Crítica:
La noticia esconde más de lo que muestra, la corrupción en el PSOE es un tema que requiere una investigación profunda. La falta de transparencia en la financiación del partido es alarmante.
Ferraz recaudó 3 millones en donaciones y microcréditos para un «PSOE verde» el año en que Aldama sitúa la ...
Corrupción en el PSOE
Otros artículos
España exporta estabilidad
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez, aún bajo la sombra del apagón eléctrico generalizado del 28 de abril de 2025 que dejó a España y parte de Portugal en la oscuridad, se convierte en el principal promotor de un proyecto en Marruecos para garantizar la «seguridad y estabilidad del sistema eléctrico» del reino alauí. Con un coste de 1 millón de euros financiados por la Unión Europea, este proyecto busca reforzar la Autoridad Nacional de Regulación de la Electricidad (ANRE) de Marruecos, con el objetivo de completar una transición hacia una economía con menor huella de carbono. La ironía es palpable, considerando que el informe de la CNMC sobre el apagón en España eludió señalar responsables, pero constató que se disponía de herramientas regulatorias para evitar el apagón. Mientras tanto, la ministra portuguesa María da Graça Carvalho señaló directamente a España por sus «fallos en el control de voltaje» del sistema eléctrico. En este laberinto de acusaciones y proyectos de colaboración internacional, el ciudadano se pregunta: ¿qué hay detrás de esta iniciativa del Gobierno español en Marruecos? ¿Es un intento de demostrar capacidad para gestionar la seguridad energética, o simplemente un ejercicio de responsabilidad compartida en el escenario europeo? La respuesta, como la electricidad misma, parece fluir en más de una dirección. El proyecto, que incluye la movilización de expertos españoles a Marruecos y el intercambio de conocimientos, busca apuntalar los objetivos estratégicos de la ANRE, contribuyendo a la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico marroquí. Sin embargo, la sombra del apagón español sigue presente, y las críticas a la gestión del Gobierno no cesan. Un informe preliminar del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas responsabilizó a la empresa Red Eléctrica de ser la causa principal del incidente, debido a la programación de insuficiente generación síncrona con control dinámico de tensión. En este contexto, el proyecto en Marruecos puede verse como un intento de redimir la imagen del Gobierno en materia de seguridad energética, o como un paso hacia la cooperación internacional en la transición hacia energías más limpias. Sea como sea, el ciudadano español sigue esperando respuestas claras sobre lo que falló y cómo se planea evitar que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, el dinero de los contribuyentes europeos se dirige hacia Marruecos, en un esfuerzo por asegurar la estabilidad eléctrica en el norte de África, leaving a muchos preguntándose sobre la prioridad de las acciones del Gobierno español.
Nepotismo en el cómic
En un giro inesperado, el Ministerio de Cultura se ve obligado a investigar las ayudas a la creación del cómic, otorgadas a amigos y aliados de la directora general, María José Gálvez, y del vocal Juan Díaz Canales. La historia comienza con una convocatoria en mayo de 2025, donde se concedieron 15.000 euros a Verónica Álvarez, representante de un colectivo profesional con vínculos estrechos con el Ministerio de Cultura y, curiosamente, con el propio Juan Díaz Canales. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso, ya que Díaz Canales, premio nacional del cómic en 2014, parece haber favorecido a su propia red de contactos, incluyendo a Álvarez, con quien comparte una relación cercana en las redes sociales. La investigación, impulsada por denuncias particulares, busca determinar si se produjo un uso indebido de fondos públicos para beneficio personal y político, lo que contrasta con la declaraciones pasadas de Díaz Canales sobre la importancia de la ética en las instituciones. Mientras el Ministerio de Cultura afirma que el cómic en España vive su mejor momento, la sombra del nepotismo amenaza con empañar este panorama. La cifra de 15.000 euros, comparable a la compra de un año de suministros básicos para una familia, se convierte en un símbolo de la desigualdad en la distribución de ayudas, donde algunos reciben generosas cantidades mientras otros se quedan con nada. La paradoja es evidente: en un sector que busca fomentar la creatividad y la originalidad, la influencia y el favoritismo parecen ser las monedas de cambio. La investigación del Ministerio de Cultura deberá desentrañar si estas ayudas fueron otorgadas con base en el mérito o si se trató de un simple 'sablazo' a los contribuyentes para beneficio de unos pocos.
SEPI y el IE: alquiler secreto
Mientras el país se aferraba al confinamiento, el Estado se aferró a un contrato de alquiler tan escandalosamente barato que parecía sacado de un guion de telenovela corporativa. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha alquilado sus edificios del Campus Velázquez a la prestigiosa Escuela de Negocios Instituto de Empresa (IE) por un precio que, según fuentes internas, cayó de 23 € por metro cuadrado a la nada que es 4 €. Esa reducción se traduce en un agujero de medio millón de euros al mes, equivalentes a cinco millones de euros anuales que el Estado dejó de percibir. El trato, que se descubrió durante los primeros meses de la pandemia, se volvió un favor de alto calibre cuando la mujer del presidente, Begoña Gómez, asumió la dirección del IE Africa Center. No solo disfrutó de un descuento de suelo público, sino que también se le negó la competencia de ofertas privadas con la ayuda de un círculo de confianza que incluyó a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y a su colaborador de la Junta de Andalucía, Antonio Cervera. La última modificación del contrato, firmada por Cervera, redujo la renta a la cifra que hoy se considera escandalosa. El portal de Transparencia respondió con una denegación de acceso al contrato, argumentando que la publicación “afectaría los intereses económicos y comerciales de la SEPI”. En la misma resolución, se menciona que los 21 000 m² del Complejo Campos Velázquez “están en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”. Eso suena a medio veredicto, pues el resto de la historia, según ocho fuentes del sector estatal, muestra un caso de favoritismo abierto. El abogado Víctor de Aldama, en un proceso de la Corte Suprema, expuso que Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, ordenó detener la compra de terrenos por 250 millones de euros para proteger al IE de competir con la población privada. La decisión, revelada en 2020‑2021, se mantuvo hasta 2023 cuando el IE solicitó un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, que se canceló a finales de 2020. La cifra que la IE sostiene es de 90 millones de euros anuales en pagos, aunque las fuentes de la SEPI afirman que en realidad se pagó muchísimo menos. En este teatro de la política, la transparencia se vuelve un telón de fondo que se cierra con una excusa de “intereses económicos”. El público, por su parte, sigue pagando el precio de la opacidad con bolsas vacías y facturas que nunca llegan a su caja municipal.
La mujer rubia y su café de la verdad
El día que Víctor de Aldama juró que el juicio Koldo era un “desastre” de la misma manera que la última temporada de su telenovela favorita, Begoña Gómez, la esposa del presidente, se encontró con Vito Quiles en la entrada de una cafetería en Madrid. Lo que parecía un encuentro casual se volvió un episodio de telenovela real: una mujer rubia de rojo, con una sonrisa que rivaliza con el café de la esquina, agarró al periodista y lanzó un despotricio que habría hecho que cualquier público se quedara sin aliento. La escena se filmó con la misma calidad de un video de TikTok: el sonido del fondo, el latido del corazón del presente, y la mirada congelada de las acompañantes de Gómez, quienes, según el propio periodista, se deshacen de sus “chanchullos” con la misma rapidez con la que se cierra una caja de cereales. El “chanchullo” de la mujer rubia, que se identifica como Blanca de Juan de Castro, excoordinadora del Máster de Dirección de Fundraising Público y Privado en la ONL de la Universidad Complutense, se desliza entre los murmullos de la cafetería como un paquete de papas fritas que se cae al suelo. La otra acompañante, Lourdes Solís, con la elegancia de una jugadora de tenis que no sabe que está en la pista, es la coordinadora de gerencia del PSOE de Torrelodones desde 2018. Su carrera política, tan corta como un paquete de galletas, ha sido objeto de críticas en las redes sociales. Los usuarios señalan que su entrada al partido, sin experiencia previa, parece un salto de fe de un personaje de telenovela que se cree que la escena del “chanchullo” es un simple “cambio de guion”. A nivel de cifras, la escena tuvo lugar el mismo día que Víctor de Aldama declaró su posición sobre el juicio Koldo. El periodista, que no se ha identificado, grabó el encuentro con un smartphone en la mano, tal cual los influencers lo hacen con sus selfies. El tono de la mujer rubia, “¡Que te quites, quita esa mierda, no tienes nada mejor que hacer!”, se vuelve la frase más viral del día, con más de 10.000 reacciones en 24 horas. Esta crónica no es un guion de vídeo, ni un anuncio de producto. Es una crónica de política con la energía de un bar de tapas en plena hora pico: la mirada se gira, se siente el calor, y la verdadera pregunta es: ¿Quién está realmente en la mesa de la política y quién solo está allí para vender la última edición de un folleto de campaña? La respuesta está en los rostros de las acompañantes y en el silencio que se produce cuando el periodista se retira a la mesa para “tomar un café”. La escena, sin escoltas visibles y con la presencia de un conductor que parece más bien un camarero, muestra el contraste entre la imagen pública del “chanchullo” y la realidad de una política que se enfrenta a una crítica pública que es tan fuerte como el espresso que se sirve al lado.
Boliden: 54 M€ en la cesta PSOE
El juez José Ignacio Vilaplana, con la elegancia de quien acaba de descubrir la factura del supermercado y se da cuenta de que el precio está duplicado, ha decidido que el caso Boliden Apirsa no es un simple despilfarro de 54 279 986 €; es un gran truco de la vieja escuela donde la burocracia se convierte en la tienda de descuento de la corrupción. El auto de instrucción, emitido el pasado miércoles, avisa que la “concesión de subvenciones” no fue una ayuda a la plantilla, sino un billete de 54 millones que se coló en la caja de la empresa minera sin permiso. En la misma tinta, se insinúa que estos fondos podrían constituir prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, todo lo que suena más a una lista de la compra de los políticos que a una contabilidad profesional. La narrativa se centra en siete exdirigentes: el exconsejero de Empleo Manuel Recio, tres viceconsejeros, dos directores generales de Trabajo y el ex director de la Agencia IDEA. Se les acusa de haber “tirado la tarjeta” en la consola de la economía pública y de haber “arreglado la factura” al pagar 1,7 millones en rentas vitalicias a exempleados entre 2008 y 2011, cuando, en vez de reincorporarlos al mercado, les dieron una indemnización de lujo. Los dos altos cargos que se quedan en la sombra, Antonio Fernández y Martín Soler, se les archiva provisionalmente porque, según el juez, “no hay indicios sólidos y suficientes”. En otras palabras, el expediente los deja con la tarjeta partida y la caja vacía. El procedimiento abreviado es la herramienta que el juez utiliza para hacer el proceso más rápido, pero también es el arma que permite a los implicados pasar por el “sablazo” de la justicia sin que el público se dé cuenta de que la caja de la comunidad se está vaciando. Se ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que, en veinte días, decida si procede el juicio oral o el sobreseimiento. Si la evidencia no se materializa, la historia puede quedar en la misma columna de la prensa que la creó. En la gran escena de la política autonómica, donde los nombres de los exconsejeros brillan como estrellas de un programa de karaoke, la verdad se ha convertido en un truco de magia donde el público pierde su dinero y el espectáculo sigue igual. Con este auto, el juez no solo sigue la línea de la ley, sino que también refuerza la ilusión de que la corrupción es una simple errata de la contabilidad y no un delito que exige una sanción real. La frase final del juez, “en el caso Boliden la cifra dinamitó”, suena como un chiste de oficina que, sin embargo, es la verdad que se oculta tras la niebla de los tribunales.
Bolaños manda: juzgados a la ruina
El expediente de la reforma de Félix Bolaños se abre como un cajón de la nevera: frío, inesperado y con la promesa de un ‘sorpresa de eficiencia’. Si la idea era que la justicia se hiciera más ágil, el ministro ha decidido que ahora los jueces jueguen a la ‘colectividad’ en vez de a la ‘especialización’. Se trata de un salto al vacío que, según la magistrada en video, convierte los juzgados en uno de esos lugares de trabajo donde la gente se comparte la mesa y el desorden se vuelve la nueva normalidad. La gran novedad: los tribunales de instancia no van a ser más que un “espacio compartido” donde se redistribuyen los procesos como si fueran una lista de la compra que se reparte entre los vecinos. La magistrada, con la ironía de quien sabe que el gobierno no entiende de leyes, explicó que las mesas vacías no se cubrirán con interinos, sino con personal del Servicio Común de Tramitación. El mensaje claro es que, si no mantienes tus escritos al día, el premio será la reducción de personal, algo así como un “descuento” por no entregar la factura a tiempo. La reforma, que se promociona como la mayor reorganización de la Administración de Justicia sin costos, se traduce en un desorden burocrático que amenaza con perder procesos al pasar de caja en caja. Además, el trato directo con el ciudadano desaparecerá: los mostradores se van a cerrar y el auxiliar judicial será un fantasma en una planta que todavía no está construida. El control político se vuelve palpable cuando el director del Servicio Común, cuya dependencia es el Ministerio de Justicia, decide dónde colocar a cada funcionario, convirtiendo la promesa de modernización en una “colectividad” que solo sirve para igualar a todos los juzgados en estado de malestar. La crítica de los profesionales es contundente: antes había variación de desempeño, ahora todos van a estar “igual de mal”. La reforma, sin previsión ni financiamiento claro, convierte la eficiencia en una falacia que deja al ciudadano desprotegido. En la práctica, la propuesta de Bolaños es un golpe de estado a la autonomía y la estabilidad de los equipos judiciales, una reforma que se presenta como una ganancia de tiempo pero que solo gana al Estado en su afán de centralizar el control.
Almeida exige: Más Madrid sin multi‑casas
En la Asamblea de Madrid, donde el aire ya olía a política y a café con leche de la calle, José Luis Martínez‑Almeida, el alcalde con la sonrisa de quien no quiere saber nada, se vio envuelto en un duelo verbal con Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid. La cuestión era tan simple como la lista de la compra: ¿qué está haciendo el Consistorio para proteger a los inquilinos? Almeida, con la calma de un barquero que no se preocupa por la marea, respondió: “Numerosas medidas, entre ellas aumentar un 40 % el parque público de vivienda”. Maestre, con la furia de quien descubre que el cajón de la nevera está vacío, lo golpeó con acusaciones que parecían sacadas de un guion de telenovela: el Ayuntamiento “es nada más que los delegados madrileños del fondo buitre Blackstone”, defensores de los que tienen 3 o 10 000 pisos, “los representantes sindicales de los grandes caseros” y, en la más dura línea, “el desahuciador de familias”. La escena se convirtió en un oasis de especulación y un desierto para las familias, con Maestre apuntando a la aristocracia que, según ella, desahució a una abuela de 80 años. La tensión creció cuando Almeida, con la precisión de un relojero, lanzó la pregunta que sacudió el hemiciclo: “¿Firma usted como compromiso ante los inquilinos de Madrid que ninguna persona que vaya a la lista de Más Madrid para las elecciones municipales del año 2027 va a tener más de una vivienda?” La propuesta, defendida la semana pasada por Manuela Bergerot, se redujo a un eslogan de no más de una casa por individuo, un “derecho a una, no a diez”. Maestre se revuelta, el presidente Borja Fanjul gritó “¡Señora Maestre, le llamo al orden!”, y Lucía Lois también fue llamada al orden. Almeida, sin perder el ritmo, insistió una y otra vez: “Los inquilinos quieren saber que cuando usted dice que les defiende, va a defender que no haya un solo concejal de Más Madrid con más de una vivienda”. El debate terminó con la amenaza de expulsión y una última advertencia de Almeida: “Nunca la he visto gritar como ha gritado cuando le he pedido ese compromiso”. Entre la burocracia y las frases cortantes, la lección queda clara: en Madrid, la vivienda no es un lujo, es un boleto de lotería que el poder quiere asegurarse de que todos paguen el mismo precio, pero con la promesa de que nadie saldrá con más de una casa.
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