Crítica:
El titular suena a promesa de escape, pero la realidad es un laberinto sin salida. Falta profundizar en cómo la reforma ha reconfigurado la cárcel de la justicia.
El colapso judicial de Bolaños permite la regularización de hasta 3.500 extranjeros en prisión preventiva
Bolaños abre la puerta a 3.500 presos
Otros artículos
Cueto: contrato y carcasa de mascarillas
El Gobierno ha vuelto a empujar la mano de la familia Cueto, el cerebro de la trama de las mascarillas, con un nuevo contrato de 35.000 € que se abre en la cara de un juicio que sigue en el Tribunal Supremo. La pieza, la Comercial Cueto 92 SL, aparece como adjudicataria de un lote de repuestos para el Ejército del Aire, con un presupuesto de 34.999,98 € (impuestos incluidos). La sorpresa: la empresa ya ha acumulado cerca de 300.000 € de contratos con la administración desde que la Fiscalía empezó a tocar su puerta en el caso Koldo. Se trata de un monto que, si lo comparas con la lista de la compra de un super, equivale a “el bolsillo de la familia en una sola compra de supermercado”. El 7 de abril, día de la apertura de ofertas y la primera sesión del proceso de mascarillas, la empresa emergió como la que obtuvo la mayor puntuación entre cinco candidatas. Pero eso no es todo: Cueto, quien controlaba Soluciones de Gestión SL, la firma instrumental que facturó 54 millones de euros a distintos ministerios durante la pandemia, sigue sin contestar a las preguntas de la comisión parlamentaria de Baleares y ha mantenido el silencio desde su detención el 27 de febrero de 2024. A su vez, el mismo empresario está procesado por el caso Defex, un escándalo de comisiones ilegales en Angola que sacudió a Defex, una sociedad semipública dependiente de SEPI. En la cadena de transacciones, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha descubierto que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL hizo dos transferencias a Global Bolarque SL por 1.045.326,97 € y doce traspasos a Suro Capital SL por 508.939,33 €. El 25 de enero de 2022 se registró una transferencia de 13.500 € a Suro Capital Brasil Participações Ltda, con el socio Fernando Pulin Velayos, apoderado de Comercial Cueto 92 SL desde 2009. Todo esto se coloca bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que interceptó conversaciones con altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ironía del momento es que, mientras la familia Cueto recibe contratos que suman casi 300.000 € y el Gobierno no parece haber visto la sombra que se alarga sobre sus hombros, el Tribunal Supremo sigue escuchando su declaración el 22 de abril. En la práctica, el gasto público se vuelve un juego de la lotería con la empresa familiar al final del carril, y la ciudadanía paga el precio con su bolsillo y su confianza. Esta historia es una lección de cómo el poder y la burocracia se entrelazan en una red de contratos que, sin embargo, sigue siendo una maratón de “el mismo contrato, la misma familia, el mismo silencio” donde la transparencia se cuela entre líneas y no en la página.
Gobierno paga ONG millonaria por regularizar
El Gobierno, con la elegancia de un político que ya se ha acostumbrado a la rueda de la fortuna, ha decidido que la mejor manera de regularizar a medio millón de inmigrantes sea pagando a la misma familia que ha tejido la trama de la política española durante décadas. En la lista de la compra de subvenciones de abril de 2026, el Movimiento por la Paz (MPDL) aparece con una factura de casi 5 millares: 3 064 656 € de subvenciones y 1 920 395 € de contratos de acogida urgente, sumando 4 985 051 €. Esa cifra es un sablazo en la factura del Estado, una especie de “soplón” que se desliza entre los pasillos del Ministerio de Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales, Educación y Cultura, donde cada euro se convierte en un billete de lotería que, en teoría, debe marcar la salida de la “zona gris” de los inmigrantes. La ONG, fundada en 1984 por la propia Francisca Sauquillo –la “Paquita” que ha pasado de diputada a eurodiputada y ahora lleva la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como si fuera un trofeo de gala— y su compañero de siempre, Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación y Juventud en la vieja Comunidad de Madrid, se ha convertido en la máquina de la regularización. De la Rocha es también el padre de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa y asesor de Pedro Sánchez. El círculo de la familia se cierra con la elegancia que solo la política de Madrid conoce. El proceso de regularización, que promete abrir las puertas a 500 000 personas, se sustenta en una lista de criterios tan amplia que cualquier inmigrante con un pasaporte y una sonrisa puede reclamar su vulnerabilidad. Entre los requisitos: “aislamiento social”, “sinhogarismo”, “carencia de ingresos”, “riesgo de exclusión económica”, “dificultad de acceso a empleo” y “víctima de discriminación”. Los informes de vulnerabilidad son elaborados por las mismas entidades que reciben el dinero, convirtiendo el trámite en una especie de fiesta de la burocracia: la gente llega, se hace un informe, se firma y, con un puñado de papeles, se abre la puerta. La pregunta que se hace el lector es si el dinero del Estado se está convirtiendo en el pulso de una red de favores que, en vez de regularizar, solo aumenta la dependencia de los inmigrantes de una organización que, en su mayoría, sigue siendo un vehículo de la política del PSOE. La ironía es que el gobierno, que se presenta como un puente de esperanza, se ha vuelto un puente de deuda y de lazos políticos que, en la práctica, son más una cadena de suministro que un puente de progreso. El gobierno ha incluido a MPDL entre las entidades de la “Red de Colaboradores de Extranjería”, que ofrecerán asesoramiento gratuito y redactarán los informes de vulnerabilidad. Pero, entre las sombras, la subcontratación de la burocracia se ha vuelto una nueva forma de corporativismo que, lejos de ser un puente, parece más un muro de la que todos los ciudadanos deben pasar.
Efectivo sin sentido: la crónica del PSOE
Mariano Moreno Pavón, el ex gerente del PSOE, se sentó ante el Supremo como un viejo jugador de ajedrez que, al final, revela que el tablero estaba pegado. En 2020, cuando el covid golpeó la economía y el partido decidió que el efectivo era un riesgo mayor que el virus, Moreno dijo que la instrucción de limitar los pagos en metálico era la nueva política de austeridad. Pero mientras el mundo estaba en cuarentena, él y su equipo seguían entregando billetes a Ferraz, la persona que manejaba la caja del PSOE, como si fueran la última ronda de la lotería callejera. El testimonio fue un desfile de confesiones: "Firmé todo", añadió Moreno, mientras se pasaba la vista sobre una factura de 700 euros por una comida en Galicia para 14 comensales. "¿Nos pasábamos de presupuesto o no?" se preguntó, como si la contabilidad fuera una broma de mal gusto. Y cuando la UCO de la Guardia Civil identificó billetes de 500 euros como "chistorras", Moreno se puso a pelear con el informe, diciendo que no sabía si era verdad o simplemente otra pieza del mismo rompecabezas político. El escenario se volvió más caótico cuando la abogada de Koldo García, el asesor ministerial de José Luis Ábalos, mostró las hojas de gasto que el PSOE había firmado y entregado como sobres de dinero. Moreno, que jamás había visto esos papeles, reaccionó con la misma sorpresa que un espectador que descubre que el truco de magia es real. Además, Patricia Uriz y su hermano Ioseba García aparecieron en los registros recogiendo dinero en la sede del partido, lo que añade una capa de intriga a la crónica de gastos. Aunque el ex tesorero del PSOE se disculpó por no haber cuestionado cada línea, el relato deja claro que el efectivo sigue siendo la moneda de los que quieren evitar la balanza de la auditoría. La pandemia, la UCO y la falta de supervisión se entretejen en una crónica de gastos que, aunque no tan grandiosos como las promesas electorales, son tan engañosas como las selfies con fondo político.
PP exige porqué 4M a Cabo Verde
Mientras la gente paga facturas, el PP se pregunta por el dinero que su propio gobierno dejó en otra isla. El Grupo Parlamentario Popular, sin dejar de llevar el buen pulso de la crítica, exige una carta de la Presidencia que explique por escrito los motivos de los 4 361 000 € que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Cabo Verde en 2022. La cifra es más que un número: es un billete de 10 000 euros que cayó sin contrapartida en el Ministerio de Finanzas de la isla. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) se hizo la faena, pero el PP argumenta que las partidas superan el millón de euros en algunas resoluciones individuales, entregadas como subvenciones dinerarias sin que haya un contrato que las amarre. Eso no es un préstamo, es una donación al aire libre. La pregunta de los populares no es solo por el importe. Se interesan por el empleo generado, los proyectos a los que se destinaron los fondos y, de paso, por los españoles que participaron. La petición de datos incluye: el total exacto transferido por la AECID a instituciones públicas de Cabo Verde entre 2022 y 2025, desglosado por año y receptor; los resultados cuantificables en igualdad de género, economía de cuidados e inclusión social; y los empleos verificables generados. Además, el PP sacude la agenda con una serie de interrogantes sobre la política de subvenciones directas. El Real Decreto 1056/2024 permite asignaciones sin concurso; el grupo pide saber cuánto se destinará a organismos multilaterales y bajo qué acuerdos internacionales. La preocupación es que un régimen basado en subvenciones directas favorezca a las entidades grandes, marginando a las pequeñas. El tono es de sospecha: ¿cuál es la razón de impulsar estos proyectos en Cabo Verde? ¿Se ha activado el procedimiento de reintegro por incumplimiento? ¿Se valoró la posición de la isla en los mecanismos internacionales de supervisión antes de aprobar la ayuda? El PP, con la elegancia de un taxista que revisa su ticket, exige respuestas claras y la publicación de evaluaciones anuales desglosadas por tipo y tamaño de beneficiario. La realidad es que la transparencia se convierte en un juego de palabras, y la gente necesita saber si el dinero que se envió a Cabo Verde es un regalo o una apuesta. En la arena política, la pregunta no es solo cuánto, sino cómo y por qué. El PP quiere la verdad en su forma más cruda y sin filtros. Si la respuesta es un eco, entonces el silencio ya hablará más alto que cualquier discurso.
Presos regulados: policía al borde
Si antes creías que el único truco para escapar de la cárcel era cambiar de camisa, el nuevo decreto abre una puerta más amplia: los reclusos en prisión preventiva pueden tramitar su residencia legal, siempre que su expediente no sea un borrón y un todo de delitos. Desde 1 de enero de 2026, cualquier extranjero que haya vivido cinco meses consecutivos en España puede solicitar la carta de residencia, con un certificado que pruebe que no tiene condenas en su país de origen y los cinco años anteriores. El punto álgido es que la policía no se quedará con la palabra “antecedentes” y los lanzará al aire; la decisión recae en el Ministerio de Migraciones, que juzgará si el hecho de haber cometido un delito sin condena constituye una amenaza para la seguridad pública, la salud o las relaciones internacionales. El dato más chocante: 3.500 reclusos están en la fila. Ángel Luis Ortiz, jefe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha pedido a las cárceles que se conviertan en centros de expediente, con bibliotecas, tablones y apoyo lingüístico, para que los internos no tengan que hacer la larga cola por la información. En teoría, el proceso es rápido, pero la realidad es que se vuelve una burocracia que convierte a los trabajadores sociales en agentes de inmigración. En la periferia de la noticia, la Policía Nacional, con la voz de Fernando Grande‑Marlaska y la de la vicesecretaria de PP Alma Ezcurra, advierte que permitir la regularización a presos “complicará las expulsiones”. Se trata de un escenario donde la expulsión se vuelve casi imposible porque un recluso ya tiene una residencia legal. Así, la lógica se descompone: quien antes estaba en el circuito de expulsión ahora se queda en la red de la regularización, sin que se haya resuelto el déficit estructural de las órdenes de expulsión que se quedan en el papel. El ironista de la historia es que la medida, que pretende ser un puente de inclusión, se convierte en una trampa de doble filo: la policía se queja de que la prisión preventiva es un indicio de riesgo, pero al mismo tiempo la misma policía se ve obligada a aceptar la residencia de esos mismos reclusos. El resultado es un juego de ajedrez donde el rey y la dama están en la misma mesa, pero la reina se ha ido a comprar un billete de avión sin pasar por la zona de control.
Peugeot falso, Mercedes de 70k, ¡parece mentira!
El rumor de que Pedro Sánchez condujo un Peugeot 407 negro para conquistar bases del PSOE se deshizo como un chicle en la calle cuando la foto salió a la luz. El vehículo, que la prensa había titulado “clan del Peugeot”, en realidad era la berlina blanca clase C de Juanma Serrano, y la verdadera historia tiene más paradas que una ruta de autobús urbano. En 2013, el primer viaje del líder del PSOE fue a Don Benito, donde el alcalde José Luis Quintana le dio la bienvenida y Sánchez llegó con el mismo Peugeot que su mujer Begoña Gómez usaba para llevar a Carlota y Ainhoa al cole. Esa “cita” se convirtió en la épica del “kilómetro cero del sanchismo” y en la base para que Sánchez afirmara ser el candidato de la derecha, todo mientras su círculo se hacía de la palabra “patito feo” y “candidato de la derecha” para diferenciarlo de los otros tres: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los cuatro se reunieron una vez en la casa rural de Milagro (Navarra) y Aldeanueva de Ebro (La Rioja), pero la foto que se volvió viral fue un montaje de la prensa que mostraba al coche como una herramienta de campaña ligera, cuando en realidad lo que movía a la gente era la imagen de un coche de lujo bajo la etiqueta de “Plan Alternative”. El Plan Alternative, un servicio de renting alemán, obligó a Juanma a cambiar de vehículo cada tres años. Cuando el contrato de la berlina blanca expiró en octubre de 2016, el secretario general oficializó el cambio a un Mercedes GLC Coupé negro, cuyo precio de venta oscila entre 63 000 y 77 000 € –un salto de precio que, según la prensa, se justificó con la comparación de Dabiz Muñoz de la estrella Michelin. Ese nuevo coche se convirtió en el “vehículo de campaña” de Sánchez: 10 000 km recorriendo España para las primarias de julio de 2014, con pasajeros como Juanma Serrano, Maritcha Ruiz Mateos y Verónica Fumanal. Mientras tanto, la imagen del Peugeot se conservó en redes sociales: un selfie con Adriana Lastra que se volvió viral, pero que nunca reflejó la realidad del Mercedes que llevaba a los dirigentes a las bases. El mito se apodera de la narrativa porque los medios prefieren la historia de un coche barato que la verdad de un vehículo de casi 70 k €, y la política se convierte en un teatro donde el precio del automóvil es tan simbólico como la promesa de campaña. En la última fase, la “Comité Federal de Puerto Hurraco” se desató, y la crisis interna del PSOE dejó que las mentiras sobre el coche se mezclaran con la falta de liderazgo. Al final, el mito del Peugeot es una lección de cómo la imagen política se vende mejor que la verdad, y cómo un Mercedes de 70 k € puede convertirse en el símbolo de un líder que nunca se detuvo a mirar el kilometraje real.
Sánchez incumple 27 condenas
Mientras Pedro Sánchez defiende el 'derecho internacional' en Pekín, su gobierno incumple 27 condenas por las renovables, con una deuda total de 2.307,5 millones de euros. Esto es como tener una lista de la compra de 27 artículos que no pagas, y encima te cobran intereses por retrasarte. La cifra es tan alta que equivale a la factura de la luz de todo un barrio durante un año. El presidente del Gobierno habla de respetar el derecho internacional, pero sus acciones dicen lo contrario. La justicia de distintos países, como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, ha reconocido las obligaciones de pago contra el Estado español. Esto puede llevar a la confiscación de bienes y activos de España. La situación es tan grave que incluso la Selección Española de Fútbol podría verse afectada en el Mundial de 2026. La hipocresía de Sánchez es tan grande que hasta Rusia ha utilizado la estrategia jurídica de España para incumplir pagos similares. La pregunta es, ¿cómo puede Sánchez hablar de derecho internacional cuando su gobierno no respeta las obligaciones internacionales? La respuesta es simple: no puede. La realidad es que el gobierno de Sánchez es un experto en hacer agujeros contables, pero no en respetar el derecho internacional.
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