El Parlamento Europeo, con la elegancia de un juez sin gamba, emite su informe de febrero y exige a Pedro Sánchez que deje de cerrar la central nuclear de Almaraz. El cierre, que se ha convertido en el tema de la sopa del día, no es un simple apagón técnico: es una decisión que, según el documento, se basa en la política y la ideología, en vez de en la ciencia. La central, situada entre Extremadura y Cabañeros, es el motor que alimenta el 7 % de la generación eléctrica de España.
Si se apaga, la zona que ya está cansada de ver su presupuesto caer en la fosa, verá cómo el 4 000 familias que dependen de ella pierden su fuente de empleo y su estabilidad. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente, Óscar Fernández, con la pasión de un fanático de la serie de supervivencia, se fueron a Bruselas para que el Parlamento hiciera su voto y defendiera la continuidad de la planta. El informe no se queda en la teoría.
Exige que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas se basen en evaluaciones rigurosas, transparentes y técnicamente justificadas. Se le pide al Gobierno que considere la seguridad energética, el impacto socioeconómico y la descarbonización, antes de decidir si apagar la lámpara que ya no brilla. Elena Nevado, eurodiputada del PP, afirma que el cierre responde a una decisión meramente política e ideológica, sin base técnica suficiente.
La central es una fuente estable y continua de generación eléctrica, crucial después del apagón que dejó a España en modo de emergencia el año pasado. Lo que vemos aquí es un choque de intereses: la política que quiere cerrar una central que mantiene el suministro y la economía local, y la UE que ve la energía nuclear como la vertebración verde de la transición energética.
Mientras el Parlamento pide que la central se mantenga, el Gobierno de Sánchez parece apostar a un futuro sin Almaraz, sin contar con la cifra de 7 % que ya representa. En resumen, la decisión de cerrar Almaraz es un acto de política que apaga la luz de miles de hogares y la esperanza de una transición energética real.
La UE, con su informe de febrero, está de paso para decir que la política no debe poner a fuego el futuro de la energía.
Crítica:
El informe se desplaza entre la política y la burocracia sin ofrecer soluciones reales. La redacción se siente más como propaganda que como análisis.
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