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Francisco Salazar, dirigente socialista y asesor de Pedro Sánchez, pactó su salida del PSOE a cambio de encargos de estudios y encuestas a través de una consultora creada por él. El acuerdo se produjo en un momento en que afloraban denuncias de acoso sexual contra Salazar. La consultora, denominada Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales SL, fue constituida el 1 de septiembre de 2023. Salazar figura como administrador único de la compañía. El PSOE ha encargado a esta consultora sondeos internos, informes de clima político y análisis territoriales. La salida de Salazar se produjo tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por una trabajadora de La Moncloa y una voluntaria del PSOE. Salazar había ocupado varios cargos en el Gobierno y en el PSOE desde 2020, siempre con periodos de menos de un año. Su relación estrecha con Pedro Sánchez llevó al PSOE a buscar una salida pactada para evitar un escándalo público.
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda i Montcusí, ha presentado la primera denuncia ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reclamando 48.000€ por bienes municipales incautados durante el franquismo. La reclamación se basa en la Ley de Memoria Democrática y ha sido apoyada por ERC y el diputado Francesc Marc Álvaro. El ayuntamiento de Caldes de Montbui calcula que las 70.000 pesetas incautadas en 1939 equivalen a 48.000€ actuales. La investigación ha sido realizada con la colaboración de dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la historiadora Neus Moran. El alcalde afirma que la represión franquista en la localidad fue dura y que el expolio de las cuentas municipales fue otra forma de represión. Si el Gobierno no indemniza, recurrirán a la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, está al corriente de las acciones emprendidas. La Directora General del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdizán, será informada próximamente.
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. La sentencia sostiene que la pena conlleva la privación definitiva del cargo. Sin embargo, la decisión de expulsarle de la carrera fiscal queda en manos de la Fiscalía. García Ortiz fue condenado por filtrar un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia incluye un voto particular de dos magistradas que discrepan de la condena. Los magistrados consideran que la inhabilitación especial para empleo o cargo público sería excesiva. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, deberá abordar el futuro de García Ortiz en su primer consejo fiscal. La Inspección Fiscal determinará las consecuencias internas de la inhabilitación.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró en el Senado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una excepción promovida por el rector Joaquín Goyache. Doadrio se sintió obligado a cumplir la orden pese a no tener título universitario. La cátedra se creó en octubre de 2020 con un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Doadrio reconoció que algunos patrocinadores jamás habían colaborado con la UCM hasta ese momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 121 correos electrónicos que mencionaban a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, negociando adendas, donaciones y patrocinios. Doadrio afirmó que Begoña Gómez no cobró por la cátedra pero sí por los másteres, unos 15.000 euros anuales. Begoña Gómez está investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La UCM certificó que Gómez tenía experiencia previa y relaciones con empresas pese a no tener titulación superior.
La Guardia Civil detuvo el miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Trabajó para Enusa y Correos entre 2018 y febrero de 2023. Fernández fue presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2019 tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se centra en una operación bajo secreto ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Díez está acusada de liderar un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación incluye audios donde Díez ofrece favores a cambio de información sensible sobre investigaciones en curso. El juez Arturo Zamarriego tomó declaración a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Pedro Sánchez ordena una resolución sobre Paco Salazar en una semana tras su cese como mano derecha por denuncias de acoso sexual. El PSOE emitirá una 'resolución terrible' sobre dos militantes que trabajaron con él en Moncloa. Antonio Hernández Espinal fue cesado este martes. Fuentes socialistas admiten errores en el protocolo antiacoso al no contactar a las denunciantes en cuatro meses. La portavoz Pilar Alegría reconoció que fue un 'error' comer con Salazar el 3 de noviembre. El núcleo de Sánchez niega encubrimiento, afirmando que se cortó toda relación tras frustrarse la incorporación de Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE en julio. Mientras, se busca al 'topo' dentro del partido que filtra información. La entrada de Antonio Hernando como vocal estaba prevista una semana antes de la salida de Salazar. El secretario de Estado de Telecomunicaciones es considerado uno de los personajes más 'peligrosos' por posibles filtraciones. Pedro Sánchez enfrenta una crisis tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, y la investigación sobre Santos Cerdán.
Next Generation Caliope Innova, empresa ligada a Santos Cerdán a través de Joseba Antxon Alonso Egurrola, comparte sede en Serrano 76 (Madrid) con sociedades vinculadas a Forestalia. La empresa de Alonso se instaló en septiembre de 2022 y abandonó el 26 de noviembre. Forestalia, presidida por Fernando Samper, tiene numerosas filiales en España, especialmente en Aragón, Madrid y Navarra. La coincidencia registral no implica dependencia societaria, pero delimita un mismo espacio de actividad mercantil. Next Generation Caliope Innova presenta ausencia de empleados y un activo corriente de 2,1 millones de euros. Mediaciones Martínez/Promociones Inmobiliarias Ku-ma, vinculada a Forestalia y la familia Sumelzo, transfirió al menos 147.000 euros a Servinabar, empresa compartida por Cerdán y Alonso Egurrola. La familia Sumelzo abonó 12.100 euros a Servinabar. Forestalia impulsa proyectos renovables en Aragón, Navarra y el País Vasco, incluyendo una línea de Muy Alta Tensión de 270 kilómetros entre Zaragoza y Gatika. Alonso Egurrola actuó como interlocutor ante el Gobierno de Navarra en reuniones sobre proyectos de Forestalia. La Guardia Civil investiga presuntas comisiones y adjudicaciones públicas relacionadas con estas empresas. El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, otorgó declaraciones de impacto ambiental favorables para varios tramos del proyecto de Forestalia.
El Tribunal Supremo ha anulado una multa de 275.966,25 euros impuesta por el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, a un contribuyente. La sanción original se dictó por presuntas facturas falsas emitidas en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, catalogadas como infracción tributaria muy grave. El contribuyente solicitó la práctica de pruebas durante el plazo de alegaciones, pero Hacienda rechazó su petición, argumentando que el obligado tributario no puede determinar las pruebas que debe realizar la Administración, sino solo aportar documentos, datos y pruebas. Esta decisión de Hacienda fue revertida por el Tribunal Supremo en una sentencia del 24 de noviembre, que estima el recurso del contribuyente contra una sentencia previa de diciembre de 2022 de la Audiencia Nacional. El Supremo dictaminó que Hacienda vulneró el derecho a la presunción de inocencia del afectado. La Corte destacó que, aunque el procedimiento sancionador tributario posee particularidades, como la ausencia de un periodo específico de prueba, esta singularidad no invalida el derecho a realizar alegaciones y a aportar medios de prueba para la defensa del posible infractor. Por tanto, el rechazo inmotivado de pruebas por parte de Hacienda invalida la sanción. La sentencia subraya la interconexión de dos derechos fundamentales: el uso de medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia, este último garantizado por la Constitución. La resolución concluye que, al pasar directamente del requerimiento al procedimiento sancionador sin admitir las pruebas, Hacienda vulneró estos derechos fundamentales del contribuyente.
Un hombre magrebí de 40 años agredió a una mujer de 80 años empujándola contra un tren de Metro de Madrid en la estación de Sol el 9 de diciembre de 2025. El suceso, ocurrido a las 12:13 horas, provocó que la víctima sufriera un traumatismo craneoencefálico y varias contusiones, además de ser golpeada y pateada en la cabeza en el suelo. El tren afectado se dirigía hacia Pinar de Chamartín cuando entraba en la estación. Varios testigos presenciaron la brutalidad de la agresión. Un agente de policía fuera de servicio intervino rápidamente, reduciendo al agresor antes de la llegada de efectivos policiales. La Policía Nacional, que tiene una comisaría dentro del suburbano, se personó en la estación. Fuentes policiales indicaron que el agresor tiene numerosos antecedentes y problemas de salud mental. La agresión causó la suspensión del servicio de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín en la estación de Sol durante aproximadamente 45 minutos. Metro de Madrid anunció que se personará como acusación particular en el proceso judicial para esclarecer los hechos. La compañía metropolitana buscará ejercer acciones civiles y penales contra el autor, argumentando que la prestación del servicio público de transporte, la gestión de las instalaciones ferroviarias y los medios personales se vieron afectados. Esta medida busca exigir todas las responsabilidades derivadas de la agresión. El agresor fue detenido este mediodía, según informó el diario El Mundo.
El 9 de diciembre de 2025, los ministros del Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron un mecanismo que permite a los países con mayor presión migratoria, incluyendo a España, reubicar hasta 21.000 inmigrantes en otros países europeos durante 2026. Este programa tendrá un coste total de 420 millones de euros. Esta cifra representa una reducción significativa respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que contemplaba 30.000 inmigrantes y 600 millones de euros en su borrador de Pacto Migratorio. Una cláusula clave de este Pacto establece que los países con menor presión migratoria pueden reducir el número de personas que acojan a cambio de realizar una contribución económica al fondo de inmigración. En este contexto, Bélgica anunció el 10 de diciembre de 2025 su decisión de pagar 12,9 millones de euros para evitar recibir inmigrantes adicionales, más allá de los que ya residen en su territorio, según declaró Anneleen Van Bossuyt, ministra belga de Asilo y nacionalista valona. Estos 12,9 millones de euros se distribuirán entre los cuatro países identificados por la Comisión Europea como los que experimentan mayor presión migratoria: España, Grecia, Italia y Chipre. Fuentes diplomáticas informaron a EFE que, tras la reunión de ministros del Interior, existe una mayor disposición entre los Estados miembros a contribuir financieramente al fondo en lugar de acoger directamente a inmigrantes. La Comisión Europea designará un coordinador para trabajar con los Estados miembros afectados y asegurar que el fondo de solidaridad se distribuya según las necesidades. En noviembre de 2025, la Comisión Europea ya había determinado que España, Chipre, Grecia e Italia están bajo presión migratoria, lo que les permite beneficiarse de este mecanismo. Además, se identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países afectados por la presión migratoria acumulada en años anteriores, lo que les abre la posibilidad de solicitar deducciones en sus aportaciones. El acuerdo político alcanzado este lunes deberá ser formalmente aprobado antes del 31 de diciembre de 2025 para su implementación efectiva.
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Rocío Delgado