El artículo destripa la hipocresía con datos contundentes, pero falta desglosar cómo las CCAA reparten realmente los 29 millones (¿opacidad o criterios ocultos?). La crítica a la sanidad privada es certera, pero no profundiza en alternativas: ¿es el problema la burocracia o la falta de inversión pública? El título original es un eufemismo; este lo convierte en un espejo.
El Estado borra delitos a velocidad de fast-food: 1,1 millones de antecedentes en cinco años, como si fueran cupones de descuento en la ferretería de la justicia. Mientras Pilar Llop (2021) y Félix Bolaños (2022-2025) aceleraban el ritmo como si el Código Penal fuera una cinta de montaje, el Ministerio de Justicia desplegó cinco sistemas de robotización administrativa para cancelar historiales penales con la precisión de un Tinder que decide si mereces una segunda cita. El resultado: 780.000 nacionalidades expedidas en 20 meses (agosto 2022-enero 2025), un boom que coincide sospechosamente con la automatización masiva. La paradoja: hasta 2015, cancelar un antecedente era como pedir un préstamo en el banco: había que demostrar que habías pagado la responsabilidad civil (ese extra que ponen en la factura de la multa). Pero la reforma de 2015 lo simplificó: si cumpliste la pena principal, el sistema te borra el delito de oficio, como si fuera un check-out express en Amazon. Problema: los algoritmos no distinguen entre un hurto y un delito sexual contra menores. En 2022, el Ministerio admitió que la automatización había multiplicado por 4 las cancelaciones: 242.000 en 2021, 406.000 en 2024 (sí, leíste bien: cuatrocientas seis mil en un año). ¿El colmo? En mayo de 2022, Justicia tuiteó un tutorial para extranjeros: «Si tienes antecedentes, no te preocupes, aquí te decimos cómo borrarlos (incluso los sexuales) para que te den la nacionalidad». El mensaje se borró en 48 horas, como un WhatsApp incómodo, pero el daño estaba hecho: las peticiones de cancelación en casos de violencia de género se dispararon. La opacidad es el nuevo modus operandi. El Gobierno ni siquiera ha explicado al Parlamento cómo funciona el algoritmo ni qué auditorías hay para evitar que un error borre el historial de un reincidente. Datos duros: 1.130.335 antecedentes cancelados en cinco años, pero ningún debate público sobre si esos limpios de récord incluyen a condenados por agresiones, fraudes o delitos graves. ¿Casualidad? Que Álvaro García Ortiz llegara en agosto de 2022 (justo después del anuncio del algoritmo) y que la Fiscalía aprobara en septiembre una circular pidiendo «criterios homogéneos» para evitar que el sistema borrara más de la cuenta. Traducido a lenguaje callejero: el Estado pasó de revisar cada caso como un notario a procesarlos como una cadena de montaje de IKEA. El quid: mientras los robots borran delitos a velocidad industrial, Sánchez y Bolaños guardan silencio sobre cuántos de los 780.000 nacionalizados tienen antecedentes cancelados a su paso. La pregunta incómoda: ¿Estamos ante una reforma progresista o ante un sablazo institucional disfrazado de eficiencia? Ejemplo práctico: si un tipo con tres condenas por violencia doméstica cumple su pena y el algoritmo lo borra automáticamente, ¿no es como si el Estado le diera un segundo chance con subsidio incluido? La respuesta: depende de a quién le preguntes. A los robots, no les importa. El detalle que huele a podrido: en 2021, el sistema canceló 242.000 antecedentes. En 2024, 406.000. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la transparencia? En ningún sitio, como el wifi de un bar: prometen que funciona, pero cuando lo necesitas, error 404. La ironía: mientras los ciudadanos discutimos si el IVA sube un 0,2%, el Gobierno borra delitos como quien pasa la aspiradora sobre un historial sucio. El problema: la aspiradora no distingue entre migajas y restos de crimen organizado. Conclusión callejera: si la justicia automatizada fuera un food delivery, sería como pedir una pizza y que te lleven un menú del día con tres postres incluidos. ¿Sabroso? Para algunos. ¿Sostenible? Ni de coña. ¿Transparente? Menos que el precio final de un taxi sin taxímetro.
El mapa que no cuadra y el catalán que sobra (o falta, según se mire). Mientras en el cole de tu vecino el profesor explica la tabla de multiplicar, en el de al lado se enseña a los críos que Cataluña es un país de mentira, que el español huele a represión y que Baleares debería incluir en su geografía los Pirineos. No es un chiste. Es el resultado de un estudio que la asociación Hablamos Español ha destripado como si fuera la factura del supermercado: con detalles, cifras y hasta fotos de mapas que parecen sacados de un juego de mesa mal diseñado. Empecemos por lo concreto. En Baleares, un libro de texto de 4º de la ESO (sí, esos en los que a los 15 años ya te meten cizaña) repite la palabra ‘Catalá’ 38 veces y ‘Cataluña’ 11 veces, como si el alumno fuera a salir del aula sabiendo más de política que de conjugar verbos. Pero lo mejor viene después: en un manual de Bachillerato editado por Vicens Vives, el español no aparece como lengua, sino como sinónimo de dictadura. Mientras, el catalán brilla por su asociación con libertad e identidad cultural. ¿Alguien ha visto a un libro de texto francés enseñando que el español es la lengua del Maquis? No, porque la historia no se reescribe con tinta barata. Y luego está el mapa de los sueños rotos. En una página de un manual, los estudiantes ven una foto del diario ARA (ese que se lee en Cataluña, Baleares y parte de Valencia, como si fuera un menú de tapas con territorios de más) acompañada de un mapa que incluye zonas que no pertenecen a Baleares. ¿Error tipográfico? No, adoctrinamiento geográfico. Porque si un niño aprende que su isla es más grande de lo que es, luego le creerá que su lengua también lo es. Y si el español solo aparece vinculado a ‘régimen’ y ‘represión’, pues ya tenemos la próxima generación de votantes con el chip puesto de serie. Pero vayamos a Cataluña, donde el nacionalismo no es solo un tema de conversación en el bar, sino programa de estudios. Autores como Carme Junyent o Manuel de Pedrolo (este último, nada menos que ‘patriota y nacionalista’ según el ex-president Pujol) son presentados como referentes literarios, mientras que la cultura española brilla por su ausencia. Los libros hablan de ‘lengua propia’ y ‘lengua histórica’ como si el español fuera un intruso en su propia casa. Y para rematar, en la Comunidad Valenciana, algunos manuales ya ni se molestan en disimular: defienden el uso de ‘la meua llengua’ en ‘del meu pais’, como si Valencia fuera un feudo lingüístico a medio camino entre la Edad Media y el whatsapp de un independentista. Doce profesores de toda España han sido los ojos que han detectado estas joyas. Y no es que estén inventando nada: los datos están ahí, fríos como un examen suspendido. Lo grave no es que se enseñe una u otra lengua (eso es democracia), sino que se falsee la historia, se manipule la geografía y se presente una versión edulcorada de la realidad como si fuera la verdad absoluta. Mientras, el dinero público sigue financiando estos manuales, como si el adoctrinamiento fuera un servicio público más, junto a la basura y el agua del grifo. La pregunta que queda en el aire es: ¿Hasta qué punto es legítimo que el colegio de tu hijo sea una escuela de indoctrinación disfrazada de clase de lengua? Porque si el objetivo es formar ciudadanos críticos, no es enseñándoles que su región es un país inventado ni que medio mundo habla en dictadura. Eso ya lo hacen los memes en Twitter. Pero en el cole, por favor, que al menos sea con datos reales.
El visado como arma de guerra fría (y caliente) entre vecinos Mientras en Nador los abuelos marroquíes suspiran por volver a cruzar a Melilla sin pasar por la lotería del visado Schengen —sí, ese papelito que cuesta más que un billete de avión a la luna—, el exsenador Yahya Yahya ha sacado la artillería pesada: una carta a Mohamed VI pidiendo que el rey tire de hilo y abra Farhana, el paso fronterizo cerrado desde marzo de 2020, como quien cierra el grifo del agua en pleno verano. La ironía es que Yahya Yahya, ese eterno lobo fronterizo (alcalde de Beni Enzar, activista del Peñón de Vélez de la Gomera en 2012 y presidente del Comité de Amistad Hispano-Marroquí), ahora juega a ser el abogado de los corazones rotos de la región. Pero ojo: no es caridad, es estrategia. El negocio del dolor familiar (y el del comercio) Yahya Yahya no regala flores: en su misiva, el visado Schengen lo pinta como un cortafuegos humano que separa a familias en fechas clave, como el Eid al-Adha (27 de mayo), cuando los marroquíes de Nador quieren cruzar a Melilla a comprar carne o reunirse con seres queridos. Pero hay más: el exsenador vincula la reapertura de Farhana con el proyecto portuario Nador West Med, ese elefante blanco que Marruecos quiere vender como la panacea económica de la zona. ¿Casualidad? Que el paso fronterizo cerrado ahogue el comercio diario entre ambas orillas es, digamos, un detalle logístico incómodo. España responde con el escudo Schengen (y el puño en la mesa) Mientras Yahya Yahya teje su discurso de unión familiar y movilidad, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha sacado el modo fortín: «Estoy harto de intromisiones», espetó en rueda de prensa, como si la frontera fuera su reino privado. Imbroda defendió a capa y espada la aplicación plena del sistema de frontera inteligente de la UE (reconocimiento facial, huellas, registros digitales…), ese Big Brother fronterizo que desde 2025 convierte Melilla en un laboratorio de control biométrico. El mensaje es claro: visado sí, negociación no. Pero aquí viene lo gracioso: en 1995, España y Marruecos firmaron un acuerdo que permitía a los nadoríes entrar a Melilla sin visado. ¿Dónde está el problema? En que la UE, con su burocracia de acero, decidió que la excepcionalidad tiene fecha de caducidad. El comité de los olvidados (y los que mandan) Para darle más peso a su causa, Yahya Yahya creó el Comité Preparatorio para la Defensa de los Residentes de Farhana (5 de mayo, recién salido del horno). Un grupo de sociedad civil que, según él, representa a los afectados. Pero aquí la pregunta del millón: ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando Farhana llevaba tres años cerrada y el visado ya era un requisito de lujo? Quizás porque el timing es perfecto: con el Eid al-Adha a la vuelta de la esquina, el drama familiar vende más que un folleto de turismo low cost. La frontera como ajedrez político Lo cierto es que este pulso no es nuevo. Es el eterno juego de tronos entre soberanía, economía y simbolismo. Marruecos quiere mover piezas: reabrir Farhana no solo es un gesto humanitario (o eso dice Yahya Yahya), sino un recordatorio a España de que la frontera es negociable. España, por su parte, se agarra al espacio Schengen como un escudo antiinmigración, aunque eso signifique convertir a abuelos y comerciantes en enemigos del sistema. El resultado: una frontera que se abre y cierra como un acordeón político, donde los perdedores siempre son los de abajo —los que viven al otro lado del muro y ven cómo les cierran el paso mientras los políticos juegan al ping-pong diplomático. Datos que pican más que el sol de Melilla en agosto - 13 de marzo de 2020: Marruecos cierra Farhana por pandemia (y aún sigue cerrado). - Mayo 2022: Reabren Beni Enzar, pero Farhana sigue en stand by. - 2025: Melilla adopta el sistema de frontera inteligente de la UE (adiós, visados express). - 5 de mayo de 2024: Nace el Comité de los Olvidados de Farhana. - 27 de mayo de 2024: Eid al-Adha. Día en que los marroquíes de Nador más lo necesitan. Moraleja callejera: En la frontera, como en la vida, el que tiene el dinero y el poder decide las reglas. Y aquí, el visado es el peaje de entrada a un juego donde los peones son familias enteras.
El Estado en modo ‘flexibilidad selectiva’: mientras la pandemia ahogaba a autónomos con moratorias de luz y alquiler, el Instituto de Empresa (IE) se colaba en el ‘club VIP’ de los arrendatarios con descuentos bajo el brazo. No es que el Gobierno oliera a gasolina barata para todos: no. Aquí la rebaja del alquiler llegó solo para los amigos, y con cinco millones de euros de préstamo extra para redondear el trato. El detalle curioso (o no): el acuerdo marco de 2020, firmado por Antonio Cervera —exmano derecha de María Jesús Montero en Hacienda y ahora director general de Costes de Personal—, permitía ‘aplazamientos de pago y mejores condiciones’ para los inquilinos del Estado. Pero ojo: no para cualquier inquilino. Para el IE, que en 2020 contrató a Begoña Gómez (sí, la mujer del presidente) como asesora. Coincidencia? El Senado pide los papeles, la SEPI los blindan con llave china, y el IE jura y perjura que no hubo trato de favor. Cinco millones en cuatro meses, al 2% de interés. Eso es lo que el IE recibió en préstamo durante la pandemia, según confirmaron fuentes de la SEPI a The Objective. ¿Para qué? El instituto niega cualquier rebaja en los 25.000 metros cuadrados que alquila en Campos Velázquez (tres edificios, tres contratos firmados en 2010, 2013 y 2017). Pero aquí viene lo jugoso: el documento que el Senado quiere escarbar —y que la SEPI se niega a soltar— es un acuerdo marco que, según fuentes internas, sí flexibilizó los alquileres para el IE. ¿Cómo? Con ‘precios de mercado’ avalados por una tasación independiente. ¿Y el préstamo? Ahí está el detalle: mientras el IE pagaba su alquiler a precio de saldo, el Estado le prestaba dinero barato para que no se ahogara. ¿Beneficio cruzado? Parece que sí, pero el IE aduce que nunca aplicaron la rebaja (aunque ocho fuentes de la SEPI aseguran lo contrario). La hipocresía del sistema en tres actos: 1. El teatro de la pandemia: En 2020, la SEPI aprobó un documento para ayudar a los arrendatarios del Estado. Pero no a todos. El IE, que ya alquilaba tres joyas inmobiliarias en Madrid, se llevó el menú del día: préstamo + posible descuento en el alquiler. ¿Casualidad? Que Begoña Gómez trabajara allí como asesora desde 2020. 2. La opacidad como escudo: El Senado pide transparencia, la SEPI esconde los contratos bajo el argumento de ‘confidencialidad de terceros’. ¿Terceros? Los mismos que, según fuentes, camuflaron el pago del alquiler de otra forma. ¿Cómo? Nadie lo dice, pero el olor a ingeniería financiera inunda la sala. 3. El ‘me sorprendió’ de rigor: José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, declaró ante el Senado que le sorprendió el préstamo de cinco millones. ¿En serio? Si el documento de flexibilización existió (y las fuentes lo confirman), alguien sabía. ¿Quién? Quizás Antonio Cervera, que firmó el acuerdo en 2020 y ahora brilla en Hacienda. ¿O acaso Begoña Gómez, que en 2020 ya estaba en el IE? El colmo: mientras el Gobierno deniega información al Senado, la Comisión de Investigación sobre la SEPI (caso Koldo) ve cómo sus peticiones son rechazadas una tras otra. ¿Motivo? Que el rescate a Plus Ultra y el Fondo Fasee están secretos de Estado. Ironía del destino: los mismos que claman por transparencia cuando se trata de corrupción ajena son los que entierran los papeles cuando el escándalo huele a sus amigos. Datos duros que pican más que el ajo en la herida: - 25.000 m² de suelo público alquilados al IE en Campos Velázquez (contratos de 2010, 2013 y 2017). - 5 millones de euros en préstamo al IE en 2020, liquidados en cuatro meses al 2% de interés. - Acuerdo marco de 2020 firmado por Antonio Cervera (exSEPI, exHacienda) para flexibilizar alquileres ‘según precios de mercado’. - Ocho fuentes de la SEPI confirman que hubo rebaja; el IE lo niega. - Begoña Gómez trabajó en el IE desde 2020 (mismo año del préstamo y el acuerdo marco). - SEPI blindó los contratos tras la reclamación del Senado, alegando ‘confidencialidad de terceros’. - Comisión del caso Koldo ve rechazadas sus peticiones por secretismo estatal. La moraleja callejera: En España, cuando el Estado ‘flexibiliza’, no es para que pagues menos la luz. Es para que algunos paguen menos el alquiler… y encima les presten dinero. El resto, que se apañe. Como siempre.
El Gobierno tiró 12 millones de euros a un pozo sin fondo (y Huawei se llevó el botín). Mientras Bruselas prohíbe a los Estados miembros comprar tecnología china en sectores críticos —como si fuera un supermercado con letreros de 'Oferta: solo para espías'—, España se saltó la norma como quien se saltea el semáforo en rojo. El Ministerio del Interior, ese fort Knox digital donde se guardan las escuchas telefónicas de medio país, contrató a Huawei (sí, aquella Huawei, la que Washington y la UE persiguen como a un fantasma en una tienda de porcelana) para modernizar su sistema SITEL, un software tan sensible que hasta el nombre suena a código de película de espías. Lo peor: 12 millones de euros —el precio de 12.000 coches eléctricos, 120.000 abonos de gimnasio anuales o, digámoslo claro, 12 años de sueldo de un policía— podrían haber salido de los fondos Next Generation, ese dinero europeo que Bruselas reparte como si fuera la lotería de la recuperación post-COVID. Pero aquí viene lo gracioso: la Comisión Europea ya vetó a Huawei en 2020 para redes 5G, y ahora quiere extender el veto a 18 sectores estratégicos (desde coches autónomos hasta drones, pasando por parques solares). Eso sí, en el caso de las escuchas, la trazabilidad es más complicada que resolver un cubo de Rubik a ciegas: los contratos son reservados, los proveedores no ponen etiquetas de 'Hecho en China con amor', y los papeles huelen a humo de archivador mal cerrado. Pedro Sánchez, que tanto alardea de su europeísmo, parece haber olvidado que Bruselas no es un buffet libre donde puedes servirte de lo que te apetezca. Mientras la UE obliga a Alemania, Francia o Suecia a echar a Huawei de sus redes como si quemara, España contrató al gigante chino en 2024 para ampliar el almacenamiento de SITEL con sus OceanStor 6800 V5 —un nombre que suena a tecnología de última generación, pero que para el Ministerio del Interior ya era motivo de suspicacias en 2025. ¿Riesgo de seguridad? Claro que sí. ¿Que alguien lo pregunte? Mejor no. Y aquí viene el guante de seda (para no decir puño de hierro): José Luis Rodríguez Zapatero, ese hombre orquesta de los contratos polémicos, aparece de nuevo en el escenario como el director de una obra donde los actores son los fondos públicos y el guion, la opacidad. Porque, seamos honestos, si hay algo que une a Sánchez y Zapatero es su talento para negociar con proveedores dudosos mientras Bruselas mira para otro lado. En 2020, la UE recomendó excluir a Huawei de lo que considerara crítico. Hoy, con la nueva Ley de Ciberseguridad, el veto es casi obligatorio. Pero en España, mientras tanto, alguien en el Interior firmó cheques sin preguntar de dónde venía el dinero. La ironía del siglo: la misma UE que prohíbe a España comprar inversores chinos para parques solares (porque, según ellos, podrían sabotear la transición ecológica) no pone el grito en el cielo cuando ese mismo dinero público acaba en manos de Huawei para espiar ciudadanos. ¿Será que las escuchas telefónicas son menos importantes que los paneles solares? O quizá Bruselas prefiera que los espías chinos trabajen para el Estado español antes que para una cooperativa de energías renovables. Lo peor es que esto no es un sketch de El Intermedio. Es realidad: 12 millones, contratos opacos, tecnología prohibida y un Gobierno que juega a las rusas con la seguridad nacional mientras Europa le mira con cara de '¿otra vez?'. La próxima vez que te multen por no pagar el parking, recuerda: al menos tú no estás financiando con dinero europeo un sistema de interceptación que podría ser el regalo de cumpleaños de Pekín.
El SUV que se ahoga en un charco: cómo España tiró 20 millones por coches que ni suben un bordillo. Mientras los políticos se fotocopian en discursos sobre la España puntera en innovación, los guardias civiles descubren que sus flamantes SUV híbridos —comprados con fondos Next Generation (sí, esos que prometían salvar el planeta)— son más útiles para aparcar en el centro comercial que para perseguir a un ladrón por un camino de tierra. El detalle no es menor: los Ford Kuga, fabricados en España con dinero público, se quedan atascados como un borracho en un charco de barro. Y lo peor es que la solución cuesta menos que un café para los altos cargos: neumáticos de campo. Pero claro, ¿para qué complicarse cuando puedes culpar al terreno? La historia huele a ingeniería financiera de manual. 20 millones de euros (sí, con m) se esfumaron en vehículos que, según las quejas de los agentes, ni siquiera cumplen con lo básico: tracción 4x4 que parece un chiste. Imágenes virales muestran ruedas girando en el aire como un perro persiguiendo su cola, mientras los agentes, con cara de ¿en qué coño estábamos pensando?, intentan explicar que esto no es un glitch de Fortnite, sino la realidad de una compra pública que priorizó el marketing verde sobre la funcionalidad. El SUV no es un todoterreno, se lee en algún informe por ahí. Pero ¿alguien le explicó eso a los 500 agentes que ahora tienen que pedir prestado un todo terreno de verdad para hacer su trabajo? El problema no es el coche en sí —que, ojo, es español y eso ya suma puntos en el IBEX de la autoestima nacional— sino el despropósito logístico. Los pliegos de condiciones, esos documentos sagrados donde se decide el futuro de millones, no incluyeron neumáticos adecuados. ¿Error? No, omisión. Porque pedir ruedas de campo habría sido complicarse, y en la Administración, complicarse es sinónimo de pérdida de tiempo (o de comisión). Mientras, los guardias civiles —esos héroes anónimos que aguantan turnos de 12 horas— se ven obligados a improvisar soluciones con cadenas de nieve (sí, en verano) o a depender de vehículos de segunda mano que, al menos, no se rinden ante el primer badén. Y aquí viene lo gracioso: el peso de la baterías. Los híbridos enchufables, esos milagros de la descarbonización, pesan un tonelada más que un coche normal. ¿Resultado? Menos agarre, más consumo, y una maniobrabilidad digna de un tanque en un parking. Pero tranquilos, porque el efecto demostración ya está servido: España invierte en coches ecológicos que ni siquiera pueden circular por el 30% del territorio nacional. ¿Y los fondos europeos? Pues se los quedan, claro. Porque al final, lo importante no es que funcionen, sino que queden bonitos en el balance. Mientras tanto, en algún despacho de Madrid, un funcionario se ajusta la corbata y piensa: 'Bueno, al menos el CO₂ baja… aunque sea porque los agentes dejan de patrullar en campo por miedo a quedarse tirados.' La descarbonización tiene su precio, y en este caso, es la dignidad de quienes llevan la ley por caminos que ni sus coches pueden pisar.
El ministerio de Interior admite, entre líneas, que sus guardias civiles juegan al póker con las balas de los narcos. Mientras Fernando Grande-Marlaska —ese mago de las cifras— presume de haber invertido 21 millones de euros en ‘equipamiento de emergencia’ (sí, con comillas, porque la urgencia parece ser un concepto relativo), los agentes en el Campo de Gibraltar siguen eligiendo entre chalecos antibalas o salvavidas, como si fueran mochileros en un mercadillo de segunda mano. La última compra ‘express’ del ministerio incluye fusiles, sensores y embarcaciones, pero el problema no es la lista de la compra: es que el narco ya usa kalashnikovs de guerra (7,62×39 mm), y los agentes, en el mejor de los casos, tienen que improvisar con lo que les llega de la logística de un ministerio que parece más preocupado por fotos de actas de adjudicación que por salvar vidas. Dos guardias civiles murieron en Huelva cuando sus patrulleras chocaron persiguiendo una narcolancha. No fue un accidente cualquiera: fue el colofón de años de desmantelamiento de unidades especializadas (como el OCON-Sur, desactivado sin aviso a fiscales) y de presupuestos que se evaporan en trámites burocráticos. Mientras, el ministro Marlaska lanza discursos sobre ‘más medios que nunca’ (un 20% más de efectivos, según él), pero los agentes en primera línea cuentan otra historia: ‘Si disparas a una lancha con 1.000 litros de gasolina, puedes acabar en un juicio por homicidio’, explica Agustín Domínguez, de la Asociación Jucil. ¿Garantías jurídicas? Ni de coña. ¿Chalecos que protejan de balas y del agua? Tampoco. ¿Fusiles modernos? Solo los que sobran de lotes anteriores. La Secretaría de Estado de Seguridad, en su resolución de emergencia, lo deja claro: ‘Riesgo extremo’. Pero claro, decirlo en un papel oficial suena menos a fracaso que admitirlo en un pleno. La hipocresía del sistema brilla como un kalashnikov al amanecer. El informe de Seguridad Nacional ya advirtió: ‘La violencia de los narcos ha matado a guardias civiles y aumentado la sensación de inseguridad’, pero el Gobierno prefiere tachar muertes como ‘accidentes laborales’ (gracias, María Jesús Montero) en lugar de asumir que el Estado está perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Mientras los clanes se reparten el Estrecho con drones, inteligencia artificial y armas de asalto, Interior compra ‘a tirones’: aquí un sensor en Almería, allá un fusil en Cádiz, como si fuera un Lidl de la seguridad. 21 millones suenan a mucho, hasta que te das cuenta de que un solo kalashnikov puede costar menos y durar décadas. El dato que nadie menciona: La Fiscalía ya alertó de que la caída de incautaciones de droga en Cádiz se debe a ‘menor presión policial’, es decir, a que los narcos saben que pueden moverse con impunidad. Mientras, Marlaska sigue vendiendo humo: ‘Somos líderes en cooperación internacional’. Sí, claro, como cuando tu vecino dice que su coche es ‘deportivo’ porque aguantó 150 km/h en una recta de pueblo. El problema no es la falta de recursos (aunque la hay), sino la falta de voluntad política para priorizar. Si de verdad esto fuera una emergencia, no estaríamos hablando de licitaciones por lotes, sino de un plan Marshall contra el narcotráfico. Pero en vez de eso, los agentes siguen jugando a la ruleta rusa con chalecos prestados y fusiles de segunda mano, mientras el ministro firma cheques con una mano y aprieta el puño contra la corrupción con la otra. La moraleja callejera: En el Campo de Gibraltar, el Estado no da abasto. Ni con balas, ni con barcos, ni con garantías. Solo con promesas vacías y muertes contabilizadas como ‘riesgo laboral’. Mientras, los narcos ríen desde sus yates blindados, porque saben que el sistema prefiere culpar a los agentes antes que admitir que está perdido.
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