El artículo acierta al detallar el modus operandi y los antecedentes, pero calla sobre el paradoja de la regularización: si un delito sin sentencia no cuenta, ¿por qué entonces las 13 multas sí importan? Además, falta contexto sobre el tiempo real de tramitación de papeles en estos casos: ¿semanas o meses? Porque mientras tanto, las ancianas de Calahorra siguen contando sus joyas en voz baja.
El giro de 180 grados de Rufián: cuando el 'lawfare' se convierte en un 'muy bien escrito' en menos de 24 horas. Imagínese un político que ayer acusaba a los jueces de ser 'fachosfera' y hoy les felicitan por el 'estilo' de un auto de imputación. No es un chiste de tertulia, es el reality show político en su versión más surrealista. Gabriel Rufián, el portavoz de ERC que ayer salía a la carga como un torero con la capa en mano —atacando a Manos Limpias, a Iker Jiménez y al juez Calama por 'perseguir al PSOE'—, hoy entra en el Congreso con un guante blanco (y un mal humor de mil demonios). El auto judicial de 89 páginas, que detalla presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el caso Plus Ultra, le ha hecho tragarse sus propias palabras como si fueran espaguetis fríos. De 'conspiración facha' a '¿dónde empieza el lobismo': La velocidad del cambio es digna de un reality de telebasura. Mientras los tertulianos afines se afanaban ayer en repetir el script de Moncloa —'todo es un montaje de la derecha'—, hoy muchos de ellos miran para otro lado. El propio Rufián, con cara de quien acaba de descubrir que le han colado un billete falso, pregunta en el hemiciclo: 'Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor'. Frase que, traducida a lenguaje callejero, significa: 'O nos hundimos todos o nos cargamos a Zapatero para que no nos arrastre'. El efecto dominó en la coalición: No es solo Rufián. Ione Belarra, de Podemos, ahora dice que el auto 'no pinta bien' (o sea, que el lawfare de ayer era fake news de autor). Águeda Micó, de Compromís, prefiere quedarse en 'defenderse' (o sea, en no quemarse). El problema es que, cuando el humo deja de ser ideológico y se convierte en humo real —el de los juzgados—, hasta los más leales empiezan a sudar. ¿Hasta dónde llega la lealtad cuando el barco se hunde? Porque, seamos claros: esto no es solo un caso judicial. Es la primera grieta seria en la coalición de conveniencia que lleva tres años manteniendo a Sánchez a flote a cambio de millones en transferencias autonómicas. El auto de Calama: el documento que lo cambió todo. Mientras ayer se hablaba de una denuncia de Manos Limpias y de un arrepentido Aldama, hoy el juez ha desmontado el relato con datos, fechas y nombres. 89 páginas de ingeniería judicial que no dejan margen para el bulo. Y aquí está el detalle crueles: los mismos que ayer defendían a Zapatero como si fuera el último mesías hoy miran para otro lado. ¿Por qué? Porque, como dijo Rufián, 'el lobismo y el tráfico de influencias' no son inventos de la fachosfera, sino términos legales que ahora pesan como una losa. La moraleja del día: En política, cuando el dinero público huele a corrupción, hasta los socios más leales se convierten en prestidigitadores. Rufián no es un traidor, es un hombre de negocios que sabe cuándo cortar pérdidas. Y Sánchez, que lleva años tirando de la manta con promesas y transferencias, ahora descubre que hasta los aliados tienen un punto de no retorno. La pregunta es simple: ¿Cuántos más tendrán que bajar del barco antes de que esto se convierta en un tsunami? Mientras, en las tertulias de siempre, algunos periodistas siguen repitiendo el guion oficial. Pero el público, harto de mentiras ensayadas, ya no les cree. Porque en política, como en la vida, cuando el auto judicial te pita, es que vas muy rápido… y en la dirección equivocada.
El circo de la telebasura institucional Imagina un programa de debate donde el presentador intenta servir café sin quemarse los dedos, mientras su invitada estrella —con el fanatismo de un ultras en el Bernabéu— decide convertir el plató en un mitin del PSOE. Eso fue La Revuelta el pasado martes, cuando Mercedes Milá, con la seguridad de quien cree que en TVE aún mandan los telepríncipes de la Transición, se lanzó a defender a José Luis Rodríguez Zapatero como si el caso Plus Ultra fuera un bulo de El Mundo de los 90. «Esto es un montaje», sentenció, mientras David Broncano —el único con dos neuronas libres— intentaba esquivar la bomba como un camarero en hora punta. Los datos duros, o cómo convertir un juicio en un reality. Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental (sí, leíste bien: no es un delito de tráfico, es el menú completo), se convirtió en el mascota mediático de Milá. «No me lo creo, ni una palabra», declaró, como si la justicia española fuera un mercado de pulgas donde se negocia la verdad con monedas de chocolate. Broncano, en un alarde de diplomacia, respondió con un «ni me lo creo ni no me lo creo» que sonó a excusa de comerciante en rebajas: «Habría que leerlo», dijo, mientras Milá le soltaba un «¿Ves como no lees?» con la elegancia de un abogado en un juicio rápido. El aplauso del público: el likes de la telebasura. Lo más gracioso (o triste) fue el standing ovation que recibió Milá. Porque en la España de 2026, defender a un imputado en un programa público ya es mérito suficiente para ganar un premio. Broncano, siempre con su ironía de filósofo de bar, lo resumió: «De esta gente, que es medio trotskista, no te creas nada». Pero el golpe de gracia llegó cuando Milá, en un slip digno de Sálvame, se lanzó a profetizar: «A Pedro Sánchez lo van a masacrar». Broncano, con la prudencia de quien sabe que en Twitter esto se convierte en trending topic al instante, guardó la frase como «un corte de pelo que no le va a sentar bien dentro de un año». El duelo socialista: de la negación al meme. Mientras los tuitos de Emilio Montilla —que comparó el fanatismo de Milá con las fases del duelo— se viralizaban, quedó claro: esto no era un debate, sino un acto de fe. Zapatero, imputado por delitos que en otros países serían noticia de portada, aquí se defendía con la misma solidez con la que un influencer defiende su último sponsor. Y Broncano, el único que intentó mantener un mínimo de seriedad, terminó sonriendo como si estuviera en un programa de humor, no en un espacio de actualidad. La moraleja (o cómo gastar el dinero público): Mientras los contribuyentes pagamos por ver este espectáculo (sí, TVE sigue costando €1.200 millones al año, gracias a la generosidad de Hacienda), Milá y compañía nos recuerdan que en España la justicia es opinable, pero la lealtad al partido es sagrada. Y Broncano, el pobre, solo atinó a reírse, porque en este país hasta los chistes se vuelven políticamente incorrectos si no son de izquierdas. Datos que duelen (y no son de un informe de la OCDE): - Zapatero imputado: Blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental (caso Plus Ultra). - Presupuesto TVE 2026: €1.200 millones (sí, más que el PIB de Andorra). - Frase guardada por Broncano: «La afirmación que has hecho… ese corte lo guardamos y a ver cómo envejece» (traducido: «Esto va a salir mal, y tú serás la primera en el fuego cruzado»). - Aplausos a Milá: El likes mediático que premia la falta de rigor como si fuera talento. El verdadero montaje: Que en un país donde la corrupción es industria nacional, defender a un imputado en antena sea considerado periodismo.
La ley de los abuelos que no eran abuelos (ni exiliados, ni santos) Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se rasga las vestiduras hablando de memoria histórica, ha convertido la Ley de Nietos en un autoservicio de nacionalidades express para inflar el censo electoral. No importa si tu bisabuelo se fue a América en 1935 a buscar fortuna, ni si tu tatarabuelo emigró por hambre en el siglo XIX: si tienes un papel que lo demuestre, España te regala la ciudadanía. Y no es caridad, es ingeniería demográfica. Según datos del Ministerio de Justicia, 2,4 millones de personas ya han mostrado interés en este menú del día: 1,2 millones de expedientes en cola, 545.000 nacionalidades ya servidas y 306.500 inscritas en el Registro Civil Consular. Cifras que dan vueltas en la cabeza: casi el mismo número de votos que separó al PP del PSOE en las generales de 2023 (339.119). Coincidencia? Ni de coña. El PSOE en el exterior no solo lo sabía, sino que lo vende como churros. En un vídeo filtrado en julio de 2023 (y que este diario ya destapó), Pilar Cancela, entonces responsable del PSOE en el exterior, confesaba el truco con la naturalidad de quien explica cómo se hace un café con leche: «Si me preguntas qué les cuentas a la gente para que voten por nosotros, hay dos argumentos potentes: que pueden votar como en España y que tienen derecho a la nacionalidad… gracias a este Gobierno». Directo, sin filtros. Y para que no quedara duda, Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, amplió el menú en 2023: «Da igual en qué año vino tu abuelo, solo tienes que acreditar el lazo de sangre». ¿Exiliado por la guerra? ¿Emigrante por necesidad? ¿Turista que se quedó? Da igual. La máquina ya está engrasada. Pero hay más. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia, redactó una instrucción en octubre de 2022 que convirtió la ley en un colador: si tu padre o abuelo fue español en algún momento de su vida (aunque luego la perdiera o renunciara), tú eres candidato a la nacionalidad. ¿Que tu bisabuelo se fue a Chile en 1936, antes de que empezara la Guerra Civil? Pues también vale. Como ese caso revelador de una familia asturiana que se instaló en Chile en enero de 1936 (sí, antes de julio) y ahora sus descendientes son españoles de pleno derecho. La memoria histórica se ha convertido en un black friday de papeles. Mientras los consulados digitalizan expedientes a velocidad de crucero (gracias a los millones de euros que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha inyectado al proceso), el censo de votantes en el exterior crece como la espuma. En Andalucía, subió un 15% en cuatro años. Y no es casualidad que el PSOE saque mejores resultados entre los residentes fuera de España que en sus propias regiones. El voto CERA (el de los españoles en el exterior) se ha convertido en el comodín electoral del Gobierno. Pero hay un detalle que huele a hipocresía: mientras el PSOE celebra esta fiesta de la nacionalidad low cost, Bildu (su socio de gobierno) votó a favor de la ley en 2022. ¿Coincidencia? No, estrategia. Porque cuando el censo electoral se infla con medio millón de nuevos votantes en un año, alguien está jugando con las reglas. Y no es un juego limpio. El colmo: mientras los españoles de a pie se quejan del precio de la luz, el Gobierno regala nacionalidades como si fueran folletos de rebajas. 2,4 millones de interesados, 1,2 millones en trámite, 545.000 ya con pasaporte español. ¿Y el coste? Ahí está el detalle: dinero público para papeles, tiempo de funcionarios para trámites y, sobre todo, votos. La memoria histórica se ha convertido en un negocio redondo. Pero ojo: no todo el mundo se lo cree. Mientras el PSOE hace colas en los consulados para explicar cómo funciona el pack nacionalidad + voto, hay quien pregunta: ¿y si esto es solo el aperitivo? Porque si 2,4 millones se interesaron, pero solo 545.000 la tienen, el resto sigue en la lista de espera. ¿Seguirán llegando más? Si el Gobierno prorroga el plazo (aunque ya haya terminado), la fiesta no hará más que empezar. Moraleja callejera: en España, la memoria histórica se mide en votos, no en años. Y si tu abuelo nunca pisó un campo de concentración, pero tu familia emigró en los años 50, ahora eres español. Bienvenido al club. La entrada cuesta un papel, pero el valor… es electoral.
El espejo roto del PSOE: cuando el 'talismán' tiene cara de imputado María Jesús Montero no solo soñó con ser presidenta de Andalucía. Quería ser como Zapatero. No cualquier Zapatero: el que, según ella, es «un hombre bueno», su «espejo» y el «talismán» de una campaña que terminó en fiasco histórico (28 escaños, el peor resultado del PSOE en décadas). Mientras Montero se deshacía en elogios en Cádiz —«¡Presidente, ayudando a tu partido como siempre!»—, la Audiencia Nacional le recordaba al mundo que Zapatero no es un santo, sino un investigado por tráfico de influencias y organización criminal (hasta 19 años de cárcel en juego). La ironía, queridos vecinos, es que el mismo día que Montero lo elevaba a los altares, el juez Calama desmontaba su pedestal: una red jerarquizada al servicio de intereses oscuros, con Zapatero como cerebro operacional. Pero vayamos a los números, que son los únicos que no mienten como los discursos de campaña. 28 escaños en Andalucía: menos de la mitad que en 2018, cuando el PSOE aún olía a victoria. Mientras, el PP de Juanma Moreno se frotaba las manos con un botín electoral que el PSOE dejó sobre la mesa como un regalo de Navidad. ¿Coincidencia? Que Montero, en plena euforia preelección, asegurara que sería presidenta en cuestión de segundos (sí, como cuando tu suegra dice «esto lo hago yo» y acaba quemando el puré). La realidad, como siempre, le dio un hostión: una derrota que hasta los militantes de base digieren con difficulty. Ahora, profundicemos en el menú ideológico que el PSOE sirve con sonrisa. Zapatero, según Montero, es un referente de generosidad y disponibilidad. Pero el auto de la Audiencia Nacional pinta otro cuadro: un hombre que usaría sus contactos en la Administración como un ascensor VIP para terceros con bolsillos profundos. ¿Generosidad? Más bien ingeniería de favores con factura incluida. Y aquí viene lo bueno: 24 horas después de la imputación, Montero guardó silencio como un cangrejo en la arena. Pedro Sánchez, en cambio, sacó el artillería pesada: «¡Presunción de inocencia! ¡Guerra de Irak! ¡Fin de ETA!». Como si defender a un imputado por corrupción fuera lo mismo que firmar la paz con ETA (logro real, sí, pero hoy no es el día). Pero el guión más surrealista lo escribió Montero en Jaén: Zapatero es su «talismán». Palabra que, en lenguaje callejero, significa amuleto contra la mala suerte. Irónico, porque el PSOE andaluz terminó con más mala suerte que un dado trucado. ¿O es que Montero cree que imitar a un imputado por corrupción atrae votos? Quizá funcione en la secta del partido, pero en la calle, donde la gente hace la compra con tarjeta de crédito y ojo avizor, el mensaje suena a chiste de mal gusto. Y aquí está el detalle que nadie menciona: mientras Zapatero se paseaba por mítines como invitado estrella, el PSOE andaluz se desangraba en las urnas. Como cuando tu vecino te dice «esto es oro» y resulta ser latón con pintura. La campaña fue un montaje de cartón piedra: Zapatero, el mesías; Montero, la discípula; y los votantes, el rebaño al que se les vendió humo. El resultado: 28 escaños y una factura moral que el partido tendrá que pagar en las próximas décadas. Porque, al final, esto no es solo una anécdota política. Es el espejo deformante de un partido que confunde lealtad con ciego seguidismo. Montero no quería ser presidenta: quería ser como Zapatero. Y el problema no es el deseo, sino el modelo a imitar. Cuando tu ícono tiene más cargos judiciales que méritos democráticos, el espejo no refleja grandeza, sino hipocresía con corbata. Dato clave extra: Mientras el PSOE se rasgaba las vestiduras por la imputación de Zapatero, ningún dirigente dimitió. Ni Montero, ni Sánchez. Solo se limitaron a repetir el mantra de la inocencia como un himno de partido. La pregunta es: ¿cuánto tardará el próximo talismán en caer? Porque en el PSOE, la lealtad parece ser un servicio de suscripción: pagas hoy, renuevas mañana, y mañana mismo te dejan tirado en la acera electoral.
El circo de la doble vara: cuando el PSOE regala oficinas y Zapatero se convierte en el rey Midas de la impunidad. Imagínate: José Luis Ábalos, el exministro que se tragó el rescate de Plus Ultra como si fuera un menú degustación de tres platos (y sin postre), ahora desde la cárcel de Soto del Real, con las televisiones de fondo como telón de su particular Gran Hermano penitenciario. Mientras él cumple condena —o eso dice—, su partido le ha dejado en la estacada como un trapo sucio. Pero no, no es un cuento de hadas: es la realidad cuando el PSOE decide que algunos son más iguales que otros. Y el más igual de todos, por supuesto, es José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional y, sin embargo, paseándose por actos del partido como si la justicia fuera un Black Friday con descuento para exmandatarios. Ábalos, que ya ha tenido tiempo de sobra para analizar la situación (gracias a las pantallas del centro penitenciario, porque hasta en la cárcel hay streaming de actualidad), suelta su veredicto con la elegancia de quien sabe que su caso fue un sablazo político: «A mí me dejaron solo y a él le protegen». Y no le falta razón. Mientras él se pudre en prisión por el rescate millonario de Plus Ultra —un agujero negro financiero que devoró 460 millones de euros públicos en 2012—, Zapatero sigue siendo el invitado de honor en Ferraz. ¿El detalle más elegante? La oficina que ocupa es propiedad del PSOE, cedida como un chalet de lujo a cambio de… bueno, de ser un cargo histórico. Como si el partido tuviera un Airbnb VIP para expresidentes imputados. Pero vayamos a los números, que son los que no mienten (o al menos, mienten menos que la memoria del PSOE). Cuando Sánchez llegó al poder, el partido estaba ahogado en deudas y vendió inmuebles como quien liquida el trastero en una subasta. Entre ellos, apartamentos céntricos que ahora sirven de sede oficial para figuras como Zapatero. ¿Ironía del destino? Que el mismo partido que ahora registra su despacho por presuntos delitos de corrupción le regaló el espacio en su día. Como si fuera un pack todo incluido: oficina con vistas, impunidad y un all you can eat de privilegios. Ábalos, por su parte, sigue convencido de que su condena es un castigo ejemplar en una lista de escalada política donde él era el tercer peldaño y Zapatero el segundo, con Sánchez como techo de cristal. Su frase «La que me comí» resume a la perfección el menú del día: él se tragó el rescate, Zapatero se tragó la impunidad, y el PSOE… bueno, el PSOE se tragó 460 millones sin pestañear. Mientras, los ciudadanos pagamos el postre: recortes, crisis y la eterna sensación de que, en este país, algunos nacen con tarjeta oro y otros con vale de descuento. Lo más gracioso (o trágico, depende del humor del día) es que Ábalos tiene razón en lo de la doble vara. Pero no solo en el trato a Zapatero, sino en el trato de favor que el partido brinda a sus veteranos. Porque, ¿cuántos mortales comunes pueden permitirse una oficina cedida por el PSOE mientras cumplen condena? Ninguno. Pero Zapatero, claro, es especial. Como ese cliente VIP que entra sin colas en el supermercado mientras el resto hace cola como sardinas en lata. Y así, entre telebasuras penitenciarias y llamadas con su hijo, Ábalos sigue siendo el eterno testigo incómodo de un sistema donde el dinero público se evapora como el agua en el desierto y los privilegios son tan elásticos como los criterios judiciales del PSOE. Mientras, los ciudadanos —los de verdad, los que no tienen oficina en Ferraz— seguimos pagando el iva de este circo. Bienvenidos al reality show de la política española: temporada imputados y sin culpa.
El 'jefe' que no quería dejar rastro en el móvil. Mientras los españoles discutían si el jamón ibérico es más caro que el de York en el supermercado, el juez José Luis Calama desenterró un detalle que huele a operación encubierta con más estilo que la trama de una serie de espionaje: Julio Martínez Martínez no solo llamaba 'jefe' a Zapatero en sus mensajes, sino que su teléfono parecía un WhatsApp de la CIA donde borrar pruebas era un deporte olímpico. El auto judicial —ese documento que los abogados adoran y los ciudadanos leemos con la misma emoción que la lista de la compra— deja claro algo incómodo: el ex presidente socialista no era un mero 'consultor honorífico' en este circo de petróleo, oro y divisas que olía a Venezuela, China y Emiratos como un churrito a gasolina. 600 millones de euros en juego. Sí, has leído bien: seiscientos millones. Esa es la cifra que los investigadores manejan como presupuesto de lujo para un entramado donde Zapatero —según los mensajes rescatados— recibía informes con frases como «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones» o «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente». ¿Coincidencia? El juez Calama lo duda tanto como un padre cuando su hijo le pide «solo un poquito más» de pantalla en el móvil. Porque, claro, si Martínez Martínez era su «lugarteniente principal», ¿qué hacía borrando mensajes como quien elimina fotos vergonzosas de la galería? La danza de los mensajes fantasma. Aquí viene lo mejor: los investigadores encontraron huecos en las conversaciones recuperadas, como si alguien hubiera pasado el borrador de Excel por los chats. Mensajes de terceros llegaban a Martínez Martínez para que él, a su vez, los retransmitiera al jefe (es decir, Zapatero). ¿Por qué no hablar directamente? Porque dejar rastro es como firmar un cheque sin fondos: riesgo innecesario. El juez lo resume con elegancia judicial: «La dinámica buscaba evitar rastros documentales que pudieran comprometer a sus integrantes». Traducción callejera: «Oye, que esto no salga en la tele, que luego viene el revuelo». El dinero que nunca llegó (o sí, pero en otro sitio). Mientras los españoles ahorraban para la jubilación con un 1,5% de interés real (o sea, casi nada), los fondos públicos —o al menos parte de ellos— se esfumaban en operaciones opacas. El auto menciona «pagos efectuados al ex presidente a través de sociedades vinculadas», pero no especifica cuánto. ¿20.000 euros? ¿200.000? Da igual: lo importante es el método. Porque si hay algo que une a políticos y negociantes de sombra es su talento para hacer desaparecer dinero como un mago con un conejo (pero el conejo, en este caso, es la transparencia). La hipocresía del 'no estaba al tanto'. Zapatero, ese maestro del «yo no sabía nada», ahora tiene que explicar por qué su brazo derecho le trataba como a un CEO de multinacional y no como a un ex presidente en el paro. ¿Operaciones de Estado? ¿Negocios privados? El juez no lo dice, pero los mensajes recuperados pintan un cuadro incómodo: una red donde las órdenes bajaban de arriba (Zapatero) y los pagos subían de abajo (sociedades opacas). Como en un juego de tronos donde el trono es un fondo negro en paraíso fiscal y los jugadores son abogados con trajes caros. El detalle que lo delata todo. Lo más irónico es que, a pesar de los borrados, alguien se olvidó de que los mensajes existen. Como cuando guardas un secreto en el móvil y luego lo borras, pero tu hermano lo recupera con un software pirata (o en este caso, una orden judicial). El juez tiene los metadatos, los fragmentos, las fórmulas de cortesía que delatan una relación jerárquica. Y mientras los abogados de Zapatero preparan su defensa a la española («Fue un malentendido, juez»), lo cierto es que el caso Plus Ultra ya no es solo un caso: es un espejo donde se refleja cómo funciona el poder cuando cree que puede comprar silencio. La moraleja (o cómo gastar 600 millones en vez de en sanidad). Mientras los ciudadanos pagamos 900 euros al año en impuestos indirectos (sí, eso que suma el IVA en cada café), alguien movía cifras que harían palidecer a un influencer de criptomonedas. El caso no es solo sobre petróleo y oro; es sobre la distancia abismal entre lo que nos venden (transparencia, ética) y lo que hacen (mensajes borrados, sociedades pantalla, tratamientos de 'jefe'). Zapatero no es el único, pero sí el más sonado. Y mientras los jueces siguen desenterrando pruebas, los españoles seguimos preguntándonos lo mismo: ¿Cuándo aprenderán a no dejar rastro en el móvil… y en los libros de contabilidad?
El apagón que no apaga el debate: cuando Kantar calla y Intxaurrondo gana sin emitir Hay cosas que parecen sacadas de un sketch de El Intermedio: un programa de TVE se queda en cortinillas corporativas durante 20 minutos —ni siquiera en negro, que sería más digno—, y sin embargo, la audiencia no solo no se va, sino que sube. Sí, como lo lees. Mientras Antena 3 y Telecinco sudaban tinta en sus Espejo Público y La Mirada Crítica, La hora de la 1 de Silvia Intxaurrondo se ancló en el liderazgo con un 14% de share (y hasta llegó al 15,7% en el clímax del apagón, a las 08:23, hora en la que hasta el más despistado habría cambiado de canal si no fuera por inercia o masoquismo ideológico). Kantar Media —ahora Fifty5Blue, porque hasta el nombre suena a startup de Silicon Valley que nunca ha visto un planning de televisión— guarda un silencio más elocuente que las cortinillas de TVE. Cinco días después del blackout del 15 de mayo (entre las 08:09 y las 08:28, cuando La 1 y el Canal 24 horas se quedaron sin señal), la empresa de medición de audiencias no ha emitido ni un comunicado, ni una nota técnica, ni un tuit con cara de póker. ¿Distorsión? ¿Error de audímetro? ¿O simplemente la confirmación de que, en la España polarizada, la fidelidad a la marca TVE —especialmente en su franja más progres— es más fuerte que el sentido común? Los datos, fríos como un café solo de bar de toda la vida, son estos: antes del apagón, Intxaurrondo arrasaba con un 20,4% de cuota. Durante el cutre de cortinillas, el share se desplomó... hasta el 14%. Y cuando volvió la señal, no solo no se fue a pique, sino que se mantuvo en el podio. ¿Magia? No, ingeniería social: hay un 13-14% de la audiencia que, o está tan enganchada a la idea de ver (o no ver) a Intxaurrondo como un adicto a la heroína a su dosis matutina, o simplemente tiene la tele puesta de fondo mientras se toma el primer café, como esos bares que dejan la cadena pública como música de ambientación para no perder el hilo con el mundo. Pero hay más: los expertos del sector —esos mismos que defienden a Kantar como si fuera la Virgen de la Macarena— sacan a relucir la polarización como excusa perfecta. Resulta que en la España del 2024, donde hasta el pan tiene ideología, el público más escorado a la izquierda se aferra a TVE como un peñero a su botella de txakoli. Y no es solo Intxaurrondo: el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco ha registrado ceros técnicos en Cataluña, demostrando que los audímetros de Kantar tienen lagunas tan grandes como el agujero de la capa de ozono. ¿Casualidad? No, queridos: es el precio de medir audiencias en un país donde el share es tan político como el bote de la lotería. TVE, por cierto, no fue a negro: emitieron cortinillas corporativas, como si el apagón fuera un reality show de Supervivientes y no un fallo técnico. Los insiders del sector lo comparan con un corte publicitario, aunque sin publicidad de por medio. ¿Y los anunciantes? Ellos, que pagan por cada ojo que mira, deben estar celebrando en silencio: si hasta con pantalla en blanco ganas, imagínate con contenido. Pero Kantar, en lugar de aclarar el misterio, prefiere hacer mutis por el foro, como un camarero que se larga cuando le pides la cuenta. La moraleja callejera: en la España actual, la audiencia no se va de un programa de TVE ni aunque le pongan un documental sobre el IVA. Es la fidelidad del aficionado al fútbol que sigue al equipo aunque pierda 0-5: porque es suyo, coño. Y mientras Kantar sigue callada, el espectáculo continúa —con datos, cortinillas y un público que, o es de piedra, o tiene el remote escondido bajo el sofá.
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