Gobierno gasta 2.400M en contratos... sin concurso

El Gobierno convierte la contratación pública en un Black Friday permanente: sin ofertas, sin colas, y con el mismo proveedor repitiendo. Mientras la mayoría de los mortales aún negocia el precio del pan en el supermercado, la Administración General del Estado (AGE) ha pasado de regalar 486,7 millones de euros en contratos a dedo en el primer trimestre de 2025 a tirar la casa por la ventana con 2.398,6 millones en el mismo periodo de 2026.

Casi cinco veces más, como si alguien hubiera descubierto que el dinero público es un Black Friday sin IVA ni descuentos reales. Pero vayamos por partes. Porque esto no es un boom económico, sino un tsunami de opacidad disfrazado de urgencia. Según los datos de THE OBJECTIVE y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), 2025 cerró con 23.000 millones en contratos a dedo —sí, esos que te venden como ‘excepcionales’ pero que, en la práctica, son el atajo favorito de la Administración para evitar licitaciones—.

Y lo peor: el 80% de ese festín se comió en el último trimestre, como si el Gobierno tuviera un countdown interno para vaciar el presupuesto antes de que alguien se diera cuenta. ¿Urgentísimo? Más bien parece un sálvese quien pueda con facturas firmadas por amigos. El procedimiento negociado sin publicidad —ese eufemismo que suena a trato entre caballeros— permite saltarse el concurso abierto y adjudicar el pastel a dedo.

Sin competencia, sin transparencia, y con un solo licitador en el 40% de los casos, según los datos. Es como si en el Mercadona te dijeran: «Oye, hoy solo vendemos pan a la panadería de mi cuñado». El resultado es predecible: precios inflados y empresas que se quedan sin participar.

Mientras, el sector público estatal licitó 12.188 millones en el primer trimestre de 2026 —un 64% más que el año anterior—, pero solo adjudicó 18.115 millones en todo el trimestre, como si el sistema funcionara con la planificación de un after de botellón: mucho ruido, poco resultado, y al final todos con resaca (o en este caso, con deudas). La paradoja es que, mientras los contratos a dedo se disparan, el resto de la contratación pública avanza a velocidad de tortuga con artritis.

En cuatro trimestres, se han licitado 150.362 millones, pero solo se han adjudicado 113.132. Es como si el Gobierno tuviera un almacén lleno de pedidos pendientes y, en vez de organizarse, prefiriera salir corriendo a comprar por Internet con tarjeta de crédito ajena. Y lo más gracioso: el 70% de los contratos a dedo se concentran en los últimos meses del año, como si la Administración tuviera un pánico escénico a que se le acabe el presupuesto y prefiriera gastarlo ya, aunque sea a precio de rebajas falsas. ¿El problema? Que esto no es eficiencia, es ingeniería financiera al estilo ‘lo hacemos porque podemos’.

Mientras las pymes se ahogan esperando una licitación que nunca llega, el Gobierno se carga el principio de competencia con la misma naturalidad con la que tú te saltas la cola del supermercado. 2.400 millones en un trimestre para contratos sin concurso no es gestión, es saqueo con guante blanco (y con factura firmada por un notario complice). Y lo peor es que nadie parece sorprenderse.

Porque en este país, un contrato a dedo ya no es una excepción, es el menú del día. Como ese restaurante donde siempre pides lo mismo y te cobran como si fuera menú degustación. La pregunta no es por qué, sino hasta cuándo vamos a permitir que el dinero público se evapore en procedimientos que ni siquiera huele a competencia.