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La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, coincidiendo con su 40ª edición, en un contexto en el que el cine español enfrenta una profunda crisis de audiencia. Según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en 2025 se exhibieron 727 películas españolas, pero más de la mitad, un 53,2%, no llegó a recaudar ni 1.000 euros. Solo 16 películas superaron el millón de euros de recaudación, y únicamente una alcanzó los 10 millones. La película 'Padre no hay más que uno 5', dirigida por Santiago Segura, lideró la taquilla con 13,4 millones de euros, representando el 16,9% del total recaudado por el cine español. La concentración de la recaudación es extrema: solo 10 películas son responsables del 55,65% del total recaudado. Estos datos revelan un desinterés generalizado por el cine español y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la industria y la efectividad de las subvenciones públicas.
Suecia ha logrado crear un vibrante ecosistema emprendedor gracias a reformas fiscales estratégicas que han incentivado la inversión en startups y han fomentado la reinversión de capital. Con medidas como la abolición del impuesto sobre sucesiones y donaciones y la creación de cuentas de ahorro con tributación plana, Suecia ha pasado a ser el cuarto país del mundo en número de 'unicornios' per cápita. Entre 2016 y 2023, registró 823 salidas a bolsa, la mayoría en mercados de crecimiento para pymes. España, por el contrario, mantiene impuestos que penalizan el capital productivo y limitan el desarrollo de empresas jóvenes. La lección sueca sugiere que la clave para fomentar el emprendimiento no está en grandes fondos públicos, sino en políticas coherentes y sostenidas que incentiven la inversión privada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva normativa para limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, en un intento por aumentar la transparencia en la financiación pública de los medios. Esta medida forma parte de su Plan de Acción por la Democracia, impulsado tras el estallido del caso Begoña Gómez. Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, el gasto en publicidad institucional ha aumentado considerablemente, pasando de 62,85 millones de euros en 2019 a 155,6 millones previstos para 2026. En total, entre 2019 y 2026, el Gobierno habrá gastado más de 1.000 millones de euros en publicidad institucional sin que se sepa exactamente a qué medios han ido a parar estos fondos. El ministerio que más dinero recibe es el de Transición Ecológica, con 17,1 millones, seguido de Igualdad y Agricultura. La normativa necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados, donde el voto de Junts será clave.
La tensión en el seno de la Policía Nacional sigue en aumento tras las graves acusaciones formuladas por JUPOL contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. Laura García, portavoz del sindicato, ha denunciado en el programa 'La Noche de Cuesta' de esRadio que el policía implicado en el 'caso DAO' no solo ha mantenido su cargo, sino que ha sido promocionado a un puesto de mayor relevancia. Óscar San Juan, mano derecha del exdirector del DAO, ahora ostenta el cargo de jefe de la Brigada de la Unidad Central Operativa de la Comisaría General de Policía Científica, uno de los puestos más destacados en la investigación de crímenes en España. Mientras tanto, continúa disfrutando de las prebendas asociadas a su posición, incluyendo una vivienda oficial y un vehículo con chófer. García ha subrayado que este trato de favor es inaceptable y ha generado un profundo malestar entre los agentes de policía. La situación ha llevado a JUPOL a convocar una concentración frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Marlaska. El sindicato ha criticado duramente la gestión de la cúpula policial, acusándola de encubrir a los implicados y de permitir que las órdenes políticas interfieran en los despliegues y traslados de agentes. La concentración tendrá lugar hoy, y mañana se repetirá con el apoyo del sindicato CEP, sumando presión a la petición de responsabilidades. García ha concluido que mientras se mantengan los privilegios para los altos cargos y se normalice el encubrimiento de delitos graves dentro de la Policía, la confianza de los ciudadanos y de los propios agentes en la institución seguirá deteriorándose.
La inacción de la Fiscalía General del Estado ante el escándalo del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de agresión sexual, ha generado estupor en el ámbito judicial. Fuentes jurídicas critican a la Fiscal General, Teresa Peramato, experta en violencia de género, por su silencio en un caso que afecta al Ministerio del Interior y al Gobierno de Pedro Sánchez. La querella presentada detalla cómo el ex DAO obligó a la víctima a subir a su domicilio, donde desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual con violencia física e intimidación ambiental. La Fiscalía ha sido comparada con su actuación en el caso de Julio Iglesias, donde rechazó su solicitud de personarse en la investigación en solo 4 horas, mientras que en este caso no ha habido ninguna comunicación con el abogado de la víctima. Además, ha salido a la luz una segunda denunciante contra el ex DAO, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha vetado un acto de Vox en su campus de Álava, citando 'riesgos para la seguridad' y calificando la ideología de la formación como 'totalitarismo'. Sin embargo, en su claustro de profesores figuran varios exmiembros de ETA, como Julen Zabalo Bilbao, condenado a 25 años de prisión por pertenencia a banda armada, y Ainhoa Ozaeta, exjefa del aparato de extorsión de ETA, contratada como profesora en el Departamento de Economía y Gestión tras cumplir su condena en 2023. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció la contratación de Ozaeta, calificándola de 'despropósito preocupante' y cuestionando la celeridad del proceso. La contradicción entre el veto a Vox y la presencia de exetarras en el profesorado ha generado controversia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la desclasificación de los documentos del 23-F, lo que ha generado dudas razonables en varios sectores debido a la tendencia del Ejecutivo a reescribir la historia y manipular la memoria. El anuncio ha sido visto como un intento de desprestigiar a la Corona y calentar el republicanismo, aprovechando la desclasificación para mostrar solo los documentos que favorezcan sus intereses y ocultar aquellos que beneficien al Rey Juan Carlos. La decisión se produce en un momento en que Sánchez está acorralado por numerosos escándalos de corrupción y abusos sexuales. Políticos como Jaime Mayor Oreja, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y Esther Muñoz han advertido que la verdadera aspiración de Sánchez es instaurar la República, desprestigiando primero la Monarquía y la Transición. La desclasificación parcial y tergiversada de los documentos podría ser el comienzo de una campaña para arrebatar a Don Juan Carlos uno de sus grandes logros: haber frenado el intento de golpe de Estado de 1981. Con un precio de la manipulación histórica, el Gobierno busca tapar sus escándalos y movilizar a una izquierda decepcionada con su líder.
La Guardia Civil ha emitido un contundente informe contra Adif, el administrador ferroviario, por presuntamente retirar pruebas del accidente de Adamuz sin autorización judicial ni notificación a las autoridades. Según el oficio de la Guardia Civil, el personal de Adif realizó 'distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material' desde la zona del accidente hasta su base en Hornachuelos, donde practicaron 'pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo'. El responsable de la base de mantenimiento de Adif declaró que recibió 'orden verbal del Jefe de Área' para retirar 'cupones de raíl, entre las que hay soldaduras', y trasladarlos a la base entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero. Aunque el responsable afirmó que las pruebas 'no fueron destructivas', la Guardia Civil había solicitado el 2 de febrero que no se realizaran actuaciones en las soldaduras sin autorización previa. Adif ha respondido que solo retiró material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su primera inspección, y que todo el material estuvo a disposición judicial y policial en sus instalaciones. La controversia ha generado un intenso debate sobre la integridad de la investigación y la actuación de Adif.
En un autobús de la EMT de Palma, un joven marroquí de 22 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser sorprendido masturbándose delante de varios pasajeros, incluyendo niños de cinco años. Los hechos ocurrieron cerca de la Jefatura Superior de Policía de Palma de Mallorca. Un ciudadano alertó a los agentes, quienes actuaron rápidamente y detuvieron al joven por presunto delito de exhibicionismo. El suceso generó gran indignación entre los presentes y preocupación por la presencia de menores en el autobús. La detención puso fin a una escena que los viajeros describieron como surrealista e incómoda.
En un municipio de Mallorca, un comercial de Securitas Direct visitó una casa para ofrecer sistemas de alarma. Tras su marcha, el dueño descubrió que cuatro muñecos decorativos habían desaparecido. Las cámaras de seguridad revelaron que la comercial se los había llevado. Cuando el dueño acudió a la oficina de Securitas Direct en Baleares para pedir explicaciones, recibió disculpas pero no una solución clara. Lo más sorprendente llegó días después, cuando desde la central en Madrid le ofrecieron contratar un sistema de seguridad sin conocer los detalles del incidente. Los muñecos robados tenían un gran valor sentimental para el dueño, ya que habían sido un regalo de su abuela fallecida recientemente. Solo uno de los muñecos fue devuelto, y estaba roto. La historia deja una sensación de frustración y falta de responsabilidad por parte de la empresa.
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Cristian Sanz