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El Gobierno elige a la empresa familiar del cerebro del ‘caso Koldo’ para darle otro contrato de 35.000 € e...

Cueto: contrato y carcasa de mascarillas

politica Una escena urbana en la que una oficina gubernamental y una pequeña empresa familiar se cruzan sobre un pasillo de cristal, con sombras de documentos y contratos flotando alrededor, estilo realista con tonos oscuros y luces reflejadas en el vidrio, sin caras humanas, solo siluetas y objetos de oficina.

El Gobierno ha vuelto a empujar la mano de la familia Cueto, el cerebro de la trama de las mascarillas, con un nuevo contrato de 35.000 € que se abre en la cara de un juicio que sigue en el Tribunal Supremo. La pieza, la Comercial Cueto 92 SL, aparece como adjudicataria de un lote de repuestos para el Ejército del Aire, con un presupuesto de 34.999,98 € (impuestos incluidos).

La sorpresa: la empresa ya ha acumulado cerca de 300.000 € de contratos con la administración desde que la Fiscalía empezó a tocar su puerta en el caso Koldo. Se trata de un monto que, si lo comparas con la lista de la compra de un super, equivale a “el bolsillo de la familia en una sola compra de supermercado”. El 7 de abril, día de la apertura de ofertas y la primera sesión del proceso de mascarillas, la empresa emergió como la que obtuvo la mayor puntuación entre cinco candidatas.

Pero eso no es todo: Cueto, quien controlaba Soluciones de Gestión SL, la firma instrumental que facturó 54 millones de euros a distintos ministerios durante la pandemia, sigue sin contestar a las preguntas de la comisión parlamentaria de Baleares y ha mantenido el silencio desde su detención el 27 de febrero de 2024.

A su vez, el mismo empresario está procesado por el caso Defex, un escándalo de comisiones ilegales en Angola que sacudió a Defex, una sociedad semipública dependiente de SEPI. En la cadena de transacciones, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha descubierto que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL hizo dos transferencias a Global Bolarque SL por 1.045.326,97 € y doce traspasos a Suro Capital SL por 508.939,33 €.

El 25 de enero de 2022 se registró una transferencia de 13.500 € a Suro Capital Brasil Participações Ltda, con el socio Fernando Pulin Velayos, apoderado de Comercial Cueto 92 SL desde 2009. Todo esto se coloca bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que interceptó conversaciones con altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ironía del momento es que, mientras la familia Cueto recibe contratos que suman casi 300.000 € y el Gobierno no parece haber visto la sombra que se alarga sobre sus hombros, el Tribunal Supremo sigue escuchando su declaración el 22 de abril.

En la práctica, el gasto público se vuelve un juego de la lotería con la empresa familiar al final del carril, y la ciudadanía paga el precio con su bolsillo y su confianza. Esta historia es una lección de cómo el poder y la burocracia se entrelazan en una red de contratos que, sin embargo, sigue siendo una maratón de “el mismo contrato, la misma familia, el mismo silencio” donde la transparencia se cuela entre líneas y no en la página.

Vía: okdiario.com coments compartir
Noticias>Politica>22-Apr-2026>cueto_contrato_y_carcasa_de_mascarillas

Crítica:

El relato sube la mano de la familia Cueto sin profundizar en la magnitud de sus delitos. El título, aunque ingenioso, suena más a juego de palabras que a advertencia.

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PP exige porqué 4M a Cabo Verde

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Presos regulados: policía al borde

Si antes creías que el único truco para escapar de la cárcel era cambiar de camisa, el nuevo decreto abre una puerta más amplia: los reclusos en prisión preventiva pueden tramitar su residencia legal, siempre que su expediente no sea un borrón y un todo de delitos. Desde 1 de enero de 2026, cualquier extranjero que haya vivido cinco meses consecutivos en España puede solicitar la carta de residencia, con un certificado que pruebe que no tiene condenas en su país de origen y los cinco años anteriores. El punto álgido es que la policía no se quedará con la palabra “antecedentes” y los lanzará al aire; la decisión recae en el Ministerio de Migraciones, que juzgará si el hecho de haber cometido un delito sin condena constituye una amenaza para la seguridad pública, la salud o las relaciones internacionales. El dato más chocante: 3.500 reclusos están en la fila. Ángel Luis Ortiz, jefe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha pedido a las cárceles que se conviertan en centros de expediente, con bibliotecas, tablones y apoyo lingüístico, para que los internos no tengan que hacer la larga cola por la información. En teoría, el proceso es rápido, pero la realidad es que se vuelve una burocracia que convierte a los trabajadores sociales en agentes de inmigración. En la periferia de la noticia, la Policía Nacional, con la voz de Fernando Grande‑Marlaska y la de la vicesecretaria de PP Alma Ezcurra, advierte que permitir la regularización a presos “complicará las expulsiones”. Se trata de un escenario donde la expulsión se vuelve casi imposible porque un recluso ya tiene una residencia legal. Así, la lógica se descompone: quien antes estaba en el circuito de expulsión ahora se queda en la red de la regularización, sin que se haya resuelto el déficit estructural de las órdenes de expulsión que se quedan en el papel. El ironista de la historia es que la medida, que pretende ser un puente de inclusión, se convierte en una trampa de doble filo: la policía se queja de que la prisión preventiva es un indicio de riesgo, pero al mismo tiempo la misma policía se ve obligada a aceptar la residencia de esos mismos reclusos. El resultado es un juego de ajedrez donde el rey y la dama están en la misma mesa, pero la reina se ha ido a comprar un billete de avión sin pasar por la zona de control.

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