Crítica:
El título resulta preciso, pero el contenido podría profundizar más en las implicaciones económicas y políticas de la prórroga presupuestaria. La crítica se centra en la falta de previsión y planificación del Gobierno.
El título resulta preciso, pero el contenido podría profundizar más en las implicaciones económicas y políticas de la prórroga presupuestaria. La crítica se centra en la falta de previsión y planificación del Gobierno.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que presentarán un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Congreso por el bloqueo sistemático de 31 leyes del PP. Estas leyes, aprobadas en el Senado, han sido frenadas en el Congreso. Feijóo critica que este bloqueo impide a los españoles beneficiarse de medidas como la reducción de impuestos, el desalojo rápido de okupas y un Estado más fuerte. Ha dado orden a su grupo parlamentario para que inste al Senado a presentar este conflicto. Feijóo también advierte que extenderán esta acción judicial a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y otros miembros de la Mesa, acusándolos de actuar de manera arbitraria y partidista. El líder del PP sostiene que el Congreso está limitando la facultad legislativa del Senado y que 17 de las 31 leyes podrían haber salido adelante si no se hubieran bloqueado. Critica además que el Gobierno ha perdido 163 votaciones y ha tenido que hacer concesiones a los separatistas a costa de la igualdad y el dinero público.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado por su conexión con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en marzo de 2021. Según informes de la UCO, Zapatero se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para acelerar el rescate. El empresario Víctor de Aldama, involucrado en la trama Koldo, ha revelado que Zapatero presionó para que se aprobara el rescate. Además, se investiga un posible blanqueo de capitales relacionado con la ayuda, ya que Plus Ultra firmó contratos de préstamo con sociedades vinculadas a una presunta organización criminal. El blanqueador de Aldama en la República Dominicana, Jorge Brizuela Guevara, ha mantenido contactos con miembros de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez. La investigación también involucra a empresarios venezolanos y peruanos en una presunta organización criminal asentada en España, Suiza y Francia.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha exigido disculpas a Pablo Iglesias y Ernesto Ekaizer por llamarlo 'prevaricador' en el programa 'Malas Lenguas' de RTVE. El pasado 21 de agosto, Iglesias declaró que Peinado podría ser un prevaricador debido al pacto entre PP y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Peinado ha presentado una demanda de conciliación contra Iglesias, Ekaizer y el director de RTVE, Sergio Calderón, reclamando un pago de 60.000 euros por daños morales y perjuicios. Les exige que se disculpen y no vuelvan a realizar acusaciones difamatorias. La demanda ha sido presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozuelo de Alarcón.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha informado a la Fiscalía Europea que cartas de recomendación como las presentadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, beneficiaron 'injusta e ilegalmente' a la UTE formada por empresas del investigado Juan Carlos Barrabés en contratos adjudicados por Red.es. El informe de más de 300 páginas detalla que dichas cartas fueron valoradas positivamente en la oferta vinculada a Barrabés, lo que benefició a la UTE Innova Next SLU y The Valley Business School. La IGAE sostiene que la valoración de estas cartas y de los currículos aportados fue ilegal y arbitraria, y que benefició a determinados licitadores en detrimento de otros. Los contratos en cuestión fueron adjudicados por 8,4 millones de euros. Begoña Gómez declaró haber firmado las cartas para respaldar la importancia del proyecto, no para apoyar a las empresas de Barrabés. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en los contratos financiados con fondos europeos.
El empresario Víctor de Aldama afirmó que hubo 'fraude electoral' en las elecciones generales y señaló 'amaño de papeletas'. También aseguró que el PSOE 'se ha financiado ilegalmente'. Aldama mencionó conversaciones entre Koldo García, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El empresario apuntó a una presunta financiación ilegal de la Internacional Socialista a través del rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 10 millones de euros. También reveló que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al Ministerio de Transportes para exigir el rescate de la aerolínea. Aldama se refirió a un fraude electoral a nivel nacional y mencionó 'amaños de papeletas y otras serie de cosas'.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó anomalías en las adjudicaciones a favor de Juan Carlos Barrabés en Red.es. Se borraron 'metadatos' en documentos relacionados con contratos por valor de 10,6 millones de euros. El informe de la Fiscalía Europea critica la pérdida de 'trazabilidad' de documentos que permitieron que las empresas respaldadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se hicieran con dichos contratos. La IGAE habla de un posible fraude de ley y 'una gran opacidad' en las adjudicaciones. Las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés fueron 'muy insuficientes'. Las adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que imputó a Barrabés en junio pasado. Los contratos se financiaron con fondos comunitarios entre marzo y agosto de 2021. La primera adjudicación fue de 2,1 millones de euros el 18 de marzo de 2021. La segunda fue de cerca de 5 millones el 30 de julio de 2021. La tercera fue de más de 3,6 millones el 2 de agosto de 2021.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado gestiones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, con entidades para financiar la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según un informe aportado al juez Juan Carlos Peinado, Álvarez contactó con instituciones para colaborar con la cátedra. En un correo electrónico fechado el 16 de febrero de 2022, Álvarez envió a Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de la UCM, un borrador de acuerdo con Mindway, relativo a programas de formación. El acuerdo incluía que Mindway donara el 10% de los beneficios a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y que no pudiera utilizar los contenidos del máster en caso de rescisión del contrato. La UCO también menciona otras gestiones vinculadas a la relación de Gómez con la cátedra, como consultas sobre límites salariales, organización de un congreso y solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.
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