Crítica:
La noticia carece de contexto y profundidad, y se centra demasiado en la figura de Ábalos, sin analizar las implicaciones más amplias de la trama. Además, el título es sensacionalista y no refleja con precisión el contenido del artículo.
La UCO envía al Supremo mails que prueban que Ábalos controlaba todo el proceso de la trama: reuniones, firma y cobro
Ábalos controla todo
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Votos a la venta
Imagina que estás haciendo la lista de la compra, pero en lugar de leche y pan, el Gobierno de Pedro Sánchez está comprando votos. Con un contrato de 1,7 millones de euros, el Ministerio de Justicia quiere agilizar la concesión de la nacionalidad española a 2,3 millones de 'nietos del exilio'. Pero, ¿qué hay detrás de esta iniciativa? La reforma de la ley de Memoria Democrática de 2022 permite a hijos y nietos de emigrantes españoles solicitar la nacionalidad, y el Gobierno está dispuesto a gastar una pequeña fortuna para asegurarse de que estos nuevos ciudadanos puedan votar en las próximas elecciones. La oposición critica esta maniobra, calificándola de 'reemplazo electoral' encubierto. Mientras tanto, la consultora Neoris España SL se lleva el contrato para mejorar los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia, con un plazo de ejecución de dos años. La cuestión es, ¿quién se beneficia realmente de esta medida? Los nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil también pueden optar a la nacionalización, según una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. La hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Sofía Puente, fue la encargada de firmar esta orden. En resumen, el Gobierno está dispuesto a gastar dinero para asegurarse de que estos nuevos ciudadanos puedan votar, pero ¿a qué precio? La nacionalidad española se está convirtiendo en un commodity, y el valor de la ciudadanía se está depreciando. La pregunta es, ¿qué pasará con los verdaderos exiliados, aquellos que tuvieron que huir de España por motivos políticos? ¿Se les olvidará en el camino? La respuesta, como siempre, está en la política. El Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, está detrás de esta iniciativa, y el contrato con Neoris España SL es solo el comienzo. La cuestión es, ¿dónde se detendrá esta carrera por la nacionalidad? Solo el tiempo lo dirá.
Sánchez juega con fuego
La regularización de inmigrantes no es solo una medida humanitaria, sino un movimiento político maestro. El gobierno de Pedro Sánchez busca reforzar su perfil ideológico, dividir a la derecha y absorber a la izquierda. Con una posible afectación a entre 500.000 y 1,2 millones de personas, esta decisión políticamente cargada llega en un momento crucial, cuando la izquierda alternativa está fragmentada y la derecha se debate entre endurecer su discurso migratorio y abrir espacio a Vox. Mientras, el PSOE se presenta como el defensor de la agenda progresista, capitalizando la medida y enviando mensajes a su propio espacio ideológico. La maniobra también tiene un componente internacional, reforzando la imagen de Sánchez como una voz singular en Occidente, más cercana a las tesis humanitarias. En el fondo, la regularización se ha convertido en una de las decisiones más delicadas de la legislatura, no solo por su impacto jurídico o social, sino porque permite al gobierno ordenar medio tablero de un plumazo: reforzar perfil ideológico, absorber a su izquierda, tensar a la derecha y devolver el debate político al terreno de confrontación moral y de bloques. Con Andalucía en el horizonte electoral, el cálculo es aún más valioso. La operación encaja con el relato internacional que Sánchez lleva meses construyendo sobre sí mismo, más cercana a las tesis humanitarias y a la sensibilidad política del llamado Sur Global. La derecha, por su parte, ve en la medida una lógica de largo plazo vinculada al futuro demográfico y electoral del país, una teoría que el gobierno descarta como 'argumentario conspiranoico'. La batalla ideológica inmediata y la lectura a largo plazo reflejan hasta qué punto ambas partes entienden que el debate trasciende ya la política migratoria. En resumen, la regularización es un movimiento político que busca reordenar el tablero, con el PSOE como principal beneficiario. La pregunta es, ¿a qué costo para el país y para los inmigrantes?
Sánchez, el ladrón del IRPF
Pedro Sánchez se pavonea con una cifra que hace temblar la billetera de cualquier español: 325.356 millones de euros cobrados en 2025, sin contar la cotización social que, de la misma manera, se dispara a 180.000 millones. El presidente que juró nunca subir los impuestos a los trabajadores se ha convertido en el héroe de la recaudación, casi duplicando el IRPF de 2017. La cifra de 77.038 millones en 2017 se ha disparado a 142.466 millones, un aumento de 65.428, equivalente a casi un IRPF entero y un 84,9 % de incremento. Mientras la inflación solo sube un 24,7 %, el IRPF se dispara 3,4 veces más que la subida del costo de vida, como si la gente pagara por el precio de la vida y el gobierno cobrara el precio de la vida. El Impuesto sobre Sociedades también se ha convertido en un verdadero juego de suma cero: de 23.143 millones en 2017 a 42.266 millones en 2025, un salto del 82,6 %. El IVA pasa de 63.647 a 99.532 millones, un aumento de 35.885 millones. Los Impuestos Especiales suben 2.775 millones, de 20.308 a 23.083. Y eso sin contar la Seguridad Social, que en 2017 sacó 125.967 millones de los bolsillos de empleadores y empleados, y en 2025 ya estima 180.000 millones, un incremento de 54.033 millones. En total, la recaudación tributaria pasa de 198.101 millones en 2017 a 325.356 millones en 2025, un salto de 127.255 millones. Cuando se suman las cotizaciones sociales, el aumento de esfuerzo tributario supera los 180.000 millones, o sea, 2,2 veces la inflación. El presidente que antes garantizaba la estabilidad fiscal ahora se aferra a la contabilidad como si fuera un billete de lotería. Esta no es una reforma que mejore la vida, es un juego de ajedrez donde el rey es la hacienda y las piezas son los contribuyentes. El mensaje es claro: la balanza está inclinada a favor del Estado y el precio a pagar es el poder adquisitivo de la gente. Las cifras son tan claras como la ventana de la oficina de Hacienda: una tormenta de números que no se ve, pero que se siente en cada factura y en el último recibo de nómina. El gobierno ha convertido la recaudación en un deporte extremo donde el objetivo es recoger más de lo que el ciudadano paga. Cada euro extra se suma a la nómina del Estado, y la única garantía es que el resto se queda en la mano del fiscal, sin que la inflación, la crisis o la moralidad sean más que una excusa. En definitiva, el mayor atraco fiscal no es una simple reforma tributaria, es una guerra de cifras que deja a la ciudadanía con la factura del día a día más pesada que nunca.
INTegraSS: la ilusión de 14 %
El Gobierno, con la misma energía que un vendedor de aspiradoras en feria, lanzó INTegraSS para predecir el futuro de las pensiones. Elma Saiz, de Seguridad Social, y Carlos Cuerpo, de Economía, se mostraron tan alegres que casi se podía oler el perfume de la burocracia. La promesa: un 14 % del PIB, ya que el gasto en pensiones –contributivas, asistenciales y pasivas– pasará a ese nivel entre 2022 y 205. La cifra, que se vende como la última moda, es solo un punto medio. El actual gasto ronda el 13 %, por debajo de la cifra que el propio gobierno proyectó hace un par de años. El 14 % se encuentra por encima del 14,4 % estimado por la AIReF y por encima del 15 % que la Comisión Europea lanza como referencia. La herramienta, que el gobierno llama un “sistema de datos” que “aprovecha todo el potencial de las bases de datos de la Seguridad Social y se enriquece con datos de INE y Hacienda”, suena a ciencia de datos, pero en realidad es un juego de suposiciones. Los datos están a la vista de la administración, pero nadie más puede usarlos, y el gobierno se coloca como el árbitro de la verdad. Si bien la granularidad puede ser interesante, la pregunta es: ¿quién decide que esas proyecciones son la verdad? El segundo truco es la cifra del 14 %. Se vende como un salvavidas, pero es una media que, si el gasto inicial es más bajo, se dispara por encima del 15 % cuando llegue al 2045‑2050. Además, el 14 % no es una victoria, es un recordatorio de que el gasto en pensiones supera al de la mayoría de la Eurozona, lo que suena elegante pero implica un costo para la competitividad. La tercera trampa es aislar el gasto en pensiones del resto del presupuesto público. La Seguridad Social no es un reino aparte; es parte de la misma Hacienda con ingresos por IRPF, IVA, cotizaciones y gastos en defensa, sanidad, educación. Al separar las cifras, se oculta el hecho de que si se aumenta el gasto en pensiones, el resto debe caer o los impuestos deben subir. Y, por último, el optimismo. Elma Saiz asegura que las reformas están funcionando, cuando en realidad son subidas fiscales que cargan a la actividad productiva y se diseñan para el mejor escenario posible. Si la economía se estanca, los ajustes se harán de forma brutal, con recortes del 20‑30 %, sin que nadie cuestione la evidencia. En suma, INTegraSS es menos un instrumento de transparencia y más un espejo que proyecta la ilusión de sostenibilidad, mientras que la realidad se oculta tras su propia capa de datos.
España regulariza y se queda sin papeles
Bruselas se volvió cómplice de la farsa cuando la Comisión Europea, con el mismo fervor con que un barista repite la lista de la compra, recordó que desde 2004 los gobiernos que pongan un parche masivo en la entrada de la inmigración pueden acabar con la puerta cerrada a la gente que realmente necesita ayuda. La frase sacada de 2004, “las regularizaciones a gran escala pueden suponer un incentivo para la migración irregular”, suena tan obvia como la advertencia de un GPS que te dice que vas a hacer una curva peligrosa. Pedro Sánchez, con su habitual encanto de presidente, ha decidido que más de un millón de personas (y sus familias, porque la política nunca es solo un número) podrán respirar un poco más libremente en España. Pero, como cualquier gobierno que quiere vender un billete sin el boleto, no ha enviado la carta de presentación a Europa. En 2006 la UE ya había dictado que los Estados miembros debían avisar sobre los cambios que pudieran afectar a la unión, y en 2009, con la misma seriedad que un abogado revisa un contrato de alquiler, se acordó que las regularizaciones “deben limitarse” y “ser estudiadas caso por caso”. El país, sin embargo, se quedó como un coche sin gasolina: el registro de la regularización sigue siendo un misterio. Alberto Núñez Feijóo, con la calma de un político que prefiere evitar sorpresas, confirmó que sus colegas europeos están “preocupados” por la jugada de su país, la cual se ha llevado a cabo sin la aprobación del Congreso ni la consulta al Consejo de Estado. El Real Decreto que aprueba la medida se aprobó como si fuera un menú de comida rápida: rápido, sin pasaporte, sin debate. Bruselas vuelve a recordar que un permiso de residencia nacional no es un pasaporte para toda la UE, sino un permiso para vivir y trabajar donde se lo expidió. Si alguien se encuentra en situación irregular en otra parte, la UE exige que regrese al Estado que le dio el permiso. La Comisión, con la firmeza de un padre en la escuela, concluye que España debe llevar la responsabilidad de cualquier mal paso. En última instancia, la historia es una parodia de la burocracia: la Unión Europea exige honestidad, mientras el gobierno español actúa como un maestro de escuela que deja los exámenes sin entregar las respuestas.
Congreso gasta 5,9M en almuerzos VIP
El Congreso, con la mirada de un chef que no le gusta la improvisación, ha decidido que sus comensales dignos de un palacio necesiten una factura que haga rugir a los contadores. La Mesa, liderada por la socialista Francina Armengol, cerró el trato con MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L. por 5.915.402,58 € (5,9 millones) en una licitación que, aunque rodeada de confidencialidad, deja claro que la carne, la tortilla y el cafecito son moneda de cambio política. Antes, desde 2019, Cafestore, filial de Sacyr, cuidaba de la cocina del Parlamento. Ahora, la nueva firma tendrá que servir autoservicio en los edificios Ampliación I y III, cafetería en el Palacio y el menú de la Mesa. ¿El precio? Lo que antes costaba 6,45 € al día, ahora tendrá un rango de 8‑12 € para el plato completo, 5,50‑8 € para el medio y hasta 1,50 € por el café solo o descafeinado con leche de soja o avena. Si quieres comer una hamburguesa premium con patatas fritas, no te esperes más de 6,50 €; el tinto de verano con gaseosa, 2,5 €. Los cócteles, los vinos (máx. 17,50 € la copa) y las cenas de gala (máx. 50 €) también entran en la lista de precios. El contrato exige pescados clase A‑PRIMERA, sin conservación, y un servicio de atención parlamentaria que incluye desayunos especiales (máx. 7 €) y un café que no exceda el precio máximo fijado. A pesar de la transparencia en los precios, el monto de la oferta ganadora permanece en secreto por la “declaración de confidencialidad” que obliga a los licitadores a no divulgar nada. En la larga lista de cargos, la licitación cubre cafeterías en el Palacio, Ampliación I y III, autoservicios, restaurante y máquinas expendedoras. El precio del café, antes de 1,10 €, sube a 1,50 €—una subida del 45 % que, en la escala del Congreso, equivale a un salto de la maratón de la vida diaria a una carrera de obstáculos. El gasto de 5,9 millones, sin contar la confusión de la confidencialidad, se convierte en el nuevo “menú de la corrupción” que sirve a los diputados y no a la ciudadanía. La ironía es que el Parlamento, que debería ser el faro de la austeridad, se ha convertido en el buffet de lujo que cobra la misma tarifa que el mejor restaurante de la ciudad. Si la política no es un juego de tiza en la pared, es un juego de balanzas que suben el precio del café sin ofrecer una razón clara. Cuando la gente paga, ya sea con su propio bolsillo o el del Estado, la única pregunta que queda es: ¿vale la pena el sabor?
600k por un tweet: cruzada estatal
Si la última propuesta del PSOE se parece a un manual de cocina para el Estado, lo cierto es que el Gobierno trata de cocinar su propia receta de control digital con 600.000 euros de especias. Pedro Sánchez, el chef de la cocina, ha presentado una proposición de ley que convierte a la CNMC en el vigilante de los medios y las plataformas digitales, como si se tratara de un guardián de la lista de la compra nacional. La CNMC, con su presidente Cani Fernández —anteriormente consejera del gabinete de la Presidencia— y el secretario Óscar López a la cabeza, recibirá la llave de la caja fuerte donde se guardan las cuentas de la prensa y el ciberespacio. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que el Gobierno dejaba a la espera como un bocadillo sin rellenar, ahora se vuelve la base de la sanción. Las multas pueden ir de 150.001 a 600.000 euros, y si un operador comete dos infracciones graves en tres años, la sanción puede incluir la prohibición de operar en España por hasta dos años. Es una medida que, bajo el pretexto de proteger la democracia, amenaza con desmantelar la puerta de entrada a los contenidos de medios y las redes. El 11 abril de 2026 se aprueba la propuesta, pero no sin antes que el Gobierno haya aprobado en julio de 2025 el proyecto de ley de gobernanza digital, que quedó paralizado en el Congreso. El PSOE la describe como un “entorno seguro, predecible y fiable”, pero los críticos la ven como un plan cibernético con más filtros que un filtro de Instagram. La ley también señala que las plataformas “actúan como puertas de entrada a contenidos polarizadores y desinformación”, y que los proveedores controlados por terceros países “practican la desinformación sistemática”. En medio de la tormenta, Elon Musk, propietario de X, ha lanzado una serie de insultos que el gobierno interpreta como “traición al pueblo”, mientras Begoña Gómez, esposa de Sánchez, aparece en un registro de medios supervisado por la CNMC. En resumen, la cruzada de Sánchez se convierte en una bandera con la que apunta al universo de la comunicación digital, prometiendo castigar con 600 000 euros y posibles cierres, mientras el Reino Unido y las plataformas siguen siendo la fuerza que, según el gobierno, necesita ser “controlada” para salvaguardar la democracia.
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