Crítica:
El titular suena a conspiración sin sustancia, y el artículo se queda a mitad de la historia, dejando al lector con más preguntas que respuestas.
El exgerente del PSOE reconoce que preguntó a Ábalos por gastos "desproporcionados", pero niega haber pagado con "chistorras"
Gasto de 600 euros: drama del PSOE
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Bonus de 700k: empleados gritan, directivos alza
En medio de la nueva ola de apagones informativos que han dejado a los corresponsales de Oriente Medio sin luz, la cúpula de EFE se ha hecho un chapuzón de 700.000 euros y ha decidido hacer la fila con la última palabra del bolsillo. 50 responsables, entre directivos y mandos intermedios, se han visto empapados de una cifra que, al parecer, se ha filtrado a través de un filtro de oro, mientras el resto de la plantilla sigue con la factura del combustible que no baja de la cabeza. El número de 700.000 euros se reparte como si fuera una gran pizza: cada porción se asigna a un responsable con un objetivo que, según la dirección, se ha cumplido. Pero la realidad es la que se ve en la mesa de los trabajadores: la pizza se corta en rebanadas de 14.000 euros, y la mayoría de los que están en la mesa no tienen ni un plato. Los trabajadores afirman que la dirección ha optado por una estrategia de “cierre de cuentas” que, en términos de la calle, es un “sablazo en la factura” que deja a los empleados sin un centavo extra. Lo que hace que la receta sea aún más picante es que la compañía sigue con una deuda creciente y previsiones de deterioro. Cuando la dirección presenta su visión optimista, la representación social responde con la misma frialdad que un refrigerador en la oficina: “preocupantes”. Y cuando el plan de bonificación se denomina internamente DPPO, los trabajadores se preguntan si eso significa “Dinero Puro, Pura Oportunidad” o simplemente “Desperdicio de Pérdidas Pasadas”. La cifra también se compara con los 1.000 euros netos mensuales que obtienen los corresponsales. Un sueldo que, en la práctica, se convierte en un chiste de “¿cuánto cabe en el bolsillo?” cuando se suman los gastos de permisos de residencia y la ausencia de pagas extras. La nueva directora de Estrategia, nombrada a través de una convocatoria telemática que nadie pidió, se ha visto envuelta en el mismo drama de “insuficiente brevedad” que la reunión de cuentas. La relación entre la dirección de 26 directores y la plantilla se ha ido al desierto, con la dirección lanzando un “optimismo” que se siente como un anuncio de venta de garbanzos a la quinta de la esquina: todo lo que prometen se vende, pero nadie sabe si realmente se sirve. La plantilla exige mayor transparencia, un diálogo real y medidas que alivien las condiciones laborales, como ampliar los días de teletrabajo. En la calle, la moraleja es clara: mientras la cúpula se lleve el dinero, los trabajadores siguen trabajando para que ellos se lo lleven. En una ciudad donde el aire está tan cargado de noticias como la factura del combustible, EFE parece haber olvidado que una agencia de noticias no es un club de golf. El público se pregunta si la cúpula está escuchando los gritos del suelo o solo el eco de los billetes que se suman a su bolsillo. Y mientras los trabajadores siguen cargando con la carga de trabajo elevada, la dirección sigue contando los números como si fueran fichas de un juego de azar: la apuesta es alta, la ganancia, todavía, es incierta.
Vivienda 7k, pensiones 14k, ¡qué patada!
El Gobierno, con la misma energía con la que un barista prepara un café instantáneo, aprobó el martes un Plan Estatal de Vivienda que desemboca en 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. 60 % del capital llega del Ejecutivo, el 40 % a las comunidades autónomas, pero la cifra sigue siendo una porción del apetito público cuando se la compara con la nómina de pensiones. En marzo, la última nómina ascendió a 14.307 millones de euros, lo que hace que el plan de vivienda sea equivalente a medio mes de gasto en pensiones. Incluso la revalorización anual de las prestaciones, que costó 7.300 millones según el IVIE, compite con la cifra del plan. En el terreno de ingresos, el desembolso equivale a 5 % de la recaudación de IRPF y a 7 % del IVA de 2025, lo que demuestra que la vivienda, a pesar de ser una prioridad social, sigue quedando relegada a la sombra de los ingresos fiscales. Los 4.900 millones destinados a construcción o rehabilitación representan el 70 % del presupuesto, y las autoridades estiman que el proyecto sumará entre 100.000 y 150.000 viviendas nuevas en cinco años, reduciendo el déficit de pisos en menos del 10 %. La cifra de déficit actual, según el Banco de España, sitúa a 700.000 unidades, con proyecciones de 922.000 en 2029 y 794.000 en 2027 según Caixabank Research y BBVA Research. El sector de la construcción, representado por la CNC, calificó el plan como "bueno y completo" pero advirtió que la coordinación entre administraciones es esencial para evitar frenos políticos. Las comunidades autónomas recibirán la mayor parte del presupuesto: Andalucía 1.197 millones, Madrid 1.113, Cataluña 1.015, y Valencia 798, mientras que Galicia obtendrá 399, Castilla y León 378, Canarias 371 y el resto de la península con cifras que van de 280 a 7 millones para Ceuta y Melilla. Comisiones Obreras, en la otra esquina, consideró la inversión insuficiente y exigió 16.000 millones anuales, un 1 % del PIB, para responder a la crisis de vivienda. Así, el Plan de Vivienda se alza como la última gran promesa, pero la balanza sigue inclinado a favor de la pensión y las revalorizaciones, dejando a la ciudadanía en la misma posición de esperar que el dinero llegue a las cerraduras de las viviendas.
IRPF devora tu subida salarial
El 22 de abril la OCDE nos soltó una bomba: el IRPF se ha convertido en el verdadero ladrón de la subida salarial en España. Entre 2024 y 2025 el salario medio se disparó un 3,8 %, una cifra que parecía un golpe de suerte. La inflación, con su habitual 2,6 %, dejó un beneficio real de 1,2 % antes de impuestos, como un pastel que, antes de servirse, se le come una capa. Pero el IRPF, con un incremento de 1,5 % en su tipo medio efectivo, se ha puesto a la altura de la subida salarial y ha devorado esa ganancia de 1,2 %. El resultado: la mejora salarial se neutraliza como si el fiscal hubiese pegado un filtro a la foto. España, ocupando la décima posición entre los 24 países donde la presión fiscal sobre el trabajo ha crecido, muestra una cuña fiscal del 41,4 % para el trabajador medio sin hijos, por encima de la media global del 35,1 %. Eso significa que, mientras el sueldo sube, la factura del estado se vuelve más pesada, como un paquete de compras que, al llegar al cajero, se ve más grande de lo que pensaba. El IRPF, junto con las cotizaciones sociales y el recién introducido Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), se han convertido en el “puño de hierro” que aprieta la billetera. En el panorama OCDE, la carga impositiva para un hogar sin hijos oscila entre 0 % en Colombia y 52,5 % en Bélgica. Aunque 35 países registraron mejoras salariales reales en 2025, solo 28 lograron aumentar los ingresos netos. En siete de ellos, el IRPF absorbió la ganancia: Austria, Estonia, Alemania, Corea, México, España y Reino Unido. Así, el 20 % de los países desarrollados experimentan una fiscalidad tan agresiva que la subida salarial se convierte en un espejismo. La ironía se convierte en lección: el IRPF no solo grava, sino que también devora cualquier progreso que el trabajador pueda haber conseguido, convirtiéndose en el verdadero “café” que se derrama sobre la mano del contribuyente.
Cueto: contrato y carcasa de mascarillas
El Gobierno ha vuelto a empujar la mano de la familia Cueto, el cerebro de la trama de las mascarillas, con un nuevo contrato de 35.000 € que se abre en la cara de un juicio que sigue en el Tribunal Supremo. La pieza, la Comercial Cueto 92 SL, aparece como adjudicataria de un lote de repuestos para el Ejército del Aire, con un presupuesto de 34.999,98 € (impuestos incluidos). La sorpresa: la empresa ya ha acumulado cerca de 300.000 € de contratos con la administración desde que la Fiscalía empezó a tocar su puerta en el caso Koldo. Se trata de un monto que, si lo comparas con la lista de la compra de un super, equivale a “el bolsillo de la familia en una sola compra de supermercado”. El 7 de abril, día de la apertura de ofertas y la primera sesión del proceso de mascarillas, la empresa emergió como la que obtuvo la mayor puntuación entre cinco candidatas. Pero eso no es todo: Cueto, quien controlaba Soluciones de Gestión SL, la firma instrumental que facturó 54 millones de euros a distintos ministerios durante la pandemia, sigue sin contestar a las preguntas de la comisión parlamentaria de Baleares y ha mantenido el silencio desde su detención el 27 de febrero de 2024. A su vez, el mismo empresario está procesado por el caso Defex, un escándalo de comisiones ilegales en Angola que sacudió a Defex, una sociedad semipública dependiente de SEPI. En la cadena de transacciones, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha descubierto que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL hizo dos transferencias a Global Bolarque SL por 1.045.326,97 € y doce traspasos a Suro Capital SL por 508.939,33 €. El 25 de enero de 2022 se registró una transferencia de 13.500 € a Suro Capital Brasil Participações Ltda, con el socio Fernando Pulin Velayos, apoderado de Comercial Cueto 92 SL desde 2009. Todo esto se coloca bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que interceptó conversaciones con altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ironía del momento es que, mientras la familia Cueto recibe contratos que suman casi 300.000 € y el Gobierno no parece haber visto la sombra que se alarga sobre sus hombros, el Tribunal Supremo sigue escuchando su declaración el 22 de abril. En la práctica, el gasto público se vuelve un juego de la lotería con la empresa familiar al final del carril, y la ciudadanía paga el precio con su bolsillo y su confianza. Esta historia es una lección de cómo el poder y la burocracia se entrelazan en una red de contratos que, sin embargo, sigue siendo una maratón de “el mismo contrato, la misma familia, el mismo silencio” donde la transparencia se cuela entre líneas y no en la página.
Gobierno paga ONG millonaria por regularizar
El Gobierno, con la elegancia de un político que ya se ha acostumbrado a la rueda de la fortuna, ha decidido que la mejor manera de regularizar a medio millón de inmigrantes sea pagando a la misma familia que ha tejido la trama de la política española durante décadas. En la lista de la compra de subvenciones de abril de 2026, el Movimiento por la Paz (MPDL) aparece con una factura de casi 5 millares: 3 064 656 € de subvenciones y 1 920 395 € de contratos de acogida urgente, sumando 4 985 051 €. Esa cifra es un sablazo en la factura del Estado, una especie de “soplón” que se desliza entre los pasillos del Ministerio de Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales, Educación y Cultura, donde cada euro se convierte en un billete de lotería que, en teoría, debe marcar la salida de la “zona gris” de los inmigrantes. La ONG, fundada en 1984 por la propia Francisca Sauquillo –la “Paquita” que ha pasado de diputada a eurodiputada y ahora lleva la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como si fuera un trofeo de gala— y su compañero de siempre, Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación y Juventud en la vieja Comunidad de Madrid, se ha convertido en la máquina de la regularización. De la Rocha es también el padre de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa y asesor de Pedro Sánchez. El círculo de la familia se cierra con la elegancia que solo la política de Madrid conoce. El proceso de regularización, que promete abrir las puertas a 500 000 personas, se sustenta en una lista de criterios tan amplia que cualquier inmigrante con un pasaporte y una sonrisa puede reclamar su vulnerabilidad. Entre los requisitos: “aislamiento social”, “sinhogarismo”, “carencia de ingresos”, “riesgo de exclusión económica”, “dificultad de acceso a empleo” y “víctima de discriminación”. Los informes de vulnerabilidad son elaborados por las mismas entidades que reciben el dinero, convirtiendo el trámite en una especie de fiesta de la burocracia: la gente llega, se hace un informe, se firma y, con un puñado de papeles, se abre la puerta. La pregunta que se hace el lector es si el dinero del Estado se está convirtiendo en el pulso de una red de favores que, en vez de regularizar, solo aumenta la dependencia de los inmigrantes de una organización que, en su mayoría, sigue siendo un vehículo de la política del PSOE. La ironía es que el gobierno, que se presenta como un puente de esperanza, se ha vuelto un puente de deuda y de lazos políticos que, en la práctica, son más una cadena de suministro que un puente de progreso. El gobierno ha incluido a MPDL entre las entidades de la “Red de Colaboradores de Extranjería”, que ofrecerán asesoramiento gratuito y redactarán los informes de vulnerabilidad. Pero, entre las sombras, la subcontratación de la burocracia se ha vuelto una nueva forma de corporativismo que, lejos de ser un puente, parece más un muro de la que todos los ciudadanos deben pasar.
Bolaños abre la puerta a 3.500 presos
El colapso judicial de Bolaños, esa obra de arte burocrático que ha dejado a la Justicia con una pila de carpetas más pesada que la mochila de un estudiante de último año, abre la puerta a la regularización de hasta 3.500 extranjeros que están en prisión preventiva. Mientras el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se pasea por la avenida de la eficiencia, el número de casos pendientes sube un 11,7 % en un solo año, como si la reforma fuese un ascensor que solo sube sin bajar. En 2025 la penumbra se cerró con casi cinco millones de resoluciones pendientes, 100 000 más que en 2024, y el número de presos preventivos se disparó de 8 426 a 10 867, como si el sistema hubiera añadido un nuevo cajón sin limpiar. La Ley Orgánica 1/2025, esa carta de presentación del gobierno socialista, pretende ser la solución, pero en la práctica se ha convertido en una lista de la compra de la burocracia: 3.500 extranjeros pueden regularizarse si no tienen antecedentes penales en firme, a pesar de que el estado les permite seguir pagando la renta de la prisión preventiva. Se excluyen los que, sin antecedentes, podrían representar una amenaza para la seguridad pública, pero la cifra sigue siendo una montaña que la reforma no ha bajado. Los datos de la Estadística General de Población Penitenciaria muestran que los presos preventivos están aumentando, y el Ejecutivo asegura que la presunción de inocencia protege a estos extranjeros, pero la realidad es que la falta de resolución judicial los mantiene en la cuerda floja. En la práctica, la reforma no ha reducido la carga de trabajo del tribunal, sino que la ha convertido en un mar de papeles sin desembarcadero. La política, en su intento de suavizar la imagen, se ha vuelto un gran juego de “quién puede regularizarse primero”, mientras el sistema judicial se desmorona como un castillo de naipes bajo el peso de los casos.
Efectivo sin sentido: la crónica del PSOE
Mariano Moreno Pavón, el ex gerente del PSOE, se sentó ante el Supremo como un viejo jugador de ajedrez que, al final, revela que el tablero estaba pegado. En 2020, cuando el covid golpeó la economía y el partido decidió que el efectivo era un riesgo mayor que el virus, Moreno dijo que la instrucción de limitar los pagos en metálico era la nueva política de austeridad. Pero mientras el mundo estaba en cuarentena, él y su equipo seguían entregando billetes a Ferraz, la persona que manejaba la caja del PSOE, como si fueran la última ronda de la lotería callejera. El testimonio fue un desfile de confesiones: "Firmé todo", añadió Moreno, mientras se pasaba la vista sobre una factura de 700 euros por una comida en Galicia para 14 comensales. "¿Nos pasábamos de presupuesto o no?" se preguntó, como si la contabilidad fuera una broma de mal gusto. Y cuando la UCO de la Guardia Civil identificó billetes de 500 euros como "chistorras", Moreno se puso a pelear con el informe, diciendo que no sabía si era verdad o simplemente otra pieza del mismo rompecabezas político. El escenario se volvió más caótico cuando la abogada de Koldo García, el asesor ministerial de José Luis Ábalos, mostró las hojas de gasto que el PSOE había firmado y entregado como sobres de dinero. Moreno, que jamás había visto esos papeles, reaccionó con la misma sorpresa que un espectador que descubre que el truco de magia es real. Además, Patricia Uriz y su hermano Ioseba García aparecieron en los registros recogiendo dinero en la sede del partido, lo que añade una capa de intriga a la crónica de gastos. Aunque el ex tesorero del PSOE se disculpó por no haber cuestionado cada línea, el relato deja claro que el efectivo sigue siendo la moneda de los que quieren evitar la balanza de la auditoría. La pandemia, la UCO y la falta de supervisión se entretejen en una crónica de gastos que, aunque no tan grandiosos como las promesas electorales, son tan engañosas como las selfies con fondo político.
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