El Gobierno, con la elegancia de un político que ya se ha acostumbrado a la rueda de la fortuna, ha decidido que la mejor manera de regularizar a medio millón de inmigrantes sea pagando a la misma familia que ha tejido la trama de la política española durante décadas. En la lista de la compra de subvenciones de abril de 2026, el Movimiento por la Paz (MPDL) aparece con una factura de casi 5 millares: 3 064 656 € de subvenciones y 1 920 395 € de contratos de acogida urgente, sumando 4 985 051 €.
Esa cifra es un sablazo en la factura del Estado, una especie de “soplón” que se desliza entre los pasillos del Ministerio de Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales, Educación y Cultura, donde cada euro se convierte en un billete de lotería que, en teoría, debe marcar la salida de la “zona gris” de los inmigrantes. La ONG, fundada en 1984 por la propia Francisca Sauquillo –la “Paquita” que ha pasado de diputada a eurodiputada y ahora lleva la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort como si fuera un trofeo de gala— y su compañero de siempre, Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada y consejero de Educación y Juventud en la vieja Comunidad de Madrid, se ha convertido en la máquina de la regularización.
De la Rocha es también el padre de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa y asesor de Pedro Sánchez. El círculo de la familia se cierra con la elegancia que solo la política de Madrid conoce. El proceso de regularización, que promete abrir las puertas a 500 000 personas, se sustenta en una lista de criterios tan amplia que cualquier inmigrante con un pasaporte y una sonrisa puede reclamar su vulnerabilidad.
Entre los requisitos: “aislamiento social”, “sinhogarismo”, “carencia de ingresos”, “riesgo de exclusión económica”, “dificultad de acceso a empleo” y “víctima de discriminación”. Los informes de vulnerabilidad son elaborados por las mismas entidades que reciben el dinero, convirtiendo el trámite en una especie de fiesta de la burocracia: la gente llega, se hace un informe, se firma y, con un puñado de papeles, se abre la puerta. La pregunta que se hace el lector es si el dinero del Estado se está convirtiendo en el pulso de una red de favores que, en vez de regularizar, solo aumenta la dependencia de los inmigrantes de una organización que, en su mayoría, sigue siendo un vehículo de la política del PSOE.
La ironía es que el gobierno, que se presenta como un puente de esperanza, se ha vuelto un puente de deuda y de lazos políticos que, en la práctica, son más una cadena de suministro que un puente de progreso. El gobierno ha incluido a MPDL entre las entidades de la “Red de Colaboradores de Extranjería”, que ofrecerán asesoramiento gratuito y redactarán los informes de vulnerabilidad.
Pero, entre las sombras, la subcontratación de la burocracia se ha vuelto una nueva forma de corporativismo que, lejos de ser un puente, parece más un muro de la que todos los ciudadanos deben pasar.
Crítica:
El artículo se queda corto al no cuestionar la dependencia del Estado en la red de beneficencia corporativa; su tono levemente partidario suena más a propaganda que a análisis.
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