Crítica:
Título poco informativo, faltan detalles clave
Título poco informativo, faltan detalles clave
Hoy, 30 de septiembre, se cumple el plazo constitucional para que el Gobierno presente en la Cámara Baja el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Por tercer año consecutivo, el Ejecutivo incumple esta obligación legal. El artículo 134 de la Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. La Constitución prevé que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior. El Gobierno de Pedro Sánchez optará por una tercera prórroga de las cuentas de 2023 debido a la falta de apoyos parlamentarios y las discrepancias con socios como Junts y Podemos. La Comisión Europea ha expresado su preocupación por la reiterada falta de presentación de los Presupuestos. El proceso de aprobación de los Presupuestos se ha retrasado, incluyendo el techo de gasto y la senda de estabilidad, que aún no han sido aprobados.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha exigido disculpas a Pablo Iglesias y Ernesto Ekaizer por llamarlo 'prevaricador' en el programa 'Malas Lenguas' de RTVE. El pasado 21 de agosto, Iglesias declaró que Peinado podría ser un prevaricador debido al pacto entre PP y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Peinado ha presentado una demanda de conciliación contra Iglesias, Ekaizer y el director de RTVE, Sergio Calderón, reclamando un pago de 60.000 euros por daños morales y perjuicios. Les exige que se disculpen y no vuelvan a realizar acusaciones difamatorias. La demanda ha sido presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha informado a la Fiscalía Europea que cartas de recomendación como las presentadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, beneficiaron 'injusta e ilegalmente' a la UTE formada por empresas del investigado Juan Carlos Barrabés en contratos adjudicados por Red.es. El informe de más de 300 páginas detalla que dichas cartas fueron valoradas positivamente en la oferta vinculada a Barrabés, lo que benefició a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School. La IGAE sostiene que la valoración de estas cartas y de los currículos aportados fue ilegal y arbitraria, y que benefició a determinados licitadores en detrimento de otros. Los contratos en cuestión fueron adjudicados por 8,4 millones de euros. Begoña Gómez declaró haber firmado las cartas para respaldar la importancia del proyecto, no para apoyar a las empresas de Barrabés. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los contratos financiados con fondos europeos.
El empresario Víctor de Aldama afirmó que hubo 'fraude electoral' en las elecciones generales y señaló 'amaño de papeletas'. También aseguró que el PSOE 'se ha financiado ilegalmente'. Aldama mencionó conversaciones entre Koldo García, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El empresario apuntó a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 10 millones de euros. También reveló que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate de la aerolínea. Aldama se refirió a un fraude electoral a nivel nacional y mencionó 'amaños de papeletas y otras serie de cosas'.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó anomalías en las adjudicaciones a favor de Juan Carlos Barrabés en Red.es. Se borraron 'metadatos' en documentos relacionados con contratos por valor de 10,6 millones de euros. El informe de la Fiscalía Europea critica la pérdida de 'trazabilidad' de documentos que permitieron que las empresas respaldadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se hicieran con dichos contratos. La IGAE habla de un posible fraude de ley y 'una gran opacidad' en las adjudicaciones. Las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés fueron 'muy insuficientes'. Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que imputó a Barrabés en junio pasado. Los contratos se financiaron con fondos comunitarios entre marzo y agosto de 2021. La primera adjudicación fue de 2,1 millones de euros el 18 de marzo de 2021. La segunda fue de cerca de 5 millones el 30 de julio de 2021. La tercera fue de más de 3,6 millones el 2 de agosto de 2021.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado gestiones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, con entidades para financiar la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según un informe aportado al juez Juan Carlos Peinado, Álvarez contactó con instituciones para colaborar con la cátedra. En un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2022, Álvarez envió a Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la UCM, un borrador de acuerdo con Mindway, relativo a programas de formación. El acuerdo incluía que Mindway donara el 10% de los beneficios a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y que no pudiera utilizar los contenidos del máster en caso de rescisión del contrato. La UCO también menciona otras gestiones vinculadas a la relación de Gómez con la cátedra, como consultas sobre límites salariales, organización de un congreso y solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.
El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y abre un nuevo frente judicial por presunta malversación de fondos públicos. Peinado reclama al Instituto de Empresa todos los correos de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La UCO analizará los correos electrónicos entre Álvarez Rodríguez y el Instituto de Empresa. El juez sospecha que puede encontrar pistas clave para esclarecer si hubo un uso irregular de fondos públicos. La investigación se suma a los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por los que se investiga a Begoña Gómez. El pasado 27 de septiembre, Peinado respondió a las presiones de la acusación popular liderada por HazteOir para alargar los plazos de instrucción. La organización pidió formalmente que se «acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación».
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