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El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la Ley de Administración Abierta que excluye a los familiares de los conflictos de intereses. La ley amplía controles sobre altos cargos y personal directivo, pero no incluye a familiares o cónyuges de representantes políticos. El ministro Óscar López justificó la exclusión argumentando que los familiares no ostentan cargos públicos. La ley incluye la publicación de agendas institucionales y viajes oficiales de altos cargos hasta subdirector, reforma del Portal de Transparencia, régimen de prevención de conflictos de intereses y pacto de integridad para empresas que concurran a licitación pública. El GRECO había recomendado incluir a cónyuges y familiares de altos cargos en la normativa de transparencia. La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez quedan excluidos de la normativa. La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, fue contratada con dinero público por La Moncloa. La UCO analizó 121 correos de la asesora y Hacienda detectó irregularidades en contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario relacionado con Begoña Gómez.
El PP sospecha que el Gobierno planea un adelanto electoral debido a su veto a la reforma electoral propuesta por Vox. El veto se basó en un posible incremento de 200.000 euros en gastos electorales. El PP ha registrado preguntas en el Congreso para que el Gobierno aclare sus intenciones. El Gobierno ha argumentado que el incremento del gasto podría afectar el presupuesto vigente, aunque no hay elecciones programadas para 2025. El PP interpreta esto como un indicio de elecciones anticipadas. El Gobierno ha negado planes de elecciones anticipadas y mantiene que no habrá elecciones hasta 2027. La reforma propuesta por Vox incluía la instalación de dobles urnas para el voto por correo y presencial. El Tribunal Constitucional ha fallado recientemente que la potestad del Gobierno para vetar iniciativas por motivos presupuestarios se refiere al presupuesto en vigor.
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado información sobre asistentes de predecesoras esposas de presidentes del Gobierno. Juristas consideran esta petición 'impertinente' y 'contraproducente'. El juez investiga si Begoña Gómez cometió malversación al usar a su asistente, Cristina Álvarez, para tareas privadas relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense. La Fiscalía es partidaria de archivar la causa. Begoña Gómez reconoció el 10 de septiembre que su asistente le hacía 'favores puntuales'. Los correos electrónicos intervenidos muestran que Álvarez gestionaba asuntos de la cátedra, incluyendo la solicitud de colaboraciones económicas a patrocinadores como Reale Seguros y la tramitación de adendas con empresas como Mindway. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha cometido varios 'errores' durante la instrucción, según fuentes jurídicas, como reconocer que el lugar de trabajo de su clienta era Moncloa y aportar emails que delataban el papel de Álvarez. La investigación comenzó en marzo y podría llegar a juicio con jurado popular si se abre juicio contra Begoña Gómez y su asistente.
ADIF nombra a Almudena Hernando, pareja del director general del AVE Luis Llamas, como directora del proyecto de Alta Velocidad Haramain en Arabia Saudí. Hernando sustituye a Llamas, quien fue ascendido a director general de Planificación, Proyectos y Construcción en enero de este año tras cuatro años (2021-2025) liderando el proyecto. Fuentes de ADIF rechazaron hacer comentarios. Llamas también tiene a su hermano Juan José Llamas como responsable de coordinación de ADIF AV desde abril. ADIF está llevando a cabo nombramientos sigilosos en diversos puestos. La empresa pública ha visto dañada su reputación por problemas en líneas ferroviarias y el caso Koldo. La agencia Moody’s elevó la calificación de Adif y Adif-AV a «Baa1» desde «Baa2». El proyecto Haramain une las ciudades saudíes de La Meca y Medina con trenes de alta velocidad en menos de dos horas y media.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia envió una carta al Gobierno español expresando su preocupación por las iniciativas legislativas del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, para restringir productos de tabaco sin combustión y nicotina oral. La carta, fechada en septiembre y firmada por el ministro de Comercio Exterior sueco, Benjamin Dousa, alerta de que estas medidas podrían obstaculizar las exportaciones suecas a España y afectar negativamente la libre circulación de mercancías en el mercado único europeo. España aprobó en noviembre el anteproyecto de la ley antitabaco, que equipara cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios. El Ministerio de Sanidad también está tramitando un Real Decreto que restringe sabores en cigarrillos electrónicos y limita la concentración de nicotina en bolsas de nicotina a 0,99 miligramos. El borrador ha recibido dictámenes negativos de seis Estados miembros, incluyendo Suecia, por considerar que algunas medidas no están justificadas y chocan con la libre circulación de productos en la UE. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) española también expresó dudas sobre el Decreto del tabaco, compartiendo el fin de proteger a menores pero detectando déficits en la memoria justificativa y sugiriendo la necesidad de evidencia científica adicional.
Un informe de la Intervención del Estado confirma que las ofertas para contratos públicos se compararon con la de la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Los técnicos valoraron las ofertas con comentarios negativos tras compararlas con la de Barrabés, lo que es irregular e imposible según el proceso de valoración. El informe de Manos Limpias ya había señalado en 2014 que las ofertas se compararon con la de Barrabés de manera inexplicable. La Intervención del Estado señala que se utilizó como referencia la oferta de Innova Next, la empresa de Barrabés, en lugar de los pliegos de condiciones. La oferta de Barrabés se analizó al final del proceso de valoración, pero se comparó con las demás ofertas antes de verlas. Esto abre la puerta a la sospecha de que hubo una orden para dar los contratos a Barrabés, quien había recibido cartas de recomendación para concursos públicos de manos de la mujer del presidente del Gobierno. El informe de la Intervención destaca que se enfatizó la alta calidad de la oferta de Barrabés en las valoraciones de otras ofertas, lo que no es razonable ni usual en este tipo de informes técnicos. La investigación sugiere un posible favoritismo hacia Barrabés y su empresa.
La Comisión Europea modificó el acuerdo comercial Euromediterráneo con Marruecos, permitiendo incluir productos del Sáhara Occidental pese a la ilegalidad declarada por el TJUE el 4 de octubre de 2024. El cambio, aprobado por procedimiento de urgencia, concede a Marruecos control sobre etiquetado y certificados de origen de productos saharauis. Agricultores españoles rechazan la medida por competencia desleal. Marruecos celebra el acuerdo como reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo permite acceso preferencial al mercado europeo para productos agrícolas de las provincias del sur marroquíes. Marruecos proyecta un plan de 5.000 hectáreas de regadío en Dajla-Oued Eddahab usando agua desalinizada.
El Gobierno admite no tener datos sobre el tiempo de residencia en España de los beneficiarios extranjeros del ingreso mínimo vital (IMV). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que ignora la media de años que llevan en el país los beneficiarios extranjeros de esta prestación estatal. La normativa del IMV exige un año de residencia legal y continuada en España para solicitar la ayuda, pero no se registra el tiempo total de permanencia. El ministerio justifica la falta de información señalando que los datos sobre permisos y periodos de residencia corresponden a otras entidades. Para obtenerlos sería necesario cruzar bases de datos externas y desarrollar herramientas informáticas específicas. Más de 2 millones de beneficiarios en lo que va de año, con una cuantía media por hogar de 519,16 euros mensuales y un gasto total de 426,3 millones de euros al mes. El Partido Popular propone regular el ingreso mínimo para que solo lo cobren quienes coticen.
Koldo García ingresó 350 euros mensuales en efectivo en una cuenta vinculada a Fiadelso, la fundación creada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, entre 2017 y 2022, totalizando 18.706,25 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que estos abonos periódicos no declarados se referían a 'la hipoteca de Jose'. Los investigadores han intervenido conversaciones en las que Koldo se refiere a este ingreso como 'la hipoteca de Jose'. La UCO calcula que Ábalos no compensó por la vía bancaria al menos 95.400 euros entre 2014 y 2024. De esta cantidad, 18.706,25 euros corresponden a cuotas mensuales abonadas en una cuenta vinculada a Fiadelso. La UCO señala que este ingreso periódico constituye un ejemplo del uso sostenido de una fuente de ingresos no declarada. Entre 2014 y 2018, Ábalos asumió el pago de su parte de la hipoteca mediante transferencias de sus cuentas personales por un total de 13.013,30 euros. A partir de 2018, los ingresos comenzaron a efectuarse en efectivo, salvo en una ocasión en 2022. La gestión de estos ingresos corría a cargo de Koldo y su exmujer Patricia. La UCO ha localizado mensajes expresos de Ábalos a Koldo con instrucciones para que se hiciera cargo de esta cuota.
Rusia está utilizando drones Shahed para atacar trenes ucranianos en movimiento, lo que marca una escalada significativa en el conflicto. Estos ataques, que se han intensificado desde el verano, tienen como objetivo interrumpir la logística y la economía de Ucrania. La infraestructura ferroviaria es crucial tanto para el transporte militar como para el civil. Los drones Shahed, potencialmente equipados con capacidades avanzadas para fijar objetivos, plantean un nuevo desafío para las defensas aéreas de Ucrania. Un ataque reciente cerca de Bobrovytsya, a más de 150 kilómetros de la frontera, muestra cómo estos aparatos golpean primero la locomotora y después los vagones. Canales rusos en Telegram se jactaron de la hazaña, asegurando que los dispositivos 'alcanzaron sus objetivos en movimiento y evadieron a los aviones ucranianos que cubrían el tren'. El uso de estos vehículos, equipados con cámaras y módems de telefonía móvil, permite transmitir imágenes y potencialmente ser redirigidos en pleno vuelo por un operador. La otra posibilidad es el uso de inteligencia artificial, lo que convierte un arma 'tonta' como el Shahed en una herramienta de caza de precisión. El jefe del sistema ferroviario ucraniano afirma que Rusia puede permitirse 'gastar un vehículo de combate como un Shahed para cazar una locomotora' gracias a un 'aumento drástico en su producción'. El ministro de desarrollo territorial de Ucrania, Oleksiy Kuleba, apunta a que 'el objetivo es complicar el transporte de pasajeros y mercancías, perturbar las operaciones de transporte estables y ejercer una presión adicional sobre la gente y la economía'. En septiembre, los ataques con vehículos no tripulados y misiles se dispararon un 38% en comparación con agosto, con un total de 5.636 vehículos aéreos no tripulados y 187 misiles lanzados durante ese mes.
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Pilar Castro