La noticia es un ejemplo de cómo la corrupción y el abuso de poder pueden llevar a la ruina a personas y organizaciones. La falta de transparencia y control en la gestión de los fondos sindicales permitió que la estafa se llevara a cabo durante años.
El Parlamento Europeo, con la elegancia de un juez sin gamba, emite su informe de febrero y exige a Pedro Sánchez que deje de cerrar la central nuclear de Almaraz. El cierre, que se ha convertido en el tema de la sopa del día, no es un simple apagón técnico: es una decisión que, según el documento, se basa en la política y la ideología, en vez de en la ciencia. La central, situada entre Extremadura y Cabañeros, es el motor que alimenta el 7 % de la generación eléctrica de España. Si se apaga, la zona que ya está cansada de ver su presupuesto caer en la fosa, verá cómo el 4 000 familias que dependen de ella pierden su fuente de empleo y su estabilidad. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente, Óscar Fernández, con la pasión de un fanático de la serie de supervivencia, se fueron a Bruselas para que el Parlamento hiciera su voto y defendiera la continuidad de la planta. El informe no se queda en la teoría. Exige que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas se basen en evaluaciones rigurosas, transparentes y técnicamente justificadas. Se le pide al Gobierno que considere la seguridad energética, el impacto socioeconómico y la descarbonización, antes de decidir si apagar la lámpara que ya no brilla. Elena Nevado, eurodiputada del PP, afirma que el cierre responde a una decisión meramente política e ideológica, sin base técnica suficiente. La central es una fuente estable y continua de generación eléctrica, crucial después del apagón que dejó a España en modo de emergencia el año pasado. Lo que vemos aquí es un choque de intereses: la política que quiere cerrar una central que mantiene el suministro y la economía local, y la UE que ve la energía nuclear como la vertebración verde de la transición energética. Mientras el Parlamento pide que la central se mantenga, el Gobierno de Sánchez parece apostar a un futuro sin Almaraz, sin contar con la cifra de 7 % que ya representa. En resumen, la decisión de cerrar Almaraz es un acto de política que apaga la luz de miles de hogares y la esperanza de una transición energética real. La UE, con su informe de febrero, está de paso para decir que la política no debe poner a fuego el futuro de la energía.
El Parlamento Europeo, con la misma puntualidad que un bar de tapas que abre a las 2 a.m., sacó su informe el 16 y 17 febrero y le puso el nombre de "demoledor" a la democracia española. Entre la lista de la compra de cifras y la lista de deseos de la UE, se destaca que, desde 2018, el Gobierno ha emitido más de 120 decretos‑ley, el récord más alto de cualquier democracia comparada. El número suena a 120 papeles que se van tirando de la mesa sin que nadie los revise, como si el Ejecutivo estuviera haciendo una regularización masiva de la realidad política sin pasar por la contracapa de la deliberación. El texto no se queda en la superficie; avisa que la polarización política y las tensiones institucionales son el caldo que derrite la confianza pública. Se menciona a Vox, con su portavoz Jorge Buxadé, que al ver la aprobación del informe sin posibilidad de enmienda, se quejó de que “el procedimiento es insuficiente”, como si el documento fuera una ensalada sin salsa. La UE, con la paciencia de un niño que quiere un helado pero no quiere que le tiren la cuchara, pide reforzar el consenso, la transparencia y la independencia institucional. El informe señala que el Estado de Derecho sigue sólido, pero que la “tensión institucional recurrente” y la “polarización política” son como una olla a presión que, sin despresurizar, puede explotar. En el terreno judicial, Teresa Peramato, fiscal general del Estado, se menciona por su mandato de no rebajar la condena a Víctor de Aldama, mientras el Tribunal Constitucional juzga la práctica de la Mesa del Congreso que bloquea iniciativas de oposición. Las cifras de percepción de corrupción, que han descendido a su nivel más bajo desde 2012, sugieren que la calle está más fría que el hielo de una nevera que nadie abre. El informe también se preocupa por la gobernanza de RTVE y las dificultades de acceso a la información para periodistas, señalando que la polarización afecta el pluralismo. En todo esto, la UE recuerda a Hungría y Eslovaquia, que antes de recibir sanciones, también mostraron que el “decreto‑ley” puede ser un arma de doble filo. En esencia, la crónica muestra que la democracia, al igual que la lista de la compra del supermercado, necesita ser revisada antes de que el cajero la empiece a contar. La UE está de paso, como un fiscal de la calle, buscando que España vuelva a ser más que un juego de fichas políticas con la misma mirada de quien quiere que la política sea un negocio sin recesión.
En un giro inesperado, el Partido Andalusí, con su ideología inspirada en el humanismo islámico, ha lanzado un programa electoral que busca la anexión de Ceuta y Melilla a la comunidad autónoma de Andalucía. Este movimiento político, con base en Algeciras, Cádiz, aspira a unir bajo una misma identidad andalusí el sur de la península ibérica y el norte de África, considerándolos un espacio histórico de intercambio cultural. La propuesta no solo busca la integración territorial, sino también la normalización del árabe como lengua histórica en Andalucía y la reinterpretación del patrimonio histórico, sustituyendo figuras de la historia medieval castellana por personajes del período andalusí. El partido plantea un programa muy marcado, con iniciativas socioeconómicas como el impulso del empleo de calidad, el apoyo a autónomos y pymes, y la mejora de infraestructuras. También aborda temas sociales, como la igualdad de género, la formación continua, y programas de reciclaje laboral para mayores de 45 años. Con una crítica abierta al modelo económico y social actual, el Partido Andalusí busca una 'regeneración civilizatoria' basada en la libertad, justicia, solidaridad y humanismo. Su discurso cuestiona el modelo de consumo occidental y sus dinámicas de sobreexplotación de recursos y desigualdad global. Aunque no cuenta con representación institucional actualmente, el partido busca hacerse un hueco en el panorama político andaluz en las elecciones del 17-M, concursando únicamente por la circunscripción de Cádiz. Con un mensaje claro de identidad y cambio, el Partido Andalusí desafía la política tradicional, planteando un futuro donde la herencia de Al-Ándalus y el humanismo islámico sean fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía es vista como un paso hacia la unidad de un espacio cultural histórico, más allá de las fronteras actuales. Este movimiento puede ser visto como un intento de reescribir la historia y la identidad de la región, fusionando el pasado con el presente y abriendo un debate sobre la pertenencia y la identidad en el sur de Europa. Con su programa electoral, el Partido Andalusí busca no solo ganar votos, sino también iniciar un diálogo sobre el futuro de Andalucía y su lugar en el mundo.
La certificación de vulnerabilidad se ha convertido en un negocio lucrativo en Almería, donde asociaciones y oenegés están expedientando documentos a cientos de inmigrantes en situación irregular. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que estas entidades están facilitando certificados de vulnerabilidad a cambio de una cuota de afiliación o donación, que puede oscilar entre 80 y 100 euros. Esto ha generado un mercado negro de certificados, donde los inmigrantes están comprando su vulnerabilidad para acceder al proceso de regularización. La situación se ha descontrolado, con colas y incidentes en las inmediaciones de embajadas y oenegés, y la Policía Nacional ha tenido que intervenir para restablecer el orden. El caso más llamativo fue el de la embajada de Gambia en Madrid, donde 300 personas esperaban su turno para ser atendidas y la tensión se desbordó. La obtención de estos certificados es clave para acceder al proceso de regularización, que inició el Gobierno hace tres semanas, y los solicitantes deben cumplir uno de tres supuestos: acreditar vulnerabilidad, haber trabajado en España o haber vivido con la unidad familiar. Sin embargo, la expedición de estos certificados ha sido desvirtuada por las prácticas de las asociaciones y oenegés, que están convirtiendo un instrumento social en un mero formulario rellenado y sellado. El SUP advierte que esto puede tener consecuencias graves, ya que se puede estar accediendo a un certificado sin una evaluación real, lo que puede llevar a la regularización de personas que no cumplen con los requisitos. La situación es aún más grave si se considera que el mercado negro de certificados puede estar vinculado a la corrupción y el fraude, y que los inmigrantes están siendo explotados por estas entidades. Es hora de que las autoridades tomen medidas para regular este mercado y garantizar que los certificados de vulnerabilidad se expidan de manera justa y transparente.
La regularización masiva de inmigrantes, un tema que ha generado polémica y debate en el país, se ha vuelto aún más opaco gracias a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar secretos los documentos relacionados con esta medida. El Partido Popular (PP) había solicitado acceso a estos informes, pero el Ejecutivo se ha negado a facilitarlos, aduciendo que son 'secretos o reservados'. Esto ha generado una gran indignación entre los opositores, que ven en esta decisión una falta de transparencia y una forma de ocultar información importante. La diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha denunciado esta situación a través de su cuenta oficial de X, destacando que el Gobierno se niega a proporcionar información sobre los antecedentes penales y policiales de los inmigrantes regularizados. Esto es como si intentáramos hacer la lista de la compra sin saber qué productos están en oferta, o como si nos presentaran una factura sin especificar los gastos. La falta de transparencia es un sablazo en la confianza ciudadana, y el Gobierno parece estar más interesado en proteger sus intereses que en informar a la población. El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no existe un texto definitivo sobre la regularización masiva, lo que ha generado más dudas y suspicacias. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI y el CENIF también se han visto afectados por esta decisión, lo que ha generado un gran descontento entre los opositores. La regularización masiva de inmigrantes es un tema complejo que requiere una gran transparencia y comunicación, pero el Gobierno parece estar más interesado en mantener la opacidad que en informar a la población. Esto es como si estuviéramos intentando navegar por un laberinto sin mapa, sin saber qué nos depara el futuro. La falta de información y la opacidad del Gobierno están generando una gran incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, lo que puede tener consecuencias graves para la estabilidad del país. En resumen, la decisión del Gobierno de declarar secretos los documentos sobre la regularización masiva de inmigrantes es un golpe a la transparencia y la confianza ciudadana, y puede tener consecuencias graves para el futuro del país.
Alba Martín, con la gracia de un reportero callejero que nunca pierde la línea de la ironía, nos presenta el episodio más reciente del teatro de la vivienda. El Ministerio de Vivienda, bajo la dirección de Isabel Rodríguez, decidió hacer un desfile de cifras y, en la gran escena, se puso el 90 % de las ventas de casas usadas como el protagonista principal, mientras la verdadera protagonista, la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), se queda en la sombra. La cañería de datos que sale del Observatorio de Vivienda y Suelo no deja de sonar. En el cuarto trimestre de 2025 arrancaron 34 200 viviendas libres, un 14,5 % más que el mismo trimestre del año anterior, la cifra más alta en 17 años. Lo que realmente se celebra, sin embargo, es la cifra de 200 441 transacciones de compraventas, la más alta desde 2007, y las 133 358 hipotecas, que aumentaron un 8,7 % y alcanzaron la cifra más alta de los últimos 15 años. El precio medio de la vivienda libre se disparó un 13,1 % interanual, subiendo a 2 230 € por metro cuadrado, mientras que el importe total prestado se disparó a 22 648 millones de euros, un salto del 21,5 %. La media por vivienda quedó en 169 827 €, y la proporción de hipotecas sobre operaciones de compra se situó en el 66,5 %, el mayor porcentaje registrado en 14 años. El informe, con la delicadeza de un vendedor de zapatos, también menciona que la compra de vivienda por extranjeros representa el 13,52 % del total, con el Reino Unido, Países Bajos y Alemania liderando la lista con 7,9 %, 6,8 % y 6,7 %, respectivamente. La rentabilidad del alquiler, por cierto, se ha ido decaído desde el 2018, pasando de 4,09 % a 3,05 % en el último trimestre. Mientras el Gobierno se jacta de un récord de construcción, el dato que se mantiene en silencio es la cifra real de viviendas de protección oficial que sigue sin desarrollarse o se ha mantenido prácticamente en la misma línea de producción, como una fábrica que nunca anuncia sus nuevos modelos. El contraste es tan agudo que parece una broma de mal gusto: el gobierno está construyendo un muro de cifras, pero el muro real, hecho de VPO, permanece invisiblemente bajo la tierra.
Cuando la UGT se convierte en un casino, la fiscalía no duda en poner la mesa. Mayka Tomás López, la nieta de la ex diputada del PSOE y la hija de la que se llamaba la ‘azotea’ de Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto en la fila de la culpa con una carta de 8 años de cárcel. En el buzón de la justicia, la acusación no es un discurso, es un billete de 4,5 millones de euros robados a la organización sindical y una deuda de 2 979 709 euros que la fiscalía exige que devuelva. Los cheques falsos, 71 por 372 660 euros, 67 por 407 936 euros y 40 por 1 319 082 euros, fueron borrados con goma de tinta y cambiados por nombres al azar que acabaron en la cuenta de su marido y de dos amigas, sumando 657 talones sospechosos y, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, más de seis millones en total. La tarjeta corporativa Solred, que le pertenecía al secretario general Luis Miguel López Reillo, se convirtió en el pasaporte para 12 pasajeros en Miami, billetes a Gran Canaria para su pareja y 21 amigos, y escapadas familiares a Mallorca y Fuerteventura. Un viaje a París, a nombre de su padre, y la factura de 162 000 euros por la tarjeta, se suman a la lista de lujos que se mecen sobre la lista de la compra de la UGT. El caso estalló en diciembre de 2021 cuando Reillo denunció “inexplicables problemas de liquidez” y la gestora que le sucedió entregó la documentación a la Fiscalía de Madrid. Desde entonces, el juzgado ha interrogado a los implicados en julio de 2022 y la acusación, publicada cuatro años después, sigue sin fecha de juicio. La madre de la acusada, Carmen López, fue la portavoz que vigilaba los contratos del Gobierno de Ayuso, y su recomendación de Mayka a la UGT fue la chispa que encendió el incendio. Marina Prieto, secretaria general de la organización, admitió la falta de vigilancia y prometió controles, pero la historia se ha convertido en una de las causas de corrupción sindical más voluminosas de la historia reciente de Madrid. El dinero de los afiliados se ha convertido en la caja particular de la hija de la que vigilaba a los demás.
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