El título promete una acción contundente de Feijóo contra el bloqueo del Congreso, pero el contenido revela una crítica más amplia al funcionamiento del Congreso y la relación con el Senado. La crítica al bloqueo es clara, pero falta un llamado a la acción inmediata para los lectores.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permaneció más de cuatro meses sin línea telefónica en España desde el 5 de noviembre de 2021 hasta el 22 de marzo de 2022 para evitar la geolocalización de la Agencia Tributaria. Durante este tiempo, fingía residir en Portugal para beneficiarse de un régimen fiscal más favorable. El 22 de marzo de 2022, reapareció con un nuevo teléfono registrado a nombre de Playbol SA, la sociedad de su padre. Este número, terminado en 885, continúa utilizándolo. La maniobra, conocida como 'black phone', es común en redes criminales y operaciones de fraude fiscal. David Sánchez usó este teléfono hasta que la Diputación de Badajoz le facilitó un móvil el 15 de marzo de 2023. No volvió a contratar una línea a su nombre hasta el 28 de enero de 2025. La investigación ha acreditado que ha utilizado al menos siete líneas telefónicas diferentes desde su llegada a Badajoz en 2017, incluyendo tres extranjeras de Rusia, Kazajstán y Estados Unidos. La Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid analiza una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias para investigar si David Sánchez cometió un delito de fraude fiscal.
Hoy, 30 de septiembre, se cumple el plazo constitucional para que el Gobierno presente en la Cámara Baja el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo incumple esta obligación legal. El artículo 134 de la Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. La Constitución prevé que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior. El Gobierno de Pedro Sánchez optará por una tercera prórroga de las cuentas de 2023 debido a la falta de apoyos parlamentarios y las discrepancias con socios como Junts y Podemos. La Comisión Europea ha expresado su preocupación por la reiterada falta de presentación de los Presupuestos. El proceso de aprobación de los Presupuestos se ha retrasado, incluyendo el techo de gasto y la senda de estabilidad, que aún no han sido aprobados.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por su conexión con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. Según informes de la UCO, Zapatero se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para acelerar el rescate. El empresario Víctor de Aldama, involucrado en la trama Koldo, ha revelado que Zapatero presionó para que se aprobara el rescate. Además, se investiga un posible blanqueo de capitales relacionado con la ayuda, ya que Plus Ultra firmó contratos de préstamo con sociedades vinculadas a una presunta organización criminal. El blanqueador de Aldama en la República Dominicana, Jorge Brizuela Guevara, ha mantenido contactos con miembros de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez. La investigación también involucra a empresarios venezolanos y peruanos en una presunta organización criminal asentada en España, Suiza y Francia.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha exigido disculpas a Pablo Iglesias y Ernesto Ekaizer por llamarlo 'prevaricador' en el programa 'Malas Lenguas' de RTVE. El pasado 21 de agosto, Iglesias declaró que Peinado podría ser un prevaricador debido al pacto entre PP y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Peinado ha presentado una demanda de conciliación contra Iglesias, Ekaizer y el director de RTVE, Sergio Calderón, reclamando un pago de 60.000 euros por daños morales y perjuicios. Les exige que se disculpen y no vuelvan a realizar acusaciones difamatorias. La demanda ha sido presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha informado a la Fiscalía Europea que cartas de recomendación como las presentadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, beneficiaron 'injusta e ilegalmente' a la UTE formada por empresas del investigado Juan Carlos Barrabés en contratos adjudicados por Red.es. El informe de más de 300 páginas detalla que dichas cartas fueron valoradas positivamente en la oferta vinculada a Barrabés, lo que benefició a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School. La IGAE sostiene que la valoración de estas cartas y de los currículos aportados fue ilegal y arbitraria, y que benefició a determinados licitadores en detrimento de otros. Los contratos en cuestión fueron adjudicados por 8,4 millones de euros. Begoña Gómez declaró haber firmado las cartas para respaldar la importancia del proyecto, no para apoyar a las empresas de Barrabés. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los contratos financiados con fondos europeos.
El empresario Víctor de Aldama afirmó que hubo 'fraude electoral' en las elecciones generales y señaló 'amaño de papeletas'. También aseguró que el PSOE 'se ha financiado ilegalmente'. Aldama mencionó conversaciones entre Koldo García, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El empresario apuntó a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 10 millones de euros. También reveló que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate de la aerolínea. Aldama se refirió a un fraude electoral a nivel nacional y mencionó 'amaños de papeletas y otras serie de cosas'.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó anomalías en las adjudicaciones a favor de Juan Carlos Barrabés en Red.es. Se borraron 'metadatos' en documentos relacionados con contratos por valor de 10,6 millones de euros. El informe de la Fiscalía Europea critica la pérdida de 'trazabilidad' de documentos que permitieron que las empresas respaldadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se hicieran con dichos contratos. La IGAE habla de un posible fraude de ley y 'una gran opacidad' en las adjudicaciones. Las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés fueron 'muy insuficientes'. Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que imputó a Barrabés en junio pasado. Los contratos se financiaron con fondos comunitarios entre marzo y agosto de 2021. La primera adjudicación fue de 2,1 millones de euros el 18 de marzo de 2021. La segunda fue de cerca de 5 millones el 30 de julio de 2021. La tercera fue de más de 3,6 millones el 2 de agosto de 2021.
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