Zapatero y su socio: el arte de borrar pruebas (y facturas)
El arte de desaparecer como un mensaje de WhatsApp
Julio Martínez Martínez —el hombre que en los buenos tiempos de Zapatero era más que un socio, casi un fantasma de confianza— tenía un talento especial: borrar conversaciones como quien elimina el chat de un ligue incómodo. Pero en este caso, el ligue era el Estado, y el dinero, público. El juez José Luis Calama Teixeira acaba de destripar en un auto cómo este señor, lugarteniente de hierro del ex presidente, pulsaba el botón de 'desaparecer' cada vez que Zapatero aparecía en pantalla, dejando solo migajas digitales de lo que, según el magistrado, era una trama corrupta tan obvia que hasta el GPS de la ilegalidad la marcaba en rojo.
La ironía del caso es que, mientras Martínez Martínez borraba, terceros —como un coro griego de mensajeros— se afanaban en reenviar notas con guiones de manual: «Presidente, le reporto las novedades» o «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente». Como si fuera un sketch de El Ministerio del Tiempo, pero con menos magia y más facturas falsas. El juez reconstruyó el puzzle a partir de los mensajes que sobrevivieron por error, como un álbum de fotos donde alguien se olvidó de borrar una carpeta entera. Y lo que encontró no era un selfie inocente, sino la prueba de que sabían que estaban pisando terreno prohibido.
Pero el modus operandi no se quedó en lo digital. Cuando Zapatero y Martínez Martínez se citaban en el aeropuerto —como dos ejecutivos en una película de espías—, Cristóbal Cano, el fixer del entramado, le susurraba a la secretaria del ex presidente: «Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar». Traducido al lenguaje de la calle: «Oye, María, que esto no conste, que luego viene el lío». Y así, entre susurros y borrados, construyeron un imperio de papel mojado: facturas de 20.000 euros emitidas a la carta, conceptos inventados al día siguiente y pagos que, según el juez, no tenían ni pies ni cabeza, solo la intención de que el dinero público fluyera hacia bolsillos privados sin dejar rastro.
Plus Ultra Líneas Aéreas, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en 2021, era el showcase perfecto. Mientras los directivos reían en privado sobre «la boutique financiera» y los sobornos —«jajajajajaja, si saca algo merece el pago»—, los peritos judiciales descubrieron que la compañía llevaba un año en quiebra y, para colmo, deudora de la Seguridad Social desde 2017 (451.954,79 euros, que alguien se olvidó de pagar). Pero claro, cuando el dinero es del contribuyente, las reglas del juego cambian: si no hay factura, no hay problema; si no hay prueba, no hay delito.
La colaboración de la HSI (Homeland Security Investigations) fue la que al final destapó el pastel, como cuando en Narcos el FBI encuentra el rastro de cocaína en el sofá del salón. Los registros en los domicilios de los investigados —incluido el de Rodolfo Reyes, cerebro financiero de la trama— devolvieron conversaciones que olían a podrido: acuerdos venales, pagos bajo mesa y una ingeniería contable digna de un curso de Excel para delincuentes. El juez no lo dice, pero la frase «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente» suena a confesión grabada en un reality de corrupción.
Lo más gracioso —o trágico, según se mire— es que todo esto empezó a investigarse en 2024, pero los registros serios no llegaron hasta diciembre de 2025. Dos años de burocracia, mientras los imputados seguían borrando, facturando y riéndose de los sobornos, como si el tiempo fuera un reloj de arena que solo ellos podían controlar. Al final, lo único que no pudieron borrar fue el rastro de dinero público malgastado, y eso, queridos lectores, es lo que hoy nos queda: la cuenta de lo que costó su show de humo y espejos.
Mario Herrera