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Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, posee una VPO y un casoplón de 519 m2 en Villanueva de la Serena. Adquirió la VPO el 23 de diciembre de 2002 por 109 m2. Gallardo fue alcalde de Villanueva de la Serena desde el 14 de junio de 2003 hasta el 20 de marzo de 2024 y presidente de la Diputación de Badajoz desde el 18 de julio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025. Declaró tres inmuebles distintos en su declaración de bienes y rentas presentada el 21 de mayo de 2025, camuflando las dimensiones del casoplón. Según el Catastro, el casoplón tiene 519 m2 y fue comprado en 2016 al 50% con Montserrat Manchado. La VPO sigue sujeta al régimen de protección oficial y no ha sido cancelada por caducidad. Gallardo está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comunicaba con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales, a través de un teléfono móvil de prepago. Utilizaban un sistema de comunicaciones diseñado para evitar rastros, con dispositivos básicos sin conexión a internet y tarjetas SIM de prepago. Martínez facilitaba los terminales a Zapatero y los retiraba posteriormente siguiendo criterios de seguridad estrictos. El empresario manejaba entre cuatro y seis teléfonos al mes, utilizándolos de forma simultánea y escalonada. La Policía no logró intervenir todos los dispositivos utilizados. La investigación continúa abierta y se centra en reconstruir las comunicaciones diseñadas para no dejar rastro. Julio Martínez fue detenido junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, por una presunta trama internacional de blanqueo de capitales. Los detenidos quedaron en libertad provisional con retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La investigación también analiza movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro. Análisis Relevante SL, una de las sociedades de Martínez, figura como cliente de What The Fav, la agencia de comunicación fundada por las hijas de Zapatero.
José Luis Rodríguez Zapatero utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar reuniones clandestinas con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales relacionado con Plus Ultra. El último encuentro fue el lunes anterior a su detención, en el monte de El Pardo (Madrid), zona sin cobertura telefónica. El operativo incluyó cuatro vehículos y seis agentes. Zapatero se desplazó en un Toyota Land Cruiser negro, acompañado por un Land Rover Freelander blanco con antenas de seguridad. Otros vehículos involucrados fueron un MG negro para contravigilancia y un Ford Mondeo azul. Los encuentros entre Zapatero y Martínez eran prácticamente diarios desde hacía varios años bajo protección oficial. La reunión se realizó en un descampado del monte de El Pardo, seguido de un paseo por un camino restringido y cerrado al tránsito general, y finalizó en el restaurante El Torreón. Durante el encuentro, Martínez mostró documentación a Zapatero en una bolsa de deporte. El dispositivo de seguridad incluía vigilancia en los accesos y perímetro, aprovechando la falta de cobertura telefónica y el control de accesos para mantener el secreto.
El número de asesores y personal eventual en los ministerios del Gobierno alcanza 987 personas a julio de 2025, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esto representa un aumento de 39 personas respecto a enero de 2025 y más de 300 personas desde julio de 2018. El incremento se concentra principalmente en Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que suman 499 eventuales, 22 más que en enero. Otros ministerios como Transformación Digital y Función Pública, Política Territorial y Memoria Democrática, y Ciencia, Innovación y Universidades también registran aumentos. El total de empleados públicos en España supera los 3,1 millones, con 3.107.195 efectivos a julio de 2025, un incremento de 69.763 en seis meses y más de 523.000 desde julio de 2018. Los ministerios cuentan con 96.441 empleados a julio de 2025, frente a los 95.337 de enero. El aumento del personal de confianza ocurre en un contexto de expansión general del sector público y mayor presión sobre las cuentas públicas debido al crecimiento del gasto en pensiones, retribuciones públicas y deuda.
La juez del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha citado a Olga García Sáez, directora de operaciones de Correos, como testigo por presunto amaño de votos a favor del PSOE en Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de mayo de 2019. García Sáez deberá comparecer el 2 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. La investigación analiza la tramitación de solicitudes de voto por correo y posibles irregularidades. La Guardia Civil ha detectado indicios de un modus operandi similar en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde se investigan presuntas compras de votos y coacciones a electores. En Albaida del Aljarafe, se investiga la participación de la dirección local del PSOE y posibles coordinaciones con otros municipios. La causa podría ampliarse con nuevas imputaciones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y una empresa llamada Mediaciones Martínez, que gestionaba residencias de inmigrantes en Canarias durante la crisis de las pateras en 2024. La empresa Residencias Tuteladas de Aragón, creada por Carmelo Aznárez, se dedicaba a la acogida residencial de inmigrantes. El grupo Hiroruk, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, habría obtenido 750.000 euros por intermediar en rescates y contratos públicos por valor de 132,9 millones. La SEPI concedió un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos y Sepides otorgó 17,3 millones a Arapellet, parte del grupo Forestalia. Los investigadores han acreditado transferencias de al menos 49.350 euros a favor de Vicente Fernández. La trama operó entre 2021 y 2023, afectando varias Administraciones públicas.
Cuatro de los 29 rescates realizados por la SEPI durante la pandemia están bajo investigación por sospecha de corrupción. Estos cuatro rescates representan 961 millones de euros, el 36% del total concedido por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Los rescates investigados son: Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Plus Ultra (53 millones) y Tubos Reunidos (113 millones). La investigación revela posibles irregularidades en la concesión de estos rescates, incluyendo pagos a intermediarios y uso indebido de fondos. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y otros detenidos están siendo investigados por delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Los datos conocidos indican que el grupo Hirurok recibió 114.950 euros por su intermediación en el rescate de Tubos Reunidos. De manera similar, Víctor de Aldama cobró 169.400 euros por asesorar a Air Europa. La SEPI y el Ministerio de Hacienda defienden que se respetó la normativa, pero se niegan a revelar detalles de los expedientes. La Audiencia Nacional ha solicitado información sobre los rescates de Ávoris y Air Europa, pero el Ministerio de Hacienda se niega a aportarla. La investigación continúa con registros en la sede de Plus Ultra y detenciones de sus directivos.
Ingenieros alemanes utilizan salmuera de pepinillos para evitar hielo en carreteras y pistas de aterrizaje. El proceso reduce el impacto ambiental y los costes respecto a la sal convencional. La salmuera se limpia y refuerza hasta alcanzar un 22% de salinidad, permitiendo su uso a temperaturas de hasta -18ºC. El precio de la sal convencional oscila entre 70 y 90 euros por tonelada. En España se usan hasta 360.000 kilos de sal para carreteras principales y más de 500.000 kilos en episodios de gran intensidad como la borrasca Filomena. La Diputación de Segovia prepara la campaña invernal con 30 personas y nueve quitanieves.
A partir del 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria controlará todos los movimientos de dinero, especialmente los realizados por medios electrónicos. Transferencias bancarias de 300 euros mensuales de padres a hijos para pagar la hipoteca serán consideradas donaciones si no se devuelven. La normativa anterior obligaba a los bancos a informar de movimientos superiores a 3.000 euros. Ahora, el umbral pierde protagonismo y se presta atención a la regularidad de los ingresos. Ingresos recurrentes de 50, 200 o 300 euros al mes pueden encender alarmas si se repiten en el tiempo y no tienen justificación fiscal clara. Las donaciones entre padres e hijos cuentan con bonificaciones de hasta el 99% en muchas regiones, pero deben declararse y cumplir requisitos formales. Si Hacienda detecta una donación no declarada, puede exigir el pago del impuesto, aplicar recargos e imponer sanciones. Para evitar problemas, se recomienda formalizar la ayuda mediante un préstamo familiar con contrato y calendario de devoluciones, o declarar la donación mediante el modelo autonómico correspondiente.
La humedad en viviendas aumenta en invierno, causando problemas como olor a cerrado, cristales empañados y manchas en paredes. Un truco casero efectivo combina sal gruesa y romero en un frasco para absorber humedad y mejorar el aroma. La sal gruesa es higroscópica y atrae humedad, mientras que el romero libera compuestos aromáticos como borneol, alcanfor y eucaliptol. Este método es ideal para espacios pequeños con humedad moderada, como armarios y baños sin ventana. No sustituye a deshumidificadores eléctricos, pero sirve como complemento o para casos de humedad moderada. Para mejores resultados, se recomienda preparar varios frascos y renovarlos cada pocas semanas. La sal gruesa tiene una capacidad limitada de absorción, por lo que no evita manchas de moho ni soluciona problemas graves de humedad. Está indicado para prevenir olores y mantener secas pequeñas zonas del hogar.
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Rocío Delgado