Crítica:
El texto funciona como un espejo que refleja la hipocresía fiscal sin profundizar en soluciones. La cifra del 1,5 % parece trivial, pero su efecto acumulativo es devastador.
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El Gobierno, con la misma energía con la que un barista prepara un café instantáneo, aprobó el martes un Plan Estatal de Vivienda que desemboca en 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. 60 % del capital llega del Ejecutivo, el 40 % a las comunidades autónomas, pero la cifra sigue siendo una porción del apetito público cuando se la compara con la nómina de pensiones. En marzo, la última nómina ascendió a 14.307 millones de euros, lo que hace que el plan de vivienda sea equivalente a medio mes de gasto en pensiones. Incluso la revalorización anual de las prestaciones, que costó 7.300 millones según el IVIE, compite con la cifra del plan. En el terreno de ingresos, el desembolso equivale a 5 % de la recaudación de IRPF y a 7 % del IVA de 2025, lo que demuestra que la vivienda, a pesar de ser una prioridad social, sigue quedando relegada a la sombra de los ingresos fiscales. Los 4.900 millones destinados a construcción o rehabilitación representan el 70 % del presupuesto, y las autoridades estiman que el proyecto sumará entre 100.000 y 150.000 viviendas nuevas en cinco años, reduciendo el déficit de pisos en menos del 10 %. La cifra de déficit actual, según el Banco de España, sitúa a 700.000 unidades, con proyecciones de 922.000 en 2029 y 794.000 en 2027 según Caixabank Research y BBVA Research. El sector de la construcción, representado por la CNC, calificó el plan como "bueno y completo" pero advirtió que la coordinación entre administraciones es esencial para evitar frenos políticos. Las comunidades autónomas recibirán la mayor parte del presupuesto: Andalucía 1.197 millones, Madrid 1.113, Cataluña 1.015, y Valencia 798, mientras que Galicia obtendrá 399, Castilla y León 378, Canarias 371 y el resto de la península con cifras que van de 280 a 7 millones para Ceuta y Melilla. Comisiones Obreras, en la otra esquina, consideró la inversión insuficiente y exigió 16.000 millones anuales, un 1 % del PIB, para responder a la crisis de vivienda. Así, el Plan de Vivienda se alza como la última gran promesa, pero la balanza sigue inclinado a favor de la pensión y las revalorizaciones, dejando a la ciudadanía en la misma posición de esperar que el dinero llegue a las cerraduras de las viviendas.
Gasto de 600 euros: drama del PSOE
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien manejó los reintegros en la sede de Ferraz entre 2017 y 2021, acaba de dar su confesión en la octava sesión del caso Mascarillas. Allí, entre la espuma de la tinta y el olor a café pasado, Moreno admite haber interrogado a su superior, José Luis Ábalos, sobre un gasto que describió como “desproporcionado”. Un ticket de 600 euros, la comida en Vigo para 14 comensales, se convirtió en el punto de partida de la acusación. Mientras el ministro justifica la cifra como un “evento de equipo”, Moreno le recuerda que su caja de “metal” contenía el 99,4 % de los adelantos que, en teoría, se devolverían por transferencia. El mismo Moreno, con la delicadeza de un vendedor de cervezas en la barra, afirma que nunca aceptó billetes de 500 euros, las “chistorras” que la Guardia Civil insinúa que se entregaban a Koldo García. La defensa de Koldo, con la misma lógica que un repartidor de mensajería que entrega paquetes sin etiquetas, sostiene que el dinero tenía origen ilícito y que el PSOE simplemente lo distribuyó. Celia Rodríguez, la encargada de la Secretaría de Organización, explica el proceso: recibos, sobre, hoja de liquidación, aprobación, y luego el dinero en mano. El juez Ismael Moreno, bajo secreto de sumario, investiga la posible financiación irregular del PSOE, con la presencia de figuras como la empresaria Carmen Pano y el exsocio de Víctor de Aldama. Todo el escenario parece un teatro de sombras donde el dinero corre por la calle y el baluarte político se tambalea entre la “justificación” y la “conspiración”. Al final, la crónica deja la sensación de que el PSOE sigue jugando con cuentas sin reglas, mientras el público observa la escena como un espectador en una plaza, señalando los billetes que, lejos de ser monedas de cambio, son los ladrillos de una casa en ruinas.
Cueto: contrato y carcasa de mascarillas
El Gobierno ha vuelto a empujar la mano de la familia Cueto, el cerebro de la trama de las mascarillas, con un nuevo contrato de 35.000 € que se abre en la cara de un juicio que sigue en el Tribunal Supremo. La pieza, la Comercial Cueto 92 SL, aparece como adjudicataria de un lote de repuestos para el Ejército del Aire, con un presupuesto de 34.999,98 € (impuestos incluidos). La sorpresa: la empresa ya ha acumulado cerca de 300.000 € de contratos con la administración desde que la Fiscalía empezó a tocar su puerta en el caso Koldo. Se trata de un monto que, si lo comparas con la lista de la compra de un super, equivale a “el bolsillo de la familia en una sola compra de supermercado”. El 7 de abril, día de la apertura de ofertas y la primera sesión del proceso de mascarillas, la empresa emergió como la que obtuvo la mayor puntuación entre cinco candidatas. Pero eso no es todo: Cueto, quien controlaba Soluciones de Gestión SL, la firma instrumental que facturó 54 millones de euros a distintos ministerios durante la pandemia, sigue sin contestar a las preguntas de la comisión parlamentaria de Baleares y ha mantenido el silencio desde su detención el 27 de febrero de 2024. A su vez, el mismo empresario está procesado por el caso Defex, un escándalo de comisiones ilegales en Angola que sacudió a Defex, una sociedad semipública dependiente de SEPI. En la cadena de transacciones, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha descubierto que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL hizo dos transferencias a Global Bolarque SL por 1.045.326,97 € y doce traspasos a Suro Capital SL por 508.939,33 €. El 25 de enero de 2022 se registró una transferencia de 13.500 € a Suro Capital Brasil Participações Ltda, con el socio Fernando Pulin Velayos, apoderado de Comercial Cueto 92 SL desde 2009. Todo esto se coloca bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que interceptó conversaciones con altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ironía del momento es que, mientras la familia Cueto recibe contratos que suman casi 300.000 € y el Gobierno no parece haber visto la sombra que se alarga sobre sus hombros, el Tribunal Supremo sigue escuchando su declaración el 22 de abril. En la práctica, el gasto público se vuelve un juego de la lotería con la empresa familiar al final del carril, y la ciudadanía paga el precio con su bolsillo y su confianza. Esta historia es una lección de cómo el poder y la burocracia se entrelazan en una red de contratos que, sin embargo, sigue siendo una maratón de “el mismo contrato, la misma familia, el mismo silencio” donde la transparencia se cuela entre líneas y no en la página.
Gobierno paga ONG millonaria por regularizar
El Gobierno, con la elegancia de un político que ya se ha acostumbrado a la rueda de la fortuna, ha decidido que la mejor manera de regularizar a medio millón de inmigrantes sea pagando a la misma familia que ha tejido la trama de la política española durante décadas. En la lista de la compra de subvenciones de abril de 2026, el Movimiento por la Paz (MPDL) aparece con una factura de casi 5 millares: 3 064 656 € de subvenciones y 1 920 395 € de contratos de acogida urgente, sumando 4 985 051 €. Esa cifra es un sablazo en la factura del Estado, una especie de “soplón” que se desliza entre los pasillos del Ministerio de Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales, Educación y Cultura, donde cada euro se convierte en un billete de lotería que, en teoría, debe marcar la salida de la “zona gris” de los inmigrantes. La ONG, fundada en 1984 por la propia Francisca Sauquillo –la “Paquita” que ha pasado de diputada a eurodiputada y ahora lleva la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como si fuera un trofeo de gala— y su compañero de siempre, Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación y Juventud en la vieja Comunidad de Madrid, se ha convertido en la máquina de la regularización. De la Rocha es también el padre de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa y asesor de Pedro Sánchez. El círculo de la familia se cierra con la elegancia que solo la política de Madrid conoce. El proceso de regularización, que promete abrir las puertas a 500 000 personas, se sustenta en una lista de criterios tan amplia que cualquier inmigrante con un pasaporte y una sonrisa puede reclamar su vulnerabilidad. Entre los requisitos: “aislamiento social”, “sinhogarismo”, “carencia de ingresos”, “riesgo de exclusión económica”, “dificultad de acceso a empleo” y “víctima de discriminación”. Los informes de vulnerabilidad son elaborados por las mismas entidades que reciben el dinero, convirtiendo el trámite en una especie de fiesta de la burocracia: la gente llega, se hace un informe, se firma y, con un puñado de papeles, se abre la puerta. La pregunta que se hace el lector es si el dinero del Estado se está convirtiendo en el pulso de una red de favores que, en vez de regularizar, solo aumenta la dependencia de los inmigrantes de una organización que, en su mayoría, sigue siendo un vehículo de la política del PSOE. La ironía es que el gobierno, que se presenta como un puente de esperanza, se ha vuelto un puente de deuda y de lazos políticos que, en la práctica, son más una cadena de suministro que un puente de progreso. El gobierno ha incluido a MPDL entre las entidades de la “Red de Colaboradores de Extranjería”, que ofrecerán asesoramiento gratuito y redactarán los informes de vulnerabilidad. Pero, entre las sombras, la subcontratación de la burocracia se ha vuelto una nueva forma de corporativismo que, lejos de ser un puente, parece más un muro de la que todos los ciudadanos deben pasar.
Bolaños abre la puerta a 3.500 presos
El colapso judicial de Bolaños, esa obra de arte burocrático que ha dejado a la Justicia con una pila de carpetas más pesada que la mochila de un estudiante de último año, abre la puerta a la regularización de hasta 3.500 extranjeros que están en prisión preventiva. Mientras el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se pasea por la avenida de la eficiencia, el número de casos pendientes sube un 11,7 % en un solo año, como si la reforma fuese un ascensor que solo sube sin bajar. En 2025 la penumbra se cerró con casi cinco millones de resoluciones pendientes, 100 000 más que en 2024, y el número de presos preventivos se disparó de 8 426 a 10 867, como si el sistema hubiera añadido un nuevo cajón sin limpiar. La Ley Orgánica 1/2025, esa carta de presentación del gobierno socialista, pretende ser la solución, pero en la práctica se ha convertido en una lista de la compra de la burocracia: 3.500 extranjeros pueden regularizarse si no tienen antecedentes penales en firme, a pesar de que el estado les permite seguir pagando la renta de la prisión preventiva. Se excluyen los que, sin antecedentes, podrían representar una amenaza para la seguridad pública, pero la cifra sigue siendo una montaña que la reforma no ha bajado. Los datos de la Estadística General de Población Penitenciaria muestran que los presos preventivos están aumentando, y el Ejecutivo asegura que la presunción de inocencia protege a estos extranjeros, pero la realidad es que la falta de resolución judicial los mantiene en la cuerda floja. En la práctica, la reforma no ha reducido la carga de trabajo del tribunal, sino que la ha convertido en un mar de papeles sin desembarcadero. La política, en su intento de suavizar la imagen, se ha vuelto un gran juego de “quién puede regularizarse primero”, mientras el sistema judicial se desmorona como un castillo de naipes bajo el peso de los casos.
Efectivo sin sentido: la crónica del PSOE
Mariano Moreno Pavón, el ex gerente del PSOE, se sentó ante el Supremo como un viejo jugador de ajedrez que, al final, revela que el tablero estaba pegado. En 2020, cuando el covid golpeó la economía y el partido decidió que el efectivo era un riesgo mayor que el virus, Moreno dijo que la instrucción de limitar los pagos en metálico era la nueva política de austeridad. Pero mientras el mundo estaba en cuarentena, él y su equipo seguían entregando billetes a Ferraz, la persona que manejaba la caja del PSOE, como si fueran la última ronda de la lotería callejera. El testimonio fue un desfile de confesiones: "Firmé todo", añadió Moreno, mientras se pasaba la vista sobre una factura de 700 euros por una comida en Galicia para 14 comensales. "¿Nos pasábamos de presupuesto o no?" se preguntó, como si la contabilidad fuera una broma de mal gusto. Y cuando la UCO de la Guardia Civil identificó billetes de 500 euros como "chistorras", Moreno se puso a pelear con el informe, diciendo que no sabía si era verdad o simplemente otra pieza del mismo rompecabezas político. El escenario se volvió más caótico cuando la abogada de Koldo García, el asesor ministerial de José Luis Ábalos, mostró las hojas de gasto que el PSOE había firmado y entregado como sobres de dinero. Moreno, que jamás había visto esos papeles, reaccionó con la misma sorpresa que un espectador que descubre que el truco de magia es real. Además, Patricia Uriz y su hermano Ioseba García aparecieron en los registros recogiendo dinero en la sede del partido, lo que añade una capa de intriga a la crónica de gastos. Aunque el ex tesorero del PSOE se disculpó por no haber cuestionado cada línea, el relato deja claro que el efectivo sigue siendo la moneda de los que quieren evitar la balanza de la auditoría. La pandemia, la UCO y la falta de supervisión se entretejen en una crónica de gastos que, aunque no tan grandiosos como las promesas electorales, son tan engañosas como las selfies con fondo político.
PP exige porqué 4M a Cabo Verde
Mientras la gente paga facturas, el PP se pregunta por el dinero que su propio gobierno dejó en otra isla. El Grupo Parlamentario Popular, sin dejar de llevar el buen pulso de la crítica, exige una carta de la Presidencia que explique por escrito los motivos de los 4 361 000 € que el Gobierno de Pedro Sánchez envió a Cabo Verde en 2022. La cifra es más que un número: es un billete de 10 000 euros que cayó sin contrapartida en el Ministerio de Finanzas de la isla. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) se hizo la faena, pero el PP argumenta que las partidas superan el millón de euros en algunas resoluciones individuales, entregadas como subvenciones dinerarias sin que haya un contrato que las amarre. Eso no es un préstamo, es una donación al aire libre. La pregunta de los populares no es solo por el importe. Se interesan por el empleo generado, los proyectos a los que se destinaron los fondos y, de paso, por los españoles que participaron. La petición de datos incluye: el total exacto transferido por la AECID a instituciones públicas de Cabo Verde entre 2022 y 2025, desglosado por año y receptor; los resultados cuantificables en igualdad de género, economía de cuidados e inclusión social; y los empleos verificables generados. Además, el PP sacude la agenda con una serie de interrogantes sobre la política de subvenciones directas. El Real Decreto 1056/2024 permite asignaciones sin concurso; el grupo pide saber cuánto se destinará a organismos multilaterales y bajo qué acuerdos internacionales. La preocupación es que un régimen basado en subvenciones directas favorezca a las entidades grandes, marginando a las pequeñas. El tono es de sospecha: ¿cuál es la razón de impulsar estos proyectos en Cabo Verde? ¿Se ha activado el procedimiento de reintegro por incumplimiento? ¿Se valoró la posición de la isla en los mecanismos internacionales de supervisión antes de aprobar la ayuda? El PP, con la elegancia de un taxista que revisa su ticket, exige respuestas claras y la publicación de evaluaciones anuales desglosadas por tipo y tamaño de beneficiario. La realidad es que la transparencia se convierte en un juego de palabras, y la gente necesita saber si el dinero que se envió a Cabo Verde es un regalo o una apuesta. En la arena política, la pregunta no es solo cuánto, sino cómo y por qué. El PP quiere la verdad en su forma más cruda y sin filtros. Si la respuesta es un eco, entonces el silencio ya hablará más alto que cualquier discurso.
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