos fiscales. Un fake que costó tiempo y dinero, pero que sirvió para que el clan Zapatero ampliara su red de influencias. Mientras, en España, la gente hacía cola para cobrar el bono social, las hijas del expresidente facturaban servicios integrales por 3.000 euros —incluyendo acceso a su padre— y Martínez movía hilos en Panamá. La clase política española, demostrando que el networking no tiene fronteras… ni escrúpulos. Y así, entre archivazos judiciales, viajes a Caracas y portales de videojuegos fantasmas, el año 2023 se convirtió en el manual perfecto de cómo convertir un rescate público en una red de negocios privados. Con Zapatero como CEO honorífico y Panamá como su oficina offshore favorita.

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Aecid: 500K euros por definir 'energía útil'

El arte de pagar por el humo. Mientras en tu barrio el fontanero te cobra 120 euros por arreglar un grifo que gotea desde 2018, la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid) —esa entidad que parece sacada de un manual de burocracia cósmica— destina 500.000 euros a elaborar un «balance de energía útil» en Bolivia. No, no es un error tipográfico. Es el resultado de traducir al español de cooperación internacional la frase «nos pagamos un café con leche y un informe que nadie leerá». La convocatoria, registrada el 2 de febrero de 2024 bajo el paraguas del programa Euroclima 2025 (que ya huele a más de lo mismo: promesas, siglas y cero transparencia), fue a parar a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), un organismo que, según su web, parece más interesado en vender talleres de «energía útil» que en explicar qué demonios significa eso en términos de facturas, materiales o salarios reales. El dinero, claro, se esfumó hacia Bolivia para financiar «documentación, talleres y programas de capacitación» —traducción libre: «nos pagamos un PowerPoint y un viaje en primera». La hipocresía en acción. Imagina que tu vecino te pide 500.000 euros para «hacer un balance de lo útil que es la luz de tu casa» y, en lugar de darte una factura, te entrega un PDF con diapositivas sobre «eficiencia energética con enfoque de género». Eso es, más o menos, lo que ocurrió. La Aecid —dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por la siempre polémica José Manuel Albares— tiene un don especial para convertir lo concreto en bruma. Mientras en España recortamos en sanidad y educación, ellos financian «productos intangibles» que ni siquiera saben cuánto cuestan. El dato que enciende la mecha: Olade, el beneficiario, ya promocionaba en su web un proyecto idéntico al subvencionado, con el logo de la Aecid brillando como un faro en la noche. ¿Coincidencia? ¿Doble cobro? Nadie lo sabe, porque la cooperación internacional española parece diseñada para que el dinero público se disuelva en el aire como azúcar en un café mal hecho. 500.000 euros por un informe que, según los expertos, no deja claro ni qué es «energía útil» ni cómo se mide. La moraleja callejera: Si en tu trabajo te pidieran medio millón por definir qué es «trabajo útil», te echarían de la oficina. Pero en la cooperación internacional, eso no solo no es delito, sino que parece un modelo de negocio. Mientras tanto, en Bolivia, alguien —o varios— se frotan las manos. La Aecid, como siempre, paga por el humo.

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Narcos se ríen: 2.500 agentes vs. 25 toneladas de coca

La Agencia Tributaria sigue combatiendo el narcotráfico con el mismo ejército que usaba Franco para atrapar contrabandistas de tabaco en los 80. Mientras las narcolanchas —ahora equipadas con armas de guerra y tripuladas por mafias que no reconocen autoridad alguna— surcan el Mediterráneo como taxis de la cocaína (con alijos de 2.500 kilos diarios en el sur), los 2.500 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) siguen ahí, con los mismos uniformes, las mismas patrulleras de cartón piedra y un sueldo que parece sacado de un chiste malo: 1.500 euros al mes. Eso sí, con el agravante de que, a diferencia de los guardias civiles o la Policía Nacional (que cobran 600 euros más por hacer menos riesgo), estos héroes anónimos tienen que lidiar con narcos que rescatan a sus detenidos a tiros y embisten contra sus embarcaciones como si fueran coches de choque en una carrera ilegal. El colmo del sarcasmo llegó esta semana en Almería, donde una patrullera del SVA salió con el parabrisas hecho añicos tras una persecución épica (y fallida) contra cinco narcolanchas. Los agentes, que ni siquiera tuvieron tiempo de esposar a los detenidos, vieron cómo sus presas se esfumaban mientras los mafiosos virolaban la escena como si estuvieran en un videojuego de mundo abierto. «Osadía y falta de respeto al principio de autoridad», sentenció un agente con 20 años de carrera, Francisco García, que lleva décadas pidiendo refuerzos y le responden con un «es lo que hay». Como cuando tu vecino te dice que su coche es «suficiente» para ir a la playa… hasta que se le queda tirado en la autovía. Pero lo más grotesco no es la falta de medios, sino la hipocresía institucional. Mientras el Ministerio de Hacienda (que depende de ellos) se frota las manos con los 12.000 millones de euros que recaudó en 2025 gracias a la lucha contra el fraude, estos agentes se juegan el pellejo por 600 euros menos que un policía novato. Peor aún: una proposición de ley aprobada en el Senado en 2025 para reconocerles como profesión de riesgo (y subirles el sueldo) sigue paralizada en el Congreso, como un trámite burocrático más en la lista de pendientes de un gobierno que parece más preocupado por multar a un vecino por tener un gallinero que por evitar que España se convierta en el Gibraltar de la cocaína. Y no es exageración. García lo advierte sin rodeos: «Si esto sigue así, España será un narcoestado». Mientras, las mafias se reían de ellos esta semana: 25 toneladas de hachís incautadas en un solo día en las costas andaluzas… pero ningún narco entre rejas. Porque para eso hacen falta embarcaciones dignas, no semirrígidas de papel de fumar (como las que usaban hasta hace poco, donde los agentes iban sin cinturones de seguridad, como si esto fuera un parque de atracciones). Las nuevas «Audaz», con sus cinturones, son la única mejora en décadas. Un parche en una herida que sangra desde hace 40 años. La gota que colmó el vaso fue la huelga que empezaron esta semana y que culminará el 8 de junio, justo en plena campaña de la renta. Porque mientras los españoles discuten si deducen el gimnasio o el curso de cocina, estos agentes paran para exigir que no los usen de carnaza. Su reclamo es doble: reconocimiento como profesión de riesgo (para que al menos cobren lo que merecen) y carrera profesional desbloqueada (porque, como dice García, «no podemos seguir viviendo de migajas mientras los narcos se forran»). La pregunta es: ¿Cuánto más tardará Hacienda en entender que luchar contra el narcotráfico no es un hobby, sino un trabajo de alto riesgo? Spoiler: la respuesta la tendremos cuando veamos si los mafiosos dejan de reírse de ellos… o cuando empiecen a reírse de nosotros.

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Una escena judicial surrealista en dos planos contrastados: Izquierda: Un empresario con traje caro señala en un mapa de Madrid una oficina en Arturo Soria, rodeado de documentos y un contrato con la fecha borrosa. La luz es cálida, como en un despacho de éxito. Detrás, un fiscal con cara de pocos amigos y una juez con expresión de ‘ya me cansé’. Derecha: Un hombre en un despacho vacío de la Diputación de Badajoz, mirando un plano sin marcas, con una luz fría y fluorescente. Sobre la mesa, un cartel que dice ‘Oficina de Artes Escénicas’ tachado con un rotulador. Al fondo, una puerta cerrada con un letrero de ‘Prohibido el paso’ colgado al revés. Detalle clave: En la mesa del empresario, un contrato con la cifra ‘1.000€/mes’ brillando bajo la luz; en la del otro, solo un posavasos con la palabra ‘¿Dónde?’ escrita con tiza. Estilo: ‘Fotografía de prensa antigua con toques de distopía’ (como un reportaje de los 70 mezclado con Black Mirror).

Novio de Ayuso acusa recibo; hermano de Sánchez, ni idea

El novio de Ayuso tiene GPS, el hermano de Sánchez ni idea de dónde trabaja. Mientras Alberto González Amador —empresario, pareja de la presidenta madrileña y rey del ‘yo sé dónde está mi oficina’— detallaba ante la juez con precisión quirúrgica el alquiler de una sala en Arturo Soria (sí, junto al Liceo Francés, que hasta un niño de 10 años podría encontrar en Google Maps), a 1.000 euros al mes y por 18 meses o dos años (depende, como el IVA), el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, se perdía en Badajoz como un turista sin mapa. Preguntada la juez por la Oficina de Artes Escénicas que dirigía en la Diputación, su respuesta fue un ‘pues no le podría decir’ digno de un examen de Geografía suspendido con nota. La ironía del sistema. González Amador, que declaró 2 horas y 17 minutos (el tiempo justo para ver El Padrino y aún sobrar), no solo sabía la dirección de su oficina fantasma, sino que hasta conocía a los trabajadores (aunque aclaró que ‘no era su empresa’, como si eso justificara alquilar un espacio para reuniones con clientes de Quirónprevención mientras cobraba por ello). El fiscal le preguntó por el contrato, las transferencias bancarias… y él, con la solvencia de un contable en Nochevieja, respondió: ‘Será fácil verlo’. Mil euros al mes, eso sí, sin IVA (porque en este país hasta los alquileres de oficinas fantasmas tienen descuentos). El hermano de Sánchez, en cambio, parece un extra de ‘El Ministerio del Tiempo’. Procesado por prevaricación y tráfico de influencias, su declaración ante la juez Beatriz Biedma fue un ‘pues no sé’ digno de un político en campaña. ¿Dónde estaba su oficina? ‘En el despacho donde estoy ahora’. Como si la Oficina de Artes Escénicas fuera un concepto abstracto, como el amor o la moralidad en la política. Mientras, González Amador le plantaba cara al fiscal con la elegancia de un banquero negociando un forfait: ‘Me dijeron que Hacienda me iba a matar’, confesó, como si la Agencia Tributaria fuera el ‘villano’ de una película de superhéroes y no el protagonista de la trama. Detalles que huelen a gasolina. La declaración del novio de Ayuso no fue un monólogo, sino un tour por los negocios opacos de la pareja. Desde la compra de Círculo de Belleza SL por 500.000 euros (¿negocio redondo? ¿inversión astuta? ¿regalo de cumpleaños?) hasta la adquisición de dos pisos en Chamberí (barrio donde hasta el panadero cobra más que en Lavapiés). Y mientras, el fiscal Diego Lucas Álvarez —que parece el único con el sentido común en esta función— intentaba desenredar la madeja, González Amador se quejaba de que Más Madrid y el PSOE ‘politizaban’ el proceso. ¿Politizar? Si hasta el alquiler de la oficina lo pagaba con transferencia bancaria, como un ciudadano de a pie… aunque ese ciudadano de a pie no tenga una pareja que sea presidenta de una comunidad autónoma con presupuestos públicos que podrían financiar 500 oficinas reales (y no fantasmas). La moraleja del chiste. En este país, saber dónde está tu oficina ya es un lujo. Mientras González Amador brillaba con luz propia en Madrid (y su novia, Ayuso, gobernaba con el estilo de quien cree que los problemas se resuelven con un tuit), el hermano de Sánchez se perdía en Badajoz como un alumno que no hizo los deberes. La diferencia? Uno tiene abogados, el otro tiene un juzgado que le recuerda que la Oficina de Artes Escénicas no es un ‘concepto’ sino un despacho con luz eléctrica y, probablemente, un ordenador con facturas pendientes. Y el dinero público, mientras tanto… Sigue fluyendo como el agua en un grifo mal ajustado. Porque al final, lo único que une a estos dos personajes es que ambos supieron moverse en el sistema: uno con contratos firmados y transferencias bancarias; el otro, con despachos que no existen en ningún plano. La pregunta del millón no es quién miente mejor, sino por qué el fiscal no les pide que paguen el alquiler de la oficina de Sánchez con sus propios fondos (que, por cierto, González Amador tampoco recuerda con exactitud). Dos caras de la misma moneda podrida.

Hace 2 semanas
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Imagen surrealista de un mapa de Andalucía superpuesto con siluetas de personas dispersas por el mundo (Buenos Aires, París, Berlín) sosteniendo urnas transparentes llenas de banderas españolas y papeles con sellos de consulados. Al fondo, un reloj de arena que marca

Andalucía se votó desde el mundo: +15%

El censo andaluz en el extranjero se ha inflado como un chiste malo de Navidad: +15% en cuatro años. Mientras en España discutimos si el pan es blanco o integral, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado —con la Ley de Memoria Democrática— que 38.566 nuevos votantes aparecieran de la noche a la mañana en el padrón exterior. No es magia, es ingeniería demográfica: 302.070 electores andaluces dispersos por el mundo, muchos de ellos 'nietos del exilio' que hasta hace poco ni sabían que podían reclamar un pasaporte español. Argentina lidera el ranking con 68.782 nuevos votantes (un 19,65% más que en 2022), seguido de Francia y Alemania, como si la diáspora andaluza hubiera decidido que este año toca votar en serio. La ley de los abuelos ausentes. Aprobada en 2022 con el apoyo de Bildu —sí, esos mismos que ahora critican el 'reemplazo electoral'—, la norma permitió a descendientes de emigrantes españoles (hijos, nietos, bisnietos) saltarse el trámite de demostrar vínculos directos con la dictadura o la guerra civil. Resultado: medio millón de nuevos españoles en cuatro años, y 2,5 millones en trámites. El Estado invirtió en papel, sellos y burocracia lo que no invirtió en memoria histórica real. Mientras los archivos siguen cerrados como un cajón con candado oxidado, los consulados se llenaron de familias que, como Gustavo Antonio Ascencio (62 años, nieto de un almeriense que huyó en 1912), descubrieron que podían votar por Andalucía 'porque llevan la tierra en la sangre'. Su testimonio es el de miles: emoción por recuperar una identidad, pero también la pregunta incómoda: ¿Y ahora qué hacemos con este voto? El efecto dominó (y el voto rogado, adiós). Hasta 2026, los españoles en el extranjero tenían que pedir el voto por correo como si pidieran un préstamo en el banco: con intereses (de paciencia). Pero este año, por primera vez, el sobre llegó solo a casa. Como si el Estado hubiera dicho: 'Aquí tenéis el voto, que esto ya es vuestro'. El problema es que el recuento del CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) no se sabrá hasta el 25 de mayo —cinco días después de las elecciones—, como si el tiempo extra fuera un premio de consolación. Mientras, en Argentina, familias enteras como la de Carlos Sánchez (17 miembros con pasaporte español) acuden a los consulados a votar por primera vez, mezclando el orgullo familiar con la confusión: ¿Votamos por el PSOE, por Vox, o por el partido que nos dé más subvenciones a los descendientes? La hipocresía del 'reemplazo electoral'. La oposición aúlla que esta ley es un cambio de censo a medida, pero olvidan que la mayoría de estos votantes ya eran españoles de facto: vivían en el extranjero, pagaban impuestos en algunos casos, y ahora solo regularizaron su situación. El verdadero escándalo no es el aumento de votantes, sino que medio siglo después aún se use la memoria histórica como moneda de cambio político. Mientras, en España, los partidos discuten si subir el IVA a la luz o bajar la edad de jubilación, pero nadie pregunta a estos nuevos electores qué quieren. Porque, al fin y al cabo, Andalucía ya no es solo la tierra del flamenco y el jamón: ahora también es el patio de vecinos más globalizado del mundo. Datos que pican como un chiste mal contado: - 38.566 nuevos votantes en 4 años (frente a los 20.541 de 2018-2022). - Argentina lidera con 68.782 (un 20% más), seguida de Francia (41.512) y Alemania (32.847). - 17 miembros de una familia en Berja (Almería) ahora tienen pasaporte español. - 2,5 millones de trámites iniciados, medio millón de nacionalidades concedidas. - El recuento del voto exterior llega el 25 de mayo, cuando las elecciones ya serán historia en los telediarios.

Hace 2 semanas
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Una imagen surrealista de un avión Airbus A330-200 posando sobre una balanza gigante de mercado, con números rojos que indican

Plus Ultra: Vuelan con 10 toneladas de más... y papeles de mentira

El avión que volaba con el peso de un elefante... y los papeles de un niño de primaria. Mientras el resto de los mortales ajustamos el peso de la compra como si fuera un examen de matemáticas, Plus Ultra —la aerolínea hispano-venezolana que parece haber confundido la seguridad aérea con un reality show— cargó 10 toneladas de queroseno de más en un vuelo a Guinea Ecuatorial. No fue un error. Fue un sablazo con patas: 66.000 kg en lugar de 56.000, un exceso que convirtió el aterrizaje en una ruleta rusa con asientos de primera. Y lo peor: lo disfrazaron con documentos falsos, como si fueran notas de un examen copiado en el baño. La Guardia Civil, que no es tonta, ya investiga tres vuelos (Caracas-Madrid en 2023, Madrid-Malabo en 2023 y Madrid-Bogotá en 2024) donde la compañía priorizó el ahorro de tiempo y combustible sobre la vida de los pasajeros. Empecemos por el PUE889, el vuelo Madrid-Malabo que se convirtió en el caso de estudio de cómo no pilotar un avión. El aparato llegó a Barajas con 10 toneladas de combustible de sobra (sí, como si hubieras comprado un billete de ida y vuelta sin necesidad). La solución lógica: descargar el excedente. Pero no. La tripulación estaba a un paso de ser despedida por exceder sus horas de vuelo, así que en lugar de cancelar el vuelo —lo correcto—, falsificaron tres documentos clave: 1. El consumo de combustible: Inflaron el gasto previsto en 10 toneladas para que, sobre el papel, el avión no pesara de más. 2. Los horarios de la tripulación: Borraron 30 minutos de su jornada para cumplir la legalidad. 3. El peso y balance: Porque si los números no cuadraban, que los números mintieran. Un empleado de Plus Ultra lo resumió en un WhatsApp interno con la franqueza de un contable en Navidad: «Salimos con overweight desde Madrid y no hacemos defuel porque nos pasamos de horas. Coordinadora no quiere firmar hoja de carga, la presionan y firma porque trampean subiendo el trip 10 toneladas». Traducido al español de la calle: ’Señores, esto es un desastre, pero como el jefe manda, falsificamos y a volar’. Y volaron. A 31.000 pies, quemando combustible como si fuera dinero de Monopoly, pero aterrizando con 3.400 kg de más que el límite seguro. Airbus, el fabricante, certificó que ese modelo (un A330-200) no debe superar los 182.000 kg al tocar tierra. Ellos llegaron a 185.400 kg. ¿El resultado? Un aterrizaje que, en términos coloquiales, sonó a ’¡Dios mío, esto se va a caer!’. Pero esto no fue un one-shot. Repitieron el guión nueve meses después, en el vuelo PUE221 Madrid-Bogotá (agosto 2024). La tripulación avisó: «No podemos salir legalmente». La solución correcta: cambiar de tripulación o desembarcar pasajeros. La solución de Plus Ultra: ignorar el aviso y despegar con el visto bueno del responsable de operaciones, que parece tener más poder que un gurú de las aerolíneas low-cost. Y para rematar, el vuelo Caracas-Madrid de enero 2023, que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tenerife porque el avión llegaba tan cargado de combustible que parecía un depósito volador. ¿El colmo? Ocultaron el overweight landing en el libro técnico del avión, el documento que debe alertar al mantenimiento de que algo salió mal. Así, el avión siguió volando sin revisiones reforzadas, como si nada. Porque en Plus Ultra, parece que la seguridad aérea es opcional, siempre que los papeles estén en regla. Y si no lo están, se inventan. Mientras, la compañía culpa al ’error humano’ del encargado de repostar en Barajas. Mentira piadosa. La Guardia Civil ya sabe que esto no fue un despiste, sino una operativa recurrente: cargar más combustible del necesario en Madrid (’tankering’, o cómo ahorrar en repostajes caros en Malabo) y luego falsificar los números para que el exceso no apareciera. Como cuando tu vecino dice que su coche consume menos gasolina porque ’olvidó apuntar los últimos 50 km’. Datos duros que duelen: - 10 toneladas de sobrepeso en el vuelo Madrid-Malabo (enero 2023). - 3.400 kg sobre el límite seguro al aterrizar en Guinea Ecuatorial. - Tres documentos falsificados por vuelo (combustible, horarios, peso). - Un WhatsApp interno admitiendo el fraude: «F-plan está falsificado». - Tres vuelos investigados, pero seguro que hay más en el cajón. El toque final: Plus Ultra no es una aerolínea cualquiera. Nació de la mano de un exministro español (José Luis Ábalos), que en 2021 la autorizó a volar a Guinea Ecuatorial —’su’ antigua colonia— justo cuando dejaba el gobierno. Coincidencia? Que se lo pregunten a los 10.000 kg de combustible sobrante. En resumen: una aerolínea que juega a ser Indiana Jones con la seguridad aérea, un avión que aterriza como si fuera un landing page mal optimizado y documentos que mienten más que un político en campaña. Mientras los pasajeros abrochan el cinturón rezando, los de Plus Ultra abrochan el cinturón... de la creatividad contable. ¿El próximo vuelo? Quizá con 20 toneladas de más. Por si acaso.

Hace 3 semanas
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Una escena surrealista en una cafetería universitaria: un hombre de traje (Torres) entrega un sobre con un billete de 6.000 euros a una mujer elegante (Begoña Gómez) mientras una tercera persona (Cristina Álvarez) toma notas con una libreta etiquetada

Torres financió la cátedra... y ni sabía dónde

La cátedra que nadie pagó... o sí, pero sin factura. José María Torres, el mecenas accidental de la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez —esposa del presidente Pedro Sánchez— codirigía en la Complutense, ha solitado ante el juez con la elegancia de quien descubre que su cheque de 6.000 euros se lo tragó un agujero negro burocrático. «Nadie me explicó el destino de los fondos», declaró como si el dinero público (o privado, pero con olor a conectores palaciegos) fuera un sobre con un billete de lotería sin premiar. Y lo más gracioso: ni siquiera firmó la adenda de colaboración que le habrían tenido que pasar los de la UCM, como si el acto de financiar una cátedra universitaria fuera un whatsapp sin confirmación de lectura. Torres, dueño de Numintec, Conpymes y la Fundación Pimec —tresentities que, según él, nunca habían tirado la casa por la ventana con otras cátedras—, asegura que su único pecado fue reunirse en cafeterías con Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez (sí, la misma que luego justificaría su presencia como «coordinadora de seguridad» frente al acoso de los periodistas, porque claro, nada dice «control de prensa» como un bodyguard en un Starbucks), y la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan. Imaginen el script: «Oye, Begoña, ¿qué tal si ponemos una cátedra? —Genial. —¿Y el dinero? —Ah, eso lo gestiona Torres. —¿Y Torres? —Pues está tomando un cortado.» El detalle escandaloso: los 6.000 euros de Numintec, supuestamente para becas, desaparecieron en el limbo administrativo donde acaban muchos fondos opacos. Torres, que no es tonto, intentó lavar su imagen recordando que Gómez asistía a actos de sus empresas «como invitada», como si el networking conyugal fuera un detalle inocuo. Pero aquí viene lo mejor: mientras él alega amnesia financiera, la UCM cobraba su prestigio y Sánchez su imagen de modernidad académica. Paradoja en tres actos: 1. Un empresario financia una cátedra sin saber para qué. 2. La universidad cobra visibilidad sin rendir cuentas claras. 3. Todos, menos los becarios, salen airosos. Datos duros que saben a poco: - 6.000 euros: lo que costó el misterio de Numintec. Mientras, un café en la Complutense sale por 2,50. - Tres entidades: Numintec, Conpymes y Fundación Pimec, que según Torres «no solían hacer esto». ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué lo hicieron esta vez? - Cafeterías como sala de juntas: el lobby del siglo XXI, donde se deciden cátedras entre sorbos de cortado y miradas cómplices. - Cristina Álvarez: de asesora de seguridad a fantasma en reuniones, porque claro, si no era por ella, ¿quién explicaría por qué la esposa del presidente andaba por ahí firmando cheques sin supervisión? El colmo: Torres justificó la opacidad con un «nadie me informó». Traducido al lenguaje callejero: «Yo tiré el dinero por la ventana y ahora me hago el sueco». Mientras, en Moncloa, Begoña Gómez sigue sonriendo en fotos institucionales, y la Complutense, como buena institución con memoria selectiva, guarda silencio. El único perjudicado: el contribuyente, que paga becas reales mientras estos se pierden en el off the record de los mecenazgos de pasillo. Moraleja en versión tuit: Si quieres financiar una cátedra, hazlo con un contrato firmado y un follow-up. Si no, acaban tus 6.000 euros en un black hole administrativo y tu reputación en el trending topic de los escándalos light.

Hace 3 semanas
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