El artículo acierta al documentar el caso con pruebas irrefutables (fotos, DGT, testimonios), pero pecaría de naïf al no profundizar en el contexto: ¿cuántos altos cargos usan tarjetas de familiares? ¿Hay más casos en otras administraciones? La denuncia sindical es un grito en el desierto si no hay voluntad política de investigar. Además, el título original ('se hace pasar') es demasiado suave: esto es estafa institucional con cara de funcionaria sonriente.
El Gobierno regulariza a presos preventivos mientras los inmigrantes duermen en embajadas Hay algo profundamente cínico en ver carteles en las cárceles recordando a los presos preventivos que pueden regularizar su situación en España. No es que el Estado haya tenido un arrebato de humanidad: es que, por primera vez, la burocracia migrante ha encontrado un filón de eficiencia. Mientras miles de personas en situación irregular hacen cola desde las 3 de la mañana frente a embajadas o duermen en la calle para no perder el plazo, los internos de Zuera (Zaragoza) —y otras 79 cárceles— reciben la información en bandeja de plata, gracias a los educadores sociales del módulo. 3.500 presos preventivos (sí, los que están en la cárcel sin condena) son los afortunados. El decreto del Consejo de Ministros, aprobado hace un mes, les permite solicitar la residencia siempre que no tengan antecedentes penales —aunque sí policiales, si no son un 'peligro para la seguridad pública'. Traducción callejera: si no eres un ladrón profesional o un violento habitual, puedes quedarte. La gracia está en que, en la práctica, la valoración la hará un funcionario de Migraciones en Vigo, no un juez. ¿Que robaste una vez? ¿Que te multaron por un altercado? Pues cruza los dedos y reza para que en la UTEX (la unidad de Extranjería) te den el visto bueno. Mientras, fuera de la cárcel, los mismos requisitos se aplican con lupa: un certificado de antecedentes impecable en tu país de origen. ¿Incoherencia? No, señor: es ingeniería social. El sablazo burocrático La medida ha encendido las alarmas en la Policía. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) denuncia que esto es como dar un caramelo a un niño mientras le quitas el chupete: la prisión preventiva existe para evitar que alguien se fugue o reincida, pero ahora el Estado le ofrece un pasaporte de la regularización sin haber resuelto el problema de fondo. ¿El resultado? Que expulsar a estos presos será más difícil que vender entradas para un concierto de Bad Bunny en Madrid. Porque, ¿a quién vas a echar si ya tiene papeles? España ya tiene un problema serio con las expulsiones: de las miles de órdenes dictadas, solo se ejecutan un puñado. Ahora, con esta medida, el déficit será aún mayor. La lotería de los antecedentes Aquí viene lo mejor: el Gobierno ha decidido que no todos los delitos son iguales. Robar en una tienda puede ser un pequeño tropiezo, pero agredir a un agente puede ser un detalle sin importancia si el funcionario de Migraciones decide que no eres un 'peligro para el orden público'. ¿Quién lo valora? Un burócrata en Vigo, claro. ¿Con qué criterio? El mismo con el que tu vecino decide si te presta el taladro: a ojo y con buena voluntad. Mientras, en la calle, los inmigrantes sin antecedentes (ni siquiera policiales) siguen haciendo colas de 12 horas para un papel que, en la cárcel, les caen sobrevuelto. El agravio comparativo Imagina que vas a la oficina de Hacienda a pedir una devolución. Te dicen: 'Espere su turno, que hay cola'. Pero si estás en prisión por un delito fiscal (sí, existe), te llaman a la ventanilla de inmediato y te lo resuelven en 24 horas. Eso es lo que está pasando con la regularización. Mientras los presos preventivos tienen asesoramiento personalizado y acceso directo a la documentación, los inmigrantes en libertad tienen que improvisar para no perder el plazo. ¿Por qué? Porque el Estado prefiere gastar tiempo y dinero en optimizar procesos dentro de la cárcel que en agilizar trámites para quienes ya están fuera, trabajando, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad. El colmo: la Policía en modo '¿En serio?' Los agentes de Extranjería están reventados. No solo porque les toque hacer informes para casos que luego decidirá otro departamento, sino porque ven cómo el sistema premia la irregularidad si vas a la cárcel y castiga la legalidad si vas a la calle. ¿El mensaje? 'Si te pillan, que sea dentro de un calabozo, que aquí te ayudamos'. Mientras, los que cumplen las normas (pagar impuestos, tener contrato, no delinquir) siguen en la lista de espera eterna del sistema. La moraleja (o falta de ella) Este decreto es un parche rápido para un problema complejo: España necesita regularizar a medio millón de personas, pero no puede (o no quiere) hacerlo con criterios claros. ¿Solución? Regularizar primero a los que ya están entre rejas, donde el control es fácil y el riesgo político, mínimo. ¿Consecuencia? Un sistema migrante que parece diseñado por un algoritmo con TDAH: hoy prioriza a los presos, mañana a los mayores de 65, pasado a los que hablen catalán. Lo único predecible es la improvisación. Datos que duelen (y carteles que no) - 3.500 presos preventivos pueden regularizarse sin condena. - 5 meses de residencia antes del 1/1/2026: el plazo mágico. - UTEX (Vigo): El departamento que decide si eres peligroso o no. - 80 cárceles con carteles informativos (sí, más fácil que en la calle). - Solo el 10% de las expulsiones se ejecutan: la regularización de presos lo empeorará. - Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Migraciones): los responsables de este circo burocrático. - SUP (Policía): 'Esto es como echar gasolina al fuego de la inseguridad'. - Zuera (Zaragoza): La cárcel donde empezó el experimento. El gran negocio de la irregularidad Al final, lo que demuestra este decreto es que el Estado prefiere gastar en prisiones que en integración. Mientras los presos tienen educadores sociales para ayudarles con los papeles, los inmigrantes en la calle dependen de ONGs, abogados o su propia suerte. ¿Por qué? Porque regularizar a alguien en libertad cuesta política, y a un preso, nada. Es el capitalismo aplicado a la migración: si no puedes vender el producto (la residencia), al menos regálaselo a los que ya están en tu almacén (la cárcel).
El rescate que no era rescate (o cómo convertir el dinero público en un chiste mal contado). Imagina que vas al banco a pedir un préstamo para pagar la reforma de tu casa. El banco te dice: «Tranquilo, te lo damos», pero sin mirar si tienes trabajo, si la reforma está presupuestada o si no es un capricho de decorar el salón como un influencer de interiorismo. Eso es, más o menos, lo que hizo la SEPI con Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera durante la pandemia. No hubo análisis técnico, no hubo condiciones, solo un ‘sí, vale’ con dinero de todos. Y lo peor: ni siquiera los técnicos que deberían haber dicho «esto huele a podrido» se molieron el cerebro. Solo firmaron correos anónimos, como si jugaran al ‘pasa la patata’ con la responsabilidad. Según confesó en el Senado José Ángel Partearroyo —entonces director de participadas de la SEPI—, los informes externos que avalaban los rescates se basaban en «la información disponible», es decir, en lo que la propia SEPI les pasaba. Un círculo vicioso digno de un thriller de los 90: los asesores externos no investigaban, la SEPI no revisaba, y el Gobierno aprobaba sin preguntar. Como cuando tu jefe te dice «hazme un informe rápido» y tú copias el de otro sin leerlo, pero firmas igual. El resultado: 3 empresas rescatadas por 4.000 millones de euros (sí, con b) del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), creado ad hoc para casos como este. Pero ojo, porque ni Air Europa ni Plus Ultra cumplían las condiciones legales: no eran estratégicas (Plus Ultra tenía un solo avión, y ya había sido rescatada antes con dinero venezolano) y sus problemas no eran solo por la pandemia, sino por mala gestión pura y dura. El Gobierno, que lo sabía todo (o casi), confió en los técnicos que no habían trabajado. Y los técnicos, que no querían problemas, firmaron lo que les decían. Como en un sketch de El Intermedio: «¿Esto está bien? —Pues sí, porque lo dice el jefe. —¿Y si no lo está? —Pues peor para el jefe.» Mientras, Bartolomé Lora (presidente de la SEPI en funciones, nombrado por el PP pero con un currículum más movido que un mercadillo de segunda mano), María Jesús Montero (que en ese momento estaba más pendiente de guardar la presidencia para su amigo Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ahora imputado en el caso SEPI), y el Consejo de Ministros al completo daban el visto bueno sin mirarlo dos veces. ¿Demasiado rápido? No, demasiado sospechoso. Pero hay más. El Consejo del Fasee que aprobó los rescates era un who’s who de los enchufados del Gobierno: desde Ana de la Cueva (secretaria de Estado de Hacienda y luego presidenta de Patrimonio Nacional, premiada por su labor en Plus Ultra) hasta Sara Aagesen (lady Apagón en su etapa como secretaria de Estado de Energía). ¿Coincidencia? Claro, como que el chocolate es dulce. Y detrás de todo esto, tejemanejes políticos: Begoña Gómez (exministra de Fomento) y su relación con Javier Hidalgo (CEO de Air Europa), la intermediación de Víctor de Aldama, o los negocios turbios de Fernández Guerrero, Leire Díaz y Antxon Alonso (este último socio de Koldo, el rey de los enchufes en la SEPI). Todo investigado ahora por Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Pero como en los reality shows, lo importante es no dejar rastro. La pregunta del millón: si la SEPI solo reenviaba papeles de asesores externos y luego los directivos firmaban correos sin firmar (para no asumir responsabilidad), ¿para qué pagamos a esos carguitos con sueldos de 140.000 euros al año? ¿Para que hagan fotocopias y jueguen al teléfono escacharrado con la verdad? Mejor contratar a un universitario en prácticas y ahorrarse el IVA. Pero no, esto es España: dinero público malgastado, procedimientos pervertidos y una clase política que parece sacada de un chiste malo de El Jueves. Y lo más irónico: mientras la SEPI se negaba a facilitar documentos a la comisión del Senado (como el que permitía «flexibilizar alquileres» en sus edificios, es decir, hacer favores a Begoña Gómez), el Gobierno seguía repitiendo su mantra: «Confiamos en los técnicos». Como cuando tu vecino te dice que su coche es imparable y resulta que frena con un ‘¡uf!’ y un ‘rezad por nosotros’. Pero en este caso, el ‘uf’ lo pagamos todos. Al final, esto no es solo un rescate fallido. Es la demostración de que, en España, las reglas se escriben para saltárselas. Y mientras tanto, el Fasee sigue ahí, como un monumento al despilfarro, esperando a que la próxima crisis nos obligue a repetir la misma comedia. Porque, como dijo una fuente cercana: «Esto es como el asesinato de Julio César: ninguna puñalada fue mortal, pero todas fueron necesarias para matarle.» Solo que aquí, el muerto es el sentido común.
El Estado español le declaró la guerra a Shakira en 2011. No por evasión fiscal —nunca hubo pruebas—, sino por el simple placer burocrático de perseguir a una estrella. La AEAT, ese gigante de hormigón con resaca de poder, decidió que la cantante debería ser residente fiscal, aunque su agenda de gira mundial (120 conciertos en 37 países) demostraba lo contrario: en 2011, Shakira ni siquiera tenía tiempo para firmar un DNI, y mucho menos para acumular 183 días en España. La Administración, sin embargo, prefirió inventarse un delito antes que admitir un error. Durante ocho años, la artista vivió un infierno: 60 millones de euros secuestrados —el equivalente a comprar y vender tres veces el Paseo de Gracia—, intereses abusivos, y una campaña de desprestigio que rayaba lo grotesco. Mientras, la AEAT, con su armadura de procedimientos interminables, se negaba a soltar un céntimo. Hasta que la Audiencia Nacional, con la paciencia de un santo y el sentido común de un vecino del barrio, les dijo: «Señores, esto es un sablazo en toda regla.» La sentencia no solo anula las liquidaciones y sanciones —que, por cierto, se basaban en humo—: condena a Hacienda a devolver el dinero, con intereses, y a pagar las costas del proceso. Sí, leíste bien: la AEAT, esa institución que presume de infalibilidad, ha sido multada por temeridad. Como cuando tu casero te cobra una fianza que no existe y luego se hace el sueco. El tribunal dejó claro lo obvio: Shakira no tenía residencia fiscal, su actividad económica giraba fuera de España, y ni siquiera su entramado empresarial —ese eufemismo legal para decir «negocios»— estaba en territorio nacional. Pero la AEAT, en su afán por demostrar que el sol sale por Levante, prefirió obviar detalles y lanzar una redada fiscal digna de un thriller de Almodóvar. Lo más irónico? Mientras la cantante luchaba por demostrar que no era residente, la AEAT se escudaba en teorías absurdas como las «ausencias esporádicas» —un concepto tan sólido como el efecto mariposa aplicado a la burocracia—. La Justicia, en cambio, fue directa: «Si no hay 183 días, no hay residencia. Si no hay residencia, no hay deuda. Y si no hay deuda, ¿qué demonios hacéis aquí, señores?» La respuesta, por supuesto, es el modus operandi de una Administración que confunde perseguir con gobernar. Shakira, con su gira mundial, sus hijos en otros países y su vida lejos de España, era el blanco perfecto: famosa, con recursos para plantar cara, pero también lo suficientemente visible como para enviar un mensaje a otros contribuyentes. El mensaje era claro: «Si te atreves a cuestionarnos, te aplastamos.» Ahora, con la sentencia, no solo Shakira recupera su dinero —y su dignidad—, sino que se pone en evidencia la hipocresía de un sistema que acusa antes de investigar, sanciona antes de demostrar y persigue antes de entender. ¿Cuántos ciudadanos anónimos, sin abogados carísimos ni gira mundial, habrán sido aplastados por este mismo mecanismo? La artista lo dejó claro: «A ellos va dedicada esta victoria.» Porque al final, esta batalla no era solo de Shakira contra la AEAT, sino de cualquiera contra un Estado que presume de saberlo todo y, sin embargo, se equivoca con la precisión de un reloj suizo… pero solo cuando le conviene. Datos duros, servidos con sarcasmo: - 8 años de lucha legal (el tiempo que tarda en caducar un yogur, pero no una persecución fiscal). - 120 conciertos en 37 países en 2011 (la AEAT, en cambio, solo tenía paciencia). - 60 millones de euros retenidos indebidamente (el presupuesto de un pequeño país, pero para Hacienda era calderilla). - Condena en costas a la AEAT (como cuando tu vecino te debe dinero y el juez le obliga a pagarte con intereses). - José Luis Prada, abogado de Shakira, tildó el proceso de «práctica administrativa poco rigurosa» (traducción: «esto es un desmadre»). La moraleja callejera: Si hasta la AEAT se equivoca al perseguir a una estrella, imagina lo que le hace a un autónomo con tres facturas al año. La Justicia llegó, pero el sistema sigue en pie —y con hambre de nuevos blancos.
El Gobierno tiene su estudio favorito. El que dice que las carreteras españolas están en perfecto estado, gracias a la magia de la Inteligencia Artificial. Un informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), publicado hace año y medio, destapaba un agujero de 13.000 millones de euros en mantenimiento. Pero, ¡oh casualidad!, ahora llega Euroconsult a decir que la IA se pasó de lista: confundió sombras con socavones, reflejos con roderas y arcenes con calzadas. Como cuando tu GPS te dice que gira a la izquierda en una rotonda y acabas en un campo de girasoles. La AEC lleva midiendo carreteras desde 1985, pero en 2022 decidió modernizarse con IA. Lo lógico: analizar más kilómetros (de 300 a 4.000) y detectar problemas con precisión quirúrgica. El resultado fue demoledor: autopistas como la A-1 o la A-6 con tramos imposibles de transitar, donde los conductores tienen que jugar al billar entre carriles para no acabar en el arcén. Pero, claro, si la IA se equivoca y convierte una sombra en un socavón, el Gobierno tiene su excusa perfecta para no mover un dedo. Euroconsult no se corta: las cámaras de los coches que escanean las carreteras no ven bien por los reflejos del parabrisas, y la IA no sabe distinguir entre donde circulan los coches y donde empieza el arcén. Es como si un médico te diagnosticara un cáncer porque confundió tu sombra con una mancha en la radiografía. La AEC defiende su estudio a muerte (como un padre orgulloso de su hijo problemático), pero los datos duros siguen ahí: el 40% de las carreteras españolas tienen defectos graves, según sus propios informes. Mientras, los camiones siguen arando surcos como si fueran tractores en un campo de trigo, y los conductores improvisan con el carril izquierdo para no caer en el vacío. La pregunta es: ¿la IA miente, o el Gobierno prefiere vivir en la ilusión de que las carreteras son como las de los catálogos de viajes? 13.000 millones en mantenimiento pendiente no se gastan solos. Alguien está mirando para otro lado, y no es el asfalto.
El CSIC gastó 7 millones en un rascacielos científico que parece un set de The Walking Dead en Cercedilla. Mientras el Gobierno de Zapatero presumía en 2006 de inyectar un 25% más en I+D+i (como quien regala un 2x1 en menú del día), el arquitecto Ramón Fañanás diseñaba un centro de vanguardia en la sierra madrileña: el Centro de Ciencias Ignacio Bolívar. La idea era brillante: un templo del conocimiento entre pinos, lejos del bullicio urbano. Pero la realidad se convirtió en una comedia de enredos burocráticos y un sablazo presupuestario digno de un timo de la estampita. Veinte años después, el edificio sigue en pie, pero su uso es más fantasma que el de un expolio en Navidad. Los cinco millones iniciales se evaporaron como el presupuesto de un startup sin modelo de negocio, y el deterioro acumulado (robos, vandalismo, humedad) le ha costado al CSIC otros 2,356 millones en daños. Sí, leíste bien: el Estado pagó por un edificio que ni siquiera sabe cómo devolver. La concesión caducó en 2023, pero el CSIC sigue sin soltar el terreno, como un inquilino moroso que se niega a irse aunque el piso huele a cerrado desde 2015. El Tribunal de Cuentas ya lo advirtió en su Memoria 2025: el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene cuatro inmuebles zombis que arrastra como lastre, sin planes para optimizarlos. El Ignacio Bolívar es el más sonado, pero no el único. Mientras científicos en ERC trabajan con presupuestos ajustados a tijera, el CSIC se deshace en excusas: falta de fondos, restricciones administrativas, el edificio está muy deteriorado (como si eso fuera culpa del arquitecto). La Comunidad de Madrid, harta, les pidió en 2015 que renunciaran a la concesión, pero el CSIC prefirió hacer piedra de papel: seguir ocupando el solar sin pagar alquiler, sin mantenimiento y sin uso real. El dato que duele: este elefante blanco de la ciencia española nació con el boom de Zapatero, cuando España soñaba con ser potencia investigadora. Hoy es el símbolo de cómo se malgastan los fondos públicos: con proyectos faraónicos, plazos interminables y un resultado que ni siquiera sirve para guardar material de oficina. Mientras, en Cercedilla, los pinos siguen en pie... pero el centro científico parece un decorado de película de terror low-cost. Paradoja final: el edificio costó más que el presupuesto anual de investigación de muchos grupos científicos españoles. Y lo peor es que, al final, ni siquiera tiene ghosts que justifiquen su existencia.
El Sahel: el nuevo ‘juego de tronos’ que Europa ignora mientras discute el precio del pan. Mientras en Bruselas se pelean por centavos en el presupuesto de la PAC y en Madrid se debaten si el IVA de la luz sube otro 0,3%, el Sahel —a solo 1.600 kilómetros de nuestras costas— se ha convertido en el tablero de ajedrez más caliente del terrorismo global. Y no, no es una metáfora barata: el Departamento de Seguridad Nacional lo ha dejado claro en su último informe anual. Irak y Siria ya son historia. Hoy, Mali, Níger y Burkina Faso —tres países donde los golpes de Estado son más frecuentes que los chubascos en agosto— albergan a grupos vinculados a Al Qaeda y Daesh, que han convertido la región en un polvorín con banderas de ‘no tocar’. Pero, ¿por qué debería importarnos a los europeos? Porque el Sahel no es un problema lejano: es el vecino incómodo que nadie quiere invitar a la fiesta. Su inestabilidad ya está afectando a tres frentes clave: la inmigración irregular (las rutas del desierto son cada vez más transitadas), el suministro energético (¿recuerdan la crisis del gas? Esto es el prequel) y, sobre todo, la seguridad en el Mediterráneo. Mientras los gobiernos locales —entre golpes de Estado, ejércitos mal pagados y corrupción endémica— luchan por no caer en el caos total, los grupos terroristas se rearmar como si fuera Black Friday en Amazon. Los datos no mienten, pero sí engañan si no los miras con lupa. Según el informe, la expansión de estos grupos no es un fenómeno aislado: es una cadena de dominó donde cada país que cae (Mali en 2020, Níger en 2023, Burkina en 2024) arrastra a la región entera. Y lo peor es que Europa mira para otro lado. Mientras Francia reduce su presencia militar en la zona (adiós, Barkhane), España y la UE se limitan a reuniones de urgencia y comunicados de condolencia. Como cuando tu vecino enciende petardos en Nochevieja y tú, en vez de llamar a la policía, le dejas un ‘por favor, no’ escrito en un post-it. Pero hay un detalle que huele a hipocresía institucional: mientras se destina dinero a misiones humanitarias y cooperación (loable, pero insuficiente), los fondos para seguridad y estabilización son migajas. ¿Ejemplo? El presupuesto de la UE para el Sahel en 2025 fue de 3.200 millones de euros —sí, con e— para todo: desarrollo, educación, y, de paso, intentar que no se desmorone el Estado. Comparemos: ese dinero equivale a el 70% del presupuesto anual de Defensa de España. O, dicho de otro modo: podríamos haber pagado 10 veces el salario de Rajoy en 10 años y aún sobraría. Pero claro, gastar en prevención es aburrido; gastar en rescates, en cambio, da titulares. Y aquí viene lo gracioso: el Sahel no es un problema africano. Es un problema europeo disfrazado de crisis humanitaria. Porque cuando los flujos migratorios se disparen (y se dispararán), cuando el gas siga caro (y siga caro), o cuando un atentado en Argel o Marruecos nos recuerde que el terrorismo no entiende de fronteras (y no entenderá), nos daremos cuenta de que esto era nuestro problema desde el principio. Pero para entonces, como siempre, llegaremos tarde y con el paraguas roto. Mientras tanto, los burócratas siguen firmando cheques en Bruselas y los generales debaten estrategias en salones acolchados. El Sahel, entretanto, sigue ardiendo. Y lo peor es que nadie ha llamado aún al bombero.
El Gobierno central financia un oasis en Marruecos mientras a los alicantinos les cortan el grifo como si fuera un capricho de verano. Miguel Barrachina, conseller de Agua de la Generalitat Valenciana, no se ha quedado con las manos en los bolsillos: ha soltado un discurso que mezcla la indignación de un regante con el rigor de un economista que ve cómo le roban el negocio. Y no es exageración. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras destina fondos a proyectos hídricos en Marruecos, reduce a la mitad (sí, un 50%) el trasvase Tajo-Segura, esa arteria vital que mantiene con vida a 34.000 hectáreas de cultivos en Alicante, Murcia y Andalucía. Como si el agua fuera un bien escaso solo para los de fuera. Barrachina no ha hablado de política, sino de supervivencia. De miles de familias que ven cómo su lista de la compra se encarece porque el tomate o la lechuga ya no se pueden regar como antes. El conseller lo dejó claro: «No es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común». Pero el sentido común, al parecer, se quedó en el último trasvase. Mientras Moncloa firma cheques para infraestructuras en el extranjero, la Vega Baja alicantina recibe 57 millones de euros en migajas, de los cuales 35 millones se irán a modernizar regadíos en 118 kilómetros de canales. Como si reparar una tubería fuera un lujo. Y aquí viene lo gracioso: la Generalitat Valenciana, en lugar de llorar su suerte, ha tirado de tarjeta de crédito autonómica y ha subido un 60% su presupuesto en regadíos (99 millones de euros en total). Mientras el Estado recorta, Valencia invierte. ¿El resultado? El 85% de sus tierras ya están modernizadas o digitalizadas, liderando España en reutilización de agua. Eficiencia pura, mientras el Gobierno central juega a ser filántropo con otros países. Barrachina lo resumió con la claridad de un comercial de agua: «Frente al recorte, inversión. Frente al desprecio, gestión. Frente a la resignación, trabajo». Suena a eslogan de campaña, pero es la cruda realidad de un sector que no puede permitirse el lujo de la ideología. La ironía del destino quiso que estas declaraciones se produjeran en los IV Premios Tribunal de las Aguas de Orihuela, un organismo con 750 años de historia (sí, más años que algunos reinos europeos). Entre galardones a cooperativas agrícolas y empresas locales, el mensaje era claro: aquí no hay tiempo para discursos. Mientras, en Madrid, alguien sigue firmando cheques para que otros tengan agua sin preguntarse por qué los de aquí sudan la gota gorda por un cubo. Detrás de los números hay vidas. 34.000 hectáreas en riesgo, 118 kilómetros de canales que podrían secarse, y un hospital comarcal en Alicante que necesita 22 millones de euros para blindarse contra inundaciones (por si acaso el agua que no llega, luego llega de golpe). El Gobierno habla de política hídrica de Estado, pero lo que hay es una cuenta de resultados donde España sale perdiendo. Y lo peor: el agua no es un recurso infinito, pero la hipocresía sí parece serlo.
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