Narcos con kalashnikovs, guardias con salvavidas

El ministerio de Interior admite, entre líneas, que sus guardias civiles juegan al póker con las balas de los narcos. Mientras Fernando Grande-Marlaska —ese mago de las cifras— presume de haber invertido 21 millones de euros en ‘equipamiento de emergencia’ (sí, con comillas, porque la urgencia parece ser un concepto relativo), los agentes en el Campo de Gibraltar siguen eligiendo entre chalecos antibalas o salvavidas, como si fueran mochileros en un mercadillo de segunda mano.

La última compra ‘express’ del ministerio incluye fusiles, sensores y embarcaciones, pero el problema no es la lista de la compra: es que el narco ya usa kalashnikovs de guerra (7,62×39 mm), y los agentes, en el mejor de los casos, tienen que improvisar con lo que les llega de la logística de un ministerio que parece más preocupado por fotos de actas de adjudicación que por salvar vidas. Dos guardias civiles murieron en Huelva cuando sus patrulleras chocaron persiguiendo una narcolancha.

No fue un accidente cualquiera: fue el colofón de años de desmantelamiento de unidades especializadas (como el OCON-Sur, desactivado sin aviso a fiscales) y de presupuestos que se evaporan en trámites burocráticos. Mientras, el ministro Marlaska lanza discursos sobre ‘más medios que nunca’ (un 20% más de efectivos, según él), pero los agentes en primera línea cuentan otra historia: ‘Si disparas a una lancha con 1.000 litros de gasolina, puedes acabar en un juicio por homicidio’, explica Agustín Domínguez, de la Asociación Jucil.

¿Garantías jurídicas? Ni de coña. ¿Chalecos que protejan de balas y del agua? Tampoco. ¿Fusiles modernos? Solo los que sobran de lotes anteriores. La Secretaría de Estado de Seguridad, en su resolución de emergencia, lo deja claro: ‘Riesgo extremo’. Pero claro, decirlo en un papel oficial suena menos a fracaso que admitirlo en un pleno. La hipocresía del sistema brilla como un kalashnikov al amanecer.

El informe de Seguridad Nacional ya advirtió: ‘La violencia de los narcos ha matado a guardias civiles y aumentado la sensación de inseguridad’, pero el Gobierno prefiere tachar muertes como ‘accidentes laborales’ (gracias, María Jesús Montero) en lugar de asumir que el Estado está perdiendo la guerra contra el narcotráfico.

Mientras los clanes se reparten el Estrecho con drones, inteligencia artificial y armas de asalto, Interior compra ‘a tirones’: aquí un sensor en Almería, allá un fusil en Cádiz, como si fuera un Lidl de la seguridad. 21 millones suenan a mucho, hasta que te das cuenta de que un solo kalashnikov puede costar menos y durar décadas. El dato que nadie menciona: La Fiscalía ya alertó de que la caída de incautaciones de droga en Cádiz se debe a ‘menor presión policial’, es decir, a que los narcos saben que pueden moverse con impunidad.

Mientras, Marlaska sigue vendiendo humo: ‘Somos líderes en cooperación internacional’. Sí, claro, como cuando tu vecino dice que su coche es ‘deportivo’ porque aguantó 150 km/h en una recta de pueblo. El problema no es la falta de recursos (aunque la hay), sino la falta de voluntad política para priorizar.

Si de verdad esto fuera una emergencia, no estaríamos hablando de licitaciones por lotes, sino de un plan Marshall contra el narcotráfico. Pero en vez de eso, los agentes siguen jugando a la ruleta rusa con chalecos prestados y fusiles de segunda mano, mientras el ministro firma cheques con una mano y aprieta el puño contra la corrupción con la otra. La moraleja callejera: En el Campo de Gibraltar, el Estado no da abasto.

Ni con balas, ni con barcos, ni con garantías. Solo con promesas vacías y muertes contabilizadas como ‘riesgo laboral’. Mientras, los narcos ríen desde sus yates blindados, porque saben que el sistema prefiere culpar a los agentes antes que admitir que está perdido.